El regreso de los magistrados parecía impensable cuando la propuesta para mantener su inhabilitación seguía estancada desde junio en la Corte Suprema de Justicia. Pero, la división interna de la CSJ abrió una última ventana que permitió que el pleno otorgara un amparo provisional y los restituyera en sus cargos.
Por Alexander Valdéz
Antes de que empezara diciembre de 2025, el regreso de los magistrados Irma Palencia, Ranulfo Rafael Rojas, Gabriel Aguilera y Mynor Custodio Franco parecía prácticamente imposible. El último proyecto elaborado por el magistrado Igmaín Galicia, respaldado por el presidente de la Cámara de Amparo y Antejuicio, Carlos Contreras, y por la magistrada Clemen Juárez, estaba orientado a mantener la inhabilitación de los cuatro titulares. Sin embargo, la propuesta de resolución quedó estancada desde junio, sin avanzar ni lograr consenso dentro del pleno.
¿Cómo se puede entender? Dentro de la Corte Suprema de Justicia coexisten dos bloques: uno mayoritario alineado con Nester Vásquez y, respaldado por figuras como Allan Rodríguez, Álvaro Arzú Escobar y Felipe Alejos; y otro, integrado por cuatro magistrados que ha actuado como oposición interna, vinculado al exrector Estuardo Gálvez, también es el grupo que recientemente señaló irregularidades en la creación de nuevas Salas en el interior del país.
Ese estancamiento más la división interna de la Corte Suprema de Justicia terminó convirtiéndose en una oportunidad para los magistrados electorales. En ausencia de quienes impulsaban mantener la cuestionada inhabilitación, el pleno de Cámara tomó una decisión distinta: otorgarles un amparo provisional y permitir su retorno a los cargos.
Ese giro fue interpretado como un revés para los actores políticos y judiciales que buscaban castigarlos por no haber anulado los resultados electorales de 2023, que dieron la victoria al Movimiento Semilla con Bernardo Arévalo y Karin Herrera, como presidente y vicepresidenta, respectivamente.
A pesar del regreso de los cuatro magistrados titulares, su margen de acción en el cierre de la gestión es limitado, pero no irrelevante. Durante su suspensión, el TSE estuvo prácticamente bloqueado: quedó en manos de magistrados suplentes que se disputaban el control de la institución y operaba bajo la constante amenaza de persecución contra la presidenta en funciones, Blanca Alfaro, quien pasó de ser una villana a asumir un papel importante para resguardar la democracia.
Por ejemplo, no se retomaron procesos contra agrupaciones políticas señaladas por campaña anticipada o alguna irregularidad, no se sabe si se revisó el padrón electoral ni las actas que la FECI devolvió después de haberlas secuestrado en un allanamiento, y tampoco se abordaron reformas pendientes a la Ley Electoral y de Partidos Políticos.
Además, este pleno del TSE, ahora integrado, aún podría conocer la apelación presentada por el partido Semilla contra la resolución del juez Fredy Orellana, que ordenó su cancelación definitiva. Aunque el tiempo es corto, es una posibilidad de que los magistrados titulares retomen este y otros expedientes.
Para el exjuez Carlos Ruano el TSE aún puede abordar expedientes sobre agrupaciones políticas que quedaron en suspenso con la inhabilitación de magistrados y solo debe evaluar el estado de los expedientes. “Los procesos siguen su curso, según la etapa que les corresponda. Los órganos competentes que integran siguen teniendo competencia y autoridad para decidir los asuntos de conformidad con la ley. Esto es una garantía del debido proceso y a favor de la certeza jurídica”, dijo.
El abogado Edgar Ortiz señaló que corresponde analizar el estado de los expedientes; como el de Semilla. Pero, al haber integración de pleno sí podría resolverse ese y otros asuntos. “Habría que revisar cuál es el estatus del partido (Semilla) (…) el pleno ya está integrado, ya puede efectuar esas diligencias. Antes no se podía integrar porque Blanca Alfaro estaba recusada”, mencionó.
“La CC ya prohibió cualquier intento de alterar los resultados de 2023”
Gabriel Aguilera, presidente del Tribunal Supremo Electoral (TSE), dijo a Prensa Comunitaria que su regreso representa “la recuperación plena de la institucionalidad del TSE”, luego de meses en los que una sala los mantuvo inhabilitados. Señaló que, aunque el Tribunal no estuvo totalmente paralizado, sí existió incertidumbre en temas que requieren decisiones colegiadas, por lo que su reincorporación permitirá retomar asuntos clave que habían quedado pendientes.
