Patitas a la Obra by Primitos nació como una red de adopción y rescate. Cuatro años después, sus integrantes impulsan una reforma legal que busca agilizar las denuncias, fortalecer la intervención de las autoridades y castigar con prisión las lesiones y la muerte causadas por crueldad animal.
Por Glenda Alvarez
Diez perros que alguna vez fueron encontrados en condiciones de abandono o maltrato regresaron a las calles el pasado 30 de agosto. Esta vez no estaban solos ni buscaban comida o refugio. Caminaban junto a las familias que los adoptaron, como parte de la “4ta.Marcha por el Bienestar Animal”, convocada por Patitas a la Obra by Primitos.
La movilización comenzó en el parque Jocotenango, en la zona 1 de la ciudad de Guatemala, y se dirigió hacia la Plaza de la Constitución. Su principal demanda fue que el Congreso retome la discusión de las reformas a la Ley de Protección y Bienestar Animal y conserve uno de sus componentes centrales, incorporar al Código Penal las lesiones y la muerte por crueldad animal como delitos.
Detrás de la marcha se encuentra una comunidad que comenzó rescatando perros y gatos y que, con el tiempo, terminó involucrándose en el proceso legislativo.
Lo que comenzó en 2022
Patitas a la Obra nació en diciembre de 2022 como un proyecto social de Primitos, una comunidad integrada por personas que adoptan, rescatan y cuidan animales. La iniciativa es administrada por cuatro mujeres, entre ellas Miriam Girón.
Foto: Patitas a la Obra by Primitos
En una entrevista con Prensa Comunitaria, Miriam comentó que no cuentan con un albergue ni con una sede para recibir animales. Su trabajo depende de hogares temporales, aportes propios y una red de personas que colaboran con atención veterinaria, alimentación, difusión y adopciones.
“Nosotros no tenemos albergue, sino que cada uno hace sus rescates. Todo depende de encontrar hogares temporales”, explicó Miriam.
Con el tiempo, los casos que conocieron les hicieron comprender que rescatar un animal a la vez no resolvería un problema marcado por el abandono, la reproducción sin control y las limitaciones institucionales para responder ante el maltrato animal.
En 2023 organizaron su primera marcha y comenzaron a estudiar la Ley de Protección y Bienestar Animal (Decreto 5-2017). A partir de esa revisión, según Miriam, elaboraron un articulado con asesoría legal y buscaron acercamientos con diputados y asesores del Congreso.
Las denuncias aumentan, pero no muestran todo el problema
Los registros oficiales muestran un incremento en las denuncias recibidas por la Unidad de Bienestar Animal del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación (MAGA)
Según información presentada por el Congreso, en 2023 se registraron 323 denuncias por posibles casos de maltrato o crueldad animal. En 2024 se recibieron 343 y durante 2025 la cifra aumentó a 452.
En 2024, las autoridades también reportaron la atención de 1,722 animales por maltrato, 1,288 perros, 418 gatos, 15 equinos y una cabra.
Foto: Patitas a la Obra by Primitos
Estas cifras corresponden únicamente a los casos que llegaron a conocimiento de las instituciones. No representan la totalidad de animales abandonados o maltratados en el país, porque muchos hechos no se denuncian o no quedan registrados.
Para las personas rescatistas, una dificultad adicional es el tiempo que puede tomar la respuesta institucional. El procedimiento administrativo del MAGA contempla diferentes etapas, entre ellas la revisión de la denuncia, programación de una inspección, la elaboración de informes y la emisión de una resolución.
Dependiendo de si se requieren medidas correctivas, el trámite puede extenderse entre 30 y 120 días. Durante ese tiempo, advierten las integrantes de Patitas a la Obra by Primitos, un animal podría permanecer expuesto al maltrato, ser trasladado o morir antes de que concluya el proceso.
Una ley administrativa frente a hechos de extrema crueldad
La Ley de Protección y Bienestar Animal, vigente desde 2017, clasifica las infracciones como graves, muy graves y gravísimas. Las sanciones equivalen a multas de cuatro, ocho o doce salarios mínimos mensuales, respectivamente.
La normativa considera una infracción muy grave cometer actos de crueldad que provoquen daño o sufrimiento, abandonar animales o someterlos a trabajos que excedan su capacidad física.
Entre las infracciones gravísimas se encuentran promover peleas de animales, envenenarlos, intoxicarlos, sepultarlos vivos o causarles la muerte mediante procedimientos que generen o prolonguen su sufrimiento.
Esto significa que, bajo el marco administrativo vigente, la muerte de un animal por crueldad solo puede dar lugar a una sanción administrativa. El vacío señalado por las organizaciones es que las lesiones y la muerte causadas por crueldad no están tipificadas como delitos específicos en el Código Penal.
Para Patitas a la Obra by Primitos, una multa no produce el mismo efecto preventivo que una consecuencia penal. “Creemos que puede ser un buen disuasivo para que ya no haya tantos casos de muerte por crueldad y de maltrato”, sostuvo Miriam.
La organización también señala dificultades para ejecutar rescates inmediatos. El artículo 47 de la ley vigente ya permite que la Policía Nacional Civil y las autoridades municipales rescaten y retengan preventivamente a un animal cuando sorprenden a una persona cometiendo una infracción en flagrancia.
Sin embargo, Miriam asegura que, en la práctica, las personas rescatistas reciben respuestas contradictorias sobre las facultades de la Policía y el procedimiento que debe seguirse. Por esa razón, la reforma buscaría establecer plazos y precisar la ruta institucional.
