La nueva Corte de Constitucionalidad enfrenta una prueba de fuego con el análisis del amparo presentado por Raúl Falla, que buscaba restar puntos o excluir a jueces que fueron considerados para la primera fase del proceso de selección de fiscal general del Ministerio Público.
Por Alexander Valdéz
Entre una decena de acciones legales planteadas contra la Comisión Postuladora del Ministerio Público (MP), figura una promovida por Raúl Falla, de la Fundación contra el Terrorismo, que captó el interés de los magistrados constitucionales: Dina Ochoa, Roberto Molina Barreto y Julia Rivera, que solicitaron la semana pasada agilizar el análisis de ese amparo.
La acción buscaba excluir a jueces como Marco Antonio Villeda, quien finalmente no fue incluido en la nómina, así como reducir la puntuación de quienes fueron beneficiados con un punteo adicional por sus años de ejercicio en la judicatura.
Aunque el primer pleno fue convocado para este miércoles, que será el estreno de la nueva magistratura, el tema que más atención concentrará y que será su primera prueba en un asunto coyuntural está previsto para el jueves, cuando se conozca el expediente 1926-2026.
Fuentes internas de la CC indicaron que la propuesta inicial será no conocerla y remitirla a una instancia civil, para que allí se determine si corresponde otorgar o no un amparo provisional. Esta propuesta coincide con el planteamiento formulado en los últimos días de gestión de la CC, encabezada por Leyla Lemus. Sin embargo, en este pleno podría resultar determinante el voto de Julia Rivera, representante de la USAC, para respaldar o rechazar ese proyecto.
El amparo de Falla, con sanción internacional de Estados Unidos por corrupción, plantea que existe una amenaza en el proceso de elección del fiscal general porque la postuladora podría no garantizar que todos los candidatos cumplan estrictamente con los requisitos constitucionales. Enfatiza que los aspirantes deben tener calidades equivalentes a las de magistrados de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), lo que implica haber sido magistrado de Salas de Apelaciones o tribunales colegiados por un período completo, o haber ejercido como abogado por más de diez años.
Además, el amparo solicita que se otorgue protección provisional y se ordene cumplir rigurosamente con el artículo 251 de la Constitución. Esto incluye que el tiempo ejercido como juez no debe contarse como experiencia válida para cumplir el requisito de haber ejercido la abogacía, lo que podría dejar fuera a aspirantes como Villeda.
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El proceso avanza
Pese a que unas horas después de asumir el cargo, las tres magistradas intentaron acelerar el pleno para resolver el amparo, este no se programó y la Comisión Postuladora y continuó con el análisis de expedientes e integración de la nómina final para enviarla al presidente Bernardo Arévalo.
Finalmente Villeda no fue parte de la misma, como se especulaba, y quedó fuera porque no alcanzó la nota mínima de 75 puntos para ser considerado entre los seis elegibles. El único con pasado como juez es Gabriel Estuardo García Luna, que por segunda vez es parte de la nómina final de aspirantes a fiscal del MP.
La lista de seis candidaturas queda integrada por Beyla Estrada, César Ávila Aparicio, Julio César Rivera Clavería, Gabriel Estuardo García Luna, Zoila Tatiana Morales y el exmagistrado de Sala, Néctor Guilebaldo de León. Es decir, de aceptarse el amparo relacionado con jueces, el único que podría verse afectado con la reducción de la nota es García Luna que tuvo 86.21 de puntaje, aunque se mantendría en 70 puntos.
En ese listado tampoco fue incluida Consuelo Porras, lo que para algunos podría representar un intento por detener el proceso e impedir que Arévalo elija a su relevo.
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Otros amparos en trámite
La CC no es la única que conoce acciones legales, están en curso otros planteamientos de aspirantes que no están de acuerdo con la forma en la que fueron evaluados. Un recuento de Guatemala Visible señala que existen al menos 20 amparos en curso.
El último en accionar fue el ministro de Gobernación, a quien no se le sumó puntaje en el rubro de experiencia profesional por una certificación de abogado extendida por la Corte Suprema de Justicia, en la que consta que se inscribió como abogado hasta ese año.
