Por Carmen Reina*
El domingo 12 de julio por la tarde, las y los guatemaltecos observamos al presidente Arévalo engullendo un “chicharrón con pelos” y dialogaba en perfecto inglés con un turista gringo en una amena conversación frente a Casa Presidencial. La imagen fue producida por el Instituto Guatemalteco de Turismo (INGUAT), con el interés de mostrar a “Guatemala como un país cálido y atractivo”. El presidente parecía muy complacido y sereno, degustando su chicharrón con el fondo de la popular canción Chicharrón con pelos.
Todo esto parecería muy positivo, si no fuera porque dos noticias graves —que en medio de pelos y chicharrones parecen no inmutar a la opinión pública y menos al mandatario— empañan la escena: hasta junio del presente año, se registraron 16 muertes de niños menores de 5 años por desnutrición aguda, lo que representa un aumento del 14.3% en relación con el año anterior (Ola, 2026). Los municipios donde se reporta la mayor cantidad de muertes son Fray Bartolomé de las Casas, San Pedro Carchá, Santa Catalina La Tinta y Santa María Cahabón, ubicados en el departamento de Alta Verapaz, en la Franja Transversal del Norte y en la región del Polochic. Los menores tenían menos de 2 años y eran indígenas; sufrían de los síndromes de marasmo y kwashiorkor.
Recuerdo a mi madre enfermera cuando me explicaba la naturaleza y la gravedad de estos casos. La muerte de estos niños ocurrió en su mayoría en hospitales públicos, a los cuales fueron llevados de manera tardía. Las causas son multidimensionales, enraizadas en la profunda desigualdad histórica en el país, especialmente en la zona de las Verapaces. Durante la Reforma Liberal (que inició en 1871 y se extendió hasta la Revolución del 20 de octubre de 1944), se despojó de sus tierras comunales a los pueblos indígenas para otorgárselas a europeos para la siembra del café. Vale recordar que, bajo un modelo semifeudal, las comunidades de pueblos originarios que ahí se ubicaban fueron asignadas a finqueros alemanes y belgas como “mozos colonos” para el cultivo de café y otros productos, bajo un régimen de servidumbre de la mano de obra.
En la región de la Franja Transversal del Norte y del Polochic, al racismo y al despojo de tierras se suman otros fenómenos que han generado condiciones de precariedad para las poblaciones q’eqchi’ que ahí habitan: masacres, polos de desarrollo, enfrentamiento y control militar durante el Conflicto Armado Interno. En la actualidad, estas comunidades son víctimas de un nuevo ciclo de despojo de tierras para el impulso de megaproyectos como hidroeléctricas (Oxec, Renace I, II, III, IV), explotación petrolera, cultivo de caña de azúcar (cuando funcionó el ingenio Chawil Utzaj) y, particularmente, la extensión de la palma aceitera. Como producto de todo esto, las poblaciones mayas han perdido tierras comunales y particulares (por despojo, venta o engaño) y se encuentran en condiciones de extrema vulnerabilidad para garantizar sus medios de vida y su seguridad alimentaria.
Pero la ausencia del Estado es dramática. Abundan las comunidades sin accesos adecuados ni caminos rurales, con carencia de escuelas y centros de salud, donde las municipalidades son el único referente público que las personas identifican. Este escenario ha sido tierra fértil para el trasiego de drogas, la expansión del narcotráfico y otras formas de crimen organizado. Además, son las zonas con mayor cantidad de niñas madres que han sido violadas; es decir, donde se registra la mayor prevalencia de embarazos en menores de edad. Son, a su vez, las áreas de mayor pobreza del país y con las tasas más altas de morbilidad y mortalidad materno-infantil.
¡Es hambre, señor presidente! Mientras usted come chicharrón con pelos y se gastan miles de dólares junto a un influencer gringo, la ineficiencia en la ejecución de fondos públicos para la prevención y atención de la niñez desnutrida llora sangre. Aunque la Secretaría de Seguridad Alimentaria y Nutricional (SESAN) indica que ha dado seguimiento y procurado la recuperación del 53% de los niños con desnutrición aguda, vale recordar que en este país la mitad de la niñez vive con desnutrición crónica.
Siempre he pensado que la eficiencia y coherencia de una administración pública se puede medir por la atención que presta a la desnutrición infantil. Al parecer, con el actual Ejecutivo no hay mayores cambios. Ahora, la estrategia “Mano a Mano” —un plan intersectorial del Gobierno de Guatemala diseñado para combatir la pobreza multidimensional y la desnutrición en las comunidades más vulnerables— pretende dirigir sus esfuerzos hacia este flagelo en 80 municipios de 13 departamentos (incluyendo Alta Verapaz, Huehuetenango y Quiché). Sin embargo, van tarde. A prácticamente un año de que termine el período de este gobierno, surgen serias dudas sobre la efectividad de estas medidas.
Así, el Estado y la sociedad continuamos indolentes; la desnutrición aguda y crónica ya son parte del paisaje, de la cartografía nacional. Lo más dramático es que nos hemos acostumbrado; nos hemos vuelto cínicamente insensibles. Pero que esta situación provenga de las autoridades públicas electas para gobernar la nación es mucho más grave. No deberíamos estar en paz mientras haya niños y niñas con hambre, hijos de madres desnutridas, sin opciones ni futuro.
Mientras escribo estas letras, la región de la Franja Transversal del Norte y del Polochic se ha inundado más de 40 comunidades y están anegadas, perdieron las cosechas del año y, como siempre, el Estado llega tarde a realizar estudios, sin una perspectiva clara que ofrezca opciones dignas ante este desastre humanitario.
¡Ah, pero que el presidente disfrute su chicharrón con pelos! La situación está “bien peluda” para la gente que pasa hambre, para los niños y niñas que mueren por desnutrición, para sus madres y para la juventud sin futuro que se arriesga a migrar y morir en el intento. Pero eso queda muy lejano; son solo “efectos colaterales”. Estoy segura de que eso no se le mostró al turismo, pues sería información “poco apropiada y políticamente incorrecta” para la campaña de promoción del INGUAT.
Este será el desafío más profundo para los próximos comicios. Combatir el hambre y la pobreza con políticas sociales eficientes y respuestas a las demandas sentidas de la población indígena debería ser la prioridad de quien ocupe la silla del Ejecutivo en el 2027. Esto requiere audacia, una articulación de múltiples actores y sectores para confluir en compromisos políticos, optimizar el funcionamiento del Estado y priorizar la inversión pública. Mientras haya niños muriendo de hambre, ni el Gobierno ni la ciudadanía deberíamos dormir en paz. Ojalá la indolencia no se torne en cinismo.
¡No queremos chicharrón con pelos, sino respuestas del Gobierno a los problemas centrales del país!
BIBILOGRAFÍA:
- Ola, Ana Lucía (2026). Suben muertes de niños por desnutrición aguda. Prensa Libre, 11 de julio del 2026. Pag. 4
*Socióloga feminista y artivista.
