Abogados sin Fronteras Canadá y la abogada de derechos humanos, Claudia González, presentaron la decisión del Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas que analizó el caso de la privación de libertad de González y que concluyó que su detención fue arbitraria.
“Esta decisión llega a corroborar que hay una responsabilidad específica del Ministerio Público, el exfiscal Noé Rivera…pero no solo contra él, sino contra el juez B del Juzgado Décimo, Jimi Bremer”, señaló la abogada en una rueda de prensa.
Por Regina Pérez
La mañana del 28 de agosto de 2023, la abogada defensora de derechos humanos, quien ejercía la defensa de varios exfiscales llegó esposada a la Torre de Tribunales, luego de ser detenida por abuso de autoridad. Tres años después, el Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas concluyó que su detención y privación de libertad fueron arbitrarias.
La decisión del Grupo de Trabajo se dio a conocer por Abogados Sin Fronteras Canadá (ASFC) junto a la abogada guatemalteca. Según la directora de ASFC en Guatemala, Claudia López, la ONU estableció que su privación de libertad fue arbitraria y violó derechos fundamentales, su detención se produjo sin base legal, que estuvo vinculada con el ejercicio de su profesión y su participación en la lucha contra la corrupción.
La detención se realizó tras una denuncia de la entonces magistrada de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), Blanca Stalling, ya fallecida, quien denunció a González por abuso de autoridad, pese a que dicha figura penal no era aplicable debido a su condición de mandataria de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), ya que este delito sólo se aplica a funcionarios públicos.
A partir de su arresto se dieron una serie de irregularidades, desde su primera declaración, que rindió nueve días después de ser detenida (según la legislación guatemalteca se prevé un plazo de 24 horas para rendirla) suspensiones injustificadas del proceso, negativa de acceso al expediente y la reserva de las audiencias en el Juzgado Décimo Penal, a cargo del juez décimo, Jimi Bremmer, entre otras.
Señala responsabilidades en las violaciones a sus derechos
González señaló que esta decisión llega a corroborar la responsabilidad específica del entonces fiscal Noé Rivera y del juez Jimi Bremer y que el Ministerio Público puede determinar esas responsabilidades. Pero también alcanza a la Sala Primera de la Corte de Apelaciones porque acudieron a dicha Sala con apelaciones, que dieron con lugar pero no revirtieron las decisiones arbitrarias de Bremer.
También señaló a los magistrados de la Sala Segunda de la Corte de Apelaciones por atrasar el inicio del debate oral y público en su contra, que está programado hasta mayo de 2027.
Y finalmente señala responsabilidad del Consejo de la Carrera Judicial del Organismo Judicial (OJ) ya que ha denunciado al juez Bremer en varias oportunidades de forma administrativa y nunca ha obtenido una resolución imparcial sobre este tema.
Indicó que hay una responsabilidad sobre su persona y su ejercicio profesional, “nunca cometí una ilegalidad y hasta hoy estoy sufriendo las consecuencias de estar ligada a un proceso penal que ni siquiera debía llevarse a cabo porque no hay delito ni pruebas”.
Una detención arbitraria
El abogado Alfredo Ortega resaltó que el Grupo de Trabajo encontró cuatro razones para concluir que su detención fue arbitraria.
Lo primero es que la orden de aprehensión y la orden de prisión preventiva fueron infundadas. Ni el fiscal Noé Rivera (Asuntos Internos) sustentó sus solicitudes y el juez responsable Jimi Bremer no razonó sus decisiones.
Lo segundo es que el caso en contra de González fue una represalia política, una venganza personal y por lo tanto ella no debió ser perseguida penalmente. “Ella fue objeto de persecución política por su colaboración con CICIG y su rol de defensora de derechos humanos” dijo.
El Grupo de Trabajo encontró que hubo graves violaciones al debido proceso, entre ellas dilaciones indebidas, suspensiones y demoras innecesarias provocadas por el MP y el juez, denegaciones arbitrarias al expediente y restricciones ilegítimas a la publicidad del proceso. Ni el MP ni el juez ofrecieron garantías de independencia e imparcialidad, dijo Ortega.
Y como punto cuatro destacó que se probó que hubo un patrón de discriminación que ha sido dirigido en contra de fiscales, funcionarios, defensores de derechos humanos y otros operadores de justicia vinculados a la lucha contra la corrupción y la impunidad. “Se logró demostrar ante un órgano colegiado que esta campaña de persecución política existió y debe ser sancionada”.
En la Opinión Número 28/26, en su categoría V, el Grupo de Trabajo señaló que este patrón se evidenció en la remoción o traslado de 12 fiscales de la Fiscalía Especial contra la Impunidad y el exilio de otros operadores de justicia por temor a represalias, varios de los cuales han sido detenidos en el marco de procesos penales instrumentalizados o, como en el caso de González Orellana, en procesos “armados” en su contra.
Un antecedente
La abogada señaló que con esta decisión el Grupo de Trabajo solo respalda lo que ella ha indicado en su defensa, “que estoy pasando por un proceso de manera injusta, que fue una decisión arbitraria, que yo nunca debí pasar por la cárcel ni pasar por todos estos procesos que aún tienen consecuencias personales”.
Considera que esta decisión internacional tiene un impacto porque obliga al Estado de Guatemala a respetar los derechos humanos y permite a sus abogados determinar que hay una responsabilidad detrás de todo esto.
“Esto es un antecedente que me sirve a mí pero que va a servir para personas que no puedan sufrir por estas consecuencias arbitrarias, que no se tengan juicios arbitrarios, los jueces no tienen la misma palabra, el MP anterior no tenía la última palabra, sin embargo tiene que haber responsabilidad porque esto no puede ocurrir más adelante”, dijo.
La abogada indicó que ya está preparando una solicitud de antejuicio contra el juez Bremer así como una denuncia contra el exfiscal Noé Rivera.
Gobierno respondió tarde a solicitud
Algo que mencionó el Grupo de Trabajo en la Opinión fue que se realizó una solicitud al gobierno el 19 de diciembre de 2025 sobre este caso y se le pidió que presentara a más tardar una respuesta el 17 de febrero. La misma se presentó el 18 de febrero. En consecuencia no se aceptó dicha respuesta.
“El Grupo de Trabajo lamenta no haber recibido respuesta oportuna del Gobierno a la comunidad. En ausencia de dicha respuesta ha decidido emitir la presente opinión de conformidad con el párrafo 16 de sus métodos de trabajo”, indicó.
La opinión constó de seis puntos: la privación de Claudia González fue arbitraria; el Grupo de Trabajo pide al gobierno que adopte las medidas necesarias para remediar su situación sin dilación y considera que el remedio adecuado sería concederle el derecho a obtener una indemnización.
Este órgano instó al gobierno a llevar una investigación exhaustiva e independiente en torno de las circunstancias en torno a la privación de su libertad y adopte las medidas pertinentes contra los responsables de la violación a sus derechos; remite el caso a la Relatoría Especial sobre la Independencia de los magistrados y abogados para que tome las medidas correspondientes.
Finalmente insta al gobierno a difundir dicha opinión “por todos los medios disponibles y lo más ampliamente posible”.
