Por Miguel Ángel Sandoval
Este 13 de agosto, atendiendo invitación de la oficina de resolución de conflictos de la gobernación de San Marcos, asistí a una reunión en verdad fundante de lo que debería ser la relación entre las comunidades organizadas con las instituciones del Estado de Guatemala y una empresa que, a todas luces, está situada en conflicto con la ley o en su práctica colisiona con la ley, pero sobre todo, con los derechos humanos de la población guatemalteca, especialmente la más desprotegida.
En la reunión participaron comunidades de diversos lugares de la geografía del departamento de San Marcos, de forma destacada, delegados de El Tumbador, Malacatán, Catarina, Tacaná, Nuevo Progreso, entre otras, así como autoridades municipales como el alcalde de San Pablo, el gobernador y una media docena de instituciones que tienen relación directa con la conflictividad en ese departamento del occidente del país.
Y también varias instituciones del Estado: Comisión Nacional de Energía, INDE, MEM. Casi como convidadas de piedra estuvieron Segeplan, la Comisión Presidencial de Atención a la Conflictividad, la Comisión Presidencial de Derechos Humanos, PNC y alguna más. Este grupo de representaciones, realmente irrelevante en el desarrollo de los dos momentos de la reunión.
Quizás lo más destacado en la primera parte del evento fue la exposición de todos los agravios sufridos por las comunidades por parte de Energuate y la falta de atención a sus demandas por parte de la mayoría de las instituciones representadas. Las intervenciones de cada una de estas instituciones vinculadas al tema de la energía y por tanto de la conflictividad que genera la empresa Energuate, fueron recibidas con un silencio sepulcral: ninguna presentó algo concreto y en sus intervenciones, dieron sobre todo, excusas, disculpas, justificaciones.
Al grado que a un funcionario del MEM con quien compartimos mesa, al regresar de su intervención, ante el silencio de escándalo que se instaló, le comente de lo difícil que era contar con el silencio administrativo… a lo cual solo asintió con pena. Se dio cuenta con realismo del rechazo de la reacción ante la gente tuvo a su intervención, quizás de buena fe, pero sin contenido para las exigencias de la gente.
El delegado del Tumbador presentó recibos o facturas tomados de los sitios de Energuate y dijo algo realmente sustantivo: hay mal servicio y cobros excesivos, deudas fantasma impagables y cobros a muertos (tengo en mi poder facturas o recibos a nombre de personas fallecidas). Además, señalo con indignación, juicios ejecutivos para intentar cobros de deudas por servicio de Q180,000, con exigencias de la empresa de pago inmediato del 50% y el resto con un plan de pago. Lo anterior se da aun y cuando hay cortes de 14 o 25 días de servicio y algunos con duración de ¡10, 12, 14 horas!
Desde Nuevo Progreso, otro delegado dijo con claridad, dirigiéndose a los funcionarios del INDE, MEM y CNE, que exigían precios justos y que estaban dispuestos a pagar una cuota fija de Q75 por mes, sin deudas. Y que el rechazo a pagar estaba avalado por la Constitución política de la República en el artículo 45. Mientras una lideresa de Malacatán dijo con toda claridad que en 23 comunidades estaban dispuestas a pagar Q50 mensuales como cuota fija y a cambio de buen servicio, sin cortes, pues era demasiado el abuso.
En cuanto a las amenazas de Energuate, la lideresa de Malacatán decía que los comunitarios habían acarreado postes, ayudado con los cables y ahora sólo recibían malos tratos de la empresa y la indiferencia de las instituciones. Un comunitario de San Pablo dijo de forma categórica que, por no resolver ningún solo tema, se declara que no se paga una factura. Al expresar que se habían enviado más de 150 actas de reclamos, protestas, demandas.
En Tacaná, Energuate no responde a los comunitarios. Se relata que ante la quema de un transformador no da respuesta y en ese caso los comunitarios tuvieron que hacer una cooperacha para poder tener uno. Decía que el INDE estaba informado de ello y que, en esa región del país, ni Energuate ni la Alcaldía miraban por los intereses de los comunitarios.
En resumen, la empresa Energuate fue puesta en el banquillo de los acusados con información concreta, casos claros, documentos, y argumentos, ante la institucionalidad del Estado representada por todas las instancias de gobierno que se señalan en párrafos anteriores. ¿Se tomarán las medidas indispensables y urgentes?
Un momento relevante de la reunión fue la crítica de los delegados a la PNC, pues consideraban que actuaba en interés de la empresa privada, no en defensa de los derechos de las personas. A ello el inspector de la policía en San Marcos se defendió señalando que ellos actuaban a requerimiento, es decir, cumpliendo órdenes. Aunque en verdad eso no explica el uso desproporcionado de la fuerzas, la represión en desalojos, por ejemplo, y que ello obedece a órdenes injustas, de hecho ilegales, que no sirven a los valores que debería de defender una policía que finalmente es resultado de los Acuerdos de Paz.
Por todo ello, desde varias comunidades el clamor fue uno y muy claro: Ya basta. Ante Energuate: “Borrón y cuenta nueva con las deudas”. Y pago de una cuota que sea manejable por las finanzas limitadas de las comunidades en donde a los trabajadores de la costa les pagan un jornal de Q40 violando con creces el salario mínimo.
Por ello, en palabras del gobernador, se debía poner las cosas en orden, pues hubo más de 250 mesas de diálogo sin solución. La empresa reivindica derechos y el sistema legal opta por la empresa, no por las comunidades. En este caso el territorio es lo central no una empresa. Y ello quiere decir que los recursos naturales, el agua, el bosque, la vida, no son patrimonio de una empresa privada, sino que son los activos de las comunidades.
Al concluir la reunión, los asistentes firmaron el acta en donde se insta a Energuate a no continuar con las amenazas, cobros ilegales, demandas, mal servicio, cortes antojadizos, así como se le indica que hay una mesa de diálogo institucional con comunitarios, para atender y resolver todas las anomalías que se le señalan. La continuación de la mesa de diálogo debe tener lugar en una semana en donde cada institución se comprometió a llevar soluciones, propuestas, actitud constructiva. Energuate está cuestionada.
