El pasado miércoles, Gabriel García Luna ejecutó una nueva ronda de cambios en las jefaturas de diversas fiscalías del Ministerio Público (MP). Los movimientos incluyen traslados y reasignaciones de fiscales que ocupaban puestos clave en unidades especializadas durante la gestión de Consuelo Porras.
Por Alexander Valdéz
Han transcurrido casi tres semanas desde que Gabriel García Luna asumió el mando del Ministerio Público (MP), un relevo que puso fin a ocho años de la gestión de Consuelo Porras y generó esperanza sobre una posible recuperación de la institución. Para la sociedad civil, el cambio representa la oportunidad de desmontar estructuras señaladas de haber utilizado la persecución penal con fines políticos, revisar decisiones cuestionadas y recuperar la independencia del ente investigador.
Por ahora, los primeros movimientos de García Luna se han concentrado, principalmente, en una reorganización interna como cambios en puestos clave de la estructura administrativa y fiscal, como lo anunció al asumir el cargo. Más que anuncios sobre nuevos casos o de revisiones de casos de criminalización.
Uno de los movimientos más significativos ocurrió apenas cuatro días después del relevo, con el despido de Rafael Curruchiche, uno de los fiscales aliados de Porras y sancionado internacionalmente por impulsar investigaciones contra operadores de justicia, periodistas y actores anticorrupción. A este cambio se sumaron las renuncias de fiscales vinculados a expedientes de criminalización, entre ellos Dimas Jiménez y Saúl Sánchez, así como la salida de Julio Recinos.
La reestructuración continuó. El pasado miércoles se conocieron nuevas decisiones que alcanzaron puestos claves dentro del MP. Entre ellas figura la revocatoria del ascenso de Noé Rivera como fiscal regional, uno de los nombramientos realizados en los últimos días de la administración anterior.
Aunque el MP no ha trasladado la información oficial sobre los movimientos. Prensa Comunitaria conoció que el martes 2 de junio fue el día en el que más traslados de fiscales se ejecutaron, al menos 27 cambios. Entre ellos aparece Cinthia Monterroso, reasignada a la región centro-occidental del país, aunque conservando su mismo puesto como fiscal regional. Mientras tanto, Gilberto Porres, esposo de Consuelo Porras, y Raúl Figueroa, subjefe y jefe de la Fiscalía contra la Corrupción, respectivamente, fueron removidos de esa unidad y trasladados a otra unidad de investigación. Porres ahora estará en Palencia y Figueroa en la unidad de secuestros.
Entre los movimientos también figura el traslado de María Esther Guzmán de la Fiscalía de Narcoactividad a la de Delitos contra el Ambiente, la llegada de Hassen Coy a la Fiscalía contra la Delincuencia Organizada Transnacional, el paso de Alfredo Solórzano a Trata de Personas y la incorporación de Nelly Morataya a la FECI, pero que luego habría renunciado. También hubo cambios en Delitos Económicos, Migrantes, Adolescentes en Conflicto con la Ley Penal y Delitos Electorales.
Marilyn Solange Castillo, recordada por exponer un caso por la fuga de pandilleros del Barrio 18, ahora dirigirá la Fiscalía contra el Patrimonio Cultural de la Nación, que conoce expedientes contra estudiantes de la USAC.
Lizbeth Pérez de la Fiscalía de Delitos Electorales; unidad clave para 2027, ahora estará en Femicidio y en su lugar, llegó la fiscal Lisseth Mazariegos.
La reestructuración también se ejecutó en las fiscalías como Extorsiones, Delitos contra la Vida, Femicidio y Delitos contra Periodistas. Edgar Rolando Rodenas dejó la fiscalía que investiga delitos contra periodistas para integrarse a la de Corrupción.
A diferencia de las fiscalías en la que no se ha anunciado algún cambio está la de Derechos Humanos, integrada por Leonor Morales, una fiscal cercana al círculo de Porras y sancionada internacionalmente.
