La Corte de Constitucionalidad (CC) se prepara para un relevo parcial, pero persisten maniobras para bloquear la llegada de la magistrada elegida por el Colegio de Abogados, además de las acciones contra las designaciones por un Consejo Superior Universitario ilegítimo de la USAC, reflejando que la lucha por el control del tribunal sigue vigente. Según el exjuez Carlos Ruano, estos intentos forman parte de una estrategia sistemática para mantener la justicia bajo el control de sectores poderosos.
Por Alexander Valdéz
La Corte de Constitucionalidad, una de las instancias más cuestionadas en los últimos cinco años pasará, en 28 días, por un relevo de autoridades que aunque parcial marcará un nuevo ciclo en el máximo tribunal del país. Seis nuevos magistrados llegarán a esa instancia, mientras otros cuatro, entre titulares y suplentes, lograron mantenerse en sus cargos, formando una mezcla entre continuidad y renovación.
Y aunque pareciera que ese cambio está asegurado y a la vuelta de la esquina, persisten maniobras de actores políticos que buscan alterar ese cambio. Entre ellas, los intentos por evitar la llegada de Astrid Lemus, magistrada titular electa, junto a Fernando Bermejo en la suplencia, electos por el Colegio de Abogados y Notarios de Guatemala (CANG), que evidencian que el pulso por el control de la CC no ha cesado y que las disputas se trasladan ahora al terreno de las impugnaciones o intentos de persecución penal.
Más allá de los nombres, el relevo en la CC ocurre en un contexto de profundo desgaste institucional. En los últimos años, sus resoluciones han sido señaladas por favorecer a actores políticos tradicionales, sectores económicos, pandilleros o narcotraficantes, debilitando aquel papel para el que fue creada como garante del orden constitucional en nuestro país.
Por esa razón, el camino hacia el 14 de abril, fecha prevista para la toma de posesión de las nuevas magistraturas, no solo es una simple cuenta regresiva, sino también un periodo incierto en el que se definirán las fuerzas dentro de la CC. Las acciones legales de última hora, las posibles reconfiguraciones y las disputas entre actores clave podrían incidir en la integración final de la denominada “corte celestial”.
Para el exjuez penal Carlos Ruano, los intentos de impedir que Lemus asuma como magistrada evidencian que los grupos que han cooptado el sistema de justicia buscan mantener el control a toda costa. A través de amparos que califica como espurios, posibles acciones penales y otras maniobras.
También dice que estas acciones forman parte de una estrategia más amplia y escalonada para asegurar la impunidad y el dominio de las cortes, extendiéndose incluso a otros espacios como la Universidad de San Carlos (USAC). “Estos sectores no ceden ni un milímetro. Tienen un plan A, un plan B, un plan C… y van a agotar todo para mantener controlada la justicia”, dijo el exjuez.
Por su lado, Carmen Aída Ibarra, del Movimiento Pro Justicia, advirtió que existen serios cuestionamientos legales sobre algunas designaciones vinculadas al CSU, que podrían escalar a las salas de apelaciones a través de distintos amparos. Aunque las impugnaciones administrativas ya fueron rechazadas, persisten recursos que ponen en duda tanto la validez del proceso electoral, por la exclusión de consejeros, la supuesta ilegitimidad de sus integrantes con períodos vencidos y el carácter secreto de la sesión realizada en Antigua Guatemala, como la idoneidad de personas específicas.
Pese a estos recursos, Ibarra dijo que, hasta el momento, ninguno ha prosperado y que no existe un impedimento jurídico vigente para que las magistradas sean incluidas en el decreto del Congreso, juramentadas y asuman sus cargos. Añade que no hay acciones legales contra las designaciones realizadas por el Congreso, la Corte Suprema de Justicia o la Presidencia, debido a su carácter inimpugnable. No obstante, considera que la situación sigue abierta y podría cambiar antes de la fecha prevista para la toma de posesión.
“Lo otro es el amparo que presentaron los Sagastume contra Lemus, porque la consideran no idónea, le están cuestionando la idoneidad, porque se reunió con un grupo de la OEA. Entonces, esas son espadas de Damocles ahí, pendiendo sobre la cabeza de estas dos personas designadas”, dijo.
