En una sesión breve pero decisiva, la Comisión de Postulación definió la nómina de 20 aspirantes a magistraturas del Tribunal Supremo Electoral. El listado será enviado al Congreso, que deberá elegir a los diez integrantes de la máxima autoridad electoral. De esa decisión dependerá la conducción de los comicios de 2027 y 2031.
Por Alexander Valdéz
En menos de una hora la Comisión de Postulación para magistrados del Tribunal Supremo Electoral votó e integró la nómina final de 20 aspirantes que competirán por dirigir la máxima autoridad electoral del país. Ahora ese listado será remitido al Congreso de la República, donde los diputados tendrán la última palabra para elegir a cinco magistrados titulares y cinco suplentes que tendrán a su cargo los eventos electorales del 2027 y 2031.
Sin embargo, la nómina está integrada principalmente por actores que han sido señalados en investigaciones como la del caso Comisiones Paralelas 2020, un expediente que expuso presuntas redes de tráfico de influencia en la elección de altas cortes. Entre los nombres también aparece el abogado Lesther Castellanos, denunciado por criminalizar a la exfiscal Virginia Laparra, que permanece en el exilio.
También aparece Julio Recinos, actual fiscal del Ministerio Público y miembro del movimiento Avanza, una plataforma integrada principalmente por fiscales que participaron en las recientes elecciones del Colegio de Abogados y Notarios. A ellos se suman aspirantes que ya ocuparon cargos en anteriores magistraturas de la Corte Suprema de Justicia, perfiles que arrastran cuestionamientos dentro del poder judicial.
La nómina quedó integrada por Esmeralda Judith Orozco Navarro, Giovanni Francisco Soto Santos, Wilber Estuardo Castellanos Venegas, Juan José Bolaños Mejía y Mario Alexander Velásquez Pérez. También figuran José Alberto Godínez Rodríguez, Lesther Castellanos Rodas, José Luis de Jesús Samayoa Palacios, Rafael Morales Solares y Roberto Estuardo Morales Gómez.
El listado se completa con Rosa Mariella Josabeth Rivera Acevedo, Eva Marina Recinos Vásquez, Selvin Guadalupe Guevara Farfán, Francisco Javier Puac Choz y Joaquín Rodrigo Flores Guzmán. Asimismo, fueron incluidos Karin Virginia Romero Figueroa, Quelvin Otoniel Jiménez Villalta, Sergio Amadeo Pineda Castañeda, Julio César Recinos Fabián y Alfredo Skinner-Klee.
Entre los aspirantes que no lograron superar el último filtro se encuentra Alejandro Córdova, jefe de la Procuraduría de los Derechos Humanos, así como los magistrados Gabriel Aguilera e Irma Palencia, quienes quedan fuera de la posibilidad de reelección.
Candidatos con señalamientos
Lesther Castellanos: El aspirante está incluido en la lista Engel de actores corruptos y antidemocráticos de Estados Unidos. Fue señalado por presentar una denuncia contra la exfiscal Virginia Laparra, en lo que se interpretó como un contraataque legal luego de que ella lo denunciara por la presunta filtración de información bajo reserva al abogado Omar Barrios. Además, ha sido vinculado a la Fundación Contra el Terrorismo, organización señalada por promover acciones legales contra operadores de justicia y periodistas.
Durante su desempeño como relator contra la tortura recomendó el traslado de Aldo Dupie Ochoa alias “el Lobo”, líder del Barrio 18.
Wilber Estuardo Castellanos: Fue señalado por la Fiscalía Especial contra la Impunidad (FECI) como uno de los presuntos articuladores de las ilegalidades reveladas en el caso Comisiones Paralelas 2020, debido a reuniones con Gustavo Alejos. En 2022 fue denunciado por supuestamente alterar un expediente vinculado al diputado Fidel Reyes Lee y por no acatar una resolución de la Corte de Constitucionalidad.
