En Guatemala se están llevando a cabo las elecciones de segundo grado, que consiste en una serie de procesos electorales indirectos que ocurren dentro de gremios, universidades y el Congreso. Han pasado quince días del año y ha quedado en evidencia cómo el poder y quienes controlan las instituciones se están reorganizando. Pese a que Walter Mazariegos perdió la disputa en el Colegio de Abogados, su capacidad de incidencia desde la USAC y las comisiones de postulación, lo mantienen bien posicionado en la batalla por el control del Tribunal Supremo Electoral, Corte de Constitucionalidad, Ministerio Público y acaparar el poder en la USAC por cuatro años más.
Por Rony Ríos
Las elecciones con más relevancia en Guatemala no pasan por el voto ciudadano, sino por procesos indirectos en donde gremios profesionales y comisiones cerradas, son quienes terminan definiendo el rumbo del sistema democrático en el país. Esta semana en el inicio de las elecciones de segundo grado, quedó en evidencia que los grupos de poder que mantienen parte del Estado capturado, se organizan para reproducirse. Y que en buena medida depende de la habilidad de negociaciones, pactos y alianzas que mueven los operadores, que buscan garantizar que los grupos que tienen el control y poder de las instituciones lo mantengan.
Varios de estos procesos se activaron de forma simultánea. Esta semana se llevó a cabo la segunda vuelta en el Colegio de Abogados y Notarios de Guatemala (CANG), se completó la integración de la Comisión de Postulación del TSE, se emitió la convocatoria para elegir rector de la Universidad de San Carlos (USAC), arrancó el proceso para designar al próximo fiscal general y se vieron las primeras maniobras del Congreso en torno a juramentaciones pendientes no son hechos aislados. Todos estos procesos forman parte de un mismo ciclo de reconfiguración institucional.
En el centro de todo este engranaje aparece una figura que conecta varios escenarios entre sí: Walter Mazariegos. Su papel como rector impuesto en la USAC, se ha convertido en un riesgo, por la capacidad de incidencia política que tiene desde su posición en procesos clave, en un momento en el que la USAC está cooptada y vuelve a ser utilizada como plataforma de poder.
A continuación, ofrecemos el análisis de ocho momentos que ocurrieron de forma simultánea en la semana del 12 al 16 de enero. De cara a las elecciones de segundo grado, consideramos de suma importancia comprenderlos y conocer los pormenores de los movimientos y alianzas que ocurren en cada uno para saber lo que se está jugando Guatemala en este momento histórico:
- La USAC, la bisagra institucional
La USAC ha tenido históricamente un rol político importante, durante décadas fue espacio de pensamiento crítico, organización estudiantil y contrapeso frente al poder, ya que tiene como mandato constitucional cooperar desde su papel académico y de investigación con la solución de los problemas nacionales, tal y como está plasmado en su ley orgánica. Es la única universidad en el mundo que tiene iniciativa de ley y garantía de presupuesto de orden constitucional. Además, decide en instancias de segundo grado, a través de cuerpos colegiados.
Sin embargo, en los últimos años, ese papel se ha transformado y la crisis de legitimidad que rodeó la elección de Mazariegos al imponerse como rector por medio de un fraude, no se cerró con el paso del tiempo; al contrario, se profundizó y redefinió la relación entre la universidad y el Estado.
El Consejo Superior Universitario (CSU), órgano clave en la toma de decisiones, se convirtió en un espacio alineado con la conducción actual, reduciendo los márgenes para la oposición interna. Este control es fundamental porque la USAC no solo elige rector: también influye en otras instituciones del Estado.
La mayoría y principales representaciones las tiene el rector y los decanos de Ciencias Jurídicas y Sociales, y de las Ciencias Económicas:
· Ministerio Público
· Magistrados del Tribunal Supremo Electoral
· Contraloría General de Cuentas
· Magistrados de la Corte Suprema de Justicia
· Magistrados de Corte de Apelaciones
· Defensa Pública Penal
· Directorio de la Superintendencia de Administración Tributaria
El poder que se le otorgó a las universidades y a la USAC en la Constitución de 1985, para tener influencia en la toma de decisiones del Estado, convirtió a la USAC en un actor clave y en un embudo de poder. La USAC tiene voz y voto en al menos 53 instituciones fundamentales del Estado.
