El congresista accionó contra las autoridades del Ministerio de Finanzas para revertir los cambios implementados en el sistema Guatecompras, al considerar que las modificaciones afectan los principios de publicidad, transparencia y fiscalización del gasto público.
Por Alexander Valdéz
José Chic, diputado de la bancada VOS, presentó un amparo contra autoridades del Ministerio de Finanzas por los cambios implementados en el sistema Guatecompras, al considerar que las modificaciones afectan los principios de publicidad, transparencia y fiscalización del gasto público. El reclamo se origina por las modificaciones realizadas a la funcionalidad “Buscar un proveedor”, que restringieron el universo de información que puede ser consultado en la plataforma.
Según el reclamo del legislador, estos cambios fueron implementados por la Dirección General de Adquisiciones del Estado (DIGAE) y limitan las posibilidades de rastrear información relacionada con proveedores y contrataciones públicas.
La acción señala como autoridades impugnadas al ministro de Finanzas, Jonathan Menkos Zeissig; al viceministro de Transparencia Fiscal y Adquisiciones del Estado, Carlos Augusto Melgar Peña; y a la subdirectora técnica Xiomara Lorena Morales Gordillo.
El diputado sostiene que Guatecompras no debe limitarse a ser un repositorio de documentos, sino que debe permitir conocer, analizar y fiscalizar el comportamiento de las contrataciones estatales. La acción reconoce que las autoridades tienen facultades para modificar el sistema, pero señala que estas deben ejercerse respetando las obligaciones de transparencia y acceso a la información pública.
“La Ley de Acceso a la Información Pública no protege únicamente la existencia abstracta del dato; exige condiciones que permitan acceso efectivo. Los principios de máxima publicidad, transparencia, sencillez y celeridad obligan a interpretar las herramientas públicas de consulta en favor de la fiscalización y no de su debilitamiento”, afirma.
Como medida provisional, el diputado pidió que se ordene al Ministerio de Finanzas restituir Guatecompras a su estado anterior mientras se resuelve el fondo amparo.
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Opacidad e impunidad
La DIGAE adscrita al Ministerio de Finanzas aplicó una modificación sustancial al sistema Guatecompras que ha tomado por sorpresa a usuarios, investigadores, periodistas, entre otros actores que se dedican a la fiscalización del gasto público. Hasta antes de esa fecha, la función “Buscar un proveedor” permitía consultar libremente un universo de más de nueve millones de personas individuales y jurídicas inscritas en el Registro Tributario Unificado (RTU), sin que fuera requisito que estos hubieran mantenido relaciones comerciales previas con el Estado.
Con el cambio implementado, el buscador ahora solo arroja resultados de aquellos que sí registran vínculos formales con procesos de adquisición o compras gubernamentales, excluyendo de un plumazo a la inmensa mayoría del padrón tributario.
Prensa Comunitaria evidenció que la medida fue ejecutada sin que mediara un período de información o consulta pública. El único aviso que recibieron los internautas fue un mensaje emergente dentro del propio buscador, aparecido cuando la restricción ya operaba en su totalidad.
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