Una mujer de 74 años fue desalojada por 108 agentes policiales de manera violenta en su propiedad en Santa María Nebaj, Quiché. Juana Santiago es una mujer maya Ixil quién solicitó medidas de seguridad contra su hijo en 2023 por el constante acoso y actos de violencia en su contra para que abandonara su propiedad. Actualmente tras salir del hospital en donde fue internada por crisis nerviosa, vive con un familiar pero su sueño más anhelado es regresar a su hogar.
Por Lucero Sapalú
El desalojo de Juana Santiago Chel, una mujer Maya Ixil, de 74 años, por un contingente de 108 agentes de la Policía Nacional Civil (PNC), el pasado 30 de julio, que incluyó a las fuerzas especiales antidisturbios que usaron gases lacrimógenos, revive la realidad que alguna vez describió el poeta Luis de Lión durante la guerra interna en Guatemala: “Tanto zapato para aplastar un rocío, tanto ruido para acallar una voz, tantos cazadores para cazar un solo venado, tanto cobarde contra un solo valiente”.
Los atropellos se viralizaron inmediatamente en redes sociales y medios de comunicación, pero ocho días después nadie responde por el bienestar de Juana. La mujer de la tercera edad, salió de un centro asistencial ubicado en Quiché después de ser atendida por crisis nerviosa y algunos golpes propinados en la revuelta. Actualmente se refugia en la casa de un familiar, sin apoyo estatal, sin la certeza de poder regresar a su vivienda y de procurar su alimentación.
Vecinos y algunos abogados defensores de derechos humanos informaron que la denuncia de los actos violentos fue interpuesta hasta 24 horas después del incidente en el Ministerio Público (MP). “Todos se han ido a tomar fotos con ella, a hacer informes, pero no ha recibido ayuda”, puntualizó un vecino.
La ayuda que se está recibiendo para la anciana ha sido de parte de los vecinos. En medios locales se ha iniciado una campaña para poder recaudar fondos a su favor, mientras que espera que las investigaciones avancen y la justicia llegue.
La comunidad ha comenzado la recolección de fondos para solventar los daños causados en su vivienda y el robo de su dinero, producto de remesas enviadas por un familiar desde los Estados Unidos. Durante el desalojo desaparecieron Q20 mil y un celular con los comprobantes de los envíos.
Un desalojo violento
En la orden de desalojo No, 14004-2023-0136 del Juzgado Pluripersonal de Primera Instancia Civil de Santa María de Nebaj firmado por la jueza Ada Madai López Morales, se señala que la orden de desalojo era en propiedad de Juana Santiago Chel.
“Como lo solicita el señor Pedro López, se ordena el lanzamiento de la parte demandada Juana Santiago Chel y de cualquier otra persona intrusa o simple tenedora, debiendo desocupar el bien inmueble ubicado en el lugar denominado Xecoxo de la Aldea Tzalbal del municipio de Santa María Nebaj, departamento de Quiché inmueble identificado en autos objeto del presente juicio”, resalta parte de la resolución.
Asimismo, la jueza solicitó el apoyo, “agentes de las Fuerzas Especiales de la Policía, para la práctica del lanzamiento en el lugar antes referido en caso de resistencia o intervención de personas ajenas, utilice la fuerza pública, siempre en observancia de los derechos humanos constitucionales”.
La mujer fue expulsada de su vivienda a manos de un comando de las Fuerzas Especiales de la PNC. El Ministerio de Gobernación en un comunicado no explicó si agotó durante esta diligencia judicial el protocolo de desalojos, sí trascendió que los agentes hicieron uso de la fuerza, tirando gases lacrimógenos y destruyendo las láminas que cubrían la casa de la anciana en donde vive con su hija, junto a otra persona con discapacidad.
Tras los hechos ocurridos, el ministro de Gobernación, Marco Villeda, dijo a medios de comunicación que se reevaluará si se cumplió con el protocolo en el lanzamiento, “Es una obligación legal y moral, pero hay que aclarar que la policía actúa con base a una orden judicial… porque se debe cumplir”, enfatizó, pero no ha vuelto a hablar del tema.
