Vísperas de Panamá, junio de 2026: se tantea el desplazamiento del secretario general; se decide la suerte del sistema interamericano
Por Josué Fiallo
Hay ciudades que la historia visita más de una vez. Panamá es una de ellas. Doscientos años después de la convocatoria bolivariana de 1826, los Estados de las Américas regresan al istmo para la quincuagésima sexta Asamblea General de la Organización de los Estados Americanos (OEA), del veintidós al veinticuatro de junio de 2026. La coincidencia simbólica es perfecta; el estado de ánimo, no. La cita llega como prueba múltiple: de financiamiento, de credibilidad institucional, de independencia de los órganos de derechos humanos y de voluntad política regional. El bicentenario del Anfictiónico no será telón de fondo; será espejo.
La amenaza ya no es silente
La solicitud presupuestaria federal de Estados Unidos para el año fiscal 2027 elimina la línea de contribución obligatoria a la OEA. Cero dólares. En 2024-2025, el aporte estadounidense alcanzó los noventa millones trescientos mil dólares, según el informe R47230 del Congressional Research Service; cuarenta y cinco millones seiscientos mil correspondieron al Fondo Regular, en una escala que sitúa a Estados Unidos en 49.99% del fondo. La administración solicitó además cinco mil millones para un nuevo America First Opportunity Fund que podría destinarse a organismos internacionales, pero el gesto hacia la cuota interamericana es una declaración política comunicada por la vía menos confrontacional: la omisión. La Carta de la Organización de los Estados Americanos (OEA) no contempla suspensión del voto por mora: quien paga menos conserva influencia política sin la responsabilidad presupuestaria que históricamente la sostuvo. Si la cuota estadounidense se evapora, no hay matemática regional que cubra el hueco.
El silencio de la región
Lo más revelador no es lo que dice Washington. Es lo que callan las capitales del hemisferio. En el Fondo Regular, Canadá figura como segundo contribuyente con doce millones de dólares; Brasil, tercero, con once millones; México, cuarto, con ocho millones. Ninguno ha emitido posicionamiento público de defensa institucional. Ningún canciller ha convocado una reunión de emergencia; ningún jefe de Estado ha llamado a una posición común. Los gobiernos de izquierda no quieren parecer defensores de una organización percibida como instrumento de Washington; los de derecha se han ido aglutinando en torno a la posición estadounidense; los del Caribe prefieren los corredores discretos. Si la OEA importa, ¿por qué nadie la defiende? El silencio regional no es neutral; es complicidad por omisión.
Para Guatemala, esta discusión no es abstracta. La Misión de Observación Electoral de la OEA acompañó las elecciones de 2023 y ayudó a elevar el costo político de los intentos de desconocer la voluntad popular. Una OEA debilitada sería la reducción de una herramienta que, en momentos críticos, puede acompañar al voto y a quienes defienden la democracia cuando el poder interno decide ponerlos contra la pared.
La administración Ramdin: señales de fractura
Albert Ramdin, exministro de Relaciones Exteriores de Surinam y secretario general adjunto entre 2005 y 2015, asumió la Secretaría General en mayo de 2025 por aclamación. La intención de incorporar como jefe de gabinete a un embajador caribeño de confianza, que requería dispensa, encontró en el Consejo Permanente una respuesta que evitó decidir y consumió semanas antes de retirarse. El cargo terminó ocupado por una exfuncionaria del ministerio surinamés de la cancillería de Ramdin; la designación, sumada a decisiones de remuneración que han trascendido, pasó del rumor de pasillo al primer plano. Reportes recientes de la prensa de Washington describen un memorándum interno que propondría un investigador independiente y aluden a un proceso penal abierto en Surinam contra la propia jefa de gabinete. No se han confirmado los términos atribuidos al documento y la Secretaría ha lamentado la difusión.
En cuanto a Venezuela, el secretario general optó por una aproximación más matizada, distanciándose del estilo de Luis Almagro; algunos interpretaron esos matices como mayor distancia de la esperada, percepción que condicionó el clima bilateral. En Haití dedicó tiempo significativo a los reclamos de Rubio y Landau, aunque la capacidad operativa de la OEA en seguridad es limitada; el terreno electoral, donde el organismo acumula credibilidad técnica, es el espacio de valor diferenciado. Sobre el conjunto se cierne una fractura: una reunión entre el secretario general y la delegación de Estados Unidos terminó, según reportes, en un intercambio áspero. En el conteo que circula entre delegaciones, Washington tendría ya más de la mitad de los votos que harían falta para intentar una remoción conforme a la Carta, aunque todavía no alcanzaría por sí solo el umbral de dos tercios que ésta exige.
