Un listado de magistraturas definidas desde febrero, “consensos” a última hora y posibles candidatos vetados por Estados Unidos marcaron la jornada de elección para renovar el Tribunal Supremo Electoral. Sin embargo, la designación fue controvertida desde la nómina por parte de la comisión postuladora liderada por el rector de facto de la USAC, Walter Mazariegos.
Por Isela Espinoza
Pocos días después de que la Comisión de Postulación de Magistrados para el Tribunal Supremo Electoral (TSE) entregara el 17 de febrero al Congreso de la República la nómina de 20 candidaturas que buscaban ocupar cinco magistraturas titulares y cinco suplentes, una lista con los nombres de aspirantes que serían nombrados cobraba fuerza en los consensos parlamentarios. Algunos diputados aseguraban que la elección tendría el mismo procedimiento del acuerdo logrado en la distribución de Comisiones Legislativas.
Según fuentes consultadas por Prensa Comunitaria, en ese listado se encontraban los nombres de: Rosa Mariella Josabeth Rivera Acevedo, Alfredo Skinner- Klée Arenales, Joaquín Rodrigo Flores Guzmán, Rafael Morales Solares y Francisco Javier Puac Choz.
Un mes después, de los cinco nombres de ese listado cuatro fueron electos con lo que sus nombres se previa que desde febrero ya eran los ungidos. Rosa Rivera Acevedo fue electa magistrada titular, su candidatura habría estado impulsada por el Comité Coordinador de Asociaciones Agrícolas, Comerciales, Industriales y Financieras (CACIF).
No es la primera vez que Rivera Acevedo se postula para este cargo. En 2019, también integró la nómina de magistrados del TSE para el periodo 2020-2026. Pero hace siete años, no fue electa. Desde 2014, es magistrada de la Sala Quinta de la Corte de Apelaciones Civil y Mercantil. Además, fue jefa de asesoría jurídica de la Secretaría Ejecutiva de la presidencia de 2005 a 2014 durante los gobiernos de Óscar Berger, Álvaro Colom y Otto Pérez Molina.
De la lista filtrada también fueron electos como magistrados suplentes Alfredo Skinner- Klée, Joaquín Flores Guzmán y Francisco Javier Puac Choz. La mayoría tuvo entre 155 y 148 votos de los 107 requeridos para ser electos. Solo la unión de las bancadas Vamos, Unidad Nacional de la Esperanza (UNE), Cabal, Valor, Todos, Viva y los 23 diputados independientes oficialistas les dieron 124 votos.
Skinner- Klée fue vicepresidente del CACIF y es un abogado con trabajo en derecho corporativo. Además, de ser expresidente de la Junta Directiva del Banco de los Trabajadores nombrado por Alejandro Giammattei (2020), es hermano de Jorge Skinner Klée Arenales, considerado una de las personas que cabildeó la salida de la CICIG de Guatemala.
Mientras, Flores Guzmán ha sido secretario y asesor de la presidencia del Organismo Judicial. Fue director del Sistema Penitenciario durante el gobierno de Alejandro Giammattei (2022).
La manzana podrida ¿desde el principio?
La lista de las 20 personas que aspiraban ser magistrados del TSE, para el periodo 2026-2032, llegó al Congreso en medio de señalamientos de organizaciones de la sociedad civil sobre la idoneidad y honorabilidad de algunos candidatos.
Desde su conformación, la postuladora fue cuestionada y estuvo bajo la lupa de la sociedad civil por estar presidida por Walter Mazariegos, el rector de facto de la Universidad de San Carlos (USAC). Además, la integraron el decano de la Facultad de Derecho de la USAC, Henry Arriaga; el rector de la Universidad Panamericana y representante de las universidades privadas del país, Mynor Herrera Lemus; el representante del CANG, Gregorio Saavedra y el decano de la Universidad de Occidente y el representante de las facultades de ciencias jurídicas y sociales de las universidades privadas, Donald González. Cada uno de los integrantes tenía un suplente.
El proceso de recepción, revisión de los perfiles de los candidatos y la conformación de la nómina que entregaron al Congreso también fue opaco desde el inicio. En un análisis, Guatemala Visible señala que la falta de rigor y la transparencia fueron “señales preocupantes” de esta postuladora comparada con la de 2020.
