La convocatoria para integrar la comisión de postulación a magistrados del Tribunal Supremo Electoral abre la carrera por dirigir la institución que controla las reglas del juego democrático. Pero el inicio de esta transición prevista ocurre en un escenario enrarecido, cargado de cuestionamientos, presiones políticas y un tribunal marcado por la inhabilitación de cuatro de sus cinco magistrados titulares.
Por Alexander Valdéz
El Congreso de la República dio el primer paso hacia la renovación del Tribunal Supremo Electoral (TSE). Con la aprobación del acuerdo que convoca a integrar la comisión de postulación, quedó abierta la ruta para elaborar el listado de aspirantes que competirán por dirigir la institución que controla las reglas del juego en las elecciones generales del país. Y, aunque se trata del inicio de una transición prevista; en la práctica, ocurre en un escenario mucho más complejo.
El relevo que se avecina no solo coincide con otras cuatro elecciones importantes, entre ellas, las que definirán el rumbo del sistema de justicia, sino que además se desarrolla en un contexto de tensión institucional. La renovación del TSE llega en un momento en que las instituciones atraviesan disputas internas, tensiones políticas y presiones que condicionan cada decisión.
La mayor duda está en el propio TSE, mientras se pone en marcha el mecanismo para elegir nuevas autoridades, cuatro de los cinco magistrados titulares enfrentan persecución penal impulsada por el Ministerio Público de Consuelo Porras. Irma Elizabeth Palencia Orellana, Blanca Odilia Alfaro Guerra, Gabriel Vladimir Aguilera Bolaños y Mynor Custodio Franco Flores han sido perseguidos y, a excepción de Alfaro, se encuentran inhabilitados para ejercer sus funciones. Sus sillas, aunque ocupadas en el organigrama institucional, están vacías en la práctica.
Este relevo, entonces, comienza marcado por una paradoja: se convoca a elegir a quienes deberán dirigir el tribunal electoral, pero las actuales autoridades permanecen fuera del tablero de juego y en medio de una ofensiva por los resultados electorales del 2023. La transición no solo será simultánea y acelerada; será también un proceso atravesado por la incertidumbre sobre el papel del Ministerio Público, el impacto de las inhabilitaciones y la capacidad real del sistema para garantizar una elección transparente e independiente.
¿Qué pasa con los actuales magistrados?
La actual magistratura del Tribunal Supremo Electoral (TSE) arrastra una serie de controversias que marcaron su gestión desde el inicio del proceso electoral de 2023. Fue señalada por la exclusión de candidaturas como las de Thelma Cabrera y Jordán Rodas, así como las de Roberto Arzú y David Pineda, entre otros aspirantes, mientras permitía la participación de figuras con procesos abiertos o señalamientos de corrupción.
Sin embargo, al impedir un golpe de Estado y respaldar los resultados que dieron la victoria a Bernardo Arévalo y Karin Herrera, la dinámica cambió. Los cinco magistrados se convirtieron en blanco de una ofensiva encabezada por el Ministerio Público, y cuatro de ellos terminaron sin inmunidad y sometidos a un proceso penal por supuestas irregularidades en la compra del sistema TREP, el sistema informático utilizado para la transmisión de resultados en las elecciones de 2023.
En la actualidad, Irma Palencia, Gabriel Vladimir Aguilera Bolaños y Mynor Custodio Franco Flores, enfrentan un proceso penal y no solo eso, por orden de la Sala Tercera de Apelaciones, fueron inhabilitados para poder ejercer sus cargos. Y aunque el juez Erick García, los había restituido en enero, la misma Sala anuló de oficio esa decisión y todo fue a parar a la Corte Suprema de Justicia, y hasta la fecha no ha habido una decisión.
Un escenario inédito y sin bases legales claras
El abogado Edgar Ortíz dice que el proceso de relevo de autoridades electorales arranca en un escenario completamente inédito, marcado por figuras jurídicas que no existen en la ley. Detalla que la normativa permite la suspensión del cargo para magistrados cuando existe un auto de prisión preventiva; en esos casos, la suspensión es automática y se procede a nombrar sustitutos. Pero la situación actual, en la que magistrados del TSE han sido suspendidos sin ese requisito legal, no tiene respaldo en el marco jurídico vigente.
Para Ortíz, desde 2023, el país vive lo que denomina un “pensamiento legal mágico”, en referencia a decisiones y medidas extralegales como la suspensión de partidos políticos o, más recientemente, la suspensión de magistrados del TSE. Ese marco irregular, añade, ha obligado a buscar soluciones creativas ante problemas que no se ajustan a la legalidad ordinaria.
