Con presencia de 200 elementos de la Policía Nacional Civil (PNC) ejecutó el desalojo contra familias en la Finca La Asunción, anexo a la finca San Gregorio Piedra Parada, quienes han trabajado toda su vida en ese lugar.
El día del desalojo se realizó la audiencia de primera declaración de cinco personas detenidas desde el 2 y 10 de marzo, quienes reclamaban su jubilación.
Por Simón Antonio Ramón
El miércoles 11 de marzo las familias que viven en la finca La Asunción, anexo a la Finca San Gregorio Piedra Parada, propiedad de la familia Quintanal Campollo, fueron desalojadas por agentes de la Policía Nacional Civil (PNC) de los departamentos de Huehuetenango, Quiché y Quetzaltenango.
Ese mismo día estaba programada una audiencia de primera declaración de cuatro personas que ya habían sido detenidas el 2 de marzo, en la misma finca, en el Juzgado de Primera Instancia Penal de Coatepeque.
Cinco personas criminalizadas por usurpación agravada
El martes 10 de marzo fue detenida una quinta persona, José Mynor González Barrera, de 24 años de edad cuando llevaba la alimentación a su mamá Regina Francilia Barrera Darios en prisión, quien fue detenida junto a Clemencia Barrera Daries, Teófilo Castro Mejía y María Teresa Barrera Canastuy.
En la audiencia de primera declaración, el juez Alex Eliodoro Cifuentes Almengor del Juzgado de Primera Instancia Penal de Coatepeque, Quetzaltenango, ligó a proceso a las y los cinco detenidos por el delito de usurpación agravada.
El MP pidió que las personas sean ligadas a proceso penal porque supuestamente contaban con las pruebas suficientes de los delitos que les señalan. Mientras el representante de la empresa secundó la petición de la Fiscalía, porque supuestamente han tratado de negociar con las familias sin alcanzar ningún acuerdo.
A pesar de que el Ministerio Público (MP) y el representante de la finca, pidieron que las cinco personas fueran enviadas a prisión preventiva, el juez les otorgó libertad condicional y ordenó que en tres meses se debe presentar la investigación de este caso.
Un desalojo contra trabajadores que exigen derechos laborales
El Comité de Unidad Campesina (CUC) denunció que el desalojo afecta a 30 habitantes, quienes son mozos colonos, como se conocen a los trabajadores que reciben una parcela de tierra como pago de su trabajo. Ellos vivían en esta finca propiedad de la familia Campollo y según la organización, allí han vivido toda su vida.
La detención de José Mynor González el día anterior, había generado incertidumbre en la comunidad lo que se agravó con el desalojo.
“Esta represión es en continuidad a la respuesta de los finqueros que acusaron a varios compañeros desde el año 2016 y en junio de 2017 fue asesinado por la seguridad de la Finca San Gregoria Piedra Parada, don Eugenio López, de 72 años que también pedía pacíficamente su jubilación y derecho de atención por el Instituto Guatemalteco de Seguridad Social (IGSS)”, señaló el CUC en un comunicado de prensa.
Foto: Trabajadores de la familia Quintanal Campollo desmontan viviendas. Cortesía CUC
Aparicio Pérez, integrante de la organización, denunció que varias personas tuvieron que ser atendidas por los bomberos dado la violencia con la actuaron las fuerzas de seguridad en el momento en que llegaron a las viviendas sin tener en cuenta mecanismos de análisis de riesgo.
“Nos indigna, porque la institución del Estado no está respondiendo a nivel de su función de análisis de riesgo por parte de la Procuraduría de los Derechos Humanos ni por parte de la PNC” dijo.
“La misma empresa se está ofreciendo en llevarlos en camión a un hotel, lo cual no es responsabilidad de la empresa sino del Estado. El Estado es responsable de esta situación se que está viviendo en este lugar, como CUC denunciamos enérgicamente esta grave violaciones que se cometen en contra de la clase trabajadora, porque ellos han nacido y han vivido aquí, inclusive han dejado toda su fuerza de trabajo en el desarrollo económico de esta empresa”, señaló Pérez.
El desalojo
El desalojo fue solicitado por la Entidad Hulera El Minar, Sociedad Anónima, Manuel Alberto Bacaro Pedroza, funge como su representante legal desde 2017 según el portal de Guatecompras, además es representante legal de otras cinco entidades.
La diligencia fue aprobada el pasado 10 de febrero por el juez de Primera Instancia Penal del municipio de Coatepeque, Alex Eliodoro Cifuentes Almengor, el mismo que ligó a proceso por el delito de usurpación agravada a los cinco miembros de la comunidad el miércoles 11 de marzo.
