La Corte de Constitucionalidad (CC) advirtió sobre la necesidad de mantener medidas de seguridad en Santiago Atitlán, Sololá, para evitar episodios que denominó como conflictividad social. La máxima corte hizo un llamado a las autoridades policiales a prevenir hechos que pongan en riesgo a la población. La exhortación se produjo al resolver un amparo promovido por el alcalde separado del cargo, Francisco Coché Pablo. En el municipio continúa el rechazo al ex alcalde y su partido político a quienes señalan de corrupción.
Por Alexander Valdéz
En una resolución emitida el 6 de octubre por el pleno de la Corte de Constitucionalidad (CC) se exhortó al comisario departamental de la Policía Nacional Civil (PNC) a implementar las acciones necesarias para prevenir y controlar nuevos hechos de conflictividad en Santiago Atitlán, Sololá. Esa resolución fue emitida por un amparo promovido por Francisco Coché Pablo, alcalde separado del cargo, luego de señalamientos de presunta corrupción.
Coché Pablo había solicitado que la CC ordenara a la PNC desplegar agentes de forma inmediata en Santiago Atitlán, con patrullajes continuos y controles en los puntos de ingreso y salida del municipio para garantizar la libre locomoción de personas y vehículos. También pidió acciones concretas para “restablecer el orden público, frenar los actos de intimidación, coacción y vandalismo, y asegurar la protección de la población en las áreas de mayor conflictividad”.
Aunque los magistrados no aceptaron el reclamo realizado por Coché Pablo, advirtieron sobre la importancia de que las autoridades de seguridad continúen actuando ante situaciones similares. La máxima corte señaló que estas medidas deben adoptarse dentro del ámbito de las atribuciones de la PNC, tanto para cumplir con las obligaciones constitucionales como con los compromisos internacionales asumidos por Guatemala.
Ex alcalde de Santiago Atitlán, Coché Pablo. Foto Emisoras Unidas.
La CC recordó la obligación estatal de prevenir las violaciones a los derechos humanos ocasionadas por terceros. Con ello, el tribunal enfatizó que, independientemente del resultado del amparo, las autoridades policiales deben mantener acciones dirigidas a evitar que se repitan hechos que pongan en riesgo los derechos de la población. La decisión se produce en el contexto que atravesó Santiago Atitlán en febrero de este año, cuando se registraron manifestaciones para exigir la salida del alcalde.
“Esta Corte no puede pasar por desapercibida la conflictividad social acaecida en el municipio de Santiago Atitlán, departamento de Sololá, por lo que exhorta al Comisario Departamental de la Policía Nacional Civil, y a quien en el futuro ejerza dicho cargo, para que, en el ámbito de sus atribuciones, continúe con las acciones necesarias para prevenir y controlar hechos de similar naturaleza que llegaren a suscitarse”, señaló la CC.
Fotos del fallo. Fuente Corte de Constitucionalidad (CC)
Un nuevo alcalde
La disputa por la alcaldía de Santiago Atitlán se intensificó en octubre de 2025, cuando las autoridades ancestrales de la Cabecera del Pueblo Tz’utujil y pobladores exigieron la salida de Francisco Coché Pablo, a quien señalaban por posibles actos de corrupción durante su administración. La inconformidad surgió luego de que el entonces alcalde autorizara presuntamente de manera irregular 244 líneas de mototaxis, sin que, según los manifestantes, respondiera a los cuestionamientos de la comunidad.
Tras mantener una manifestación pacífica frente a la municipalidad desde el 15 de septiembre, cientos de pobladores viajaron a la ciudad de Guatemala el 24 de octubre para exigir al Tribunal Supremo Electoral (TSE) que acreditara a Andrés Ajuchán, quien ocupaba la primera concejalía, como nuevo alcalde.
Ese día, el TSE avaló el corrimiento de los cargos en la corporación municipal y entregó las credenciales a las nuevas autoridades, con lo que Coché quedó separado de la jefatura edil. La decisión fue recibida con celebraciones por los pobladores, que consideraron el cambio un logro de la organización comunitaria y de la vigilancia de las autoridades ancestrales.
Mientras que, la Cabecera del Pueblo pidió al Ministerio Público investigar a Coché por los posibles actos de corrupción denunciados y advirtió que no permitiría retrocesos en la decisión municipal.
Andrés Ajuchán, alcalde de Santiago Atitlán 2025-2028. Foto Simón Antonio – Prensa Comunitaria.