Además, de los 181 candidatos 38 recibieron en total 54 señalamientos presentados por la ciudadanía lo cual refleja que el 21% de los aspirantes recibieron tachas frente al 11 % de 2020. Sin embargo, la postuladora únicamente dio lectura pública a los señalamientos y las pruebas de descargo. Pero sin debate ni discusión, acordaron descartar señalamientos anónimos, aceptar todas las pruebas de descargo y considerarlas al momento de integrar la nómina.
Otro contraste con 2020. Ese año, los comisionados analizaron individual y públicamente los argumentos de los aspirantes y ciudadanos en forma y fondo, aunque ninguno fue sometido a votación.
“Al no definirse ni documentar previamente criterios claros y uniformes para analizar los señalamientos presentados contra los aspirantes se ocasiona que los evaluadores no cuenten con una guía común que indique cómo valorar ese tipo de insumos”, señaló Guatemala Visible.
La calificación de expedientes también tuvo diferencias con la de 2020. Entre las más notorias se encontró la distribución de los expedientes al titular y suplente del mismo sector que representaron. Mientras, que en 2020 cada expediente fue asignado a parejas determinadas por sorteo. Por otro lado, 178 expedientes fueron evaluados en una sesión cuando, en 2020, los comisionados evaluaron 90 expedientes en tres sesiones.
“La poca claridad de la metodología utilizada, aunado a la ausencia de información sobre las calificaciones recibidas por los aspirantes en cada aspecto evaluado y la rapidez con la que los comisionados evacuaron la gradación de los expedientes han dado paso a cuestionamientos sobre aspectos de transparencia, consistencia y credibilidad de las evaluaciones”, dijo Guatemala Visible previo a la integración de la nómina final.
La rigidez de las tablas de gradación con la que evaluaron a los aspirantes y la subjetividad de los comisionados sobre el término “idoneidad” dio como resultado incluir o excluir candidatos basándose en criterios éticos o políticos que favorecieron a actores que han sido señalados en investigaciones como el caso Comisiones Paralelas, perfiles cuestionados dentro del sistema judicial por promover la criminalización de periodistas, defensores de derechos humanos y operadores de justicia y otros sancionados por el Gobierno de Estados Unidos.
Al final del proceso, la votación de la postuladora para la integración de nómina también mostró el consenso que había dentro de los comisionados por perfiles que el pasado 10 de marzo fueron electos magistrados por el Congreso y que en la postuladora tuvieron los cinco votos. Entre ellos se encontraban:
- Juan José Bolaños Mejía (5 votos en la Comisión pero no fue elegido en el pleno)
- Mario Alexander Velásquez Pérez (5 votos en la Comisión, fue electo magistrado titular con 153 votos en el Congreso)
- Rafael Morales Solares (5 votos en la Comisión)
- Rosa Mariella Josabeth Rivera Acevedo (5 votos en la Comisión, fue electa magistrada titular con 155 votos en el Congreso)
- Eva Marina Recinos Vásquez (5 votos en la Comisión)
- Selvin Guadalupe Guevara Farfán (5 votos en la Comisión)
- Joaquín Rodrigo Flores Guzmán (5 votos en la Comisión, fue electo magistrado suplente con 155 votos en el Congreso)
- Karin Virginia Romero Figueroa (5 votos en la Comisión, fue electa magistrada titular con 155 votos en el Congreso)
- Quelvin Otoniel Jiménez Villalta (5 votos en la Comisión, fue electo magistrado titular con 154 votos en el Congreso)
- Alfredo Skinner-Klée Arenales (5 votos en la Comisión, fue electo magistrado suplente con 148 votos en el Congreso)
Cuarenta minutos bastaron para que los comisionados integraran la nómina con 20 candidatos, algunos de ellos vinculados a casos de amaños en la elección de Cortes, sancionados por Estados Unidos y allegados a Mazariegos, desataron cuestionamientos.
