Los fiscales que dirigieron el caso contra autoridades indígenas de los 48 Cantones y Sololá continúan dentro del Ministerio Público (MP). Klayber Sical permanece al frente de la Fiscalía contra el Crimen Organizado y Dennis Cisneros ocupa ahora una jefatura en la Fiscalía de Delitos contra Turistas. Ambos lograron ascender después de haber presentado ese expediente de criminalización.
Por Alexander Valdéz
“No son una organización criminal”, así fueron las palabras del juez Mynor Moto del Juzgado Tercero de Instancia Penal al resolver el cierre de una investigación que durante meses criminalizó a autoridades indígenas de los 48 Cantones de Totonicapán y de la municipalidad indígena de Sololá. El Ministerio Público (MP) de Consuelo Porras las había señalado como parte de una estructura criminal por convocar a las movilizaciones pacíficas que defendieron los resultados de las elecciones de 2023.
El expediente llegó al Juzgado Tercero Penal después de retrasos y de haber sido impulsado desde la Fiscalía contra el Crimen Organizado. Al frente de esa fiscalía continúa Klayber Bladimiro Sical Jiménez, quien en agosto de 2022 fue designado y ascendido por Porras como encargado del despacho.
Sical, desde la Fiscalía contra el Crimen Organizado, fue quien mantuvo bajo investigación a las autoridades indígenas. De hecho, en la conferencia de prensa en la que se presentó el proceso estuvo acompañado de Dennis Waldemar Cisneros Torres, fiscal asignado al caso de los 48 Cantones y quien también obtuvo un ascenso.
De esa cuenta, mientras Moto descartó que los líderes indígenas fueran parte de una organización criminal e incluso ordenó que se emitiera una disculpa pública, Sical continúa al frente de la Fiscalía contra el Crimen Organizado y Cisneros ocupa un puesto de mayor jerarquía, ahora en la Fiscalía de Delitos contra Turistas
Los dos fiscales cuando presentaron el caso:
Premiados con ascensos
Klayber Bladimiro Sical Jiménez: ha permanecido por casi 16 años dentro de la Fiscalía contra el Crimen Organizado y ha ocupado distintos cargos. Y aunque al inicio de la gestión de Gabriel García Luna se conoció su traslado, él se ha mantenido en su puesto. En el pasado trabajó con el entonces jefe de esa fiscalía, Ronny Elías López Jérez, acusado en el caso de corrupción conocido como “Manipulación de Justicia”.
Su ascenso comenzó a consolidarse en 2014 y 2015, cuando ocupó el cargo de fiscal de sección adjunto, el segundo puesto de mayor jerarquía en la fiscalía. En 2018 volvió a asumir esa posición, ya durante la gestión de Consuelo Porras al frente del Ministerio Público.
Cuatro años después, el 31 de agosto de 2022, Porras lo ascendió a encargado de la Fiscalía contra el Crimen Organizado, colocándolo al frente de una de las unidades encargadas de investigar estructuras criminales y casos de alto impacto. En ese cargo también enfrentó una denuncia interna por supuesto acoso a una pasante.
Se llegó a convertir en uno de los hombres de confianza del círculo cercano a la exfiscal general, apoyando en la estrategia que buscaba aumentar la influencia del antiguo MP en espacios gremiales como el Colegio de Abogados y Notarios de Guatemala (CANG). Sical participó en los eventos de la agrupación denominada “Avanza”, agrupación integrada principalmente por funcionarios del antiguo MP, que utilizó para participar en los puestos de representación.
Dennis Waldemar Cisneros Torres: Cisneros es hermano de Carlos Antonio Cisneros Torres, un exfiscal capturado en 2015 junto con otros funcionarios y abogados, en un caso en el que el MP señaló la existencia de una estructura dedicada a obtener y filtrar información confidencial de investigaciones a organizaciones criminales. Ambos son hijos de Carlos Baldemar Cisneros Alvarado y Alba Julieta Torres Moreno.
Cisneros Torres es quien, el día que se presentó el caso contra los 48 Cantones, apareció junto a autoridades del MP y su entonces jefe, Sical, señalando a las autoridades indígenas de terrorismo y sedición por las manifestaciones de 2023. Al igual que Sical logró un ascenso y ahora es jefe de la Fiscalía de Delitos contra Turistas.
Esta redacción intentó obtener una postura institucional acerca de si hará alguna investigación administrativa o penal contra el personal que inició el caso y presentó la acusación, pero, al cierre de esta nota no hubo una respuesta.
La acusación fue desbaratada
Durante un año, Luis Pacheco; expresidente de los 48 Cantones, Héctor Chaclán, Basilio Puac y Esteban Toc fueron sometidos a detención y encarcelamiento, en los que se les acusó de terrorismo, sedición, asociación ilícita, obstrucción de justicia y obstaculización penal.
Y fue hasta la salida de Consuelo Porras que el expediente, ya en manos del fiscal Cristian Beteta, tomó otra postura. Beteta pidió al juez Moto que se cerrara el expediente, por considerar que la evidencia que formaba parte del caso no era suficiente para acreditar que las manifestaciones convocadas por los 48 Cantones de Totonicapán podían considerarse como un delito de terrorismo.
Además, se hicieron nuevos análisis por parte de la Secretaría de Pueblos Indígenas del MP, que estableció que a los 48 Cantones no se les puede considerar una organización criminal porque actúan con base en su derecho a la organización ancestral y a la resistencia indígena.
Después, al revolver el juez Moto cuestionó la acusación del MP y descartó que los líderes de los 48 Cantones y la alcaldía indígena de Sololá constituyeran una organización criminal. “¿Son una organización criminal? No”, afirmó el juez, al señalar que las acciones realizadas a partir del 30 de septiembre de 2023 estuvieron relacionadas con la convocatoria a un paro nacional en defensa de la democracia, la institucionalidad y el cambio de autoridades en el marco del proceso electoral.
Moto destacó que las actividades desarrolladas fueron pacíficas, no violentas y sin armas, además de incluir llamados públicos a la población para sumarse a las manifestaciones. “Todo esto está claro y está acreditado”, sostuvo. Finalmente, al referirse a los delitos atribuidos, concluyó que la evidencia presentada no permitía establecer fundamentos serios para que los acusados fueran sometidos a un juicio.
Acá otra nota que puedes leer:
Una defensa de la democracia
En este caso fueron cinco líderes indígenas señalados en este proceso por el Ministerio Público de Consuelo Porras. Desde la primera vuelta electoral existía una amenaza: un Ministerio Público dirigido por Consuelo Porras y un expresidente, Alejandro Giammattei, que buscaban impedir que los resultados se concretaran.
Las alarmas ante un intento de golpe de Estado provocaron la articulación de los territorios ancestrales. Fueron ellos quienes salieron a defender la democracia. A partir de entonces comenzaron largas jornadas de caminatas bajo el sol que culminaron frente a la sede del Ministerio Público, en Gerona. Allí se exigía el cese de las acciones encaminadas a anular los resultados electorales y la renuncia de Porras, Rafael Curruchiche, Leonor Morales, Cinthia Monterroso y otros integrantes del círculo cercano de la entonces fiscal general.
En total, fueron 106 días de Paro Nacional. El movimiento comenzó en Totonicapán, pero se extendió por todo el país. Las movilizaciones pacíficas permitieron que Bernardo Arévalo y Karin Herrera asumieran sus cargos.
