Un operativo con más de 100 agentes y bombas lacrimógenas dejó varios comunitarios heridos y bienes decomisados; la población exige el cese de obras de TRECSA por carecer de consulta previa y licencias ambientales.
Prensa Comunitaria
En horas de la madrugada del lunes 28 de septiembre, la Policía Nacional Civil (PNC) ingresó de forma violenta a la comunidad El Pilar 1, en San Juan Sacatepéquez, con el fin de abrir paso a los trabajos de la empresa TRECSA en tierras de uso comunal, denunciaron los pobladores.
La incursión, denunciada públicamente por la Autoridad Ancestral Ajchijay, dejó un saldo de varios pobladores heridos tras el lanzamiento de gases lacrimógenos y el decomiso de bienes privados por parte de los agentes, de acuerdo con un comunicado emitido.
Despliegue policial y agresiones a la población
Según el informe emitido por las autoridades indígenas, el operativo se inició a las 4:30 de la mañana con un despliegue de no menos 100 efectivos y 60 patrullas policiales
Las fuerzas de seguridad utilizaron bombas lacrimógenas para debilitar el cerco humano de resistencia pacífica que los comunitarios mantenían cerca del portón de ingreso a las tierras agrícolas comunales.
Durante la intervención, la comunidad reportó el decomiso ilegal de dos teléfonos celulares y la confiscación de un vehículo tipo picop propiedad de los pobladores.
En la denuncia se identificó de forma directa a la autopatrulla P0380BDZ como parte de las unidades involucradas en las retenciones.
Ilegalidad del proyecto y vulneración territorial
Las autoridades comunitarias señalaron que las obras de tendido eléctrico impulsadas por TRECSA constituyen una usurpación de tierras sagradas de siembra y sustento familiar
La Autoridad Ancestral recalcó que el proyecto incurre en graves ilegalidades al carecer de un estudio de impacto ambiental legítimo, no contar con permiso de servidumbre de paso y haber omitido el proceso de consulta previa, libre e informada al que tienen derecho constitucional e internacional las comunidades indígenas
Asimismo, denunciaron que la PNC actuó como “seguridad privada de la corporación y alertaron sobre tácticas divisionistas, hostigamiento y ofrecimiento de prebendas por parte de la empresa para cooptar a integrantes de la Alcaldía Auxiliar Indígena y de la Autoridad Ancestral Ajchijay
Desde el 18 de febrero se intentó ingresar a las tierras comunales por medio de las fuerzas armadas, entonces llevaban el respaldo del Ministerio Público. Un segundo intento ocurrió el 8 y 9 de marzo de este año cuando lograron entrar trabajadores de Trecsa.
La empresa justificó los trabajos en la comunidad en la Ley General de Electricidad y en una adjudicación otorgada por el Ministerio de Energía y Minas para la construcción, operación y mantenimiento de infraestructura de transporte de energía dentro del Plan de Expansión del Sistema de Transmisión PET-1-2009; sin embargo, las autoridades ancestrales explican que no ha habido consulta de la comunidad, ni solicitud de ingreso.
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Exigencias y llamado internacional
Ante las agresiones, la comunidad exigió el retiro inmediato tanto de la PNC como del personal de TRECSA, así como el cese de la persecución contra los líderes comunitarios. En los videos difundidos por la comunidad la Policía ejecutó registros arbitrarios a personas que se dirigían a sus trabajos.
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La Autoridad Ancestral hizo un llamado a las organizaciones de derechos humanos, defensores de pueblos indígenas y del ambiente, y a la comunidad internacional para verificar la situación en El Pilar 1 y acordar el acompañamiento de la resistencia comunitaria.