“Las autoridades universitarias guatemaltecas abrieron las puertas a organizaciones criminales y narcotraficantes con sus selecciones para el TSE, priorizando sus propios intereses por encima del bienestar del país y de sus instituciones”, reaccionó John Barret, encargado de Negocios de la Embajada de Estados Unidos en Guatemala un día después de la elección de la lista.
Aunque organizaciones como Acción Ciudadana y Alianzas por las Reformas presentaron una solicitud para que los diputados rechazaran la nómina y que los integrantes de la postuladora repitieran la votación, los magistrados de la Corte de Constitucionalidad (CC) negaron los amparos provisionales y con ello se dio vía libre al Congreso para continuar con la elección.
La elección de magistrados del TSE es parte del proceso de renovación de autoridades en la Corte de Constitucionalidad, Contraloría general de Cuentas, Ministerio Público y Universidad de San Carlos de Guatemala. Además, su importancia radica en que los nuevos magistrados del TSE tendrán a su cargo las elecciones generales del próximo año y de 2031 tras un proceso electoral, en 2023, judicializado por la fiscal general Consuelo Porras que provocó movilizaciones históricas en defensa de la democracia lideradas por autoridades indígenas. Por ello la sociedad civil y ciudadanía nuevamente líderes indígenas han fiscalizado las elecciones de segundo grado.
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Una votación fallida y consensos ¿de última hora?
La decisión de la CC allanó el camino para que los diputados designaran a los nuevos magistrados con base en la lista de candidatos presentada, sin que existiera obstáculo judicial inmediato que paralice la sesión plenaria programada para el martes 10 de marzo.
Una semana antes, el panorama también era de tensión en el hemiciclo ante la elección de los magistrados titular y suplente de la CC. El martes 4 de marzo la sesión plenaria en donde se tenía previsto elegir a los togados fue suspendida pese a que 141 diputados se encontraban presentes, pero en la Junta Directiva se encontraban ausentes los secretarios, requisito necesario para instalar la plenaria.
Además, persistían desacuerdos políticos sobre las candidaturas. En esta elección, trascendió que el cabildeo de las negociaciones giraba a favor de la fiscal general Consuelo Porras y el magistrado Roberto Molina.
La votación se concretó a la 1:30 de la madrugada del viernes 6 de marzo, después de 14 horas de debate, señalamientos, gritos e incluso golpes y maniobras políticas. Al final, el Organismo Legislativo decidió mantener a Roberto Molina Barreto y a Luis Rosales en la CC para el periodo 2026-2031. Ambos son vinculados al partido de Valor de Zury Ríos.
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Pero aún quedaba otra decisión fuerte para el Congreso: la designación de la nueva magistratura del TSE. Desde el lunes 9 de marzo fuentes parlamentarias aseguraban que aún no había consenso para elegir a los 10 magistrados del TSE y que las negociaciones continuaban. Ese día en reunión de jefes de bloque se programó la elección para la sesión plenaria del martes 10 de marzo a las 14:00 horas. A esa hora, en los alrededores del Congreso se reunían representantes del transporte pesado.
Una hora después de la convocatoria el tablero marcaba la asistencia de 76 diputados. Mientras, en los pasillos se observaba a algunos parlamentarios conversar con los transportistas, presentar una iniciativa e incluso se decía que los jefes de bloque se encontraban reunidos con diputados independientes para lograr “consensos”.
El diputado Orlando Blanco, de la bancada VOS, dijo que en la agenda legislativa antes de realizarse la elección de magistrados del TSE se conocerían iniciativas de ley y previa que ese martes no se realizaría la conformación de la nueva magistratura ante la falta de acuerdos. “Será una votación por cuotas y será un Tribunal Supremo Electoral que no llene las expectativas que tiene la población. Va ser una negociación de cuotas de un grupo con otro grupo (oposición / oficialismo). Entonces, poco se podrá esperar de una inmunidad total. Serán representantes de ambos agrupamientos y ojalá que en la práctica esto no se refleje en un mal Tribunal Electoral, pero es lo que hay hoy”, vaticinó Blanco previo a ingresar al hemiciclo.
En el Congreso, votar por cuotas se refiere a la distribución de cargos públicos, comisiones o decisiones políticas entre los partidos según su representación numérica. Lo que suele implicar pactos para asegurar votos y repartir cuotas de poder entre bancadas mayoritarias.
