Por Juan José Hurtado Paz y Paz
El lunes 26 de enero se iniciaron una serie de actividades para conmemorar los 46 años de la Masacre en la Embajada de España, organizadas por la Convergencia 31 de Enero, un espacio de confluencia de organizaciones sociales y personas individuales que buscan contribuir a cultivar la memoria histórica para aportar a la construcción de un futuro de vida plena y digna para las personas y los pueblos, en armonía con la Madre Tierra y las energías del universo, es decir, Buen Vivir.
Conviene recordar qué ocurrió entonces y conectarlo con el presente.
El 31 de enero de 1980 las fuerzas represivas del Estado de Guatemala incendiaron la Embajada de España, provocando la muerte de 37 personas que se encontraban en ella, incluyendo a personal diplomático, exfuncionarios de gobierno, visitantes en esa sede, e integrantes de organizaciones sociales, en su mayoría indígenas campesinos de Quiché y otros departamentos, acompañados por estudiantes, obreros, población y cristianos que habían llegado para denunciar la represión militar y exigir que se verificaran los crímenes cometidos en sus comunidades.
La masacre cometida por las fuerzas del Estado no fue un accidente ni un exceso; fue una decisión política que tomó el general Romeo Lucas García, entonces presidente de la República, junto a su ministro de gobernación, Donaldo Álvarez Ruiz, y ejecutada por el director de la Policía Nacional, German Chupina Barahona y por Pedro García Arredondo, que dirigía al Comando 6 de ese cuerpo represivo. Así quedó demostrado en el juicio realizado años después.
Quienes habían ocupado pacíficamente la Embajada de España lo hacían para romper el silencio sobre los crímenes que estaban ocurriendo y demandar que se conformara una comisión plural que constatara, en el terreno, la violencia que el Ejército ejercía contra la población indígena campesina del norte de Quiché. En un país cerrado informativamente y sin tecnologías de comunicación como las actuales, esa era la única opción para hacerse escuchar; otras vías estaban cerradas. Entonces, se optó por una embajada por ser considerada territorio del país representado y que las fuerzas no podrían entrar sin la autorización del embajador.
La respuesta del Estado fue el fuego. Con esa masacre, el régimen contrainsurgente no sólo asesinó a 37 personas; también violó de manera flagrante el derecho internacional, al desconocer la inviolabilidad de una sede diplomática, consagrada en el Convenio de Viena.
El mensaje fue brutal y claro: no habría límites legales, éticos ni humanos para de aplastar la organización y lucha de los pueblos. Según el testimonio de Elías Barahona, integrante de la guerrilla, que había sido infiltrado y fungía como secretario de prensa del Ministerio de Gobernación, la orden fue contundente: “Que nadie salga vivo de allí.” Y así ocurrió.
Para entender la magnitud de ese crimen, es necesario recordar su contexto. En los años setenta, Guatemala vivía un ciclo de luchas populares contra un sistema racista, oligárquico y excluyente. Luchas obreras, movilizaciones campesinas, huelgas magisteriales, estudiantiles, procesos organizativos de pobladores de asentamientos y comunitarios fortalecidos tras el terremoto de 1976. La articulación de espacios como el Comité Nacional de Unidad Sindical (CNUS) y el Frente Democrático Contra la Represión (FDCR) daban cuenta de pueblos que exigía derechos elementales. El Estado respondió con secuestros, desapariciones forzadas, asesinatos y masacres, como la de Panzós en 1978, que marcó el inicio de una represión abierta y generalizada en el campo.
Los campesinos que llegaron a la Embajada buscaban la vida para sus familias y comunidades. Buscaban hacerse escuchar para que cesara la ocupación militar de sus territorios y que se detuvieran los asesinatos.
El crimen del 31 de enero de 1980 no puede leerse como un hecho aislado, sino como parte de una estrategia contrainsurgente que aplicaba el terror contra los pueblos indígenas y quienes los acompañaban.
Después de la masacre, el horror no se detuvo. Dos estudiantes más fueron asesinados momentos antes del entierro colectivo. Y uno de los sobrevivientes, el campesino Gregorio Yujá Xoná, fue secuestrado del hospital a donde fue llevado, asesinado y abandonado frente a la Rectoría de la Universidad de San Carlos.