El magistrado añadió que, durante su ausencia, él y sus colegas tuvieron breves reincorporaciones de apenas dos semanas, tanto en 2024 como en enero de 2025, pero cada intento de retomar funciones fue interrumpido por nuevos recursos legales. “Fueron momentos muy complejos porque inmediatamente se presentó apelación, y eso nos dejó nuevamente fuera”, describió. Ahora, agregó, el enfoque principal es encaminar los preparativos para las elecciones de 2027 y fortalecer la coordinación interna.
Aguilera dijo que el proceso judicial ha sido difícil e insistió en que los magistrados cumplieron con su deber al defender los resultados electorales. “Hemos dado la cara, asistido a las audiencias y preparado nuestra defensa, confiando en que el Ministerio Público actúe con objetividad”, expresó. También señaló que las denuncias que originaron el caso deberían investigarse, pues fueron presentadas con información falsa.
Sobre los temas pendientes, Aguilera confirmó que celebraron su primer pleno tras el retorno, en el que discutieron asuntos urgentes como el presupuesto preelectoral y el plan de empadronamiento. Añadió que revisarán las actas electorales que fueron secuestradas y luego devueltas, así como la certeza del padrón. “Somos los primeros interesados en verificar todo lo que regresó y asegurar que el proceso se mantuvo íntegro”, indicó, recordando además que la Corte de Constitucionalidad prohibió cualquier intento de alterar los resultados de 2023.
“Confirmaron que todo se hizo de manera correcta y que no hay ninguna duda sobre los resultados electorales, eso lo vamos a verificar, entiendo que las actas ya están en las bodegas, vamos a verificar el acta de entrega y también hay que destacar la resolución de la Corte de Constitucionalidad en la que claramente se establece que ya no se puede hacer nada para variar los resultados de elección”, indicó.
Aguilera dijo que también deben ponerse al tanto de los expedientes que quedaron pendientes durante su inhabilitación y, determinar si jurídicamente pueden o no conocerlos, pues algunos plazos podrían impedirlo y corresponde evaluar si esos asuntos deben ser resueltos por los magistrados suplentes que comenzaron a analizarlos mientras ellos estaban fuera.
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“Una situación inusual”
El analista político Renzo Rosal considera que el regreso de los cuatro magistrados titulares del Tribunal Supremo Electoral (TSE) ocurre en un momento atípico y cargado de retrasos. Dice que su ausencia prolongada dejó procesos detenidos y decisiones esenciales sin resolver, algo que no tiene precedentes en la historia electoral reciente. Para él, la incidencia que puedan tener en esta etapa dependerá de la agenda con la que regresaron y de si realmente buscan avanzar en los pendientes acumulados.
Rosal recuerda que, desde su elección, los cuatro magistrados llegaron al cargo con serios cuestionamientos sobre su perfil y su experiencia, aunque durante el proceso electoral de 2023 lograron manejar la situación con un desempeño “relativamente positivo”. Sin embargo, su regreso también responde a tensiones internas dentro del TSE: los suplentes no sólo no resolvieron la carga de trabajo, sino que entraron en conflicto con la única magistrada titular que permaneció.
Entre los principales retos que identifica para estos últimos meses están la implementación pendiente de las reformas electorales aprobadas en 2016, y la situación crítica del padrón electoral. Rosal advierte que la intervención del Ministerio Público, que se llevó bases de datos y documentación física, dejó dudas profundas sobre la integridad de esta herramienta clave.
“El padrón electoral fue alterado. El Ministerio Público se llevó físicamente información y bases de datos. Por eso tengo temores sobre la integridad de una herramienta que es indispensable para cualquier proceso electoral”, expresó Rosal.
El analista sostiene que, por más importancia que tenga su regreso, el margen de acción de los magistrados en este tramo final es muy reducido. Por eso no considera que puedan influir en el tablero político de cara a la integración del próximo TSE. Ese desafío, añade, quedará en manos del nuevo pleno, que deberá enfrentar la etapa más intensa del ciclo electoral y asegurar la autonomía e independencia institucional.
