El caso Odebrecht vuelve a quedar marcado por la impunidad, la Corte de Constitucionalidad (CC) confirmó el cierre de la investigación a favor de Alejandro Sinibaldi, exministro señalado por la antigua FECI y la extinta CICIG por presuntos actos de corrupción cuando era ministro de Comunicaciones.
Por Alexander Valdéz
El caso Odebrecht develó uno de los actos de corrupción más grandes en el Ministerio de Comunicaciones; sin embargo, hoy queda como uno de los casos sin justicia. El proceso colocó a la vista cómo funcionaba una red de corrupción desde el más alto nivel dentro del Estado en 2017.
La Fiscalía Especial Contra la Impunidad (FECI) de Juan Francisco Sandoval y la extinta Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), expuso que fueron más de US$19 millones los que se habrían gestionado en sobornos por distintos proyectos carreteros por Odebrecht, un modelo que la empresa de origen brasileño aplicó en varios países.
Nueve años después, entre nuevos aires de justicia, los rezagos de la gestión de Consuelo Porras en el Ministerio Público (MP) y la desarticulación de la FECI, siguen pasando la factura,asegurando impunidad para algunos. Alejandro Sinibaldi, el exministro de Comunicaciones, es quien vuelve aparecer al ojo público, aunque actualmente goza de libertad y fallos a su favor, los casos aún se han peleado en otras instancias judiciales, principalmente por la actual Procuraduría General de la Nación (PGN).
Ese nombre vuelve aparecer plasmado en un fallo de la Corte de Constitucionalidad (CC) que avaló una resolución (expedientes 6717-2024, 6718-2024 y 6735-2024) que evita que enfrente un juicio por la posible comisión de los delitos de cohecho pasivo y lavado de dinero, los que imputó en su oportunidad la FECI. Una decisión dividida dentro de la máxima corte del país, recientemente renovada pero con una misma postura respecto a este tipo de procesos de corrupción.
“Sin lugar a los recursos de apelación interpuestos por el Estado de Guatemala, por medio de la Procuraduría General de la Nación -tercero interesado- y el Ministerio Público, por medio de la Fiscalía de Asuntos Constitucionales, Amparos y Exhibición Personal”, indica la decisión final. El fallo avala la decisión respecto a decretar el cierre de la investigación a favor del exfuncionario del extinto Partido Patriota (PP).
La resolución que se avala fue emitida por el juez Juan José Jímenez Texaj, en julio de 2023, quien decretó el cierre de la investigación para Sinibaldi, un fallo que, sin oposición de la FECI de Rafael Curruchiche, escaló hasta la Corte de Constitucionalidad (CC) por desacuerdo de la PGN, querellante dentro de este caso en representación del Estado.
Esa decisión se tomó por mayoría: las magistradas Astrid Lemus y Annabella Morfín, se opusieron. Sin embargo, Prensa Comunitaria conoció que los votos favorables fueron emitidos por Roberto Molina Barreto, Dina Ochoa, Julia Rivera, Claudia Paniagua y María Magdalena Jocholá; electa por Bernardo Arévalo, uno de los votos que más sorprende en esta decisión, porque se sumaría al bloque mayoritario dentro de la CC.
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FECI de Curruchiche no se opuso
En este fallo no hubo oposición del exfiscal Rafael Curruchiche, consta en el desistimiento que presentó ante la CC para seguir impulsando una de las apelaciones contra el amparo que benefició a Sinibaldi en el caso Odebrecht. Ese desistimiento fue aceptado por la Corte de Constitucionalidad y significó que la FECI abandonó su propio recurso contra la sentencia que había favorecido al exministro por el proceso penal en su contra por lavado de dinero y cohecho pasivo.
A partir de esa renuncia, la CC continuó únicamente con las apelaciones promovidas por la Procuraduría General de la Nación. En la práctica, la salida de la FECI confirma uno de los hechos denunciados por organizaciones de sociedad civil, en cuanto al giro de este proceso con la llegada de Curruchiche, y que en lugar de sostener la acusación en una de las tramas de corrupción más emblemáticas del país, dejó de pelear uno de los recursos clave.
El caso no avanzó
El caso Odebrecht, donde el exministro por ahora no enfrentará juicio, documentó cómo la constructora brasileña pagó sobornos por casi US$19 millones por la adjudicación del proyecto que conecta Cocales (Suchitepéquez) y Tecún Umán (San Marcos). Se presume que los principales beneficiarios de las coimas fueron Alejandro Sinibaldi y Manuel Baldizón, según la investigación. Sin embargo, el exministro de Comunicaciones y el excandidato presidencial gozan de libertad, mientras que quienes hicieron las pesquisas siguen con procesos abiertos en su contra impulsados por los fiscales que trabajaron con Consuelo Porras.
Fue en junio de 2025, cuando la Sala Tercera de Apelaciones ordenó la captura de 26 personas, señaladas por delitos como asociación ilícita, tráfico de influencias y obstrucción de justicia. La resolución, ya anulada por la CSJ, fue emitida por magistrados cuestionados que alcanzaron a exfiscales de la FECI y personal ligado a la CICIG, varios de los cuales permanecen en el exilio o ya habían sido declarados en rebeldía.
En este caso, se les atribuyó haber avalado supuestos convenios irregulares de colaboración eficaz dentro del caso Odebrecht, un proceso que en relación con los hallazgos de corrupción ya no tuvo avances.
