Por Héctor Silva Ávalos
No es algo que Guatemala no conozca: el país ya conoce modelos similares, o al menos capítulos parecidos de ese modelo. Guatemala ha vivido bajo gobiernos encabezados por familias, políticos o dictadores que saquearon al Estado, se enriquecieron y se deshicieron de sus críticos y opositores, ya sea encarcelándolos, exiliándolos o matándolos. Ese es el modelo Bukele, presidente de El Salvador: el uso patrimonial del Estado, la destrucción de sus instituciones democráticas y la persecución sin tregua de quienes lo critiquen.
¿Qué ha hecho Nayib Bukele desde que fue elegido presidente en 2019? ¿Qué ha hecho que merezca ser replicado como forma de gobierno? Disminuyó las cifras de homicidios y otros crímenes y llevó al país una nueva sensación de seguridad.
¿Cómo lo hizo? Pactó con las dos organizaciones criminales responsables por la mayoría de las muertes violentas en el país, las pandillas MS13 y Barrio 18. Ese pacto fue investigado y documentado por dos instituciones estatales distintas, el Departamento de Justicia (DOJ) de los Estados Unidos a través de una fuerza especial de investigación denominada Vulcano, creada durante la primera administración de Donald Trump, y por la Fiscalía General de la República de El Salvador (FGR) antes de que Bukele, a través de una intervención ilegal de sus diputados en el Congreso, se apoderara de ella.
¿Qué descubrieron los policías estadounidenses y salvadoreños y cómo lo descubrieron? En esencia que Nayib Bukele y sus colaboradores acordaron con los líderes de la MS13 y Barrio 18 que los pandilleros ayudarían a la gobernabilidad del país y a conseguirle votos para que ganara elecciones, primero la de alcalde de San Salvador, la capital, en 2015, y luego las presidenciales de 2019.
Gobernabilidad significó que los jefes pandilleros ordenaron a sus miembros “cerrar las válvulas”, que es como se dice en jerga pandillera a dejar de matar. A cambio, Bukele ofreció beneficios a los jefes, que luego cumplió, como usar su poder para evitar que los extraditaran a Estados Unidos o, incluso, para sacarlos de la cárcel y ayudarlos a escapar a otros países, como Guatemala.
Uno de los operadores del pacto, Carlos Marroquín, secretario presidencial de Bukele, sacó de la cárcel a Élmer Canales Rivera, alias “Crook”, como parte del trato y lo llevó a Guatemala en 2022. Es decir, un funcionario del presidente salvadoreño ayudó a un criminal de alto perfil a fugarse y lo depositó en Guatemala sin, por supuesto, avisar a las autoridades guatemaltecas.
Todo esto se lo contaron a los investigadores estadounidenses y salvadoreños decenas de testigos, entre ellos funcionarios cercanos a Bukele que fueron los operadores del pacto pandillero, como Osiris Luna, el director de cárceles. Una investigación periodística en Estados Unidos reveló que Luna dio detalles de las negociaciones del pacto y que se ofreció como testigo a cambio de que le dieran asilo en Estados Unidos. A partir de aquellas revelaciones, Luna ha desaparecido de la escena pública, como en su momento desapareció Alejandro Muyshondt, el asesor de seguridad de Bukele que denunció corrupción a lo interno y terminó muerto cuando estaba bajo custodia del Estado.
Ese es uno de los componentes más importantes del modelo Bukele, el pacto con criminales, que incluye protegerlos de medidas legales como la extradición o, incluso, de la persecución penal.
En las últimas horas, el Ministerio Público que dirige Consuelo Porras en Guatemala hizo algo parecido; desistió de perseguir a un jefe pandillero involucrado en la crisis reciente de seguridad. Pues igual que en El Salvador. La diferencia es que en Guatemala Porras solo controla el MP, en El Salvador quien toma las decisiones es el presidente, Nayib Bukele, y él lo controla todo: el Legislativo, las cortes, las contralorías, la fiscalía. Todo. Y la otra diferencia es que, a pesar de todos los embates de la red criminal a la que sirve Porras, la fiscal general dejará de serlo pronto, porque así lo manda la ley y así lo garantizará la institucionalidad democrática guatemalteca. En El Salvador de Bukele la alternancia ya no es posible.
Esos son otros dos elementos esenciales del modelo Bukele: el control total del poder y la anulación de la alternancia democrática. Es como si Consuelo Porras tuviese en sus manos todo el poder necesario para permanecer en su puesto para siempre, o como si ese poder lo hubiesen tenido Jimmy Morales o Alejandro Giammattei.
El mismo Bukele lo ha dicho en posts en redes sociales al explicar su receta. Ha dicho que él, antes de hacer todo lo que hizo, tuvo que apropiarse del Congreso, sacar a los jueces que no fallaban de acuerdo con su plan y controlar la FGR. Es decir, su modelo contempla, como requisito ineludible, eliminar la separación de poderes. Y también ha dicho -se lo dijo entre sonrisas a Javier Milei cuando el argentino fue a San Salvador para la segunda toma de posesión de Bukele- que su reelección era necesaria para el país.
Controlar las cortes y la fiscalía sirve para otra cosa que es bien conocida en Guatemala, que es la justicia selectiva para criminalizar a toda costa -aun en franco irrespeto a la ley y a través de casos espurios o inventados- al disidente y proteger al aliado, como a los jefes pandilleros en el caso salvadoreño.