José Chic, diputado de VOS, dijo que el intento de desaforar a los magistrados titulares del Tribunal Supremo Electoral es parte de una narrativa que buscaba cuestionar e invalidar los resultados del proceso electoral de 2023, especialmente los del binomio presidencial. Consideró que la restitución de los magistrados fue una decisión correcta, aunque tardía, ya que contar con un pleno es clave para la democracia y la institucionalidad del país.
“Creo que lo que pasó de regresar a los magistrados del Tribunal Supremo Electoral era lo correcto, de hecho fue una medida demasiado tarde el poder incorporar a los magistrados en cada uno de sus cargos, el tener un pleno de magistrados es importante para la democracia, para la institucionalidad, sobre todo para los procesos que vienen del 2026”, indicó.
Señaló que, aunque a la actual magistratura le restan pocos meses en el cargo, su reincorporación permite una transición ordenada hacia el nuevo pleno que asumirá en el primer trimestre del próximo año y fortalece la preparación de los procesos electorales que vienen, incluido el camino hacia 2027.
MP insiste en inhabilitarlos
Por ahora, el Ministerio Público (MP) presentó un recurso de apelación ante la Corte de Constitucionalidad para intentar, una vez más, la inhabilitación de cuatro magistrados titulares. Eso quiere decir que la última palabra recae en esa instancia, que podría mantener la decisión de la Cámara de Amparo o suspenderla.
La Fiscalía de Delitos Administrativos solicitó a la Corte de Constitucionalidad que revocara el amparo provisional, argumentando que la acción presentada carecía del requisito de definitividad y que incluso los solicitantes intentaron ampliar indebidamente el acto reclamado.
“Conforme lo antes considerado se determina que la Corte Suprema de Justicia, Cámara de Amparo y Antejuicio no debió otorgar el amparo provisional por lo que se solicita que declare con lugar la APELACIÓN del amparo provisional otorgado”, se lee en el memorial de la fiscalía.
El caso TREP
El Tribunal Supremo Electoral desembolsó Q148 millones para contratar a la empresa Datasys Guatemala, S.A., responsable del funcionamiento del TREP. En ese momento, el TSE defendió la adjudicación al asegurar que la compañía mantenía una alianza estratégica con Podernet, S.A. de C.V., acumulaba más de dos décadas de experiencia y contaba con más de 15 acreditaciones en procesos electorales.
La investigación del Ministerio Público ha generado fuertes cuestionamientos, especialmente después de que se oficializaron los resultados de la elección presidencial. Por las supuestas irregularidades en la implementación del sistema, el 11 de enero de 2024, el MP solicitó órdenes de captura contra la expresidenta del TSE, Irma Palencia, y los magistrados Gabriel Aguilera, Rafael Rojas y Mynor Franco. La Fiscalía les atribuye la posible comisión de abuso de autoridad, incumplimiento de deberes y fraude.
Se inició la renovación del TSE
Los magistrados, con un papel marcado por luces y sombras, regresaron a sus puestos en el TSE en un momento marcado por la renovación de autoridades para el periodo 2026-2032. Aunque el relevo oficial está previsto para el próximo año, el proceso arrancó desde noviembre, cuando el Congreso de la República hizo el llamado formal para integrar la comisión de postulación encargada de evaluar y depurar el listado de aspirantes que buscarán llegar a la máxima autoridad electoral del país.
Este proceso marcará el inicio de un ciclo clave en 2026 ya que los nuevos magistrados tendrán en sus manos dos procesos electorales. La definición de las cinco magistraturas titulares y el mismo número de suplencias para un periodo de seis años le corresponde al Congreso, que escogerá a quienes dirijan el TSE por un período de seis años, con el voto favorable de al menos 107 diputados o las dos terceras partes del pleno.
La designación se realiza a partir de una nómina de 20 aspirantes propuesta por una Comisión de Postulación, integrada por representantes de distintos sectores académicos y judiciales. Según el calendario, la Comisión de Postulación deberá instalarse sesenta días antes del 19 de marzo de 2026, fecha en que concluye el mandato de las actuales autoridades del TSE.
Al haber convocatoria, esto implica que el proceso de evaluación de expedientes comenzará en febrero de 2026, la comisión contará con 30 días para evaluar expedientes, realizar entrevistas y entregar al Congreso la nómina final de aspirantes.
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