- La Comisión de postulación para el TSE y los alfiles de Mazariegos
La postuladora para TSE es conformada y presidida por el rector universitario, el decano de Derecho de la USAC -Henry Arriaga-, un representante de los rectores de universidades privadas y uno de los decanos de derecho; para finalizar un representante del CANG.
Uno de los movimientos más relevantes de las últimas semanas fue la elección de representantes de rectores de universidades privadas ante la Comisión de Postulación del TSE. Aunque formalmente se trata de un proceso universitario, en la práctica es una decisión política, donde cada representante suma un voto en la mesa que propondrá a los futuros magistrados electorales.
Fuentes cercanas al proceso señalan que la elección no fue producto de un debate abierto ni de criterios académicos, sino de acuerdos previos entre autoridades universitarias. En ese bloque, la figura de Mazariegos aparece como articulador que, a través de las relaciones construidas con rectores y decanos consiguió colocar a sus aliados en la Comisión de Postulación a magistrados del TSE que ya preside.
La elección de representantes de rectores dejó como resultado la designación de Mynor Herrera -rector de la Universidad Panamericana- como titular y Mynor Cordón -de la Universidad Regional- como suplente.
Herrera es un abogado que a la vez funge como ministro de culto en una iglesia vinculada a la parte radical del neopentecostalismo, que en Guatemala llegó a través de El Verbo, fundada por Efraín Ríos Montt -general vinculado a genocidio y padre de la excandidata presidencial Zury Ríos-. De hecho, Herrera se autodenomina como fundador de El Verbo en Jutiapa y forma parte del Consejo Nacional de Ministerios Verbo Guatemala.
Para entender los vínculos de los representantes, es necesario conocer la relación familiar de Cordón, quien es tío de Luis Fernando Cordón, secretario de Mazariegos en la USAC. Además, Cordón es el rector de la Universidad Regional, la cual pertenece al exrector Estuardo Gálvez.
Horas después de la designación de los rectores, los decanos de las universidades privadas hicieron lo propio al elegir a José González, de la Universidad de Occidente, como titular, y a Nery Anleu, de la Universidad Mesoamericana, como suplente.
González anteriormente fue aspirante a magistrado del TSE en 2020 y de la Corte Suprema de Justicia en 2019, además fungió como viceministro de Gobernación en 2009 -durante el gobierno de Álvaro Colom- y asesor de la SAAS durante el gobierno de Jimmy Morales.
Por su parte, Anleu fue asesor legal en la Procuraduría General de la Nación (PGN) durante dos años del gobierno de Alejandro Giammattei y es el actual asesor de Nery Ramos (expresidente del Congreso y subjefe del bloque legislativo Azul).
El CANG culminó la integración de la postuladora
El 13 de enero se realizó la segunda vuelta en el Colegio de Abogados y Notarios de Guatemala (CANG) para elegir entre la Planilla 4 y la Planilla 5 a sus representantes titular y suplente para conformar la postuladora a magistrados del TSE. Aunque la Planilla 4 ganó, de nuevo se evidenciaron los movimientos de Mazariegos para copar la comisión de postulación.
Mazariegos, que en alianza con fiscales del Ministerio Público y el magistrado de la CC Néster Vásquez, fueron los principales impulsores de la planilla 5; al final, este grupo gremial perdió la contienda por 322 votos.
Con esos resultados, Gregorio Saavedra y Edgar Ortiz fueron electos como comisionados titular y suplente para la postuladora del TSE, la dupla que sería cercana a los intereses del Ejecutivo y la agrupación política Semilla.
Carmen Aída Ibarra del Movimiento Projusticia explicó que la victoria de la Planilla 4 podría ser atribuida al impulso personal de Saavedra y Ortiz más que a un desempeño orgánico de las estructuras gremiales.
Mientras que, jueces independientes consultados por Prensa Comunitaria explicaron que, en la práctica, la integración de la Comisión sería una votación de cuatro votos para los vinculados a los grupos tradicionales y uno más independiente (aunque se les relaciona por su afinidad con el Ejecutivo y con Dionisio Gutiérrez y su fundación Libertad y Desarrollo). Sin embargo, la inclusión de Saavedra en la postuladora podría favorecer que las prácticas irregulares dentro de la postuladora se puedan evidenciar e incluso que algún buen perfil sea incluida en la nómina de 20 que deben entregar al Congreso.