Legisladores hablaban que la cuota para esta elección sería de “55-45” y que los magistrados titulares serían para la oposición (Vamos, Valor, UNE, Todos, entre otros) mientras que los suplentes serían para el oficialismo y sus aliados.
“Se necesita una mayoría calificada, 107 votos, que ninguno de los dos grupos los tiene”, dijo también la diputada Sonia Gutiérrez que también preside la Comisión de Asuntos electorales del Congreso.
La sesión plenaria inició una hora y media después de lo acordado con la presencia de 92 diputados. Sin embargo, era visible la ausencia de la mayoría de diputados opositores entre ellos de Vamos, Todos, UNE e incluso miembros de la junta directiva.
Tras la lectura de algunas iniciativas de ley, la sesión quedó suspendida alrededor de tres horas. Elmer Palencia, del partido Valor de Zury Ríos quedó a cargo de presidir la sesión en la que a cada cierto tiempo se observaba con menos diputados en el hemiciclo, aunque el tablero marcaba la presencia de 82 legisladores. A pesar de los llamados de algunos diputados a que se volvieran a marcar en el tablero para revisar quórum estos eran ignorados.
Mientras, con el paso de los minutos, se observaba a Palencia recibir una y otra vez llamadas a su teléfono celular. En la puerta de la presidencia del Congreso, los guardias continuaban vigilando el acceso por el que algunos diputados como Samuel Pérez, Sonia Gutiérrez, Inés Castillo y Teresita de León entraban y salían hacia el hemiciclo.
Castillo fue consultado sobre qué diputados se encontraban negociando. Pero respondió no saber ya que él fue atendido por el presidente del Congreso, Luis Contreras Colindres, en una “salita de la entrada” y las negociaciones se realizaban en una pérgola que hay en el interior.
“Nosotros esperamos llegar a acuerdos dentro de cinco minutos fue lo que nos dijo el presidente del Congreso, ahorita que fueron los 15 minutos que le dimos más para ver si llegamos a acuerdos. Yo creo que sí vamos a llegar a acuerdos hoy, si llegamos a los votos vamos a hacer la elección sino vamos a dejarlo para jueves”, dijo Inés Castillo de la UNE poco antes de las 17:00 horas.
Pese a la ausencia de diputados, la sesión que inició a las 14:30 horas no fue suspendida como pasó en la elección de los magistrados para la CC.
Fue hasta las 19:00 horas que los diputados de Vamos y el resto de bancadas empezaron a ingresar y marcar su presencia en el tablero para que enseguida Contreras Colindres tomara nuevamente su silla de la presidencia para continuar con la sesión y dar paso de una vez a la elección de magistrados del TSE.
En los pasillos del Congreso también se escuchaba que la embajada de Estados Unidos había vetado a tres candidatos, dos de ellos, según fuentes parlamentarias, fueron Lesther Castellanos, incluido en la lista Engel de actores corruptos y antidemocráticos de Estados Unidos por denunciar a la exfiscal de la FECI, Virginia Laparra, quien se encuentra en el exilio; Wilber Estuardo Castellanos Vengas, señalado por la FECI de Francisco Sandoval como uno de los presuntos articuladores de las ilegalidades reveladas en el caso Comisiones Paralelas 2020 y Selvin Guadalupe Guevara Farfán.
El voto final
La votación para integrar la nueva magistratura del TSE se realizó en una hora y media aproximadamente e inició con la elección de los magistrados titulares: Mario Alexander Velásquez Pérez (obtuvo 153 votos), Roberto Estuardo Morales Gómez (130), Rosa Mariella Josabeth Rivera Acevedo (155), Karin Virginia Romero Figueroa (155) y Quelvin Otoniel Jiménez Villalta (154).
Luego continuaron con la elección de los magistrados suplentes en donde salieron electos: Giovanni Francisco Soto Santos (con 134 votos), Joaquín Rodrigo Flores Guzmán (155), Francisco Javier Puac Choz (152), Sergio Amadeo Pineda Castañeda (150) y Alfredo Skinner-Klée Arenales (148).