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Un amparo o una orden de aprehensión
La elección de Astrid Lemus se produjo en un proceso marcado por la exclusión de las ciencias afines, un grupo que hasta ese momento representaba una de las principales fuerzas de voto de la Plataforma Unidad por la Democracia. Esa exclusión, provocada por un amparo, alteró el equilibrio electoral y dejó en evidencia la intención por evitar su victoria, según lo denunciaron organizaciones de sociedad civil.
Bajo esas condiciones, los intentos actuales por frenar su llegada a la Corte de Constitucionalidad no son un hecho aislado, sino la continuación de una pugna que ya se había manifestado durante el proceso en el CANG. En febrero, Lemus llevó estas preocupaciones al ámbito internacional al denunciar ante la Organización de los Estados Americanos (OEA) la existencia de maniobras para impedir que asuma el cargo para el que fue electa.
Esa denuncia es la que ahora, los abogados Ricardo Sagastume Morales y Diego Sagastume Vidaurre buscan impedir que la abogada asuma el cargo que, divide la balanza dentro del pleno constitucional y podría evitar un mayor control de grupos tradicionales dentro de la CC.
“La elección del CANG no se ha enervado. Discrepo. Nadie impugnó las elecciones. Los candidatos que perdieron aceptaron su derrota, con mucha solvencia. Los recursos contra la elección no fueron interpuestos. Precluyó, por ende, la posibilidad de impugnarlas”, escribió Fernando Bermejo, el magistrado suplente electo por el CANG.
Por su lado, el abogado constitucionalista Mario Fuentes Destarac escribió que las designaciones de la CSJ, el Congreso y el Ejecutivo son inimpugnables, pero que las designaciones del CSU-USAC y la asamblea del CANG son impugnables. Mientras no se resuelvan las impugnaciones deberán permanecer en los cargos los magistrados actuantes, lo que, en la actual coyuntura polarizada, podría exacerbar los ánimos.
“Habiendo concluido la etapa de designación de los integrantes de la 9ª magistratura de la CC, procede poner coto a las críticas, objeciones y envidias, así como que se deje trabajar a los juzgadores. Lo razonable es esperar sus fallos y votos razonados, que, inequívocamente, estarán bajo el escrutinio público, sobre todo en esta etapa de la historia patria en que la conciencia política se ha fortalecido, a raíz del envilecimiento de las instituciones del sector justicia”, señaló.
Otra elección que aún es incierta, es la de la jueza Julia Marisol Rivera Aguilar, pese a que el Consejo Superior Universitario (CSU), sin renovarse, denegó las impugnaciones, se insiste en anular esa elección en la que compitió Leyla Lemus y Consuelo Porras. El abogado Marco Vinicio Mejía Dávila, presentó un amparo requiriendo la nulidad absoluta de la elección del Consejo Superior Universitario (CSU) por un posible tráfico de influencias, ya que Julia Rivera Aguilar y el secretario general de la USAC, Luis Fernando Cordón Lucero, estuvieron casados hasta 2024.
La CC queda integrada
La nueva Corte de Constitucionalidad para el período 2026–2031 quedó integrada por una combinación de magistrados de distintas corrientes, aunque con una mayoría cercana al sector privado. Por el Colegio de Abogados y Notarios de Guatemala (CANG) fueron elegidos Astrid Lemus, magistrada titular; y Luis Bermejo, suplente. La Universidad de San Carlos de Guatemala (USAC) designó a Julia Marisol Rivera Aguilar como titular; y a José Luis Aguirre Pumay, suplente. Por su parte, la Corte Suprema de Justicia (CSJ) mantuvo a Dina Ochoa como titular y Claudia Paniagua como suplente.
El Congreso de la República eligió a Roberto Molina Barreto en la titularidad y a Luis Rosales en la suplencia, mientras que el Ejecutivo nombró a Anabella Morfín como titular y a María Magdalena Jocholá como suplente.