“El daño que le han hecho al Tribunal Supremo Electoral es grande, porque los cuatro titulares suspendidos no son reemplazados realmente por los suplentes, porque ellos solo son llamados a integrar plenos y, además, en su ejercicio profesional continúan la práctica privada. Entonces, lo que va a pasar prácticamente es, que si siguen suspendidos del cargo de aquí a marzo que sea el relevo, es probable, por lo lento que va el proceso, que una entrega formal de los magistrados salientes, más allá de lo que pueda ser Blanca Alfaro, que los nuevos llegarán con un TSE desmantelado”, dijo Ortíz.
CSJ sin resolver petición de los magistrados
Prensa Comunitaria pudo conocer que, desde junio, el expediente asignado al magistrado Igmaín Galicia Pimentel, integrante de la Cámara de Amparo y Antejuicio, permanece paralizado. Se trata del amparo para resolver la situación de los cuatro magistrados del Tribunal Supremo Electoral que fueron dejados sin funciones, pese a que no existe una prohibición legal que les impida ejercer mientras no se les haya decretado prisión preventiva. El retraso del fallo ha generado dudas, especialmente porque el trámite se mantenía listo para avanzar desde hace meses.
Las fuentes consultadas confirmaron que la intención del proyecto era ratificar la decisión que dejó inhabilitados a los magistrados, aun cuando la ley no contempla esa sanción automática. Además de Galicia, la magistrada Clemen Vanessa Juárez ya firmó el proyecto, lo que evidenciaría una mayoría inicial dispuesta a respaldar la postura contra los magistrados del TSE. Sin embargo, el expediente no avanzó hacia su resolución final.
El fallo continúa detenido porque aún faltan dos firmas para completar la integración necesaria de la Cámara y, según se conoció, algunos de los magistrados restantes no estarían de acuerdo con el sentido del proyecto que avala la inhabilitación. Esa división interna ha mantenido congelado el fallo, prolongando un vacío de autoridad en el TSE; principalmente porque Aguilera es quien debería ejercer la presidencia.
Sin respuesta de la CSJ
Esta redacción tuvo acceso al memorial del amparo 204-2025 en el que los magistrados electorales piden a sus colegas de la Corte Suprema de Justicia que la Cámara de Amparo dicte un fallo relacionado con su petición y les permitan regresar a sus funciones en el TSE, sin embargo, no hubo respuesta.
En el escrito presentado señalan: “al día de hoy, la Corte Suprema de Justicia aún no ha resuelto ni notificado sobre el otorgamiento o no de amparo provisional”, por lo que solicitaron que este sea otorgado con carácter urgente.
Los comparecientes insistieron en que el otorgamiento del amparo es necesario debido a que la autoridad impugnada actuó arbitrariamente. Argumentaron que la Supervisión General de Tribunales corroboró su postura en el informe del 3 de febrero de 2025 donde, según citaron, se indicó que “el juez (Erick García) que nos modificó las medidas… actuó con competencia y correctamente por la urgencia de la decisión a tomar”.
El ente electoral desembolsó Q148 millones para la contratación de la empresa Datasys Guatemala, S.A., quien estuvo a cargo del sistema de Transmisión de Resultados Electorales Preliminares (TREP). En su momento, el TSE dijo que la empresa tenía una asociación estratégica con Podernet, S.A. de C.V. y que contaba con experiencia de más de 20 años. Además de tener más de 15 acreditaciones en el desarrollo de procesos electorales.
La investigación ha sido muy cuestionada, porque este caso lo presentó el MP después de que se avalaron los resultados de la elección presidencial que ganó Bernardo Arévalo y Karin Herrera, como presidente y vicepresidenta de la República. Por esas supuestas irregularidades, el 11 de enero de 2024, la Fiscalía pidió las órdenes de captura contra los magistrados.
Así se elige a los magistrados
El proceso de elección de magistrados del Tribunal Supremo Electoral, que recién inició con la convocatoria aprobada por el Congreso, es el primer paso hacia la integración de la Comisión de Postulación. Esta comisión, integrada por cinco representantes del ámbito académico y profesional; el rector y el decano de la Facultad de Derecho de la Universidad de San Carlos, un representante de los rectores de universidades privadas, un representante de los decanos de Ciencias Jurídicas y Sociales de las privadas, y un delegado del Colegio de Abogados y Notarios, será la encargada de revisar expedientes, evaluar perfiles y elaborar una nómina de 20 candidatos que será enviada al Legislativo.
A partir de esa lista, el Congreso deberá elegir a cinco magistrados titulares y cinco suplentes, una decisión que requiere una mayoría calificada de 107 votos. De acuerdo con el calendario establecido, los magistrados electos deberán asumir sus cargos en marzo de 2026, y serán responsables de organizar las elecciones generales de 2027 y 2031.
