Después de negar que hubiera restringido información, justificar la medida por la lentitud del portal y afirmar que Guatecompras “no es Facebook”, el Ministerio de Finanzas habilitó nuevas herramientas para consultar oferentes y representantes legales. Los cambios restituyen parte de las rutas utilizadas para fiscalizar las compras públicas, pero no devuelven el acceso a los más de nueve millones de registros disponibles antes del 21 de julio.
Por Rony Ríos
La respuesta del Gobierno a las restricciones implementadas en Guatecompras ha pasado por distintas etapas. En un inicio, el Ministerio de Finanzas, presentó el cambio como una mejora que no limitaba información. Días después, admitió que el buscador había dejado fuera aproximadamente 8.4 millones de registros. Tras las críticas de periodistas y organizaciones, habilitó nuevas opciones para consultar oferentes, representantes legales y otros participantes de las contrataciones públicas.
El Ministerio de Finanzas Públicas (Minfin), dirigido por Jonathan Menkos, mantiene que la modificación fue necesaria para mejorar el rendimiento del portal, proteger datos de personas sin relación con las compras estatales y ajustar la herramienta a la Ley de Contrataciones del Estado.
Sin embargo, la cartera todavía no ha restablecido el universo original del buscador, que permitía consultar más de nueve millones de registros y tampoco ha divulgado el análisis técnico completo que habría determinado la necesidad de reducirlo ni el documento mediante el cual se aprobó la decisión.
Las nuevas funciones, habilitadas el 1 de septiembre, permiten recuperar parte de la trazabilidad perdida, pero mantienen la consulta dentro del universo que el Minfin considera relacionado con las contrataciones públicas.
El cambio comenzó sin aviso público
La primera modificación fue implementada el 21 de julio por la Dirección General de Adquisiciones del Estado (DIGAE), dependencia del Minfin encargada de administrar Guatecompras.
Hasta entonces, la función “Buscar un proveedor” consultaba una base de más de nueve millones de personas individuales y jurídicas inscritas en el Registro Tributario Unificado (RTU). No era necesario que hubieran vendido bienes o servicios al Estado para que sus datos aparecieran.
Después del cambio, el buscador dejó de mostrar a quienes no tenían una vinculación registrada con procesos de adquisición o contratación pública.
El primer aviso consistió en un mensaje colocado dentro del propio buscador cuando la restricción ya estaba vigente, sin margen para la discusión de la medida.
En una respuesta entregada a Prensa Comunitaria el 29 de julio, el Minfin señaló que la medida buscaba hacer “más eficiente” la consulta y aseguró que bancos y otras instituciones utilizaban Guatecompras para obtener información como el DPI, NIT o domicilio de personas que nunca habían contratado con el Estado.
La cartera sostuvo desde entonces que el portal estaba diseñado para mostrar información sobre contrataciones públicas y no para funcionar como una base general de contribuyentes.
La publicación que activó la respuesta del Minfin
El 14 de agosto, Prensa Comunitaria publicó la investigación Gobierno de Arévalo cierra el acceso a la información para fiscalizar obra pública, en la que documentó las limitaciones en Guatecompras, SIGES y el portal del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social (IGSS).
La publicación señaló que las restricciones interrumpían rutas utilizadas para cruzar nombres, empresas, representantes legales, relaciones laborales, contratos y modificaciones de obras públicas.
Tres días después, el ministro Menkos reaccionó en X, aduciendo que había una confusión en la nota y adjuntando un comunicado del Minfn sobre el tema.
En ese pronunciamiento, publicado el 17 de agosto, el Minfin presentó el cambio como una “optimización” destinada a agilizar las consultas. La cartera aseguró que no había eliminado, modificado ni restringido documentos cuya publicación fuera obligatoria.
Sin embargo, el comunicado confirmó que la búsqueda ya no mostraba el mismo universo de información y a partir de la actualización, los resultados se concentraban en personas adjudicadas en eventos con Número de Operación Guatecompras (NOG), vinculadas con adquisiciones mediante un Número de Publicación Guatecompras (NPG) o que hubieran vendido bienes y servicios al Estado.
El Minfin admite que excluyó 8.4 millones de registros
El 20 de agosto, el diputado de VOS José Chic citó a las autoridades del Minfin para que explicaran los cambios. Menkos se excusó de participar y delegó la representación en el viceministro de Transparencia Fiscal y Adquisiciones del Estado, Carlos Augusto Melgar Peña.
