El desalojo contra las familias en la Finca La Asunción, en Coatepeque, Quetzaltenango el 11 de marzo, puso nuevamente en la discusión el cumplimiento del Acuerdo Agrario firmado con cuatro organizaciones campesinas el 7 de febrero de 2024. Las organizaciones firmantes del acuerdo denuncian que el gobierno les cerró la puerta al diálogo desde agosto de 2025.
Por Simón Antonio Ramón
El Comité de Unidad Campesina (CUC) y el Comité Campesino del Altiplano (CCDA) emplazaron al gobierno ante el incumplimiento del Acuerdo Agrario firmado en el Palacio Nacional el 7 de febrero de 2024. El 13 de marzo presentaron en la Secretaría General de la Presidencia una solicitud de audiencia de carácter urgente con el presidente Bernardo Arévalo para abordar la situación.
Como consecuencia del incumplimiento, denuncian las organizaciones, continúan los desalojos contra las comunidades indígenas y campesinas afectadas por la conflictividad agraria, como ocurrió el 11 de marzo en la Finca La Asunción, situación al que se demanda atención urgente.
Solicitan audiencia al presidente
Las dos organizaciones firmantes del emplazamiento firmaron el Acuerdo Agrario junto a la Unión Verapacense de Organizaciones Campesinas (UVOC) y la Asociación Indígena Campesina Ch’orti’ Nuevo Día en 2024.
“Hemos presentado un memorial ante el presidente de la República, César Bernardo Arévalo De León, solicitando una audiencia de carácter urgente, bajo el derecho de petición según artículo 28 constitucional”, informaron las dos organizaciones campesinas.
“De persistir la negativa, las organizaciones actuarán conforme al derecho para defender sus territorios y vida digna” advirtieron las organizaciones campesinas al gobierno. Una acción posterior sería la presentación de un amparo contra el presidente Bernardo Arévalo.
Incumplimientos y falta de comunicación
El acuerdo estableció cinco puntos prioritarios: Atención a la conflictividad; Acceso a la tierra; Economía social; Articulación territorial relacionado al desarrollo rural; Creación del espacio político de comunicación permanente. Sin embargo, el gobierno cortó la comunicación desde agosto de 2025.
El presidente Arévalo delegó a Ana Glenda Tager, secretaria privada de la Presidencia, como responsable para dar seguimiento y cumplimiento del Acuerdo Agrario, a pesar de varios intentos de comunicación de las organizaciones campesinas no tienen los razonamientos del gobierno sobre la ruptura de la comunicación.
Las organizaciones denunciaron que a pesar de la vigencia del Acuerdo Agrario hay por lo menos tres patrones de actuación de las fuerzas públicas en los desalojos como el uso desproporcionado de la fuerza pública, como ocurrió en la finca La Asunción, donde 200 elementos de la Policía nacional Civil (PNC) actuaron y se utilizó una motosierra para destruir las viviendas.
También denuncian el incumplimiento de estándares internacionales como las Directrices Internacionales de Naciones Unidas sobre Desalojos y Derechos Humanos; el aumento de capturas, persecución y la estigmatización contra defensores de derechos humanos.
Cronología de incumplimiento y ruptura de comunicación
· 6 de mayo de 2025: se publicó una carta abierta denunciando retrocesos, sin obtener respuesta.
· 14 de agosto de 2025: fue la última reunión de la instancia política y técnica; desde entonces, el gobierno no ha vuelto convocar el espacio.
· 24 de noviembre de 2025: Se solicitó por escrito una audiencia urgente ante la Comisión Presidencial de Atención a la Conflictividad (CORECON) debido a desplazamientos forzados, la cual tampoco fue atendida.
· Marzo de 2026: A dos años de la gestión gubernamental y de la vigencia del Acuerdo Agrario, no se han materializado los compromisos del Fondo de Tierras sobre el acceso a tierra y del Ministerio de Agricultura de atender a las familias indígenas y campesinas.
El informe “Desalojo y criminalización de los pueblos indígenas en Guatemala: el rol del Ministerio Público” publicado por varias organizaciones nacionales e internacionales, presentado en ciudad de Guatemala el pasado 10 de marzo, señala que durante marzo de 2024 y marzo 2025 el Ministerio Público solicitó 154 desalojos a nivel nacional, justo cuando el Acuerdo Agrario ya se encontraba en vigencia.