En Guatemala, el protocolo policial para desalojos de la PNC exige una orden de juez competente, un análisis de riesgo y la coordinación interinstitucional para garantizar los derechos humanos. La abogada Olga Ceto, afirmó que la jueza no se presentó y que el contingente policial llegó sin una orden de desalojo e incluso desalojaron un terreno privado que no es el que está bajo reclamo judicial. Se refiere a que la orden estaba autorizada para doña Juana Santiago Chel y no para la propiedad que fue desmembrada y que ahora pertenece a su hija Juan López Chel.
Juana, suplicó y se arrodilló para pedir que detuvieran el desalojo, los agentes policiales y otro grupo de personas que no fueron identificadas, continuaron sacando sus pertenencias a la calle y en el operativo se detuvo a Tomás Ceto, un familiar con discapacidad, que se opuso también a la intromisión.
Los agentes hicieron cumplir a toda costa la orden de lanzamiento otorgada por Ada Madaí López Morales encargada del Juzgado Pluripersonal de Primera Instancia Civil de Santa María de Nebaj, Quiché, a solicitud del hijo de la anciana, Pedro López Chel.
El desalojo se ordena bajo el Artículo 241 de Código Procesal Civil y Mercantil en el que se indica que sí pasan los días fijados por el juez para que una persona desocupe un inmueble y no lo hace, el juez ordena el lanzamiento. Sin embargo, en el operativo policial, no se presentó la orden judicial.
El incidente escaló y causó la indignación de los vecinos de la lejana comunidad de Xecoxol en la región Ixil, aproximadamente a 230 kilómetros de la capital guatemalteca. En horas de la noche del 30 de julio un grupo de personas quemó la casa de la jueza y del hijo de la anciana en rechazo a los hechos violentos durante el desalojo contra la mujer ixil. Además, lograron la liberación de Ceto.
Denuncias por violencia contra la mujer
El desalojo autorizado por la jueza comprendía una parte del terreno de 40 cuerdas aproximadamente 17 mil 470 metros cuadrados o 2.5 canchas de fútbol, la cual fue desmembrada en 2003, explica el abogado Gabriel Guzmán quien ha apoyado a Juana en todo el proceso legal. La disputa se viene registrando desde el año 2023.
Juana, le otorgó seis cuerdas a una de sus hijas, Juana López Santiago en 2003. Esto generó malestar a Pedro López Santiago, quien bajo engaños hizo firmar a la propietaria (mamá) en el año 2014 documentos para compra- venta a un tercero por el terreno, un hermano de la actual pareja de Pedro.
Según el abogado Guzmán, finalmente el terreno pasó a nombre de Pedro quien hizo una transacción de compra-venta con su cuñado convirtiéndose en el propietario del terreno por lo que pidió desalojar a la mamá, según consta en la resolución de la jueza.
Según documentos al que tuvo acceso Prensa Comunitaria, desde el año 2023 se ordenaron medidas de seguridad por violencia contra la mujer a favor de Juana Santiago y de sus hijas, Engracia y Juana López Chel.
En abril de 2026, Pedro fue declarado culpable por el delito de desobediencia en forma continuada, pues según el expediente el 1 de noviembre de 2025 intentó desalojar a su progenitora de la vivienda haciendo uso de violencia, violando así la medida de seguridad que gozaba Juana Santiago.
En Nebaj el problema de disputas por tierra es constante, sin embargo, los casos se conocen en la Alcaldía Indígena de Nebaj. Las personas involucradas aceptan el fallo de las autoridades ancestrales y se restituye la paz.
Este no fue el caso de doña Juana, pues Pedro no aceptó que interviniera la autoridad ancestral e interpuso una denuncia para solicitar legalmente que su progenitora abandone la propiedad de 40 cuerdas, dijo una de las autoridades que prefirió el anonimato.
Violación de derechos humanos
Micaela Curup, abogada Kaqchikel, enfatiza que se cometió una serie de violación de los derechos humanos y de irregularidades en el caso de la anciana, iniciando por no tener un intérprete ya que no habla castellano. Y que no tuvo asistencia jurídica y que debe tener medidas de reparación. Curup lamenta que esto viene a agravar la situación de las pocas mujeres indígenas y de tercera edad que tienen derecho a la tierra.
