Las objeciones presentadas contra los ocho aspirantes a dirigir la Contraloría General de Cuentas (CGC) cuestionan su idoneidad, honorabilidad, independencia y posibles conflictos de interés. Los casos incluyen sanciones, antecedentes en la administración pública y dudas sobre documentos presentados para acreditar méritos.
Por Alexander Valdéz
Organizaciones sociales, autoridades indígenas y articulaciones territoriales presentaron 11 objeciones contra ocho aspirantes a dirigir la Contraloría General de Cuentas para el periodo 2026-2030. Los señalamientos incluyen antecedentes de sanciones, cuestionamientos sobre documentos académicos, posibles conflictos de interés y vínculos con actores políticos.
Las objeciones fueron planteadas ante la Comisión de Postulación a Contralor General de Cuentas, que permite cuestionar a candidatos cuando existen posibles impedimentos o dudas sobre su idoneidad y honorabilidad. Los documentos presentados cuestionan distintos aspectos de los candidatos.
Algunos están relacionados con actuaciones anteriores en la administración pública, otros con sus vínculos políticos o institucionales y también hay objeciones sobre la documentación presentada para obtener puntos en la tabla de gradación.
Organizaciones como Acción Ciudadana, Alianza por las Reformas, el Comité Campesino del Altiplano (CCDA), entre otras, solicitaron a la postuladora que conozcan y analicen cada uno de los señalamientos antes de tomar una decisión sobre los aspirantes. También pidieron que la discusión se realice de manera pública y que los comisionados expliquen de forma nominal las razones por las que acepten o rechacen las objeciones.
Estas no son las únicas que pueden presentarse contra los aspirantes. Durante el plazo establecido (hasta el 8 de septiembre) por la Comisión de Postulación, cualquier ciudadano puede presentar tachas o señalamientos contra los candidatos, con el propósito de que los comisionados conozcan posibles impedimentos antes de tomar una decisión de evaluación o integrar la nómina final.
“Este es un ejercicio ciudadano contemplado en la ley, que habilita a la ciudadanía para presentar ante ante la postuladora aquellos señalamientos e impedimentos de los que aspiran a un cargo de elección. Eso nos trae el día de hoy a presentar estos impedimentos. La honorabilidad y honradez no solo está en lo que diga un expediente sino en lo que los ciudadanos indagan de fondo. Esa información sirve para que los postuladores hagan su trabajo y puedan profundizarla”, explicaron.
Los tachados:
César Armando Elías Ajcá:
Elías Ajcá fue subcontralor general del Gasto Público entre 2015 y 2018, durante la administración del entonces contralor Carlos Mencos. La objeción retoma declaraciones de Juan Carlos Monzón, colaborador eficaz en el caso Cooptación del Estado. Según Monzón, Roxanna Baldetti le habría pedido a Mencos nombrar a Elías como subcontralor. También declaró que Elías fue colocado en ese puesto por la exvicepresidenta y que ayudaba a evitar problemas relacionados con licitaciones y la Contraloría.
Las organizaciones consideran que estas declaraciones cuestionan su idoneidad y honorabilidad para volver a ocupar un cargo de dirección dentro de la institución.
Erick Fernando Mazariegos Salas
Mazariegos Salas fue tesorero de la Asociación de Apoyo para el Crecimiento Guatemalteco (ASDACREGU), entidad que administró fondos públicos. De acuerdo con el señalamiento, una auditoría de la Contraloría determinó que existían incumplimientos en la obligación de rendir cuentas. Los responsables de la asociación presentaron argumentos para desvanecer el hallazgo, pero el equipo auditor concluyó que este se mantenía.
Mazariegos fue señalado como responsable de las deficiencias y recibió una multa de Q4 mil. Las organizaciones consideran relevante este antecedente porque ahora aspira a dirigir la institución que anteriormente lo sancionó.
María Elizabeth Pacajá López:
El señalamiento contra Pacajá López se relaciona con la investigación del caso Corrupción Integral-Lanquín, en Alta Verapaz. Según la objeción, durante la investigación se detectaron depósitos a personas que aparentemente no tenían relación con la Municipalidad de Lanquín. Al seguir la ruta del dinero, los investigadores establecieron que los fondos provenían del cobro de cheques municipales.
Uno de los depósitos fue realizado a Pacajá López, quien había trabajado en la Contraloría. Aunque la denuncia penal no prosperó porque el caso fue archivado, las organizaciones sostienen que la investigación financiera dejó elementos que deben ser considerados para evaluar su idoneidad para dirigir la institución.
Nora Liliana Segura Monzón:
La excontralora enfrenta varios señalamientos. Uno de ellos se basa en una sentencia de la Corte de Constitucionalidad del 29 de enero de 2014. Según la objeción, durante su gestión Segura no resolvió directamente un recurso de revisión relacionado con una solicitud de información pública, pese a que esa atribución correspondía a la máxima autoridad de la Contraloría. El recurso fue resuelto por otra funcionaria que, de acuerdo con la sentencia citada, no tenía competencia para hacerlo.
