Esta fiscalía tendrá el reto de retomar la investigación de hechos de corrupción cometidos dentro de las instituciones públicas del país, una tarea que ahora estará dirigida por Nilson Castillo, quien asumió la dirección de esa unidad. La fiscalía durante los últimos ocho años, no solo fue desarticulada, sino también señalada de ser utilizada para cerrar distintos casos que salpican a distintos exfuncionarios de gobierno.
Por Alexander Valdéz
Durante las últimas tres gestiones del Ministerio Público (MP), la Fiscalía contra la Corrupción pasó a ocupar un papel secundario dentro de la estructura de la institución. La mayoría de los casos de corrupción y las pesquisas sobre redes de impunidad quedaron concentrados en la Fiscalía Especial contra la Impunidad (FECI), creada para trabajar de manera conjunta con la extinta CICIG. Pero, con la desaparición de esa fiscalía, la unidad contra la corrupción tendrá ahora un papel más relevante dentro del sistema de justicia.
Aunque la Fiscalía contra la Corrupción procesó algunos casos de alto impacto, durante la gestión de Stuardo Campo, quien actualmente está en prisión, las investigaciones de mayor relevancia quedaron principalmente en manos de la FECI. Y, en los últimos ocho años, perdió protagonismo, varios de los expedientes que llegaron a esa fiscalía fueron desestimados por quienes estuvieron al frente.
Por ejemplo, antes de la salida de la CICIG, la FECI llegó a convertirse en un referente en la investigación de estructuras criminales y redes de corrupción incrustadas en el Estado. Una responsabilidad que ahora recaerá en la Fiscalía contra la Corrupción y eso la convierte en una unidad clave con la obligación de investigar este tipo de estructuras.
Al frente de esa tarea estará Nilson Castillo, designado como el jefe de la Fiscalía contra la Corrupción, según confirmó el Ministerio Público. Su nombre no es nuevo dentro de esa unidad. Castillo ha logrado permanecer en la institución pese a los movimientos y remociones registrados durante la gestión de Consuelo Porras.
Durante la administración de Thelma Aldana, Castillo ocupó el segundo puesto en la Fiscalía contra la Corrupción, después de Stuardo Campo. Ambos aparecían en las conferencias de prensa en las que el MP presentaba investigaciones y resultados de casos de corrupción.
A diferencia de Campo, Castillo, es un actor menos visible, logró mantenerse dentro del Ministerio Público durante los cambios que afectaron a fiscales que investigaron corrupción en esa unidad. Campo y el auxiliar fiscal Eduardo Pantaleón, entre otros funcionarios, enfrentaron traslados, procesos penales y detenciones en distintos casos.
Ahora Castillo, quien por más de una década ha integrado esa unidad, estará al frente de una fiscalía que, tras la liquidación de la FECI, tendrá el desafío de recuperar el protagonismo que perdió durante los últimos años.
El MP informó a Prensa Comunitaria que con el cierre de la FECI, se hará una redistribución de casos y personal en corrupción.
Los casos que se investigan
El MP aún no ha explicado cómo se hará la repartición de expedientes que antes estaban en la FECI y ahora podrían llegar a la Fiscalía contra la Corrupción. Pero, entre los procesos que están bajo la responsabilidad de dicha unidad figura el caso del Libramiento de Chimaltenango, una investigación que alcanzó a funcionarios de los gobiernos de Jimmy Morales, entre ellos el exministro de Comunicaciones José Luis Benito. El proceso quedó pendiente de avanzar hacia una nueva fase y, durante la gestión de Consuelo Porras no se conocieron nuevos resultados.
La fiscalía también tuvo a su cargo investigaciones relacionadas con plazas fantasma y contrataciones irregulares, así como una pesquisa por la supuesta adjudicación irregular del inmueble donde funciona el Instituto de la Víctima, durante la administración de Alejandra Carrillo. A estos expedientes se suman otras investigaciones por posibles actos de corrupción cometidos durante los gobiernos de Morales y Giammattei. Varios de esos casos no avanzaron y, con el paso de los años, terminaron archivados o desestimados.
Otros casos que estarían bajo su responsabilidad posibles hechos ilícitos vinculados con alcaldes y municipalidades, principalmente por denuncias sobre contrataciones, manejo de fondos públicos y otras actuaciones presuntamente irregulares a nivel local.
Estos expedientes forman parte de las investigaciones que ahora deberá asumir la fiscalía bajo la dirección de Nilson Castillo.
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¿Se reactivarán los casos?
Cuando Porras llegó al MP, al igual que en la FECI que diría Juan Francisco Sandoval,hubo una desarticulación en la Fiscalía contra la Corrupción. Entre los fiscales trasladados estuvo Stuardo Campo y el auxiliar fiscal Eduardo Pantaleón, ambos cuando fueron removidos trabajaban casos de alto impacto, que luego no avanzaron.
La unidad quedó posteriormente a cargo de los ahora exfiscales Aura Marina López y Raúl Figueroa. López llegó a convertirse en una persona de confianza de Porras; durante su gestión, la entonces fiscal general incluso la designó como su sustituta en caso de ausencia. De León también ocupó un papel relevante dentro de la fiscalía durante ese periodo.
Durante la gestión de ambos fiscales hubo poco avance de varios expedientes relacionados con funcionarios y personas vinculadas con los gobiernos de Alejandro Giammattei y Jimmy Morales. Algunas investigaciones quedaron estancadas, mientras otras terminaron archivadas o desestimadas.
Entre los casos archivos aparece el de los supuestos sobornos rusos, que alcanzaba al expresidente Giammattei; las investigaciones relacionadas con Alejandra Carrillo, exdirectora del Instituto de la Víctima y quien actualmente ocupa un puesto clave dentro del Organismo Judicial; y el caso sobre una carretera que conducía hacia una finca vinculada con Giammattei.
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“Se le debe de dotar recursos y personal capacitado”
La exfiscal anticorrupción Siomara Sosa considera que la Fiscalía contra la Corrupción siempre ha tenido a su cargo investigaciones de relevancia y que incluso algunos de los casos que posteriormente fueron trasladados a la FECI tuvieron su origen en esa unidad. A su criterio, con la administración de Gabriel García Luna debería recuperarse el papel de esa fiscalía, dotándola de los recursos y del personal capacitado que necesita para desarrollar investigaciones de mayor alcance.
“Todo eso es necesario para poder realizar investigaciones del nivel que se necesitan, el nuevo fiscal debería tener presente que esas investigaciones son profundas y envuelven muchos aspectos, como el análisis financiero de los presupuestos de Estado y la ejecución de los mismos, la relación de las empresas contratistas con funcionarios públicos, lo que implica seguimiento y vigilancias y muchas otras capacidades, por lo que se necesitan nuevos fiscales con una visión proactiva”, afirma.
Sosa señala que este tipo de investigaciones requiere capacidades para analizar presupuestos y ejecución del gasto público, identificar vínculos entre empresas contratistas y funcionarios, además de realizar seguimientos y vigilancias. Por ello, considera necesario incorporar fiscales con una visión proactiva y cuestiona que la dirección haya quedado en manos de Nilson Castillo, a quien señala de haber permanecido durante años en la fiscalía y de haber mostrado opacidad en su actuación.