Gracias a ese control, Bukele se ha deshecho de opositores políticos a los que su fiscalía ha procesado por lo mismos crímenes en que sus funcionarios se han visto envueltos, como las transas con las pandillas.
Y gracias a ese control, Bukele y su fiscal, Rodolfo Delgado, se inventaron casos, testigos y procesos para encarcelar a voces disidentes y defensores de derechos humanos como Ruth López, una abogada que llevó las denuncias sobre lo que pasa en El Salvador a todo el mundo, incluidos el congreso de los Estados Unidos y el parlamento europeo.
El modelo Bukele también incluye silenciar a todas las voces disidentes o críticas, ya sea aniquilándolas, quitándoles la vida, como ocurrió con Alejandro Muyshondt, o inventándoles procesos penales como a Ruth López. O utilizando a una fuerza parapolicial, dirigida en parte desde la oficina del presidente del Congreso, para vigilar y acosar a periodistas, abogados y activistas. Todo esto también ha ocurrido y es de sobra conocido en Guatemala.
La persecución selectiva y espuria es la misma que ha existido en Guatemala desde que Porras es fiscal general, la que han sufrido periodistas como Jose Rubén Zamora, que sigue preso, o exoperadoras de justicia como Virginia Laparra, Leily Santizo, Flor Gálvez, Claudia González y otras. La diferencia es que, al final, incluso en un sistema tan podrido por el MP guatemalteco, aún hay resquicios en el judicial que han permitido limitar algunas de esas persecuciones. En El Salvador eso ya no existe; no hay resquicios.
Al presidente Bukele nada de esto le da vergüenza. Ninguna. Está orgullos de sí mismo y de su modelo y, donde lo dejan, lo vende como la solución mágica a los problemas de inseguridad; lo ha hecho en Argentina y en Costa Rica y sus acólitos han vendido con éxito el modelo en Honduras, Chile y Ecuador y, sin demasiado éxito hasta ahora, han tratado de meterlo en Guatemala.
En El Salvador, la mayoría de los ciudadanos sigue apoyando todo esto. Una encuesta tras otra dan cuenta de que para mis compatriotas la sensación de seguridad es suficiente y que todo lo demás, la democracia, los límites que le impone al poder, al crimen y al enriquecimiento desmedido de los gobernantes, no importa o es secundario.
El asunto es que esa sensación de seguridad está basada, sí, en un desplome verificable de los homicidios y otros delitos, pero también en el cambio de paradigma de control en los barrios y pueblos de El Salvador, que pasaron del dominio violento de los pandilleros al dominio de las fuerzas estatales. Esta nueva fuerza dominante, la de policías y soldados, es menos violenta hasta ahora, pero su control está basado en un axioma de opresión: es libre quien cumple con la condición de no levantar la cabeza ni alzar la voz.
Garantizar ese nuevo paradigma requiere, en efecto, de todos los postulados del modelo Bukele. La sensación de seguridad existe a cambio de la cesión al Estado de derechos básicos como la libre expresión, el derecho de asociación, el debido proceso, incluso el derecho a la vida, y existe a cambio de la cesión de todo el poder a un solo hombre que, con ese poder, tiene toda la libertad para decidir hasta cuando es “necesario” que él gobierne.
Ni siquiera el mismo Bukele está seguro de que la fórmula le funcione sin un control absoluto, y es por eso que El Salvador vive en régimen de excepción desde marzo 2022.
Al final, además, hay otro asunto complejo, y es saber a ciencia cierta qué tanto de realidad y cuánto de sensación hay en el nuevo modelo de seguridad pública. Bukele ha limitado el acceso a la mayor parte de la información pública en todas las áreas del Estado y en temas de seguridad la oscuridad es absoluta. Nadie puede saber en realidad cuántas personas mueren cada día en El Salvador o cuántos crímenes se cometen, pero reportes periodísticos dan cuenta desde al menos 2023 que hay bastante exageración en lo que el gobierno comunica; por ejemplo, entre marzo de 2022 y 2023 hubo 61% más homicidios de los que el régimen hizo públicos.
La oscuridad ha permitido, además, que Bukele y los suyos tengan más dinero del que nunca tuvieron antes del acceso al poder. Desde que es presidente del país, el presidente y su familia tienen más tierras, más negocios, más inversiones y él, Nayib, viaja el mundo a bordo de un jet privado disfrazado de prócer decimonónico. Un grupo de fiscales salvadoreños, de los que había antes de que Bukele tomara el control de la FGR, definió al grupo presidencial como una “organización criminal” cuyos objetivos eran acumular poder y dinero.
Todo esto es el modelo Bukele que más de uno ha invocado en Guatemala tras los asesinatos de policías a manos de pandilleros a los que el MP de Consuelo Porras no quiere perseguir. Es un modelo que ofrece sensación de seguridad -insisto en la primera palabra, sensación- a cambio de la renuncia a los derechos consagrados en la Constitución de Guatemala, los de decir en libertad cómo uno piensa, la de asociarse en lo político, social, cultural, espiritual, afectivo con quien uno escoja o la de decidir en las urnas a quién se da el poder limitado de gobierno.
