Trabajadores de la empresa volvieron a llegar a la comunidad donde intentan instalar torres en tierras comunales, pese a la oposición de los vecinos que argumentan la invasión en propiedad privada.
Por Juan Bautista Xol
Pobladores de El Pilar I de San Juan Sacatepéquez denunciaron que el 9 y 10 de marzo elementos antimotines de la Policía Nacional Civil (PNC) acompañaron a trabajadores de la empresa Transportadora de Energía de Centro América (TRECSA), que pretende ocupar las tierras comunales de la comunidad.
Según los pobladores, los antimotines intentaron usar la fuerza para ingresar en las tierras comunales para instalar sus torres, pero la resistencia de los pobladores impidió llevaran a cabo su objetivo, momentos después aseguran que drones sobrevolaron encima de los comunitarios.
En la denuncia de los pobladores indicaron que la empresa de energía eléctrica TRECSA quiere instalar sus bases (torres) dentro de las propiedades comunales donde históricamente cultivan maíz y jocote. Aunque las bases no son una contaminación para el medio ambiente, los pobladores consideran que es una forma para que la empresa se apropie de las propiedades prohibiendo así el ingreso de los comunitarios que cultivan la tierra.
Un representante de la empresa que estuvo presente, y quien no se identificó aunque los comunitarios se lo pidieron, indicó que no están violentando los derechos humanos de las personas y que por esa razón pidieron el acompañamiento de la PNC para que registrara los hechos.
Sin embargo, para los pobladores que no fueron notificados de la presencia de las autoridades estatales, la violación a sus derechos humanos se inició desde que ingresaron a la comunidad sin orden judicial.
“No se está violentando los derechos de nadie, los agentes que están acá están facultados conforme la Constitución, pueden identificar y registrar a las personas” manifestó el representante de la empresa, en un video grabado por los pobladores que fue publicado en la página de Facebook de la Coordinadora de Comunidades Afectadas por Trecsa.
Los comunitarios aseguran que la empresa empezó a pelear el derecho de las tierras comunales de la comunidad con el apoyo de una asociación, de la cual desconocen el nombre pero indican que está representada por una trabajadora de Trecsa, de nombre Karla Ivonne Sierra.
“Una asociación representada por la trabajadora de TRECSA, Karla Ivonne, ha registrado ilegalmente las tierras que pertenecen a la comunidad, y de esa manera quieren quitarnos”, manifestaron en la denuncia publicada en la página de la Coordinadora de Comunidades afectadas por Trecsa.
Segundo intento de ingresar a la comunidad
Esta sería la segunda vez que la fuerza estatal da acompañamiento a los trabajadores de la empresa TRECSA, la primera vez fue el 18 de febrero cuando fiscales del Ministerio Público ingresaron junto a los trabajadores de la empresa, custodiados por los antimotines que portaban armas lanza gases.
La empresa justificó los trabajos en la comunidad en la Ley General de Electricidad y en una adjudicación otorgada por el Ministerio de Energía y Minas para la construcción, operación y mantenimiento de infraestructura de transporte de energía dentro del Plan de Expansión del Sistema de Transmisión PET-1-2009.
Ante esta situación que viven los pobladores de la comunidad El Pilar I, piden a la sociedad civil, organizaciones, defensores y defensoras de derechos humanos difundir la información de las amenazas y el intento de invadir las propiedades comunales por parte de TRECSA y de rechazar la ley 6665 que busca apoyar a las empresas de energía eléctrica.
La iniciativa 6665 fue presentada por diputados de la Comisión de Energía y Minas del Congreso en octubre de 2025, “Ley de Infraestructura urgente para el transporte de energía” la cual busca garantizar y expandir el sistema eléctrico en el país sobre todo donde no hay acceso a la misma. Sin embargo, los comunitarios temen que con la ley se privaticen tierras comunales.
“Pedimos su solidaridad, su apoyo en la difusión y que unamos esfuerzos en contra de la ley 6665 que busca imponer una servidumbre forzosa a favor de las empresas que transportan energía eléctrica” mencionaron en la publicación de la Coordinadora de Comunidades afectadas por Trecsa.
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