El historiador Alfredo Calderón concuerda en la composición de votos de 4 a 1, pero advierte que muchas veces las reuniones para negociar la integración de candidatos en la nómina no se dan dentro de la Comisión, por lo que, aunque exista una voz disidente es probable que no se entere de lo que hacen los demás comisionados.
Calderón no observa un panorama alentador para que se obtengan cambios sustanciales a través de la elección, aunque la inclusión de Saavedra en la Comisión, le hace pensar que tiene a su alcance la posibilidad de observar y denunciar, pero en la votación no tienen oportunidad.
El politólogo Luis Mack opina que es positivo el triunfo de la planilla 4 porque “augura un menor control de Walter Mazariegos para el proceso de TSE, pero no se sabe si esa postuladora va a tener un buen desempeño”.
Además, los jueces independientes indicaron que la elección de Saavedra y Ortiz sirve para mantener la expectativa de un cambio posible, lo que favorece la participación de la cuota moral del gremio y ese es un aspecto positivo de cara a las elecciones de magistrados de la CC y demás procesos.
Calderón no es tan optimista, ya que, estos “golpes” a los grupos tradicionales les sirven para evaluar los errores cometidos y reconfigurar el mecanismo que les permita mantener y aumentar el control.
- La convocatoria a rector: una elección bajo control
El CSU, sin estar integrado plenamente por la falta de acreditación de cargos a 6 integrantes electos, emitió la convocatoria para elegir rector de la USAC, marcando el inicio formal de un nuevo proceso electoral universitario. Sin embargo, lejos de disipar la crisis, la convocatoria ha reactivado los cuestionamientos sobre la legitimidad del proceso, incluyendo la sede donde se pretende que se haga la elección, ya que han elegido hacerla en el Museo del hotel Casa Santo Domingo, en la Antigua Guatemala, un recinto privado que podría ser limitante para la fiscalización ciudadana.
Aunque la elección debería ser la oportunidad para una alternancia en la administración de la USAC y retomar la institucionalidad perdida, desde que Mazariegos llegó al cargo impidiendo la participación de electores opositores, parece estar encaminada a tener un sucesor allegado al rector.
Desde la USAC señalan que Mazariegos aún se debate entre buscar la reelección o designar a uno de sus alfiles dentro de la Universidad. Este debate es porque Mazariegos necesitaría el voto de dos tercios de los electores para extender su mandato, lo que le complicaría las posibilidades de lograrlo, por lo cual podría designar a Luis Cordón para sucederlo en el poder. Esta maniobra habilitaría a que los candidatos necesiten recibir la mitad de los votos válidos más uno, para hacerse con la rectoría.
Para Mack la elección de rector va a ser muy intensa en la USAC porque básicamente se van a enfrentar dos grandes estructuras, la de Mazariegos contra la de Gálvez, que mantuvo el control durante años, pero desde que fue detenido y enviado a prisión preventiva, perdió el poder a manos del rector actual. “No parece haber un tercer actor que les pueda disputar el control de la USAC”, asegura el politólogo.
Psicología y los reacomodos internos
Dentro de la universidad, decisiones como el cambio de autoridades en la Escuela de Ciencias Psicológicas y la sustitución de Berner García han sido interpretadas como parte de una reorganización interna, pero los profesionales de esta unidad académica tienen peso en cuerpos electorales y en la vida política universitaria.
Estos movimientos refuerzan la percepción de que la administración universitaria busca asegurar alineamientos internos antes de enfrentar un nuevo proceso electoral, ya que, García, en principio aliado de Mazariegos, en los últimos meses regresó a apoyar al grupo del exrector Estuardo Gálvez, lo cual habría sido el móvil de Mazariegos para “castigarlo”.
- La postuladora del Ministerio Público: el otro tablero que empezó a jugarse
Mientras se definía la integración de la postuladora del TSE, el Congreso avanzó con la convocatoria para integrar la Comisión de Postulación del Ministerio Público. Ambos procesos ocurren en paralelo.
Controlar el TSE y el Ministerio Público significa influir en dos pilares del sistema: el árbitro electoral y la persecución penal, por lo que conseguir el control de estas dos instituciones permitiría negociar en bloque y reducir riesgos futuros.
