El exprocurador de los Derechos Humanos, Jordán Rodas, advierte que la corrupción, la impunidad y la persecución persisten, y sostiene que no puede hablarse de democracia mientras decenas de personas permanezcan exiliadas. Además, insta al presidente Bernardo Arévalo a impulsar una política integral que garantice un exilio digno y un retorno seguro.
Por Alexander Valdéz
El extitular de la Procuraduría de los Derechos Humanos, Jordán Rodas, asegura que abandonar el país significó romper por completo su proyecto de vida. Desde un exilio que se extiende en el tiempo en España, lugar donde recibió asilo político, sostiene que la criminalización en su contra es una muestra del deterioro del sistema de justicia y afirma que el exilio no le ha impedido continuar denunciando las violaciones a los derechos humanos y la captura de las instituciones.
Rodas está exiliado desde agosto de 2022, actualmente tiene una orden de captura vigente por el caso USAC y una denuncia de su sucesor Alejandro Córdoba. Antes de ser criminalizado optó por dirigir la USAC en 2022, pero no lo logró porque Walter Mazariegos excluyó a los electores de oposición, similar a lo ocurrido este año. Tampoco pudo participar como vicepresidenciable por el partido MLP; el TSE no lo inscribió.
En una conversación con Prensa Comunitaria hizo un análisis de la situación del país y advierte que la corrupción, la desigualdad y la impunidad persisten. También cuestionó el “segundo fraude” en la Universidad de San Carlos de Guatemala (USAC) y sostiene que no puede hablarse de una democracia plena mientras más de 100 personas están exiliadas.
El exfuncionario aunque reconoce el nombramiento del defensor de derechos humanos, Jorge Santos, para atender a la población exiliada, considera que esa medida es insuficiente y que el Estado aún carece de una política pública integral que garantice condiciones dignas para quienes permanecen fuera del país y facilite un retorno seguro.
El apoyo a los exiliados por la criminalización impulsada en la gestión de Consuelo Porras fue una de las promesas de Arévalo, sin que a la fecha haya un retorno de los operadores de justicia, exlíderes indígenas, periodistas y activistas que tienen vigente una orden de aprehensión o procesos activos. Es por eso que a poco más de un año de que concluya el mandato de Bernardo Arévalo, Rodas pidió al presidente que convierta las recomendaciones internacionales en acciones concretas.
Foto: Archivo Prensa Comunitaria
Han pasado cuatro años desde que salió de Guatemala y hoy sigue enfrentando una orden de aprehensión. ¿Cómo ha cambiado su vida personal y profesional desde que se vio obligado al exilio?
El exilio tiene como consecuencia, en la vida de todo ser humano, el rompimiento del proyecto de vida. Tiene que tener mucha inteligencia emocional para tratar de repensarse, seguir formándose académicamente, aprendiendo de otras sociedades, de otras personas y culturas, y también apostar por seguir aportando a Guatemala. El hecho de que estemos fuera de nuestras fronteras no significa que no podamos contribuir a un país mejor.
Usted pasó de ser procurador de los Derechos Humanos a convertirse en una de las personas criminalizadas por el sistema de justicia. ¿Qué lectura hace de ese cambio?
Ser criminalizado y perseguido por una justicia guatemalteca totalmente capturada por la corrupción, por el poder oculto y por el status quo, no es ninguna vergüenza. Yo tengo una orden de captura por haber aspirado a la rectoría, en el famoso caso Toma USAC, y eso no es una vergüenza, es una medalla para mí. Pero esto también ha trascendido a nivel internacional y, por eso, el Estado español me otorgó la protección de asilo político.
A pesar de la distancia, ha seguido denunciando la situación de derechos humanos en Guatemala, como la USAC. ¿Qué es lo que más le preocupa del país en este momento?
Sí, además del robo a la autonomía que están haciendo en la única universidad pública de Guatemala, por medio de un segundo fraude consecutivo de Walter Mazariegos y sus secuaces, ante la inacción y un silencio cómplice de muchas autoridades del Estado, eso se suma a que los grandes problemas estructurales, como la desigualdad, el racismo, la discriminación y la corrupción, prácticamente no han cambiado en nada.
