El Consejo Superior Universitario acreditó el 25 de marzo a seis cuerpos electorales afines a Walter Mazariegos, mientras dejó en suspenso tres de oposición y avaló solo dos contrarios, a pocos días de la elección a rector de la USAC, en un proceso marcado por amparos y cuestionamientos sobre el quórum y la participación.
Por Prensa Comunitaria
El 25 de marzo, el Consejo Superior Universitario (CSU) se reunió tras una convocatoria del secretario Luis Fernando Cordón Lucero y conoció 11 de los 29 procesos de elección de cuerpos electorales. De estos, seis fueron acreditados y son afines a Walter Mazariegos; dos corresponden a la oposición; mientras que en tres procesos contra tres cuerpos electorales de oposición se conocieron impugnaciones que dejaron en suspenso su acreditación.
Los tres cuerpos electorales bloqueados son los de estudiantiles de las facultades de Ingeniería, Ciencias Económicas y Agronomía.
El CSU y Walter Mazariegos mantienen sin acreditar a la totalidad de electores de oposición en un contexto marcado por la proximidad del asueto de Semana Santa, que inicia con la Huelga de Dolores el viernes 27 de marzo y se extiende hasta el lunes 6 de abril.
A menos de cinco días hábiles para la elección a rector, programada para el 8 de abril en Antigua Guatemala, crece la preocupación por la falta de acreditación del resto de cuerpos electorales que fueron electos para participar en la segunda fase del proceso.
Durante este período se estima que el CSU no sesionará, dado el antecedente de las vacaciones de diciembre de 2025, cuando autoridades universitarias alegaron estar en receso para no acatar resoluciones de amparo que los obligaban a reunirse. Esto abre la posibilidad de que el asueto sea el argumento utilizado para retrasar las acreditaciones.
Ante el bloqueo, los estudiantes presentaron un amparo el 24 de marzo, en el que exigen la acreditación total de los cuerpos electorales y el respeto al voto universitario.
Mientras que la Sala Sexta de lo Contencioso Administrativo dio trámite a un amparo interpuesto por profesores electos de colegios profesionales y otorgó un plazo de 48 horas al CSU para informar sobre el proceso administrativo de acreditación.
Se han interpuesto más de seis amparos relacionados con el proceso, todos orientados a garantizar la participación de los cuerpos electorales electos en la elección de rector del 8 de abril.
¿Por qué no podrían participar en la elección los cuerpos impugnados?
Las tres elecciones impugnadas de estudiantes de las facultades de Agronomía, Ingeniería y Ciencias Económicas se realizaron el 18 de febrero, es decir, hace más de un mes. Tras las elecciones, se establece un umbral de hasta cinco días para la presentación de recursos de impugnación, revisión o revocatoria. Sin embargo, fue hasta este 25 de marzo que el Consejo Superior Universitario (CSU) conoció los procesos.
¿Por qué se dilató tanto su conocimiento? Según los estudiantes, docentes y profesionales, todo apunta a una estrategia para impedir su participación. “Querían dejar poco tiempo para reaccionar legalmente contra las anulaciones de electores”, señaló el abogado Javier Monterroso quien tuvo acceso a varios documentos.
Las reformas al Reglamento Electoral, ocurridas en abril de 2025, iban encaminadas a alterar el proceso electoral. En dichas reformas se suprimió el Tribunal Electoral, órgano encargado de conocer impugnaciones contra las decisiones de la Junta Electoral Universitaria. Esto obliga a que los procesos de impugnación y apelación se trasladen a la vía de lo contencioso administrativo, lo que prolonga los tiempos.
Una dirigente estudiantil de la Facultad de Derecho, quien solicitó no ser identificada, indicó: “La dilación del CSU no es casualidad. Al desaparecer el órgano de apelación, todo se restringe a los plazos de lo Contencioso Administrativo, que prolongan los procesos. Ellos, teniendo en cuenta esto, decidieron conocer las impugnaciones hasta el momento en que esos periodos sirvieran para impedir la participación de esos cuerpos electorales. Puede que lo usen contra otros cuerpos”, señaló.
¿Qué se impugnó y quiénes presentaron las impugnaciones?
Los tres cuerpos electorales impugnados corresponden a estudiantes de las facultades de Ingeniería, Ciencias Económicas y Agronomía, que en conjunto representan 15 electores y votos que quedan en suspenso para la elección de rector.
Facultad de Ingeniería
La impugnación, bajo recurso de revocatoria, fue presentada por Juan Pablo Zapeta Russo, de 36 años, quien alegó un supuesto “acarreo” y “coacción” de votantes. Sin embargo, no se presentó ninguna prueba ante los consejeros.
El día de la votación, varios estudiantes y docentes se organizaron para facilitar la participación estudiantil mediante buses que cobraban Q1.00 por pasaje. A estos buses no se les permitió el ingreso al campus central e incluso se solicitó a la Municipalidad la imposición de cepos.
Facultad de Agronomía
La impugnación, también bajo recurso de revocatoria, fue presentada por el estudiante Diego Benjamín Priego Gudiño, de 30 años, con número académico 201408140. Argumentó que varios estudiantes no aparecían en el padrón electoral, por lo que no pudieron emitir su voto, y que en el escrutinio una de las mesas no coincidía en la cantidad de boletas utilizadas con el padrón.
