“El periodismo puede responder mejor cuando trabaja junto a la gente organizada. Son las comunidades las que conocen su realidad, las que hacen las preguntas y las que aportan información que permite comprender lo que realmente ocurre. La colaboración entre ciudadanía y periodistas es una de las claves para construir investigaciones profundas”, Quimy De León
Por Derik Mazariegos
El avance de proyectos autoritarios, la captura de instituciones públicas y la persecución contra periodistas marcaron la conversación del foro La democracia bajo presión: el periodismo como actor democrático en Centroamérica, realizado durante la Feria Internacional del Libro de Guatemala (FILGUA). El encuentro reunió a Quimy De León, directora de Prensa Comunitaria; Óscar Martínez, jefe de Redacción de El Faro; y el antropólogo y periodista Juan Martínez, quienes reflexionaron sobre el papel del periodismo independiente en una región donde informar implica riesgos crecientes.
A lo largo del conversatorio se hizo evidente que el ejercicio periodístico trasciende la producción cotidiana de noticias, ya que investigar las estructuras de poder, registrar las violaciones a derechos humanos y seguir de cerca las luchas comunitarias fortalece la memoria colectiva y acerca a la ciudadanía historias y procesos que, difícilmente encuentran espacio en la cobertura mediática tradicional.
Las comunidades amplían la mirada periodística
Para Quimy De León, el periodismo comunitario halla su mayor fortaleza cuando trabaja hombro a hombro con la gente. Son quienes habitan los territorios los que verdaderamente conocen las transformaciones de su entorno cotidiano, logran identificar a los actores clave y preservan la memoria necesaria para entender procesos históricos y complejos. Por ello, De León destacó que los periodistas que reportan desde el terreno logran “otro nivel de comprensión” del territorio, algo imposible de alcanzar a la distancia.
Un claro reflejo de esta dinámica es la investigación Secretos Mineros de Prensa Comunitaria sobre la actividad extractiva en El Estor, Izabal; un esfuerzo que demandó años de acompañamiento y colaboración entre periodistas, autoridades indígenas, organizaciones civiles y medios internacionales. Este nivel de profundidad se logró, según De León, gracias a la “cercanía de escuchar lo que la gente espera” y a la paciencia para “madurar, entender y expresar lo que está de fondo, cuáles son los intereses y los capitales” en juego. El resultado fue una rigurosa documentación sobre violaciones a derechos humanos, daños ambientales y la admirable capacidad de organización de los pobladores.
Durante el conversatorio, la periodista hizo hincapié en el alto costo que pagan quienes defienden sus tierras: “quienes llevan la peor parte han sido las comunidades organizadas”. Ante esta realidad, el periodismo se convierte en una herramienta fundamental para registrar sus luchas, explicar los intereses de fondo y colocar estas realidades en el centro del debate público.
A pesar del clima de persecución, De León concluyó reafirmando su fe en la acción colectiva: “La esperanza en Guatemala sigue siendo la gente organizada… si el periodismo pone sus ojos ahí, hay esperanza en cuanto a seguirlo haciendo”.
Defender la agenda periodística
Conservar la autonomía en la agenda de investigación frente a gobiernos que buscan monopolizar el debate público es uno de los mayores desafíos para los medios independientes. Sobre este punto reflexionó Juan Martínez, quien advirtió sobre el peligro de permitir que los regímenes actuales lleven “la batuta de la narrativa”. Cuando esto ocurre, la prensa se ve obligada a desviar “muchísima energía” para defenderse de los ataques. Martínez calificó esta dinámica como un desgaste calculado: el tiempo que los periodistas invierten en demostrar que no son “criminales” es tiempo que dejan de usar para auditar al poder.
Caer en la trampa de responder a cada campaña de desprestigio agota recursos que el periodismo de profundidad necesita con urgencia. Por ello, argumentó que la prensa solo salva su relevancia si se niega a que la “urgencia de estos nuevos regímenes” controle su calendario editorial. Solo así se puede continuar investigando las fallas estructurales de la región como el “crimen organizado y maras”, el despojo de tierras o la “destrucción de la selva”, por mucho que el oficialismo intente borrar estos temas de la agenda diaria.
Mantener esta independencia editorial fortalece nuestra capacidad de entender las dinámicas del poder en Centroamérica. Finalmente, Martínez concluyó que la tarea más difícil es “convencer a las poblaciones de que estos temas marginales, entre comillas, en realidad tienen que ver con democracia”, y lograr que cada ciudadano vea cómo estas crisis, aparentemente lejanas, trastocan de lleno su “cotidianidad”.