“Ella debe recuperar su tierra, su vivienda, su derecho a la alimentación porque durante el desalojo evidencia una serie de agravios que sufrió. Según el estándar internacional, el Estado debe asegurar su alimentación y vivienda como seguridad dos, es buscar certeza jurídica para re encauzar su proyecto de vida”, enfatizó la abogada.
Entre los agravios, explica que: “Seguramente no fue informada con tiempo, de un juicio de desocupación, seguro nunca supo del caso hasta que sufrió este desalojo, se violaron una serie de derechos humanos. Hay un enfoque intercultural que debe implementar el Organismo Judicial cuando se trate de conocer casos de pueblos indígenas y de mujeres indígenas. Protocolos que no existen”, señala.
Curup afirma que los jueces no aplican estándares internacionales sobre pueblos indígenas. “Prácticamente administran justicia pensando que solo hay una cultura, es una grave deficiencia que tiene el sistema judicial, ya sea por racismo o porque no hay voluntad para cambiar”, explica.
Asegura que algo que se ha reclamado durante el gobierno de Bernardo Arévalo es que pueda fijar una postura ante los desalojos que emita una disposición de desalojo para evitar violaciones a derechos de pueblos originarios.
La indignación de una comunidad
El desalojo ordenado por la jueza Ada Madia López Morales, generó la indignación del pueblo Ixil de Nebaj y esta indignación se generalizó a través de las redes sociales en otros puntos del país, condenando el exceso de fuerza y elementos con los que actuó en la PNC, dicho contingente trasladó a agentes desde la comisaría central ya que en el municipio cuenta únicamente con 22 agentes.
Tras un análisis de riesgo se solicitó a otros agentes, de acuerdo con información proporcionada en una citación de oficiales de la PNC al Congreso. La jueza solicitaba 40 agentes, pero se enviaron en total 108 para realizar un desalojo violento. Entre ellos había 12 mujeres según explicaron autoridades en la citación.
Durante el procedimiento se denunció que no había ningún intérprete del idioma Ixil, Juana Santiago y su hija, no hablan castellano. Un delegado del Procurador de Derechos Humanos (PDH) contradijo esa versión afirmando durante la citación el 3 de agosto que sí hubo un intérprete, pero hasta ahora no han revelado el nombre.
Además, el director de auxiliaturas de la PDH, Saúl Orellana, destacó que la institución participó durante la diligencia como observadora por orden judicial. Comentó que de oficio se abrió un expediente de investigación para determinar “sí hubo vulneración de derechos humanos y emitir las resoluciones correspondientes”. La PDH aún no ha entregado y afirma que aproximadamente dentro de dos semanas se haría la entrega del informe, sin especificar alguna fecha.
La Alcaldía Indígena Ixil de Nebaj, dio a conocer su rechazo ante los actos de violencia contra Juana Santiago y recordó que dentro de la cultura Ixil se respeta a los “abuelos y abuelas”. “La ley se hace para servir a la humanidad. En el presente caso, la ley debió garantizar la vida y la seguridad de la señora Juana, como persona de la tercera edad que vive sola sin la asistencia de su hijo quien debería atenderla”, cita la misiva donde reprochaban a Pedro López Santiago su actuar contra su progenitora.
Asimismo, hicieron un llamado a la población a no generar más violencia, “Estos actos no repararon el daño causado a la señora Juana Santiago Chel, solo causaron más víctimas y más daños. La inconformidad con los actos de los funcionarios y empleados públicos no se resuelven utilizando la violencia, existen mecanismos legales para resolverlos”, señaló la Alcaldía Indígena.
Siguen en vulnerabilidad
La abogada Olga Ceto, señala que Juana y su hija “fueron golpeadas y están atemorizadas. A veces se opta por callar, tiene que haber justicia. Ella (Juana Santiago) está diciendo la verdad, el terreno es de su propiedad. Este no es el único caso, queremos ver cómo van a responder todos los involucrados en esta violación a los derechos de las mujeres”, enfatizó Ceto.