Han transcurrido dos años desde la visita del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos y la CIDH. ¿Cree que se ha dado cumplimiento a las recomendaciones sobre las personas en el exilio?
Hace dos años, en julio de 2024, se llevaron a cabo dos visitas muy importantes a Guatemala. La primera, la del Alto Comisionado de Derechos Humanos y la segunda, la de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Dejaron distintas recomendaciones, pero ambas visitas coincidieron en la importancia de tratar el tema de los exiliados. No puede haber democracia cuando hay exiliados. En ese sentido, sería oportuno conocer cuál va a ser la estrategia del Gobierno de Guatemala para garantizar un exilio digno y un retorno seguro.
¿Existe hoy una estrategia del gobierno de Bernardo Arévalo para atender a quienes fueron forzados a salir del país por la criminalización?
Lo que tengo conocimiento que ha hecho el presidente Bernardo Arévalo por los exiliados es nombrar a una persona: Jorge Santos, un importante defensor de los derechos humanos con una trayectoria reconocida, pero que está desbordado, desde mi punto de vista, porque necesitaría el apoyo de un equipo a su disposición para tener un enfoque multisectorial y dar un tratamiento integral al exilio guatemalteco.
Desde su experiencia como exiliado, ¿qué significa garantizar un exilio digno y qué medidas debería adoptar el Estado?
Significa tener empatía con los exiliados, porque no es fácil dejar a la familia, las comunidades y el trabajo en nuestro país, y preguntarnos, pero más que preguntarnos, preocuparse y ocuparse de cómo estamos los casi 100 exiliados que tuvimos que dejar Guatemala.
Pero para eso es necesario, como reitero, un tratamiento integral, sistemático, una institucionalidad encargada de eso y con recursos suficientes para ello.
Usted también busca resolver su situación legal para regresar a Guatemala. ¿En qué estado se encuentra ese proceso y qué obstáculos persisten?
Sí, afortunadamente, el equipo jurídico que me está apoyando, de una manera solidaria y muy eficiente, ya está haciendo las gestiones para dejar sin efecto la orden de prisión que tengo en el famoso caso Toma USAC, que incluso tuvo como consecuencia antejuicios contra el presidente Bernardo Arévalo, contra la vicepresidenta Karin Herrera y algunos diputados. Ellos ya están liberados de toda responsabilidad; sus antejuicios fueron declarados sin lugar.
Y, por otra parte, estoy pidiendo que se levante la reserva en un segundo caso por denuncia de Alejandro Córdova, que solamente sirvió para bloquear mi participación en la vicepresidencia con Thelma Cabrera.
¿Qué acciones concretas debería impulsar el Gobierno en el tiempo que le resta para cumplir con las recomendaciones internacionales sobre el exilio?
Le queda ya muy poco tiempo, un año y pocos meses. También hay que tener presente que el otro año ya son las elecciones, pero nunca es tarde si la dicha es buena. Yo esperaría que, si el tema de los exiliados realmente le interesa al Gobierno de la República, lo demuestre con hechos. Para eso se necesita una institucionalidad con el personal necesario y suficiente, y con todas las capacidades, facultades y recursos para acompañar el tema de los exiliados guatemaltecos. Los guatemaltecos y la comunidad internacional no podemos ser ilusos y pensar que hay democracia solo porque hay elecciones cada cuatro años.
¿Qué consecuencias tiene para la democracia que decenas de personas permanezcan fuera del país por temor a ser detenidas o criminalizadas?
Los guatemaltecos y la comunidad internacional no podemos ser ilusos y pensar que hay democracia solo porque hay elecciones cada cuatro años. No, la democracia significa el poder participar libremente sin temor a ser criminalizados, perseguidos y estigmatizados. Y en ese sentido, pues hay que ver la coherencia entre el discurso y la práctica para erradicar el exilio.
Si pudiera hacer una última petición al presidente Bernardo Arévalo antes de que concluya su mandato, ¿cuál sería?
Al presidente Bernardo Arévalo le pediría que redoble sus esfuerzos, que tenga una mayor empatía con el tema de los exiliados. Seguramente habrá personas de su equipo o del sector económico que le digan que los exiliados son un sector de la población del que tendría que olvidarse, pero eso sería darle la espalda a un sector importante que jugó un papel en la lucha contra la impunidad y la corrupción.