Cuando investigar implica enfrentar al Estado
Al reflexionar sobre el ejercicio periodístico en El Salvador durante los últimos años, Óscar Martínez expuso cómo la balanza del riesgo ha cambiado radicalmente para El Faro. Documentar las entrañas del crimen organizado o la corrupción siempre fue peligroso, pero el panorama adquiere una gravedad inédita cuando el adversario a enfrentar es el propio Estado. La persecución, señaló Martínez, ha dejado de ser obra de actores aislados para convertirse en una política de un sistema donde “el control de los jueces, de los fiscales, de los forenses… es indolente”.
Hoy, las instituciones públicas son engranajes activos de la criminalización. Martínez detalló cómo el acoso estatal muta según la conveniencia: puede tomar la forma de una “demanda por evasión fiscal absolutamente pública”, escalar hacia el espionaje tecnológico profundo, con 22 personas del periódico intervenidas a lo largo de 17 meses o llegar al extremo de fabricar acusaciones por “tráfico de personas”. Estas tácticas son la prueba palpable de que los regímenes contemporáneos “no tienen freno” para silenciar el disenso.
Las consecuencias de esta realidad se miden en el exilio. Con “siete compañeros fuera del país”, el equipo ha tenido que reconfigurar para que la voz del medio no se apague. Aun frente a toda esta maquinaria, Martínez defendió que la respuesta irreductible debe ser un “periodismo profundamente de calidad”. Contra los abusos del poder y la propaganda oficial, el rigor documental es la herramienta que más incomoda: “por eso nos atacan a nosotros, porque ahí no tienen nada que decir… no hay una cantidad contraria a los hechos comprobados”.
La democracia como organización y contrapoder
Uno de los grandes consensos del foro fue reconocer que desde la óptica de las comunidades, la democracia ha trascendido las definiciones teóricas para volverse un territorio en disputa. Como ejemplo de esta nueva conciencia, Quimy De León señaló las movilizaciones de 2023 en Guatemala. Aquellos 106 días de resistencia, liderados por pueblos indígenas y autoridades ancestrales, cristalizaron la idea de que la democracia es, ante todo, “una forma de lucha”.
Esta reconfiguración del concepto es urgente frente a un aparato estatal que “no solo no representa a las mayorías, sino que ni siquiera las incluye”. Cuando el “Estado capturado” permite que las élites monopolicen instituciones; desde la universidad pública hasta las altas cortes, para profundizar el despojo extractivo, la organización de base se erige como el único contrapoder real. Desde esta trinchera, el periodismo comunitario no puede ser un espectador aséptico, es un aliado que acompaña el mandato de las asambleas, documenta la dignidad de la resistencia y defiende la posibilidad de un “nuevo horizonte”.
El periodismo como resistencia permanente
Cuando el Estado deja de garantizar derechos y se convierte en un factor de riesgo para la ciudadanía, el periodismo independiente asume una función de fiscalización frente a instituciones cooptadas. Durante el conversatorio, Óscar Martínez, jefe de Redacción de El Faro, advirtió que los regímenes autoritarios concentran el poder sin contrapesos y que el control sobre jueces, fiscales y otros operadores de justicia elimina las garantías para ejercer el periodismo. Desde esa realidad, afirmó que informar deja de ser únicamente una labor profesional para convertirse en una forma de resistencia.
Martínez también señaló que, en sociedades marcadas por la violencia y por democracias incapaces de responder a las necesidades de las mayorías, gran parte de la población enfrenta condiciones que dificultan su participación en la vida pública. Ante ello, consideró que el periodismo tiene la responsabilidad de documentar los abusos del poder y contribuir al conocimiento de los derechos ciudadanos.
Como reflexión final, los tres panelistas coincidieron en que el futuro del periodismo independiente en Centroamérica depende de su capacidad para sostener investigaciones rigurosas, mantener su autonomía editorial y fortalecer los vínculos con las comunidades organizadas. Frente al cierre progresivo de los espacios democráticos, concluyeron que la colaboración entre ciudadanía y periodistas fortalece la comprensión de las realidades que viven los territorios, contribuye a la defensa de la democracia, preserva la memoria colectiva y amplía el acceso a información de interés público.