La abogada también recalcó que lo que buscan es justicia, la devolución de su propiedad, de Q20 mil que le habían retirado por las remesas que reciben desde Estados Unidos y un celular que les robaron durante el desalojo, incluso perdieron los comprobantes de las transferencias.
Investigan hechos
El Ministerio Público (MP) dio a conocer que de oficio se abrió una investigación en este caso que se viralizó en las redes sociales para deducir la posible responsabilidad de diversas instituciones estatales en el desalojo violento.
Los abogados, Ceto y Guzmán denunciaron que no existía orden de desalojo en la vivienda de Juana López Santiago, a quien le heredó desde hace varios años, y el lugar al que ingresaron y donde vive Juana por los constantes acosos de su hijo para que ella abandone su propiedad.
“Buscaban desalojar a la mamá, pero ella ya vivía con su hija quien la cuidaba por temor a que pasara algo. Entonces tenían orden para entrar en las 29 cuerdas y no en la casa de la hija de la señora que fue donde se cometió el desalojo de manera violenta”, puntualizó Guzmán.
Explica que como el terreno se había desmembrado en 2003, eran dos propiedades diferentes y que ni la misma jueza ni agentes conocían el terreno de gran magnitud.
“Fue un error de las autoridades, ingresaron a una propiedad privada, en el inmueble equivocado, hay una violación clara a los derechos humanos, entraron, las agredieron, las cargaron, es algo traumático”, detalló Ceto.
“El desalojo era para mi hermana”
El hijo de Doña Juana, Pedro López Santiago señaló en un video que se publicó en las redes sociales que el desalojo no era en la vivienda de su mamá, sino que en una propiedad que ocupaba su hermana, Juana López Santiago y que recientemente él había adquirido en compra. Sin embargo, los documentos evidencian que el lanzamiento era contra su progenitora.
Señaló que las publicaciones en redes sociales eran falsas debido a que el desalojo iba destinado para la vivienda de su hermana.
“Mi mamá tiene su casa de adobe no sé qué estaba haciendo con mi hermana yo solo estaba exigiendo mis derechos por un terreno que recientemente compré y lo puedo demostrar con documentos”, enfatizó López Santiago.
¿Quién es la jueza?
El Organismo Judicial (OJ) por medio de un comunicado respaldó las acciones de la jueza de Primera Instancia Ada Madaí López Morales, del Juzgado Pluripersonal de Primera Instancia de Santa María Nebaj, y rechazó de forma enérgica los actos de “violencia e intimidación” en su contra.
Ada Madaí López Morales es la titular del Juzgado de Primera Instancia Civil de Santa María Nebaj y según reportes locales, es esposa de un pastor y miembro de la Iglesia de Dios Evangelio Completo del municipio de Nebaj.
Tras los incidentes, la jueza fue respaldada en la red social de X, por el cuestionado juez Fredy Raúl Orellana Letona, un juez señalado de corrupción e incluido en la Lista Engel por el Departamento de Estado de Estados Unidos.
Asimismo, durante la inauguración del Juzgado Pluripersonal de Nebaj en agosto de 2019, López Morales de Villatoro apareció junto a Néster Mauricio Vásquez Pimentel, quien entonces era magistrado de la Corte Suprema de Justicia y vinculado a Gustavo Alejos Cámbara, señalado en varios casos de corrupción.
Publicacion en Diario Centro América:
La constante de los desalojos
Durante el gobierno de Bernardo Arévalo se continúan registrando desalojos violentos como lo ha documentado Prensa Comunitaria, tal es el caso de las familias Q’eqchi’ en las Verapaces y en Izabal, los más recientes específicamente en la comunidad Buena Vista y Santa Rosita, mientras que algunas otras comunidades de Livingston viven en constante amenaza de despojo.
Los casos se han denunciado en instancias internacionales en 2024, Lourdes Haquelina Gómez Willis denunció ante la Organización de las Naciones Unidas que continúan los desalojos forzados en las comunidades indígenas guatemaltecas durante este gobierno.
En julio de 2025 Balakrishnan Rajagopal, Relator Especial de las Naciones Unidas sobre el derecho a una vivienda adecuada, solicitó al Estado de Guatemala detener los desalojos e instó a las autoridades de justicia a generar una moratoria de este tipo de acciones judiciales.