El poder del MP ha quedado en manifiesto en múltiples ocasiones, pero se evidenció con mayor fuerza durante la gestión de Consuelo Porras, en donde, gracias a su control consiguió atacar adversarios políticos a través de la persecución penal.
El analista Alfredo Calderón explicó que, aunque la decisión final para nombrar al nuevo fiscal general sea del presidente Bernardo Arévalo, los grupos tradicionales harán todo lo posible para entregarle una nómina de donde solamente pueda elegir al menos malo.
“Le pueden dar 6 dados envenenados y ahí tiene que escoger; quien tiene el poder su mayor función es ampliarlo, no van a tomar conciencia. No veo forma de obtener un resultado drásticamente diferente”, dijo Calderón.
Esto no significa que no existan movimientos y alianzas desde la presidencia para poder obtener una correlación de fuerzas suficiente, que logre que una persona más equilibrada desde el punto de vista del ejercicio del poder, dirija el MP.
Además, los jueces independientes explicaron que los primeros procesos son los de elección de magistrados de TSE, seguido por los de CC y posteriormente el de fiscal general, por lo que se espera que desde el Ministerio Público (MP) todavía tomen acciones de presión en contra de comisionados o candidatos para los otros procesos y garantizarse el control antes de dejar Gerona.
- La Corte de Constitucionalidad: el último candado
En el trasfondo de todos estos procesos se encuentra la Corte de Constitucionalidad (CC). Expedientes, amparos y resoluciones pendientes pueden legitimar o bloquear decisiones clave. Tener influencia, directa o indirecta, sobre la CC completa el círculo del poder institucional.
El 15 de enero se comenzaron a recibir expedientes en el Colegio de Abogados, una de las instituciones que debe designar un magistrado titular y un suplente ante la CC.
Uno de los primeros fue el actual magistrado Néster Vásquez, quien busca su reelección; junto a él, para la magistratura suplente se presentó Armando Ajín, quien ha defendido a señalados de narcotráfico. Esta postulación conjunta evidencia alianza gremial entre ASPA y UGAP.
En contraposición, el grupo Unidad por la Democracia postuló a Astrid Jeannette Lemus Rodríguez como magistrada titular y Luis Fernando Bermejo Quiñonez como suplente. Mientras que, el exrector Estuardo Gálvez se hizo acompañar de Melvin Portillo para presentarse como candidatos titular y suplente.
Además, el expresidente del CANG, Ovidio Orellana se postuló como candidato a magistrado de la CC, acompañado por Ana Vilma Díaz como suplente.
Asimismo, han presentado su expediente la exmagistrada de Sala, Anabella Cardona, quien fue la que avaló un antejuicio contra el juez Carlos Ruano que derivó en una orden de captura promovida por Blanca Stalling, el abogado Erick Castillo – interponente del amparo que permitió a Consuelo Porras integrar la nómina de candidatos, de donde Alejandro Giammattei la eligió para un periodo más-.
Alida Rosario Ochoa López y Mario Fernando Arrillaga también entregaron su expediente para participar como candidatos a magistrado titular y suplente. Augusto Edelmiro Estrada Salazar también se postuló como candidato a magistrado titular.
Federico Guillermo Rosal Morales, Oscar Adolfo Morales, el juez Mynor Moto y Walter Brenner Vásquez Gómez también se postularon como magistrados titulares, mientras que Rodolfo Antonio Polanco Diaz lo hizo para titular y suplente.
Ibarra señala que la alianza entre los grupos de Néster Vásquez y Armando Ajín fue un giro a lo que se había estado realizando con anterioridad.
Se hablaba de que Sergio Madrazo iba a ser el suplente de Néster -quien había apoyado a ASPA desde sus orígenes en 2021-, pero al final cambiaron de opinión y se convirtió en una combinación letal porque tanto el magistrado de la CC y Ajín tiene una mala reputación, explicó Ibarra.
Además, la especialista indicó que, aunque UGAP tiene mucho financiamiento no es una estructura gremial fuerte, mientras que ASPA se ha debilitado desde el resurgimiento de Estuardo Gálvez.