¿Qué cambiaría con la reforma?
Un dictamen emitido el 11 de septiembre de 2025, unificó varias iniciativas de ley que buscan penalizar el maltrato y la crueldad animal. Las propuestas fueron presentadas formalmente por diputados y posteriormente analizadas por la Comisión de Bienestar Animal, que realizó mesas técnicas con instituciones públicas y organizaciones dedicadas a la protección animal.
Foto: Patitas a la Obra by Primitos
Miriam afirma que Patitas a la Obra trabajó su propia propuesta y promovió varias de las medidas que finalmente fueron recogidas en el dictamen. La organización también mantuvo reuniones con diputados y desarrolló acciones de cabildeo para que la reforma avanzara.
Uno de los cambios propuestos permitiría presentar denuncias de forma verbal, escrita o electrónica ante la Policía Nacional Civil o la Unidad de Bienestar Animal, sin exigir documentos o formalidades adicionales que no estén contemplados en la ley.
Después de recibir la denuncia, las autoridades tendrían un plazo de cinco días hábiles para verificar el caso. La Unidad de Bienestar Animal debería emitir una resolución dentro de los ocho días siguientes a la elaboración del acta de inspección.
Cuando existan indicios de maltrato o crueldad, la Policía podría rescatar y retener preventivamente al animal. Posteriormente, este podría ser entregado a la Unidad de Bienestar Animal o a una asociación registrada para su resguardo temporal, mientras continúa el procedimiento contra la persona señalada como responsable.
La propuesta también obligaría a la Unidad de Bienestar Animal a realizar y supervisar jornadas de esterilización y castración de perros y gatos abandonados o en situación de calle. Las actividades podrían coordinarse con municipalidades, el Ministerio de Salud Pública, instituciones académicas y organizaciones privadas, con prioridad para comunidades de menores recursos.
Además, el texto plantea incorporar contenidos sobre protección y bienestar animal en el sistema educativo y desarrollar campañas públicas para explicar cómo identificar y denunciar casos de maltrato.
Prisión por lesiones y muerte
El cambio más relevante para las organizaciones sería la creación de dos delitos en el Código Penal.
La propuesta de artículo 347 F establece que causar lesiones a un animal mediante actos de maltrato o crueldad podría castigarse con prisión de uno a tres años, una multa equivalente a 15 salarios mínimos mensuales y el decomiso de los animales que permanezcan bajo el cuidado de la persona responsable.
Si las lesiones colocan en grave peligro la vida del animal, la pena podría aumentar en un 50%.
El artículo 347 G establece castigar con prisión de dos a cinco años a quien cause la muerte de un animal mediante maltrato o crueldad. También impondría una multa de entre 20 y 30 salarios mínimos mensuales.
Cuando el animal sea sometido a un sufrimiento grave y prolongado antes de morir, la pena podría aumentar hasta siete años y seis meses.
El dictamen incluye una excepción para los animales cuya “trazabilidad” pueda ser presentada o documentada. Miriam vincula esta disposición con procedimientos regulados, como la eutanasia veterinaria. Sin embargo, considera que este es uno de los aspectos que debería aclararse durante la discusión artículo por artículo para evitar interpretaciones ambiguas.
Los obstáculos que han enfrentado
Para impulsar la propuesta, las integrantes de Patitas a la Obra se reunieron con diputados y representantes de distintas bancadas legislativas. Según Miriam, en esos encuentros hallaron inicialmente una disposición favorable para discutir la reforma.
El principal desacuerdo surgió alrededor de la propuesta para castigar con prisión las lesiones y la muerte causadas por crueldad animal.
La rescatista relató que durante una reunión con los diputados de la Unidad Nacional de la Esperanza (UNE), Lourdes Teresita de León Torres y José Inés Castillo Martínez, ambos manifestaron reparos sobre la incorporación de estos delitos al Código Penal.
Según su testimonio, uno de los argumentos planteados fue que las cárceles ya se encontraban sobrepobladas. También cuestionaron que la pena solicitada para la muerte de un animal pudiera ser similar a la establecida para algunos delitos cometidos contra las mujeres.
La propuesta avanzó posteriormente en su primer, segundo y tercer debate. Sin embargo, Miriam asegura que integrantes de otras bancadas les advirtieron que la UNE buscaba apoyo para retirar los artículos relacionados con el Código Penal.
Patitas a la Obra by Primitos sostiene que aceptó reducir otros componentes de su propuesta para conservar esta parte. Para la organización, aprobar la reforma sin los nuevos delitos dejaría fuera el cambio que motivó su incidencia ante el Congreso.
“Nosotros elegimos que no vamos, bajo ninguna circunstancia, a avalar que quiten esa reforma del Código Penal”, afirmó Miriam.
Desde 2023, Patitas a la Obra ha organizado marchas y promovido reuniones, campañas informativas y acercamientos con legisladores.
La experiencia también ha evidenciado el desgaste que enfrentan las redes de rescate. Sus integrantes deben combinar esta labor con sus empleos, familias y gastos personales. A esto se suma la búsqueda constante de hogares temporales, tratamientos veterinarios y personas dispuestas a adoptar.
Miriam reconoce que el movimiento de protección animal tampoco está libre de diferencias y fragmentación. Sin embargo, sostiene que el objetivo común debe prevalecer sobre los desacuerdos entre personas u organizaciones.
Ahora la demanda de la organización se concentra en el Congreso y busca que la propuesta avance, pero que no pierda durante el último tramo del proceso legislativo la reforma penal que ha motivado su lucha.
