Integrantes de organizaciones sociales y comunitarias denunciaron que la iniciativa 6816 presentada por el Gobierno el 3 de agosto pasado beneficia “abiertamente los intereses del sector privado y los capitales extranjeros en la iniciativa de ley presentada”. Las organizaciones identificaron al menos seis puntos que incentivan al sector privado como la legalización del uso excesivo del agua, mientras solo permiten una participación desigual de los pueblos indígenas en espacios de fiscalización.
Por Simón Antonio Ramón
La Comisión Plurinacional integrada por colectivos y organizaciones sociales y comunitarias a nivel nacional, rechaza la iniciativa 6816 conocida como la Ley de Aguas, presentada en el Congreso por el Gobierno, el pasado 3 de agosto.
Señalan que está diseñada para generar más incentivos y privilegios al sector empresarial.
“La ley crea los derechos de aprovechamiento especial de agua, que se otorgan a personas individuales o jurídicas que hacen uso comercial del agua, entre ellas mineras, agroindustrias, hidroeléctricas, embotelladoras y maquilas”, dijo Canek Chub de la Asociación Maíz de Vida, del departamento de Alta Verapaz.
Los beneficios al sector privado
Las organizaciones identificaron al menos seis puntos que incentivan al sector privado como la legalización del uso excesivo del agua que calificaron como abuso. El primero: “las sanciones por faltas y delitos como contaminación podrían quedar impunes, pues prescriben en cinco años”, denunciaron. El segundo beneficio es el derecho sobre el uso del agua por 25 años, que les permite venderlo a terceros y prorrogar ese permiso una vez finalizado el plazo.
El tercer beneficio al sector privado, según la Comisión Plurinacional del Agua, es la facultad de criminalizar a las resistencias comunitarias. “Las empresas titulares de estos derechos adquiridos pueden solicitar la protección legal del Estado cuando terceras personas se opongan, pongan en riesgo o afecten de alguna manera su derecho sobre el uso del agua”, señaló Kanek Chub.
Fotos Simón Antonio Ramón
El cuarto beneficio identificado, es que, a partir de la vigencia de la Ley las empresas no tienen la obligación de no contaminar, la única medida de control es una declaración jurada cada dos años.
El quinto beneficio, según las organizaciones, es el cobro por metro cúbico a las empresas, que podrán tener rebajas a un 70 por ciento cuando las empresas cumplan metas ambiguas o fáciles de alcanzar como reutilizar el 20 por ciento del agua que utilizan para sus actividades industriales. El sexto beneficio, es el establecimiento de servidumbres legales lo que facilita el saqueo corporativo y legalizar el despojo.
La creación de la Superintendencia de Agua
Para materializar esos beneficios según las organizaciones se crea una entidad denominada Superintendencia de Agua. “Lo más peligroso de la Superintendencia es su directorio, que está conformado por cuatro personas nombradas por ministros. Estos espacios se proponen como cuadros técnicos no políticos que podrían terminar capturando los intereses del pueblo que están en manos del Estado”, dijo Hugo González, integrante del Espacio de Autoridades Indígenas y Ancestrales Iximulew.
También señalaron que la participación de los pueblos Maya, Xinka y Garífuna en el consejo consultivo se limita a cinco espacios, aunque las decisiones de instancia no son vinculantes, mientras al sector empresarial se le otorgaron ocho espacios.
Blanca Morales del Colectivo Chiviricuarta de Palencia dijo que la Comisión de Ambiente del Congreso debe abrir audiencias para la Comisión Plurinacional para que puedan plantear sus inquietudes sobre esta iniciativa (6816) y la iniciativa 6834. “La iniciativa 6834 presentada el día lunes 24 de agosto de 2026 por Inés Castillo integrante de la bancada UNE pretende ser un distractor mientras se le da continuidad y avance a la iniciativa 6816”, señaló.
“La situación del agua hasta el día de hoy ha sido condicionada y afectada por acciones de quienes ven el agua como mercancía que puede ser objeto de explotación y acaparamiento”, dijo Vilma Chuy, del Consejo del Pueblo Maya (CPO). Señaló que los pueblos indígenas han hecho esfuerzo para el cuidado del agua por lo que se alcanzó una sentencia de la Corte de Constitucionalidad (CC) en 2019 al declarar al agua como un ser vivo que tiene derechos.
La discusión sobre la Ley de Aguas cobra mayor importancia tras la salida de Patricia Orantes del Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales (MARN). Tan solo 23 días después de haber presentado la iniciativa de ley como ministra, Orantes dejó el cargo para retornar a su curul en el Congreso de la República, desde donde dará seguimiento al debate.
Blanca Morales, dijo: “hacemos ver que existe un sesgo que favorece abiertamente los intereses del sector privado y los capitales extranjeros en la iniciativa de ley presentada”.