La CIDH bajo asedio
En marzo de 2026, la administración Trump criticó a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos por celebrar audiencias sobre los ataques militares estadounidenses contra embarcaciones presuntamente vinculadas al narcotráfico en el Caribe y el Pacífico Oriental. El precedente es preocupante. La CIDH, creada en 1959, ha sido el órgano más independiente del sistema interamericano: en 2025 recibió miles de peticiones y opera con más de una docena de relatorías temáticas y especiales. Estados Unidos no ha ratificado la Convención Americana, pendiente del Senado desde 1978, ni acepta la jurisdicción contenciosa de la Corte. Cuestionar a la CIDH sin haberla ratificado expone una asimetría: se reclama protección frente al alcance de la Comisión sin haber asumido la obligación correspondiente. En 2025, además, la administración propuso a una cubana como comisionada; su perfil marcadamente alineado con prioridades específicas de Washington abrió interrogantes sobre la independencia universalista del órgano.
La geometría selectiva y la factura
La administración apoya las misiones de observación electoral y mantiene a su Representante Permanente desde octubre de 2025; al mismo tiempo dejó en cero la cuota para 2027, concluyó treinta y un programas voluntarios con saldos no ejecutados por trece millones cien mil dólares tras la Orden Ejecutiva 14169, cuestiona la competencia de la CIDH en asuntos vinculados a sus operaciones, y mantiene abierta la posibilidad de revisar su participación según la Orden Ejecutiva 14199. Estados Unidos privilegia los órganos alineados con sus prioridades y resiste el alcance institucional cuando éste se proyecta sobre su propia conducta. La OEA queda aproximada, desde la mirada del principal financista, a una caja de herramientas selectiva sometida a evaluación política.
La presión escala con velocidad inusual. Estados Unidos y el grupo de gobiernos alineados parecen decididos a pasarle la factura al secretario general en el corto plazo, antes de que mecanismo institucional alguno procese los señalamientos con el rigor que la Carta y la práctica reciente han exigido. El contraste con el ciclo inmediatamente anterior es elocuente y lapidario: hace apenas dos años, frente a denuncias sostenidas y a una investigación independiente que evaluó conducta y procedimientos, la Organización demostró capacidad de tramitar el escrutinio sobre Luis Almagro sin convertirlo en remoción sumaria; el debido proceso operó, las acusaciones se ponderaron, el secretario general completó su mandato. Lo que hoy se ensaya tiene otra textura: no el ritmo de una investigación que escuche, sino el de una cuenta que se cobra. El escenario más probable ya no es el desgaste prolongado; es la remoción en plazos breves, antes de Panamá o inmediatamente después. Y con ella, un precedente lamentable: que el secretario general en ejercicio puede ser destituido sin la cautela procedimental que la propia Organización aplicó, no hace tanto, frente a acusaciones de comparable gravedad.
Panamá y el bicentenario
Las señales son inequívocas: a nivel sustantivo será una asamblea más. Bajo perfil, acuerdos calibrados, resoluciones de mínimo común denominador. El gobierno anfitrión llega disminuido: la administración del presidente José Raúl Mulino atraviesa un momento difícil en el frente doméstico y en su relación con Washington, que oscila entre cooperación migratoria sobre el Darién y presión por resultados. En la Comisión Preparatoria reunida el viernes veintidós de mayo, la propuesta de Declaración sobre los Derechos de las Personas y los Pueblos Afrodescendientes, impulsada principalmente por Brasil y Colombia con activa participación caribeña, quedó sobre la mesa sin posibilidad alguna. Junio cargará una solemnidad ineludible: doscientos años del Anfictiónico. Si Panamá no se eleva al peso de su historia, será otro nombre en la lista de oportunidades perdidas. Bolívar convocó para construir; sus herederos se reúnen, dos siglos después, para administrar.
La hora de hablar
Hay silencios que protegen y hay silencios que entierran. El de las cancillerías pertenece a la segunda categoría. La OEA no es perfecta, pero ha protegido a defensores de derechos humanos, legitimado procesos electorales críticos y provisto espacio diplomático para conflictos que sin ella habrían escalado. Es la única arquitectura multilateral que reúne a los Estados independientes de las Américas. Su desaparición no sería episodio administrativo; sería el cierre de un capítulo de la historia hemisférica. Si el fin ha de darse, está más cerca que nunca; y quizás esa cercanía sea necesaria, porque el sistema interamericano puede necesitar tocar fondo para reencontrarse con su propósito. La pregunta es si la amenaza de perder la actual arquitectura interamericana bastará para obligar a sus miembros a construir algo más fiel al sueño original. La respuesta la darán las votaciones, las posiciones y los silencios pronunciados, o no pronunciados, en los tres días que comienzan el veintidós de junio.