Entre aplausos y vítores, Allan Rodríguez y diputados opositores aliados festejaron la elección de sus magistrados afines, según el análisis de votos, los 10 obtuvieron el voto de la oposición.
Mientras que, por parte de los diputados oficialistas, también dieron votaron, casi unánime, a 8 candidatos. En donde se notó la diferencia fue en los 17 (de 23) votos en contra del magistrado Roberto Estuardo Morales Gómez, uno de los perfiles cuestionados por ser integrante de la Sala Sexta de lo Contencioso Administrativo y excluir a los profesionales de ciencias afines de las votaciones en el Colegio de Abogados y Notarios para elegir a magistrados de la CC.
Al final de la sesión, el diputado oficialista José Sanabria dijo que sí habían votado por Morales Gómez ya que las votaciones respondían “principalmente a los consensos que se requieren para poder alcanzar los acuerdos necesarios”, dijo.
Por aparte, el diputado Samuel Pérez aseguró que en las negociaciones estuvieron involucrados diputados que han construido “una mayoría dentro del Congreso” entre ellos bloques pequeños y medianos. “Nunca ha estado él sentado en una mesa con la que nos sentemos a platicar”, dijo en referencia a si Allan Rodríguez participó en las negociaciones.
La bancada oficial queda una vez más con una deuda pendiente para la población que salió a las calles en 2023 para manifestar en contra de la judicialización de los comicios y defender la democracia. Los diputados confían en que todos los magistrados del TSE, que fueron juramentados por el Congreso este martes 17 de marzo, asumirán el compromiso “no con el Congreso sino con el pueblo de Guatemala que es respetar la institucionalidad, fortalecer sistema electoral y de partidos políticos y principalmente dejar de instrumentalizar las instituciones políticas y públicas como lo han venido evidenciando en los últimos años”, dijo Sanabria.
Dos días después de la elección, el diputado de VOS, José Chic, analizó la decisión del pleno resaltando que, aunque se ha dicho mucho sobre las cuotas de negociación “hoy por hoy lo que quedaron fueron al menos tres perfiles que consideramos que cumplían con estar comprometidos con la democracia y la transparencia”. Según el diputado, la bancada de Vos le dio su voto a Mario Alexander Velásquez Pérez, actual secretario general del TSE; Rosa Rivera y Quelvin Jiménez.
En cuanto a las cuotas de negociación Chic comentó que estas empezaron desde la comisión de postulación que “dejó de cumplir su función” por elegir a personajes cuestionados para integrar la nómina final. “Nos tocó tratar de buscar los mejores perfiles”, dijo en relación a la elección que realizaron y abogó por darle el beneficio de la duda a los magistrados titulares.
En esta elección otro aspecto que estuvo en juego fue la edad, ya que de ello depende la presidencia en la magistratura del TSE. Al menos, los diputados de la oposición aseguraron con su voto que, de marzo 2026 a marzo de 2027, el ente electoral esté presidido por la magistrada Rosa Mariela Rivera, de 61 años; y de marzo 2027 a marzo 2028, es año electoral, esté presidido por Roberto Estuardo Morales. Ambos tendrán un papel trascendental en la exclusión o no de candidaturas al Ejecutivo o Legislativo en las elecciones generales del próximo año.
El diputado Chic recordó los retos a los que se enfrentará la nueva magistratura del TSE entre ellos recuperar la institucionalidad. “Hay un Tribunal Electoral bastante debilitado, hay que recordar que casi por un año se quedaron sin integrar pleno. Además, debe organizar las elecciones ya sobre la marcha de 2027 y el tercer reto es que debe recuperar la confiabilidad hacia la población guatemalteca”, agregó.
En tanto, en el tintero quedan candidatos a magistrados que, aunque no alcanzaron los 107 votos requeridos, lograron un buen porcentaje de estos pese a un Congreso fragmentado y que implicaría un buen caudal de votos y apoyo. Entre ellos se encuentran:
Esmeralda Judith Orozco Navarro en la votación para magistrada titular obtuvo 79 votos y para suplente 53; Rafael Morales Solares (titular 53, suplente 42), Eva Marina Recinos Vásquez (titular 70, suplente 47).
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