Desde la convocatoria a elecciones de rector, la administración de Walter Mazariegos ha advertido que no puede garantizar la ausencia de errores en los padrones electorales, lo que ha sido señalado desde 2025 como una posible estrategia para impugnar elecciones donde no se vean favorecidos.
Lee más al respecto en:
Ciencias Económicas
La impugnación, bajo recurso de revocatoria, fue impulsada por los estudiantes Jorge Luis García González , Juan Fernando García Ispaché, Ronal Adalverto Mejía Alí y María Elizabeth Álvarez Ramírez, quienes señalaron que no se habilitó una fecha de votación para el plan fin de semana, como ha ocurrido en otros procesos.
Según uno de los abogados consultados, quien pidió no ser citado, la impugnación no debió proceder, ya que se dirige contra la convocatoria, la cual se cumplió conforme al día y lugar establecidos para la elección, por lo que el recurso estaba fuera de tiempo. Además, indicó que las fechas fueron definidas por el propio CSU desde la convocatoria general de rectoría, por lo que el trámite debió ser rechazado in limine, lo que —a su juicio— evidencia la mala fe con la que actúa el CSU.
Lee más al respecto en:
¿Por qué la acreditación es importante en el proceso?
La acreditación oportuna es clave, ya que de ella depende no solo la participación efectiva de los electores, sino también el quórum necesario para validar la elección.
El cuerpo electoral que vota para elegir rector o rectora está conformado por 34 cuerpos electorales, un total de 170 personas ( 50 estudiantes, 50 docentes y 70 profesionales) más el rector de turno.
Según la normativa, el rector debe ser electo por mayoría absoluta (la mitad más un voto del total de electores acreditados y presentes en la elección), es decir 86 votos. Pero en el caso de una reelección, se necesitan las dos terceras partes de los electores presentes( 115 votos).
Sin embargo, la no acreditación de todos los cuerpos podría reducir ese universo de votantes y beneficiar a Walter Mazariegos como sucedió en 2022, cuando no se acreditaron varios cuerpos electorales de oposición y no se permitió el ingreso a los opositores ya acreditados el día de la elección realizada en el Parque de la Industria.
Para que el proceso electoral pueda iniciar el 8 de abril, la normativa universitaria exige que, del total de cuerpos electorales acreditados, al menos la mitad más uno se encuentre presentes en la fecha, lugar y hora establecidos en la convocatoria: el 8 de abril, en el Hotel Museo Casa Santo Domingo, a las 8:00 horas.
De no alcanzarse ese requisito, la elección se traslada al 9 de abril, en el mismo lugar y hora, pero en ese caso se requiere la presencia de dos terceras partes del cuerpo electoral. Si nuevamente no se cumple, la elección se realiza el 10 de abril con los electores que se encuentren presentes.
Un juego de números
Actualmente, 29 cuerpos electorales ya fueron electos, lo que representa 145 electores. Si todos fueran acreditados, se requeriría la presencia de al menos 74 para iniciar la votación el 8 de abril. En ese escenario, Mazariegos necesitaría al menos 50 votos para asegurar su reelección.
Hasta ahora, se ha garantizado la acreditación de seis de los siete cuerpos electorales que le son afines, lo que representa 35 votos. Sin embargo, según estimaciones, podría llegar a contar con hasta nueve cuerpos electorales a su favor, alcanzando 45 votos.
No obstante, si se reduce el número de cuerpos acreditados, también disminuye el total de votos necesarios, lo que podría favorecer sus aspiraciones.
Analistas y actores universitarios señalan que esta dinámica permitiría concentrar el peso de la elección en un grupo reducido de electores afines. Según estimaciones, si únicamente se acreditan 13 cuerpos electorales, bastarían 44 votos para alcanzar las dos terceras partes requeridas.
Además del impacto en el quórum, la acreditación tardía podría dificultar la logística de participación. Los electores necesitan contar con credenciales con antelación para trasladarse e ingresar al recinto electoral. Si estas se entregan en fechas cercanas al evento, especialmente después del asueto, aumenta el riesgo de que no puedan participar.
El antecedente de 2022 refuerza estas preocupaciones. En ese proceso, varios cuerpos electorales no fueron acreditados o se les impidió el ingreso el día de la elección. En total, 99 electores electos no pudieron participar, lo que permitió que únicamente 72 ingresaran al proceso, tras lo cual se anunció una elección por unanimidad.
A esto se suman denuncias sobre posibles obstáculos adicionales, como dificultades en el acceso al lugar de votación, controles en el ingreso e incluso el uso de grupos de choque, lo que podría limitar la participación de sectores opositores.
En paralelo, se reportan presuntos intentos de influir en el voto de algunos electores por parte de Mazariegos, incluyendo ofrecimientos económicos de hasta medio millón de quetzales por cuerpo electoral, así como cargos administrativos dentro de la USAC.
El panorama refleja un proceso electoral bajo tensión, donde la falta de certeza en la acreditación podría incidir directamente en la legitimidad de la elección.