Otro señalamiento se refiere a una auditoría realizada a la Municipalidad de Quetzaltenango correspondiente al ejercicio 2013. Las organizaciones sostienen que, durante su administración, se habrían bloqueado o reducido cinco denuncias penales y cuatro pliegos de cargos por más de Q140 millones, supuestamente para favorecer a la administración del entonces alcalde Jorge Barrientos.
La objeción también cuestiona que Segura intentara prolongar su permanencia como contralora en 2014. Según el documento, dejó el cargo después de que la Corte de Constitucionalidad ordenara su salida mediante un amparo.
Jorge Giovanni Castellanos Gudiel:
La objeción contra Castellanos Gudiel se concentra en un documento presentado para acreditar experiencia docente y obtener puntuación en la tabla de gradación. Según el señalamiento, su expediente fue recibido el 25 de agosto de 2026, mientras que una constancia atribuida al Centro Universitario del Norte de la USAC aparece fechada el 28 de agosto, tres días después del cierre de recepción de expedientes.
Las organizaciones consideran que existe una inconsistencia que debe ser aclarada. Por ello, solicitan que el documento sea excluido de la evaluación y que el aspirante explique cómo fue incorporado a su expediente.
Eliezar Gamaliel Blanco Lémus:
Blanco Lémus enfrenta un señalamiento relacionado con la forma en que acreditó un grado doctoral. La objeción indica que presentó un diploma de la Universidad de San Miguel, de México, que en su reverso señala que se trata de un “Título Propio” y que no cuenta con Reconocimiento de Validez Oficial de Estudios.
Los denunciantes sostienen que ese documento no debería utilizarse para obtener puntos en la tabla de gradación y cuestionan su idoneidad y la veracidad de la documentación presentada.
Carlos Humberto Echeverría Guzmán:
La candidatura de Echeverría Guzmán es objetada por sus vínculos con la Universidad de San Carlos y con integrantes de su Consejo Superior Universitario. Las organizaciones sostienen que fue beneficiario de designaciones y votos de integrantes del Consejo Superior Universitario vinculado al rector Walter Mazariegos. A partir de esas relaciones, consideran que podría existir un conflicto de interés si llega a dirigir la Contraloría.
El argumento central es que la institución tendría entre sus funciones fiscalizar recursos de la USAC, realizar auditorías y emitir finiquitos a integrantes de ese Consejo, por lo que los denunciantes consideran que su independencia podría verse comprometida.
José Domingo Conde Juárez:
El documento también incluye una objeción contra José Domingo Conde Juárez. El señalamiento sostiene que ha ocupado puestos de representación del Consejo Superior Universitario de la USAC y que fue designado con el respaldo de al menos 23 consejeros.
Las organizaciones consideran que sus vínculos con el bloque que dirige actualmente el Consejo Superior Universitario podrían afectar su independencia al frente de la Contraloría. El señalamiento también plantea un posible conflicto de interés debido a que la institución debe fiscalizar a la USAC, incluyendo su presupuesto constitucional y las actuaciones de sus autoridades.
Foto del comunicado
Proceso en una fase clave
Luego de las objeciones, se hará una evaluación de los aspirantes conforme a la tabla de gradación aprobada por los comisionados. El instrumento distribuye los 100 puntos entre méritos académicos, experiencia profesional y proyección humana, sobre esa base se establecerá la calificación de cada candidato.
Posteriormente, la comisión deberá avanzar en la evaluación de los expedientes y tiene previsto realizar la votación final y elaborar la nómina de candidatos el 18 de septiembre. Las mejores 15 notas serán consideradas para integrar esa lista de seis candidatos que recibirá el Congreso. La persona que resulte electa asumirá el cargo el 13 de octubre.
La elección del contralor es importante por el papel que tiene la institución; la fiscalización de los fondos públicos y el control de la ejecución presupuestaria de las entidades estatales. Y se vuelve más relevante porque también tendrá una incidencia directa en el próximo proceso electoral, ya que entre sus funciones está la emisión de los finiquitos. Este documento puede ser determinante para definir qué candidatos cumplen con los requisitos para participar en las elecciones de 2027 y quiénes podrían quedar fuera de la contienda.
Al ser clave se vuelve atractiva para los grupos de poder, de hecho, la Comisión de Postulación quedó integrada por 27 miembros y, de acuerdo con los señalamientos de organizaciones sociales y gremiales, una parte de esos estaría vinculada con Walter Mazariegos, así como con diputados de Vamos y el empresario y condenado por corrupción, Gustavo Alejos.
No ha sido el único proceso importante de este año y ocurre en medio de la renovación de autoridades del Ministerio Público (MP), el Tribunal Supremo Electoral (TSE) y la Corte de Constitucionalidad (CC), además de la cuestionada reelección de Walter Mazariegos al frente de la Universidad de San Carlos (USAC).
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