La Procuraduría General de la Nación (PGN) presentó un amparo contra el Consejo Superior Universitario (CSU) de la USAC para que se revise la legalidad de la elección de rector. La acción cuestiona la integración del cuerpo electoral, el quórum de la sesión y el cumplimiento de los requisitos de elegibilidad en el proceso.
El Colegio de Abogados y Notarios también señala que el CSU ha invalidado la participación de electores de los colegios profesionales.
Por Alexander Valdéz
La Procuraduría General de la Nación (PGN) informó mediante un comunicado que presentó un amparo contra el Consejo Superior Universitario (CSU) de la Universidad de San Carlos de Guatemala (USAC), con el objetivo de que se revise la legalidad del proceso de elección de rector para el período 2026-2030. La representación del Estado indicó que la acción fue planteada el 17 de junio de 2026.
Según la PGN, lo que se busca es que un tribunal examine si el proceso electoral universitario se ajustó a las garantías y principios establecidos en la Constitución Política de la República. En particular, señaló que el recurso se enfoca en aspectos como la integración del cuerpo electoral universitario, el quórum requerido para la celebración del acto de elección y el cumplimiento de los requisitos de elegibilidad.
“La Universidad de San Carlos de Guatemala no es una institución cualquiera; es la única universidad estatal del país, depositaria de una historia de más de tres siglos, forjadora de generaciones de guatemaltecos y pilar indispensable del desarrollo científico, cultural y profesional de la Nación. Su conducción debe estar a la altura de esa responsabilidad histórica. Cuando el proceso mediante el cual se elige a su máxima autoridad vulnera derechos fundamentales de su comunidad y se aparta de las garantías que la Constitución consagra, el daño no recae únicamente sobre la institución: recae sobre todos los guatemaltecos que en ella depositan su confianza y su esperanza”, indica.
La entidad sostuvo que la relevancia del caso trasciende el ámbito interno de la universidad, al tratarse de la única universidad estatal del país y una institución con un papel central en la formación académica, científica y profesional. En esa línea, argumentó que cualquier vulneración de derechos fundamentales o de garantías constitucionales dentro del proceso de elección de su máxima autoridad impacta no solo a la comunidad universitaria, sino también a la población que deposita en la USAC su confianza.
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Amparo fue tramitado
La acción constitucional presentada por la PGN ya fue admitida para su trámite por la Sala Primera de lo Contencioso Administrativo, que dio un plazo de 48 horas al Consejo Superior Universitario (CSU) para rendir un informe circunstanciado. De esa cuenta, el CSU deberá responder a los señalamientos planteados en el amparo.
La admisión del amparo obliga ahora al CSU, afín a Mazariegos, a pronunciarse sobre un proceso que ha sido cuestionado. Una vez venza el plazo y la Sala reciba el informe, deberá resolver si avala o no el procedimiento con el que se designó a Mazariegos, quien debe asumir el próximo 1 de julio en medio de dudas sobre la legalidad de su elección y por la ausencia del finiquito que necesita para tomar posesión.
Por aparte el Colegio de Abogados y Notarios también emitió un comunicado en el que expresa su preocupación por la “grave situación de incertidumbre jurídica y la falta de certeza que rodean al proceso de elección del rector”.
Denuncian que el Consejo Superior Universitario ha invadido competencias exclusivas de los tribunales electorales de los colegios profesionales al calificar y decidir sobre procesos que no le corresponden.
Crece el rechazo
El pasado domingo, la movilización sancarlista volvió a las calles en rechazo a la continuidad de Mazariegos al frente de la Universidad de San Carlos. Organizaciones sociales y campesinas, estudiantes, docentes y profesionales sancarlistas se concentraron frente al Paraninfo Universitario para denunciar una nueva imposición en la rectoría, a días de que Mazariegos intente asumir un nuevo período.
Durante la jornada, los manifestantes expresaron su respaldo a la recuperación de la USAC y reclamaron acciones concretas del Ministerio Público, la Corte de Constitucionalidad y el Congreso frente a las denuncias y recursos aún pendientes. La marcha recorrió varios puntos del centro histórico, incluido el MP, donde exigieron investigaciones por las irregularidades denunciadas en la elección universitaria y en la administración de Mazariegos.
Al menos 26 acciones legales y denuncias continúan en trámite en distintas instancias judiciales con el objetivo de frenar la toma de posesión de Mazariegos. Los recursos cuestionan la legalidad del proceso de reelección, denuncian irregularidades en la integración del cuerpo electoral y la carencia de finiquito.
La continuidad de Mazariegos se consolidó luego de que el Consejo Superior Universitario (CSU) anulara 14 cuerpos electorales vinculados a sectores opositores y acreditara únicamente siete.
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