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Se debe corregir prácticas cuestionadas
Para Juan Francisco Sandoval, exjefe de la Fiscalía Especial contra la Impunidad (FECI), los relevos y traslados dentro del MP eran previsibles tras el cambio de fiscal general. Sin embargo, considera que el verdadero alcance de esta reestructuración no se medirá por la cantidad de funcionarios removidos o reubicados, sino por su impacto en la capacidad de la institución para investigar con independencia, fortalecer áreas estratégicas y recuperar la confianza ciudadana. A su criterio, la expectativa es que estos cambios contribuyan a corregir prácticas cuestionadas y a garantizar una actuación apegada al Estado de derecho.
“La salida de algunos funcionarios es un primer paso, pero también habrá que observar cuál será el tratamiento de fiscales que continúan en la institución pese a haber sido objeto de sanciones internacionales o de serios cuestionamientos. La renovación institucional no puede medirse únicamente por los relevos de personal, sino también por la capacidad de revisar actuaciones pasadas y evitar que posibles abusos o irregularidades queden en la impunidad”, explicó.
Sandoval añade que la renovación institucional no debe limitarse a un cambio de nombres dentro de la estructura del MP. Aunque la salida de algunos funcionarios representa un primer paso, señala que persisten interrogantes sobre el futuro de fiscales que continúan en la institución pese a haber sido objeto de sanciones internacionales o de cuestionamientos por su actuación en casos controvertidos.
Siomara Sosa, exfiscal del MP, es más crítica y señala que los cambios realizados generan más dudas que certezas sobre el rumbo de la reestructuración. Sostiene que varios de los traslados evidencian un posible desconocimiento de las capacidades, trayectorias y desempeño de algunos funcionarios dentro de la institución.
Sosa cuestiona particularmente la permanencia o reubicación de fiscales que, a su juicio, han mostrado resultados insuficientes en las unidades que dirigían. Desde su perspectiva, algunos de estos funcionarios debieron ser evaluados por resultados antes de ser reasignados a nuevas dependencias dentro del MP. La exfiscal también expresa reservas sobre la continuidad de figuras como Cinthia Monterroso y plantea interrogantes sobre los criterios utilizados para definir los cambios.
Carmen Rosa de León Escribano, activista, explicó que los cambios realizados por García Luna son un paso necesario para reestructurar una institución que, según ella, fue utilizada para criminalizar y perseguir a determinados sectores. Considera que la permanencia de algunas fiscales cuestionadas podría responder a la necesidad de investigar primero sus actuaciones y establecer responsabilidades con bases sólidas.
La activista agrega que el reto ahora es avanzar en la revisión de los casos de criminalización, las órdenes de captura y los expedientes sin sustento. “Creo que el fiscal ha actuado bien. Habrá que ver también cómo continúa, porque es demasiado, hay que rehacer prácticamente una institución. Ojalá él sepa cuáles fiscales puede promover y cuáles, pues evidentemente tiene que dejar al margen y creo que tampoco es una cosa inmediata, verdad, es decir, veremos resultados y bueno, creo que a partir de ahora, creo que sí habría que apurar el tema de la descriminalización”, indicó.
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Las prácticas cuestionadas
Uno de los principales cuestionamientos que enfrentó Porras durante sus ocho años al frente del ente investigador fue el abandono de investigaciones relacionadas con corrupción y estructuras criminales de alto impacto. Mientras varios casos emblemáticos perdían impulso o eran archivados, se iniciaron procesos de criminalización contra voces críticas.
La gestión de Porras fue señalada por utilizar determinadas fiscalías para impulsar investigaciones contra actores críticos de su administración y del sistema político. Entre las personas procesadas o investigadas figuran periodistas, defensores de derechos humanos, operadores de justicia, activistas, líderes estudiantiles de la Universidad de San Carlos de Guatemala y políticos de oposición.
Por ahora, aún varios de los funcionarios que ocuparon posiciones relevantes durante ese período continúan dentro de la institución. Entre ellos figuran fiscales como Leonor Morales, Cinthia Monterroso y Noé Rivera.
Dichas acciones se concretaron principalmente desde fiscalías como Asuntos Internos, Delitos Administrativos, Patrimonio Cultural y la FECI.
