La Sala Tercera de Apelaciones remitió el expediente al Juzgado Tercero Penal, a cargo de Mynor Moto. La llegada del proceso a esa judicatura abre la puerta para reactivar audiencias pendientes, entre ellas la solicitud de arresto domiciliario para Luis Pacheco y Héctor Chaclán, en prisión preventiva desde abril de 2025.
Por Alexander Valdéz
A más de un mes de que se ordenara el traslado del caso contra los exlíderes de los 48 Cantones al Juzgado Tercero Penal, la Sala Tercera de Apelaciones envió el expediente al juez Mynor Moto para que reactive el proceso penal y retome las audiencias solicitadas por la defensa y la que corresponde al proceso penal.
El equipo legal de los exlíderes indígenas que enfrentan procesos de criminalización señaló que aún no se ha programado la audiencia para solicitar arresto domiciliario a Luis Pacheco y Héctor Chaclán, ambos en prisión preventiva desde el 23 de abril de 2025, pero que ahora con el expediente en un nuevo juzgado el caso debería reactivarse.
Esto quiere decir que el juez Moto, sancionado internacionalmente por corrupción, deberá analizar la posible liberación de los acusados y programar la audiencia de apertura a juicio contra los cuatro señalados. Además de ellos, Esteban Toc y Basilio Puac, aunque están en libertad condicional, esperan esa fase del proceso para ratificar su inocencia frente a las acusaciones del Ministerio Público (MP).
Foto: Archivo Prensa Comunitaria
El caso ha pasado por cuatro juzgados y cinco jueces sin lograr avanzar. La Fundación contra el Terrorismo ha pedido apartar a tres de ellos. El Juzgado Cuarto Penal asumió inicialmente el control, pero fue separado del caso. Las primeras audiencias se realizaron en el Juzgado de Turno Penal, que envió a prisión preventiva a dos de los acusados, medida que sigue vigente hasta hoy.
Posteriormente, el proceso fue trasladado al Juzgado Quinto Penal. Más tarde llegó al Juzgado Séptimo Penal, a cargo de Fredy Orellana, quien también se excusó, aunque antes resolvió prolongar la prisión preventiva. Finalmente, el caso fue asignado al juez Mynor Moto, y ahora el expediente ya fue remitido a esa judicatura.
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El caso debe retomarse
Recientemente, la abogada Jovita Tzul, que representa a Basilio Puac, dijo a Prensa Comunitaria que al 12 de junio el expediente todavía no había sido recibido por el Juzgado Tercero Penal. La defensora calificó la situación como un retraso grave e incluso señaló que podría constituir una falta administrativa por parte de quien tiene a cargo el proceso.
Dijo que, pese al seguimiento realizado por la defensa, no existe constancia de recepción del caso ni se ha emitido alguna resolución relacionada con su traslado, lo que mantiene el proceso paralizado. “Solo por mencionar, el caso de don Luis y don Héctor tuvieron su audiencia de primera declaración en abril del 2025. Y después de eso no han tenido ni una sola audiencia más en el caso de don Basilio. Tuvo su audiencia de primera declaración en enero de este año y ya estamos en junio y no hemos llegado tampoco a la etapa intermedia”, mencionó.
Tzul también advirtió que la incertidumbre procesal se mantiene debido a que continúan pendientes diversas resoluciones, entre ellas solicitudes para levantar la reserva del caso de Puac y una apelación presentada por la fiscalía para que sea ligado a proceso por terrorismo. A criterio de la abogada, las autoridades deben garantizar que el expediente avance y que los acusados puedan ejercer plenamente su derecho de defensa.
Un castigo por defender la democracia
En 2023, la movilización social de los 48 Cantones de Totonicapán con otros pueblos indígenas fue clave para frenar los intentos de distintos actores y grupos de poder de impedir la toma de posesión de Bernardo Arévalo y Karin Herrera. En medio de los cuestionamientos a los resultados electorales y de las acciones impulsadas por el Ministerio Público (MP), encabezado por Consuelo Porras, así como por el gobierno de Alejandro Giammattei y sectores afines al entonces oficialismo.
Esa resistencia incluyó un plantón permanente frente a la sede central del MP para exigir la renuncia de Porras, así como movilizaciones pacíficas que partieron de distintos territorios y convergieron en el Centro Histórico de la capital y en los alrededores del Ministerio Público. La protesta se convirtió en uno de los principales frentes ciudadanos a los intentos de revertir los resultados electorales de ese año.
La persecución penal alcanzó a varios de esos exdirigentes. Al momento de su detención, Luis Pacheco era viceministro de Desarrollo Sostenible en el Ministerio de Energía y Minas. También fueron capturados Esteban Toc, exvicealcalde indígena de Sololá, y Basilio Puac, exvicepresidente de los 48 Cantones, ambos beneficiados después con medidas sustitutivas.
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