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Lograron la salida del alcalde
La salida de Coché Pablo de la alcaldía representó una victoria social para Pueblo Tz’utujil, porque durante semanas realizaron protestas pacíficas denunciando supuestos hechos de corrupción contra el ex alcalde en mención. De hecho, su petición fue analizada y aceptada por el propio Tribunal Supremo Electoral (TSE), que declaró la vacante del puesto.
En la última elección edil, Coché Pablo llegó al despacho municipal por el partido Cabal, una agrupación política que ahora está comandada por el diputado Luis Aguirre. Sin embargo, no logró consolidar su gestión por los señalamientos de corrupción. También se le vincula con el diputado Allan Rodriguez, representante del departamento de Sololá.
En julio, la CC revocó el amparo provisional que la Corte Suprema de Justicia (CSJ) había otorgado a Francisco Coché Pablo y que mantenía suspendida su destitución como alcalde. Con esta resolución, los magistrados restablecieron la decisión del Tribunal Supremo Electoral (TSE), que en octubre de 2025 validó el corrimiento de cargos en la corporación municipal y acreditó a Andrés Ajuchán como nuevo jefe edil.
La resolución de la CC no representa todavía una sentencia definitiva sobre el fondo del amparo: la CSJ deberá continuar con el trámite y emitir una sentencia, que posteriormente también podría ser revisada por la máxima corte, otra vez. Sin embargo, por ahora la nueva autoridad edil puede ejercer funciones.
Cabecera del pueblo de Santiago Atitlán junto a las autoridades indígenas Maya Tz’utujil. Foto Archivo/PC.
Fueron protestas pacíficas
Diego Petzey, escribano de la cabecera del pueblo de Santiago Atitlán, señaló que las movilizaciones sociales que exigieron la salida del entonces alcalde, fueron pacíficas y legítimas, en defensa de los derechos humanos y colectivos de los pueblos indígenas. Recordó que en octubre del año pasado, cuando se intentó desalojar a las autoridades y se desplegaron más de 800 elementos policiales, la población respondió de manera pacífica, llevando flores, cantos, incienso, biblias y rosarios como expresiones de resistencia.
Asimismo, cuestionó que el exalcalde y otros sectores con intereses particulares utilizaran el sistema de justicia para mantener sus privilegios. Como ejemplo, mencionó el amparo que el exfuncionario obtuvo inicialmente de la Corte Suprema de Justicia, el cual, según explicó, no cumplía con los requisitos legales y posteriormente fue retirado tras la intervención de la Corte de Constitucionalidad.
“Todas las movilizaciones que hemos liderado han sido pacíficas y en defensa de los derechos humanos y los derechos colectivos de los pueblos indígenas. Por esa misma razón, en octubre del año pasado, cuando intentaron desalojarnos y se desplegaron más de 800 elementos de la PNC, el pueblo de Santiago Atitlán respondió de manera pacífica: llevaban flores, cantos, incienso, biblias y rosarios, porque era una forma legítima de defender lo que exige la comunidad. Lamentablemente, en ese momento, tanto el exalcalde como otras personas con intereses de mantener sus privilegios comenzaron a utilizar el sistema de justicia para sus propios fines”, aseveró.
Respecto al exhorto a la PNC, mencionó que el Estado de Guatemala tiene la obligación de garantizar la seguridad de toda la población, debido a que se trata de un derecho constitucional. Explicó que desde el año pasado la subestación de la Policía Nacional Civil (PNC) en el municipio contaba únicamente con entre seis y ocho agentes para atender a más de 50 mil habitantes y varias comunidades.
Movilizaciones pacíficas anti corrupción en Santiago Atitlán. Foto Nuto Chavajay – Prensa Comunitaria.
A su criterio, esta situación evidencia las deficiencias del sistema de seguridad pública, tanto por la falta de personal como de recursos y herramientas, entre ellos vehículos y motocicletas. Añadió que, pese a los exhortos realizados, las condiciones no han cambiado significativamente, pues reforzar la seguridad de un municipio implica, en muchas ocasiones, retirar agentes de otros territorios y dejarlos desprotegidos.
Finalmente, Petzey indicó que, tras los cambios ocurridos en el municipio, actualmente Santiago Atitlán mantiene un ambiente de tranquilidad, sin manifestaciones de conflictividad social ni nuevas demandas comunitarias relacionadas con aquella situación. Sin embargo, señaló que todavía existen grupos que, a su juicio, contribuyen a generar tensiones.
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