En esa orden de desalojo se requirió la presencia de varias instituciones como el auxiliar regional de la Procuraduría de los Derechos Humanos (PDH), la Comisión Presidencial por La Paz y los Derechos Humanos (COPADEH) y un delegado de la Procuraduría General de la Nación (PGN).
En la orden de desalojo se instruyó al juez de Paz de Coatepeque, Byron Primitivo De León González, que la diligencia debe ejecutarse en un plazo no mayor de dos meses.
Por lo que el juez De León ordenó el 27 de febrero a la PNC coordinar el operativo con 200 elementos, a partir de las 6 de la mañana del 11 de marzo. A pesar de que la orden no señala en el desalojo la participación de las Fuerzas Especial de la Policía (FEP) conocidos como antimotines, debían participar en el desalojo, llegaron aproximadamente 30 elementos.
Orden del juez Byron Primitivo de León para desalojar a las familias. Foto Cortesía
Elvín Díaz, director de la COPADHE dijo que asistieron al lugar porque el juez los citó, aunque los delegados pidieron que la diligencia se pospusiera, el desalojo se ejecutó.
“Nosotros emitimos una opinión previa a eso, dijimos que no había condiciones para ejecutar el desalojo y que se deben atender los estándares internacionales en materia de derechos humanos”, señaló.
El desalojo finalizó en horas de la tarde, en donde trabajadores de la finca La Asunción llegaron con motosierras para cortar las vigas, columnas de manera y tablas de las casas, con la finalidad de agilizar el desalojo por petición del MP y con autorización del juez de Paz De León González.
César Mateo, vocero de la Policía Nacional Civil (PNC), señaló que la diligencia continuó porque había una orden judicial. Aunque dijo que no tenía información de este desalojo específicamente, afirmó que en otros casos se respeta el procedimiento y las directrices que establece el juez que ejecuta la diligencia. “Hay un análisis de riesgo, hay un proceso para poder ejecutar un allanamiento, no es porque se le antoja a la policía hacerlo, es una orden judicial, pero lleva su tiempo”, indicó.
Al consultarle a la abogada Margarita Choguaj, del Comité de Unidad Campesina (CUC), sobre el permiso de los trabajadores de la finca en el uso de las motosierras, señaló que fue a petición de la fiscalía. “De hecho la policía hizo mención que eso se hace hasta que la tierra sea entregada al propietario, sin embargo, fue la exigencia del Ministerio Público y el juez de Paz estuvo de acuerdo”, denunció.
Un agente del MP amenazó a la abogada Choguaj de denunciarla porque supuestamente estaba impidiendo el diligenciamiento del desalojo. Otro agente de la fiscalía intimidó a una persona que estaba documentando esta acción, hasta que le pidieron su nombre para hacerlo constar en el acta que suscribió el MP.
La abogada informó que la empresa argumenta que, “cuando se adquirió la finca fue sin responsabilidad de derechos laborales, extremo que no demuestra y olvida que la sustitución del patrono no exime obligaciones patronales frente al trabajador”, explicó.
Las familias desalojadas son parte de un grupo de 300 personas de la tercera edad que han trabajado a la finca, quienes desde 2008 comenzaron sus trámites de jubilación, pero en el IGSS se les informó que los patronos nunca cancelaron las cuotas, por lo que no tenía derecho ser beneficiarios del programa de Invalidez, Vejez y Sobrevivencia (IVA).
Denuncias y repudio al desalojo de trabajadores
La Región Mesoamérica de la Coordinadora Latinoamericana de Organizaciones del Campo (CLOC – Vía Campesina), señaló que al menos entre 20 a 30 desalojos han sido detenidos temporalmente en Guatemala a partir de la movilización social y a la denuncia pública, muchos de estos desalojos según esta organización, “están acompañados de órdenes de captura contra líderes y lideresas campesinas”.
A la vez, manifestó su preocupación por el desalojo contra las familias en la finca La Asunción. “La presencia de numerosas patrullas policiales ingresando a las viviendas sin diálogo previo constituye un acto de intimidación y criminalización contra las comunidades campesinas organizadas”, expresó en un comunicado de prensa.
Este hecho ocurrió en mitad del tercer día del 195 Periodo de Sesiones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en la ciudad de Guatemala, el cual fue inaugurado en el Palacio Nacional el domingo 8 de marzo y el lunes 9 se iniciaron las audiencias públicas.
El informe Desalojos y Criminalización de los pueblos indígenas en Guatemala, presentado el 10 de marzo en la ciudad de Guatemala señaló que durante la gestión de Consuelo Porras se perdió la objetividad en la persecución de denuncias vinculadas a la conflictividad agraria y que aumentaron los desalojos en el periodo de 2022 a 2025.
