Relatora de la ONU recomienda blindar elección de jueces y magistrados de  presiones políticas y económicas

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Créditos: Estuardo de Paz

El informe incluye 15 principios para blindar los procesos de elección de jueces frente a la injerencia política. Aunque son estándares de aplicación para distintos Estados, las recomendaciones cobran relevancia en nuestro país, donde este año se desarrollaron entre cuestionamientos cinco procesos clave. 

Por Alexander Valdéz 

La Relatora Especial de las Naciones Unidas sobre la independencia de magistrados y abogados, Margaret Satterthwaite, presentó un informe en el que propone 15 principios para garantizar que la selección y nombramiento de jueces se realice con independencia, transparencia y mérito. El documento advierte que la captura política de estos procesos representa una de las principales amenazas para el Estado de derecho y el acceso a una justicia imparcial. 

Además, señala que los procedimientos de designación deben estar libres de presiones políticas, económicas o de cualquier otra naturaleza. Por eso recomienda que existan criterios objetivos de evaluación, mecanismos de verificación de la integridad de las personas aspirantes, procesos públicos y decisiones debidamente motivadas para fortalecer la confianza ciudadana en el sistema de justicia. 

Aunque el documento se desarrolla con una visión de aplicación global, sus recomendaciones adquieren importancia porque en los últimos años organismos internacionales, organizaciones civiles y distintos sectores sociales han advertido sobre la influencia de redes de poder en la elección de magistrados, jueces y otras altas autoridades del sistema de justicia. Este año afrontamos cuatro de los cinco procesos clave de designación de autoridades judiciales, USAC y Contraloría General de Cuentas (CGC). 

Entre los 15 principios también se incluyen la participación de órganos de selección independientes, el respeto a la igualdad y la no discriminación, la existencia de recursos para impugnar irregularidades y la protección de la independencia judicial durante todo el proceso de nombramiento. La relatora sostiene que estos estándares buscan fortalecer la separación de poderes y evitar que los sistemas de justicia sean objeto de captura por intereses políticos o particulares. 

“Los principios se han formulado principalmente para su aplicación en los sistemas judiciales de los Estados. No obstante, también son aplicables a los funcionarios administrativos u otros funcionarios ajenos al poder judicial que ejerzan facultades decisorias en relación con “una acusación de carácter penal” o “derechos y obligaciones” en “un procedimiento judicial”. En resumen, son pertinentes siempre que se aplique el derecho de toda persona “a ser oída públicamente y con las debidas garantías por un tribunal competente, independiente e imparcial, establecido por la ley”, señala.

Acá puedes leer el informe:

https://documents.un.org/doc/undoc/gen/g26/053/73/pdf/g2605373.pdf

Dudas en elecciones de segundo grado 

Para nuestro país las recomendaciones de la relatora especial de la ONU adquieren relevancia debido a los procesos de elección que se desarrollaron este año. Solo en 2026 fueron cuatro procesos clave vinculadas al sistema de justicia y al control institucional: magistrados del Tribunal Supremo Electoral (TSE), magistrados de la Corte de Constitucionalidad (CC), la elección de fiscal general del Ministerio Público (MP) y la designación de rector de la Universidad de San Carlos (USAC), proceso que aún permanece en suspenso. 

Varios de estos procesos han estado en medio de cuestionamientos por la integración de las comisiones de postulación: que hacen las nóminas finales con los candidatos elegibles para esos cargos. Organizaciones nacionales e internacionales han advertido sobre la influencia de intereses políticos y económicos en la conformación de las nóminas de aspirantes, así como por la falta de criterios objetivos, transparencia y motivación en las decisiones adoptadas durante las etapas de evaluación y selección.

A estas designaciones se suma la elección del próximo contralor general de Cuentas, un cargo clave para la fiscalización del uso de los recursos públicos y de cara a las elecciones generales de 2027. 

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