Por Juan José Hurtado Paz y Paz
Guatemala se ha estructurado como un país patriarcal, racista, clasista, violento, explotador y opresor. Somos mayoritariamente una sociedad conservadora, incapaz de dialogar con respeto. Es la herencia colonial de polarización que no logra ser superada.
Los acontecimientos recientes en Antigua Guatemala, donde el alcalde municipal y la corporación intentaron impedir la realización de una manifestación pacífica de la diversidad sexual, han puesto de manifiesto la manipulación de prejuicios para esconder su corrupción. No se trata únicamente de una discusión sobre los derechos de una población específica. Lo que está en juego es algo mucho más amplio: el derecho de toda la ciudadanía a expresarse, organizarse y participar en la vida pública sin que una autoridad decida arbitrariamente quién tiene derecho a ocupar los espacios comunes y quién debe ser excluido de ellos. Desde un enfoque de derechos humanos, toda persona por ser humana, independientemente de cualquier consideración o condición, debe gozar de derechos, los que progresivamente se han ido reconociendo.
Cuando una autoridad pretende sustituir la ley por sus prejuicios, estamos frente a una práctica autoritaria. La democracia no consiste en que las mayorías o los gobernantes impongan sus creencias particulares al conjunto de la sociedad. La democracia consiste precisamente en garantizar los derechos de todas las personas, independientemente de su condición, especialmente de aquellas que piensan diferente, viven diferente o pertenecen a segmentos de la población o grupos históricamente discriminados.
Sin embargo, sería un error pensar que este problema se limita a la diversidad sexual. Lo ocurrido en Antigua forma parte de un contexto más amplio en el que diversos sectores de la sociedad guatemalteca enfrentan la exclusión, despojo, la explotación y el silenciamiento.
Lo viven las comunidades indígenas y campesinas cuando se reactivan proyectos mineros sin que se respeten plenamente sus derechos, mientras enfrentan el riesgo de desplazamiento, contaminación y pérdida de sus medios de vida. Lo viven los pueblos que no son consultados por aquello que les afecta de manera directa. Lo viven quienes defienden el territorio y los bienes naturales frente a intereses económicos poderosos.
Lo viven las y los universitarios que se oponen a los intentos de imponer autoridades ilegítimas en la Universidad de San Carlos, una institución que históricamente ha sido un espacio fundamental para el pensamiento crítico y la participación democrática.
Lo viven las familias de las personas desaparecidas, que continúan exigiendo verdad y justicia después de décadas de búsqueda incansable, enfrentando muchas veces la indiferencia institucional y la resistencia de quienes prefieren que el pasado permanezca en silencio.
Lo vive también la ciudadanía que observa cómo numerosos casos de corrupción permanecen en la impunidad, mientras los mecanismos de justicia parecen actuar con severidad para unos y con indulgencia para otros.
Cada una de estas luchas tiene sus propias características y demandas. Pero todas comparten una misma aspiración: construir un país donde la dignidad humana valga más que el dinero, los privilegios o el poder; un país donde nadie sea perseguido por lo que es, por lo que piensa o por los derechos que reclama.
Es por eso que saludamos la valentía de quienes tienen que reivindicar orgullo frente a una sociedad que los niega y los discrimina. La democracia no es solo la búsqueda del bien común, sino también el reconocimiento de las minorías dentro de ese bien común. Existe el derecho a la igualdad, así como el derecho a la diferencia.
Las arbitrariedades e imposiciones, lejos de debilitar las demandas justas, ha generado nuevas muestras de solidaridad entre organizaciones sociales, colectivos juveniles, agrupaciones culturales, personas defensoras de derechos humanos y sectores comprometidos con una sociedad democrática e incluyente. Esta convergencia evidencia que la defensa de los derechos de los vecinos de Antigua, la población LGTBIQ+, los estudiantes y catedráticos universitarios, los indígenas, campesinos, son luchas que confluyen y deben ser una gran fuerza por una verdadera democracia, el respeto a la dignidad humana y las libertades fundamentales, en contra de las opresiones y las acciones dictatoriales.
Por eso, este es un momento que exige convergencia. No una convergencia basada en que todas las organizaciones y movimientos piensen igual, sino en el reconocimiento de que la democracia, los derechos humanos y la justicia son bienes comunes que deben ser alcanzados y defendidos colectivamente.
Quienes luchan contra el racismo, quienes defienden los territorios, quienes defienden la diversidad sexual, quienes buscan a sus familiares desaparecidos, quienes exigen transparencia y justicia, y quienes reclaman una universidad autónoma y legítima no están librando batallas aisladas. Están defendiendo, desde distintos frentes, la posibilidad de vivir en una sociedad verdaderamente democrática.
La historia demuestra que el reconocimiento de derechos no son concesiones voluntarias de quienes tienen poder, sino fruto de luchas sociales. Se consolidan cuando la ciudadanía los ejerce, los defiende y los convierte en una realidad todos los días. Asimismo, los avances democráticos nunca han sido obra de un solo sector. Han sido el resultado de la articulación de múltiples voces y múltiples resistencias. Necesitamos nuevamente esa capacidad de encuentro.
El país que soñamos no es un país construido en beneficio de las minorías poderosas. Es un país donde quepan todos los pueblos, todas las culturas, todas las identidades y todas las voces. Un país donde las diferencias no sean motivo de exclusión. Aspiramos al Buen Vivir que es bienestar individual y colectivo, material y espiritual, para todas y todos, en armonía y equilibrio entre humanidad, con la Madre Naturaleza y las energías del Universo.
Reiteramos: la disyuntiva es entre barbarie o democracia. ¿Queremos una sociedad gobernada por la imposición y el privilegio, o una sociedad basada en la igualdad de derechos y la participación de todas y todos?
Desde lo que pensamos muchos; queremos democracia, no dictadura.