También asistieron la directora general de Adquisiciones del Estado, Xiomara Lorena Morales Gordillo; el subdirector de Innovación y Guatecompras, Fernando Ruano; y funcionarios de las direcciones de Transparencia Fiscal y Contabilidad del Estado.
Durante la reunión, Melgar Peña confirmó que la base utilizada antes del 21 de julio contenía más de nueve millones de registros proporcionados por la SAT.
Morales, por su parte, señaló que el buscador recibía unas 600 mil consultas mensuales y que algunas de ellas afectaban la disponibilidad del sistema. Según las autoridades, el volumen de búsquedas podía provocar lentitud y dificultar la publicación de procesos de compra.
La dimensión del cambio fue precisada posteriormente en el oficio DIGAE-587-2026, fechado el 24 de agosto y firmado por Morales. El documento reconoce que la nueva búsqueda quedó reducida a poco más de 590 mil registros y que aproximadamente 8.4 millones dejaron de mostrarse mediante esa función.
El oficio también confirma que el Ministerio evaluó alternativas como ampliar la capacidad de los servidores e incorporar mecanismos adicionales de autenticación. No obstante, la DIGAE decidió reducir el universo porque consideró que la consulta sobre personas sin relación contractual estaba fuera de la finalidad de Guatecompras.
Las autoridades mencionaron estadísticas de uso, reportes de lentitud y solicitudes de personas que cuestionaron la publicación de sus datos, pero, no adjuntaron el análisis técnico completo, las métricas de rendimiento ni una evaluación que permitiera comparar el funcionamiento antes y después del cambio.
“Guatecompras no es Facebook”
El ministro Menkos asumió públicamente la defensa de la medida en una rueda de prensa en el Congreso de la República. Al ser consultado nuevamente, afirmó que Guatecompras no debía utilizarse para localizar personas sin relación con las contrataciones estatales.
“Guatecompras no es Facebook, Guatecompras no es un directorio como si fuera una guía telefónica”, declaró el funcionario.
Con esa explicación, el Minfin ha intentado separar dos discusiones: la publicación de documentos obligatorios sobre las compras estatales y la posibilidad de consultar datos que, aunque no estuvieran vinculados directamente con una adjudicación, permitían encontrar conexiones entre personas y empresas.
Antes del cambio, el nombre de un representante legal, contador o persona relacionada con una sociedad podía ser el punto de partida para identificar otras empresas y posteriormente verificar si habían participado en contratos públicos.
El Minfin sostiene que ese uso desvirtuaba el objetivo del portal. Periodistas y organizaciones fiscalizadoras han señalado que precisamente esa posibilidad de relacionar datos convertía a Guatecompras en una herramienta para descubrir vínculos que todavía no eran conocidos.
El Gobierno habilita nuevas funciones tras las críticas
El 1 de septiembre, la DIGAE anunció un segundo grupo de modificaciones. Esta vez, la institución aseguró que las nuevas herramientas permitirían relacionar información e identificar a quienes participan en las compras del Estado.
Entre las funciones incorporadas se encuentra una pestaña de “Representaciones”, que muestra las empresas en las que una persona figura como representante legal. También se habilitó un buscador independiente para comenzar la consulta con el nombre de una persona o empresa.
El portal agregó, además, una pestaña de “Participantes” en cada concurso. Esta permite identificar a oferentes, adjudicatarios, integrantes de juntas de licitación o cotización, responsables de dictámenes, supervisores y otros actores registrados.
El listado de ofertas también fue modificado para permitir la búsqueda por nombre y consultar la participación de empresas, aunque no hayan recibido la adjudicación.
Estas herramientas responden a dos de los principales cuestionamientos formulados desde que comenzaron las restricciones: la dificultad para seguir a oferentes no adjudicados y la pérdida de la ruta para conocer las empresas representadas por una misma persona.
El comunicado del Minfin no reconoce las nuevas funciones como una rectificación. Las presenta como parte de un proceso continuo de mejora de Guatecompras.
Pese a ello, su incorporación confirma que las opciones existentes después del cambio del 21 de julio no eran suficientes para realizar algunos cruces de información. De haberlo sido, no habría sido necesario agregar buscadores específicos para representantes legales, oferentes y participantes.
