Su asesinato ocurrió dos días después de la presentación del informe “Guatemala Nunca Más: Recuperación de la Memoria Histórica”; actualmente hay una persona sometida a proceso penal por el asesinato de Gerardi.
Por Simón Antonio Ramón
El domingo 26 de abril, feligreses católicos conmemoraron 28 años del asesinato del obispo Juan José Gerardi Conedera. Dos días antes de su asesinato, el 24 de abril de 1998 presentó en la Catedral Metropolitana el informe “Guatemala Nunca Más: Recuperación de la Memoria Histórica”, también conocido como el REMHI, que documentó las violaciones de derechos humanos que sufrieron las comunidades afectadas por la guerra interna entre 1960 a 1996.
En este contexto, la Oficina de Derechos Humanos del Arzobispado de Guatemala (ODHAG) organizó diversas actividades como una misa en la Catedral, se abrió el lugar en donde se encuentran sus restos y una exposición que se proyectó en el Palacio Nacional y que estará disponible al público hasta el 15 de mayo, además de una caminata que partió de la Catedral hacia el Parque San Sebastián a pocos metros donde fue asesinado.
Feligreses acompañan las actividades en memoria de Monseñor Gerardi. Foto Simón Antonio
En dicho lugar se erigió un monumento en el cual fueron depositadas numerosas flores.
El informe REMHI marcó un parteaguas
“Mientras no se sepa la verdad, las heridas del pasado continuarán abiertas sin cicatrizar”, dijo Gerardi desde el púlpito de la Catedral Metropolitana ante medios de comunicación, cuerpo diplomático, representantes del gobierno de turno y organizaciones sociales que asistieron a la presentación del informe REMHI el 24 de abril de 1998. El informe fue proyecto interdiocesano que se había trabajado durante dos años y el primer informe que nombró que lo que había ocurrido en Guatemala fue un genocidio.
Nery Rodenas, director de la ODHAG, frente a la Iglesia de San Sebastián, durante el aniversario del martirio de Gerardi. Foto Simón Antonio
Nery Rodenas, director de la ODHAG señaló que el REMHI marcó un antes y un después en la documentación de la guerra en el país. “Es un informe que marcó un parteaguas en Guatemala, cuando por fin se estaba conociendo las atrocidades de la guerra, por lo tanto para nosotros es importante que se conozca la verdad, mucha gente quisiera que eso no se conociera, porque creemos es importante la pacificación, la reconciliación y el perdón”, dijo Rodenas.
Planteó que este informe ha sido útil en la búsqueda de la justicia en juicios contra militares acusados de crímenes de lesa humanidad. “El informe da un marco de contexto de la guerra en Guatemala, cuál fue la función que cumplieron los diversos actores y eso orienta bastante para los juicios que se están realizando”, dijo.
Un caso que sigue en Tribunales
El 7 de junio de 2001 se emitió una sentencia en contra de los militares Byron Lima Estrada y a su hijo Byron Lima Oliva, Obdulio Villanueva y en contra del sacerdote católico Mario Orantes y se dejó abierta la investigación en contra de 13 personas entre ellas Rubén Darío Morales, exintegrante del Estado Mayor Presidencial.
Morales fue detenido en el Aeropuerto Internacional La Aurora tras ser deportado de Estados Unidos en abril de 2025, donde estuvo prófugo por más de 20 años.
Por el asesinato de Monseñor Gerardi fueron condenadas varias personas y otras están pendientes de juicio. Foto Prensa Comunitaria
En septiembre de 2025, la jueza Abelina Cruz ordenó que Morales enfrentara juicio oral y público por los delitos de ejecución extrajudicial en grado de complicidad y falso testimonio. Sin embargo, la Fiscalía de Derechos Humanos pidió que fuera puesto en libertad, un criterio que no comparte Nery Rodenas, director de la ODHAG, organización querellante del caso.
“Es una decisión que no conviene por que hay antecedentes, el señor Darío Morales estuvo prófugo no hay condiciones en que él no vaya abandonar el desarrollo del proceso, nos sorprende porque no es una posición que debería de tener el Ministerio Público (MP), más bien la defensa debería solicitarlo porque está buscando las condiciones de él, el MP debe asegurar el resultado del proceso y por lo tanto la petición que hace es contradictoria con la función propia”, señaló Rodenas.
El REMHI y el caso de Gerardi marcaron la memoria histórica del país, el caso penal de Rubén Darío Morales pone nuevamente a prueba a la justicia guatemalteca como ha pasado con otros casos de la justicia transicional.