Además, firmó la resolución de una Sala de Apelaciones que habilitó al Congreso para juramentar a Mynor Moto como magistrado de la Corte de Constitucionalidad, pese a que existían órdenes judiciales que le impedían asumir el cargo. En 2020, el Ministerio Público solicitó el retiro de su inmunidad por sospechas de diversos delitos, tras dar trámite a una solicitud de antejuicio contra los magistrados Gloria Porras, Bonerge Mejía, Francisco de Mata Vela y Neftaly Aldana. También se le atribuye haber instado la denuncia contra la exjueza Erika Aifán, acción que derivó en un proceso de antejuicio en su contra.
José Alberto Godínez Rodríguez: Actualmente se desempeña como director del Centro Universitario de Sacatepéquez de la Universidad de San Carlos, cargo que ocupa desde 2021 debido a la falta de elecciones para su renovación. Es hermano del abogado Juan Carlos Godínez Rodríguez, asesor de Walter Mazariegos e incluido en la lista del Departamento de Estado de Estados Unidos de actores antidemocráticos y corruptos.
En el sector justicia trabajó como defensor público de oficio (2006-2007) y en la administración pública ha ocupado múltiples cargos, entre ellos jefe de la Unidad de Asesoría Jurídica del Ministerio de Energía y Minas (2018), asesor en la Dirección de Asuntos Jurídicos de la USAC (2016-2018), analista jurídico y operador registral en el Registro de Información Catastral, asesor laboral en la segunda secretaría de la Junta Directiva del Congreso de la República (2011) y asesor jurídico en la Municipalidad de Mixco (2010-2011).
Julio Recinos: Es fiscal de Extinción de Dominio y miembro del movimiento Avanza, una plataforma integrada por fiscales afines a Consuelo Porras. Recinos también apoyó a esa plataforma en las últimas elecciones del Colegio de Abogados y Notarios.
José Luis Samayoa Palacios: Fue magistrado de la Corte Suprema de Justicia que concluyó el último periodo de un año. Está incluido en la nómina a pesar de estar señalado por corrupción en 2020; sobre posibles acuerdos ilegales para su elección como magistrado.
Rafael Morales Solares: Su nombre aparece pese a señalamientos de corrupción en 2020; porque sostuvo reuniones con Gustavo Alejos para acordar su elección en la magistratura de ese año.
Sergio Amadeo Pineda: Fue magistrado de la Corte Suprema de Justicia que se prolongó funciones cinco años más y avaló investigaciones contra exjueces independientes que tuvieron que salir al exilio. Además, aparece en el caso de amaño de cortes del 2020.
Roberto Estuardo Morales Gómez: Está vinculado a la UNE. Junto a otras dos magistradas, días antes de la elección del Colegio de Abogados y Notarios para la Corte de Constitucionalidad, excluyó a las ciencias afines del evento electoral. Además, en su momento respaldó al operador Berner García conocido como “Mozote” para mantenerse como representante del CANG en el Consejo Superior Universitario (CSU).
Giovanni Francisco Soto Santos: Hijo del exmagistrado de la Corte de Constitucionalidad y exdecano de la USAC, Cipriano Francisco Soto Tobar. Fue magistrado vocal II de la Sala Quinta del Tribunal de lo Contencioso Administrativo 2014-2024. Votó a favor de la resolución que consumó el fraude en la USAC y que ordenó la convocatoria a elección con sólo 27 cuerpos electorales. Votó a favor de la resolución que evitó que Gloria Porras fuera juramentada como magistrada de la CC designada por la USAC.
¿Qué sigue ahora?
Una vez recibida la nómina de 20 aspirantes elaborada por la Comisión de Postulación, corresponde ahora a los diputados revisar y analizar los perfiles de cada persona. Durante este proceso, los legisladores podrán evaluar antecedentes, trayectorias profesionales y los señalamientos de corrupción.
Se espera que el Congreso convoque a un pleno en el que se llevará a cabo la votación definitiva. En esa sesión, los diputados elegirán a los cinco magistrados titulares y cinco suplentes que dirigirán la máxima autoridad electoral del país. El nuevo pleno asumirá el cargo el 20 de marzo de 2026.
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