Una corrección parcial
Las nuevas herramientas recuperan parte de la capacidad para investigar relaciones dentro del sistema de contrataciones públicas. Ahora es posible seguir con mayor facilidad a los oferentes no adjudicados y encontrar empresas vinculadas con un mismo representante legal.
Sin embargo, no restituyen la búsqueda entre los más de nueve millones de registros del RTU. La consulta continúa limitada a las personas y empresas que el sistema reconoce como relacionadas con procesos de compra.
Esto significa que una persona sin participación contractual registrada continuará fuera del buscador, aunque su vínculo con un funcionario, representante legal o sociedad pudiera resultar relevante como punto de partida para una investigación.
El Minfin tampoco ha informado si habilitará una base abierta con mecanismos de seguridad, anonimización de datos sensibles o controles contra consultas automatizadas, como propuso la Asociación de Periodistas de Guatemala (APG).
La organización pidió restablecer las herramientas de búsqueda y señaló que podrían utilizarse recursos como captchas, bases descargables y separación entre información pública y datos sensibles, sin impedir la fiscalización ciudadana.
Los funcionarios responsables
Como titular del Ministerio, Jonathan Menkos tiene la responsabilidad sobre las modificaciones y ha sido el principal defensor público de la medida, ya que, el ministro sostiene que la cartera no restringió información relacionada con contrataciones y que únicamente corrigió una función que mostraba datos ajenos al propósito del sistema.
El viceministro de Transparencia Fiscal y Adquisiciones del Estado, Carlos Augusto Melgar Peña, tiene bajo su área las políticas de transparencia y adquisición pública. Él fue quien representó al Ministerio durante la citación legislativa con el diputado José Chic y explicó los argumentos técnicos y legales utilizados para justificar el cambio.
Melgar Peña es abogado especializado en transparencia fiscal, acceso a la información y combate contra la corrupción, que antes de ingresar al Gobierno de Arévalo trabajó durante varios años en el Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales (Icefi) junto a Menkos, donde fue investigador del área de Acción Política. Desde allí evaluó políticas de transparencia, Gobierno Abierto, participación ciudadana y uso de recursos públicos.
Durante años defendió que la transparencia fiscal debía permitir a la ciudadanía conocer, analizar y fiscalizar el uso de los recursos públicos. En 2021, por ejemplo, escribió sobre el derecho de acceso a la información fiscal; en 2023 abordó el uso indebido de fondos estatales durante las campañas electorales.
La responsabilidad administrativa directa corresponde a la Dirección General de Adquisiciones del Estado, encabezada por Xiomara Lorena Morales Gordillo, ya que, el artículo 15 de la Ley de Contrataciones del Estado faculta a esa Dirección para diseñar, administrar y normar Guatecompras. La DIGAE confirmó que implementó el ajuste y Morales firmó el oficio en el que se reconoce la exclusión de aproximadamente 8.4 millones de registros.
Morales Gordillo dijo que la decisión la había tomado ella personalmente, es abogada especializada en derecho tributario y su trayectoria profesional está vinculada principalmente con la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT).
Vox Populi informó que Morales estuvo casada durante cinco años con Juan Carlos Villeda Sandoval, hermano de Marco Antonio Villeda Sandoval, actual ministro de Gobernación.
El subdirector de Innovación y Guatecompras, Fernando Roberto Ruano Fernández, pertenece a la unidad encargada del funcionamiento y desarrollo del portal. El funcionario ha participado en las explicaciones técnicas y capacitaciones posteriores, aunque los documentos públicos revisados no precisan quién programó el cambio, quién redactó el análisis técnico ni qué autoridad emitió la instrucción operativa final.
Ruano es un ingeniero en Sistemas egresado de la USAC que aparece en las nóminas del Minfin, por lo menos, desde 2018. En 2021 fue ascendido al puesto de subdirector técnico III, especialidad Administración de Sistemas de Informática. Desde enero de 2022 aparece como subdirector de Innovación y Guatecompras.
Ruano también fue consultor del Minfin entre 2009 y 2012, obteniendo Q633 mil 920.90 por sus servicios.
Además, Ruano es representante legal de una copropiedad denominada IT & Security Solutions, empresa relacionada con la seguridad informática.