Aun así, miles de personas desafiaron el miedo y acompañaron el sepelio de las víctimas. El terror no logró imponer el silencio. Al contrario, la masacre alimentó la rabia, la rebeldía y la decisión de seguir luchando. En una ocasión, una estudiante que se integró al Frente Estudiantil Revolucionario Robin García en esos días expresó: “Yo era amiga de Sonia Magalí Welches. Ella era buena persona. Y si a ella la mataron, yo estoy para ocupar su lugar.” Este no fue un caso único.
Días después, se produjo la lucha más grande de trabajadores del campo en la historia reciente de Guatemala. A partir del 18 de febrero de 1980, las y los cortadores de caña de la finca Tehuantepec, en Santa Lucía Cotzumalguapa, Escuintla, iniciaron un paro masivo que pronto se extendió por toda la Costa Sur. Lo que comenzó con unos 700 trabajadores se convirtió en una huelga que involucró a alrededor de 80,000 trabajadores del campo —indígenas y mestizos— tanto de caña como de algodón, que exigían mejores salarios y condiciones de vida en un contexto de cruel explotación y exclusión. Esta movilización, encabezada por el Comité de Unidad Campesina (CUC) con el apoyo de obreros, estudiantes, pobladores, cristianos y sectores democráticos, obligó al gobierno a aceptar un aumento al salario mínimo en el campo —de poco más de Q1.12 a Q3.20—, prácticamente un incremento cercano al 200 %. No era lo demandado, pero fue una gran victoria popular. La huelga no solo paralizó ingenios, fincas de caña y de algodón, sino que demostró la fuerza colectiva de los trabajadores rurales y marcó un precedente de unidad indígena y campesina contra la injusticia económica y social en Guatemala.
Han pasado 46 años. Algunos responsables directos fueron condenados, como Pedro García Arredondo, jefe policial en ese momento. Otros murieron impunes o siguen prófugos. Los verdaderos responsables intelectuales, los beneficiarios de ese Estado criminal, esa cúpula militar, junto a la oligarquía terrateniente y grandes empresarios, nunca rindieron cuentas. La justicia llegó tarde y sólo para los considerados “descartables” por sus jefes, de forma parcial e incompleta, pero dejó una lección: la impunidad no es inevitable cuando los pueblos persisten en la lucha organizada.
Hoy, cuando también se cumplirán 30 años de la firma de la Paz Firme y Duradera, la Masacre en la Embajada de España sigue interpelando al presente. No solo como memoria histórica, sino como advertencia.
Las violaciones al derecho internacional, el uso de la fuerza para imponer intereses económicos y geopolíticos, la mentira como justificación de la violencia y la criminalización de quienes defienden derechos no pertenecen únicamente al pasado. Cambian los discursos, pero las prácticas se parecen demasiado.
A nivel global, vemos cómo se repiten lógicas imperialistas que sacrifican vidas humanas en nombre de la “seguridad” o la “estabilidad”. A nivel nacional, persisten la persecución judicial, la existencia de presos políticos y el hostigamiento contra periodistas, defensoras y defensores de derechos humanos, líderes indígenas y toda persona que se opone a la corrupción y la impunidad, y procuran que haya verdadera democracia en Guatemala.
Recordar el 31 de enero de 1980 no es un acto de nostalgia, es una acción política para reafirmar que la paz verdadera sólo puede construirse con justicia, democracia, respeto al derecho internacional y bienestar para las mayorías. Las salidas de fuerza no resuelven los problemas; sólo producen más muerte y más dolor.
Las mujeres y los hombres que murieron en la Embajada de España nos dejaron una responsabilidad histórica: no normalizar la violencia, no aceptar la impunidad y no guardar silencio frente a las injusticias del presente. Nos dejaron también la lección de unidad de quienes soñamos con un Buen Vivir. Sus sueños no fueron quemados. Siguen vivos en la memoria colectiva y en cada lucha por un país y un mundo donde la dignidad humana esté por encima de cualquier interés mezquino.