Otra de las recomposiciones fue que, en la última elección Unidos por el Derecho, el grupo dirigido por Saul Centeno, que se había aliado con Gálvez se fue a apoyar a Néster Vásquez en la segunda vuelta para elegir comisionados al TSE, mientras que ahora Avanza, de Melvin Portillo, se alió con el exrector para presentar un bloque conjunto.
Ibarra también dijo que se debe observar si el apoyo conseguido por Saavedra y Ortiz se mantiene para Astrid Lemus y Bermejo.
Por su parte, el politólogo Alfredo Calderón, indicó que la proliferación de candidatos realmente no divide los votos e hizo un símil con lo que ocurre en las elecciones generales, en donde hay decenas de candidatos, pero casi siempre ganan los mismos actores que están tras bambalinas; “solo cambian los actores por unos que ya están muy quemados, pero siguen ganando los mismo”, explicó.
Luis Mack fue más allá y consideró que con la elección del CANG se podría conseguir reconfigurar la composición de la nueva CC, ya que, si el grupo de la Unidad por la Democracia consigue posicionar a Astrid Lemus estaría en la misma línea de los intereses del Ejecutivo que se asume nombraría un magistrado independiente, con lo cual tendrían dos togados.
Mientras que, en el otro bando estaría uno nombrado por la Corte Suprema de Justicia (CSJ), el de la USAC y la bisagra estaría en el Congreso, donde se llevarían las negociaciones para inclinar la balanza a uno de los dos bandos, si el oficialismo logra recuperar el control del Legislativo. “El panorama es confuso, hay avances, pero no todo es tan favorable”, sentenció.
- Acciones legales para controlar las elecciones en el horno
A este escenario se suman las acciones legales que se deberán dirimir en las Cortes y que, como ya se vio en años anteriores, podría obligar a inscribir aspirantes o incluirlos en la nómina final, como fue el caso de Consuelo Porras, quien fue incluida por medio de un amparo y posteriormente consiguió su reelección con el favor del expresidente Alejandro Giammattei, en mayo de 2022.
Esta semana, las acciones legales comenzaron a ser impulsadas por los sectores conservadores, específicamente por el exdiputado del PAN, Fernando Linares Beltranena, quien accionó en contra de las designaciones de rectores y autoridades universitarias.
Linares planteó un amparo en contra del CANG por la convocatoria a elecciones de candidatos a postulación para magistrados del TSE. Según el exdiputado, la convocatoria amplió de forma indebida el electorado para incluir carreras afines, pese a que ya se han registrado este tipo de elecciones, incluida la última, en donde la actual Junta Directiva llegó al poder.
- Dos años de gobierno y un sistema que no cambia
El 14 de enero asumió la nueva junta directiva del Congreso de la República, aunque había sido electa desde noviembre, el relevo se materializó previo a recibir el segundo informe de gobierno del presidente Bernardo Arévalo.
La directiva ganó como planilla única respaldada por múltiples bancadas legislativas y 149 diputados que votaron por ellos. Quedó encabezada por el diputado Luis Alberto Contreras, representante de Compromiso, Renovación y Orden (CREO), lo acompañan en Nery Ramos y Ramos (Azul) como primer vicepresidente; Elmer Palencia (Valor), Kevyn Escobar (Cabal), Juan Carlos Rivera (Victoria), Lucrecia Samayoa (Bien), Gerson Barragán (Viva), Orlando Blanco (VOS) y Julio López (Cabal) en secretarías y vicepresidencias.
Es la Junta Directiva que tendrá el control para elegir a los magistrados del TSE, designar magistrados ante la Corte de Constitucionalidad y definir al Contralor General de Cuentas.
La conformación de la nueva directiva fue el resultado de negociaciones previas entre bloques mayoritarios, que lograron acuerdos sobre la planilla presentada en pleno, y que reflejan la correlación de fuerzas construida a través de negociaciones internas estuvo centradas en asegurar consensos alrededor de las prioridades legislativas de 2026, el presupuesto y particularmente en torno a la agenda de elecciones de segundo grado.
En el Congreso, la Junta Directiva recibió el último informe de gobierno del presidente Bernardo Arévalo, a dos años de su llegada al Ejecutivo. Mientras el discurso oficial insiste en la recuperación democrática, las estructuras que definen el poder fuera de las urnas permanecen intactas.
