La Comisión de Postulación conoció las 25 tachas presentadas contra candidatos a Contralor General de Cuentas. Entre los más señalados figura el subcontralor Giovanni Castellanos, mientras que otros aspirantes enfrentan cuestionamientos por presunto nepotismo, méritos académicos y actuaciones en entidades públicas.
Por Prensa Comunitaria
La Comisión de Postulación a Contralor General de Cuentas admitió 24 de las 25 tachas presentadas contra los aspirantes al cargo. De las 24 tachas, 23 fueron admitidas por unanimidad y 1 por mayoría. Los señalamientos superaron la revisión inicial de la postuladora, por lo que ahora deberán ser analizados para determinar si tienen sustento y si pueden afectar la continuidad de alguno de los candidatos.
Entre los señalamientos tramitados aparecen los promovidos contra Elfego Castañón, María Pacajá, Nora Segura, Jorge Castellanos y Erick Mazariegos. Las tachas cuestionan idoneidad, honorabilidad, nepotismo, experiencia y la presunta alteración de documentos.
Las tachas fueron presentadas por personas particulares, representantes de organizaciones sociales, articulaciones territoriales y autoridades indígenas, quienes cuestionaron distintos aspectos relacionados con los aspirantes. Los señalamientos forman parte de la fase de revisión pública para conocer los posibles cuestionamientos sobre la trayectoria, actuaciones o requisitos de quienes buscan dirigir la Contraloría General de Cuentas (CGC).
La admisión de las tachas no implica que los señalamientos hayan sido comprobados ni que los candidatos hayan quedado excluidos del proceso. Ahora avanza a otra parte importante, porque corresponde a los señalados presentar pruebas de descargo, a los postuladores revisar la documentación presentada y valorar cada caso antes de definir si alguno de los cuestionamientos tiene incidencia.
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Señalamientos
Los aspirantes con más señalamientos son Jorge Giovanni Castellanos Gudiel, con siete tachas, seguido por Nora Liliana Segura Monzón y José Domingo Conde Juárez, con tres cada uno. Además, Erick Fernando Mazariegos Salas y María Elizabeth Pacajá López recibieron dos señalamientos cada uno.
Carmen Aída Ibarra, del Movimiento ProJusticia, explicó que una de las tachas contra Segura es relevante por estar relacionada con una denuncia que, según explicó, documenta cómo se habrían utilizado estructuras internas de la Contraloría para encubrir hechos de corrupción detectados por auditores en la Municipalidad de Quetzaltenango.
Ibarra señaló que la denuncia contra Segura cuestiona que, durante su gestión al frente de la CGC, la institución se habría opuesto a presentar denuncias penales y a establecer determinados hallazgos administrativos contra la Municipalidad de Quetzaltenango durante la gestión de Jorge Barrientos. “La denuncia contra Segura se refiere a que utilizó estructuras internas donde se incluía a la entonces directora jurídica de la Contraloría, que era Leyla Lemus, para encubrir hechos de corrupción que los auditores habían encontrado en esa municipalidad”, dijo.
Según la objeción, algunos hallazgos fueron aceptados y otros no, en un contexto en el que se habría producido un encubrimiento de hechos detectados por los auditores.
La representante del Movimiento ProJusticia consideró que esta denuncia constituye, hasta ahora, una de las tachas de mayor peso entre las presentadas ante la comisión.
Ibarra también destacó las tachas presentadas contra los subcontralores Giovanni Castellanos y Élfego Castañón por presuntos actos de nepotismo. Según explicó, ambas denuncias estarían respaldadas con documentación y cuestionan la contratación de familiares para trabajar en la Contraloría General de Cuentas.
En el caso de Castellanos, la documentación presentada señalaría que contrató a la madre de uno de sus hijos para ocupar un puesto dentro de la institución. En el caso de Castañón, la denuncia sostiene que habría contratado a su hermano y a su esposa. Ibarra calificó estos señalamientos como posibles actos de abuso de poder y nepotismo que, de confirmarse, deberían ser considerados seriamente por los comisionados.
La situación de Castellanos, según Ibarra, es todavía más compleja porque las tachas no se limitan al supuesto nepotismo. También existen cuestionamientos sobre su trayectoria académica. Las objeciones presentadas en su contra aseguran que habría fraude o falsificación en las constancias que presentó para acreditar un doctorado y la docencia que supuestamente ha ejercido en la Universidad de San Carlos.
Además de estos señalamientos, existen otras tachas relacionadas con posibles conflictos de interés y tráfico de influencias. La admisión de estos señalamientos no implica que hayan sido comprobados; corresponderá a la postuladora revisar las pruebas de descargo y luego decidir si los excluyen.
Proceso avanza
Luego de conocer y tramitar las tachas presentadas contra los aspirantes, la Comisión de Postulación aprobó el procedimiento que utilizará para las entrevistas. Cada candidato tendrá un máximo de 35 minutos, distribuidos entre la presentación de su plan de trabajo y una ronda de preguntas de los integrantes de la comisión.
Todos los comisionados podrán formular preguntas, que serán depositadas en dos urnas, una correspondiente a los decanos de las facultades de Derecho y otra a los representantes de los colegios profesionales. Durante la entrevista, será el propio aspirante quien seleccione las preguntas de ambas urnas, mecanismo con el que la postuladora busca establecer un procedimiento uniforme para evaluar a los candidatos.
Este proceso es clave por el papel que tiene la institución; la fiscalización de los fondos públicos y el control de la ejecución presupuestaria de las entidades estatales. Y se vuelve más relevante porque también tendrá una incidencia directa en el próximo proceso electoral, ya que entre sus funciones está la emisión de los finiquitos. Este documento puede ser determinante para definir qué candidatos cumplen con los requisitos para participar en las elecciones de 2027 y quiénes podrían quedar fuera de la contienda.
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