La Misión Especial de la Unión Europea advirtió que podría revisar e incluso ampliar su listado de personas y entidades sancionadas si se concretan designaciones que vulneren el orden democrático. El pronunciamiento surge en un momento decisivo para la renovación de autoridades judiciales y electorales.
Por Alexander Valdéz
En el contexto de las elecciones de segundo grado, la Unión Europea alertó sobre presuntos intentos de designar a actores “antidemocráticos” en puestos clave del sistema de justicia. A través de un comunicado, la misión de acompañamiento expresó su preocupación por información que apunta a maniobras para favorecer candidaturas vinculadas con actuaciones que “socavan la democracia y el Estado de derecho”.
El pronunciamiento advierte que redes de poder estarían impulsando perfiles señalados por debilitar la independencia judicial o por haber respaldado decisiones contrarias a principios democráticos. La delegación europea subraya que la transparencia, la objetividad y el respeto a los méritos deben prevalecer en las designaciones, especialmente en instituciones estratégicas como la Corte de Constitucionalidad (CC) y el Ministerio Público (MP).
Aunque reconoció avances en algunos procedimientos, como la corrección de criterios de evaluación en la Postuladora del Ministerio Público, la Unión Europea insistió en que persisten riesgos de injerencia indebida. En ese sentido, recuerda que los procesos de selección deben apegarse a estándares internacionales y garantizar que quienes resulten designados actúen con independencia y compromiso con la legalidad.
El comunicado también deja abierta la posibilidad de imponer sanciones diplomáticas si se concretan acciones que comprometan el orden democrático del país. “La Misión ha recomendado a la Unión Europea que analice con detenimiento la información disponible y que, de ser pertinente, haga uso de las herramientas de las que dispone para responder a las dinámicas identificadas. Entre estas medidas podrían contemplarse, entre otras, la revisión, y posible ampliación, de la lista de personas, grupos y entidades sujetos a sanciones de la Unión Europea”, indica.
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La CC está por integrarse
Al menos cinco procesos de elección están actualmente en juego y podrían redefinir el rumbo de instituciones clave del sistema de justicia y del ámbito electoral en Guatemala. Se trata de la renovación de autoridades en el Tribunal Supremo Electoral (TSE), la Corte de Constitucionalidad (CC), el Ministerio Público, la Universidad de San Carlos (USAC) y la Contraloría General de Cuentas (CGC).
De estos procesos, cuatro ya están en curso, la CC, el MP, el TSE y la USAC, en medio de cuestionamientos sobre la transparencia y la idoneidad de los perfiles que buscan ocupar los cargos.
Este martes podría definirse la designación de cuatro espacios en la Corte de Constitucionalidad, específicamente los que corresponden al Congreso de la República, que deberá nombrar a su magistrado titular y suplente.
Entre los nombres que suenan figuran Roberto Molina Barreto y Luis Rosales, señalados por haber emitido fallos que beneficiaron a actores señalados de corrupción y estructuras del narcotráfico. También han sido cuestionados por resoluciones que han criminalizado operadores de justicia, periodistas, activistas y defensores de derechos humanos.
En paralelo, la Corte Suprema de Justicia podría definir ese mismo día a su representación ante la CC. En ese proceso participa la fiscal general Consuelo Porras, en un segundo intento por integrar la máxima corte, así como la actual magistrada Dina Ochoa y Héctor Hugo Pérez Aguilera, que buscan reelegirse. También compiten Luis Rosales, Walter Jiménez y Claudia Paniagua; al menos Paniagua, Rosales y Ochoa figuran entre los perfiles con mayores posibilidades en esta elección.
Los sancionados
En junio de 2025, la UE amplió la lista de sanciones contra actores señalados de socavar la democracia y promover la criminalización en Guatemala. Entre los sancionados figuran Rafael Curuchiche, Consuelo Porras, Leonor Morales, Fredy Orellana, Ricardo Méndez Ruiz y Raúl Falla, presidente y representante legal respectivamente, de la Fundación Contra el Terrorismo (FCT), señalados de impulsar campañas de persecución y hostigamiento contra jueces, fiscales, periodistas y defensores de derechos humanos.
Las medidas también alcanzaron al juez Jimi Bremer, que autorizó investigaciones de la Fiscalía Especial contra la Impunidad (FECI) contra periodistas y columnistas del desaparecido diario elPeriódico. Con estas disposiciones, la UE congeló los bienes de los sancionados, le prohibió el ingreso a territorio europeo y restringió cualquier apoyo financiero proveniente de ciudadanos o empresas del bloque.
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