Las elecciones de segundo grado avanzan con sus propias reglas, ajenas al debate público y sin mayores cambios estructurales.
- Un nuevo movimiento desde el MP
Una jugada más ha empezado desde esta institución cuyo cambio está previsto para el 16 de mayo de este año.
Las presiones, el temor y el caos empiezan a afectar a las estructuras que por muchos años han sido favorecidas con investigaciones deficientes. El cambio en el MP no será una batalla fácil y eso lo demuestra la detención de un exintegrante de 48 Cantones, el jueves pasado, la violencia con la cual se han reactivado los motines en las cárceles del país y los ataques mortales agentes de la Policía Nacional Civil durante este fin de semana.
Pese a que Arévalo había prometido cambiar a la fiscal general, Consuelo Porras, durante dos años de su mandato no realizó las gestiones necesarias para impulsar su promesa. El presidente dijo que pediría la renuncia a Porras, pero nunca envió la carta con la solicitud expresa.
Además, el presidente dijo que ordenaría no acatar órdenes ilegales provenientes del MP, pero el 14 de enero, mientras entregaba su informe de gobierno al Congreso de la República, la Policía Nacional Civil (PNC) -bajo su mando a través del Ministerio de Gobernación- detenía a Basilio Puac, uno de los líderes de los 48 Cantones de Totonicapán que luchó por la defensa de la democracia en 2023 y que permitió que Arévalo asumiera la Presidencia de la República.
Puac recuperó su libertad condicional, pero quedó ligado a proceso el viernes por tres delitos: sedición, obstaculización a la acción penal y asociación ilícita. Fue criminalizado por el Ministerio Público por su rol como autoridad indígena luego de la movilización de 106 días del Paro Nacional Indefinido y por exigir la renuncia de la fiscal general Consuelo Porras. Las autoridades de pueblos indígenas manifestaron su rechazo a la persecución de los líderes indígenas y demandaron a las autoridades la liberación inmediata de Luis Pacheco y Héctor Chaclán, que llevan más de 270 días en prisión.
Para cerrar la semana, el sábado por la tarde hubo motines simultáneos en al menos tres cárceles en Guatemala con amenazas de varios reos de dar “un golpe de estado” y tener a varios guardias del sistema penitenciario como rehenes. El domingo las autoridades del Ministerio de Gobernación buscan retomar el control de las cárceles Renovación 1, Fraijanes 2 y el Preventivo de la zona 18; pero la respuesta ha sido más violenta.
Además de generar un clima de terror y zozobra en la ciudad capital y otros municipios del departamento de Guatemala, ya que hubo ataques simultáneos contra agentes de la Policía Nacional Civil (PNC). Los cuerpos de socorro reportan la muerte de al menos 7 policías y 10 heridos, en diferentes ataques armados simultáneos en diferentes partes del departamento de Guatemala.
El ministro Marco Antonio Villeda en conferencia de prensa advirtió que no van a negociar y no van a ser chantajeados por pandilleros del Barrio 18. “Estamos pagando con sangre al enfrentarnos a estos grupos terroristas y quitarles los privilegios que han tenido. El Estado no se va a arrodillar ante estos delincuentes. El estado hará un combate frontal en el marco de derecho”, señala el jefe de la cartera de Gobernación.
Hasta el momento las autoridades informaron que han retomado el control de la cárcel Renovación 1, que hay un pandillero muerto y siete detenidos antes de realizar ataques a la PNC.
También anunciaron reforzar el plan Centinela, un plan de seguridad coordinado por Gobernación y el Ejército para combatir el crimen, reforzar la seguridad con presencia militar y la policía. Sobre el establecimiento de un estado de excepción por los hechos de violencia, el Ejecutivo aún no se había pronunciado al cierre de esta nota.
El Ministerio de Educación suspendió clases para el lunes 19 como medida de prevención. Por el momento las fuerzas de seguridad buscan controlar el caos generado en las últimas horas.
Ante esto ha habido reacciones como las del diputado José Chic que plantea que se declare Estado de Sitio y se investigue los nexos políticos y económicos que tienen las estructuras criminales que están causando esto. El presidente Bernardo Arévalo anunció que van a tomar decisiones contundentes para mantener la seguridad de la población guatemalteca.
La batalla continuará esta semana en el campo político, judicial y de seguridad.
