La Unión Europea destacó como un avance democrático la resolución de la Corte de Constitucionalidad (CC) que confirma los resultados electorales de 2023. Sin embargo, advirtió su preocupación por las acciones del Ministerio Público y algunos operadores judiciales que, a su juicio, continúan amenazando el Estado de derecho y la estabilidad del gobierno de Bernardo Arévalo.
Por Alexander Valdéz
A través de un comunicado la Unión Europea (UE) reconoció la reciente resolución emitida por la Corte de Constitucionalidad (CC), que deja sin efecto la “nulidad absoluta” del partido Movimiento Semilla y ratificó la validez de los resultados electorales de 2023. Para los funcionarios europeos la decisión representa un paso importante en la defensa del orden democrático, pero también manifestó su preocupación por las acciones que continúan poniendo en riesgo el Estado de derecho en nuestro país, como las promovidas por el Ministerio Público y algunos operadores judiciales en contra de funcionarios electos y autoridades del Gobierno de Bernardo Arévalo.
“La Unión Europea (UE) celebra la resolución del Tribunal Constitucional del 29 de octubre que revoca la anulación del partido político Movimiento Semilla, al tiempo que confirma la validez y legalidad de los resultados de las elecciones de 2023. No obstante, la UE observa con preocupación los continuos intentos de socavar el orden democrático y el Estado de derecho en Guatemala, incluso mediante acciones legales emprendidas por el Ministerio Público y otros miembros del poder judicial contra diversos funcionarios gubernamentales”, se lee en el comunicado.
En su pronunciamiento, la UE reitera su preocupación por el uso del sistema judicial para perseguir e intimidar a funcionarios públicos, líderes indígenas, periodistas, integrantes de la sociedad civil y operadores de justicia. Agrega que el Consejo Europeo mantiene sanciones contra ocho personas y una institución por haber contribuido a socavar la democracia y obstaculizar la transferencia pacífica del poder tras los comicios de 2023.
La delegación europea reafirma su compromiso de continuar siendo un aliado clave para los sectores que promueven la democracia, la justicia y el desarrollo sostenible en Guatemala. Además, advirtió que seguirá de cerca el panorama político e institucional, especialmente en el contexto de las próximas elecciones de magistrados y autoridades electorales previstas para 2026, consideradas una oportunidad crucial para fortalecer la independencia de las instituciones y consolidar la confianza ciudadana.
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Aliada de Arévalo
Aparte de Estados Unidos, la Unión Europea se ha consolidado como uno de los aliados más relevantes para el gobierno del presidente Bernardo Arévalo, en medio de un contexto marcado por la criminalización y el hostigamiento. A través de su apoyo diplomático, ha respaldado los esfuerzos por defender los resultados electorales de 2023, luego de los intentos de deslegitimar las elecciones y de obstaculizar la toma de posesión del actual gobierno.
En junio de este año, la UE amplió la lista de sanciones contra actores guatemaltecos señalados de socavar la democracia y promover la criminalización de voces críticas. Entre los sancionados figuran Ricardo Méndez Ruiz y Raúl Falla, presidente y representante legal respectivamente, de la Fundación Contra el Terrorismo (FCT), señalados de impulsar campañas de persecución y hostigamiento contra jueces, fiscales, periodistas y defensores de derechos humanos.
as medidas también alcanzaron al juez Jimi Bremer, que autorizó investigaciones de la Fiscalía Especial contra la Impunidad (FECI) contra periodistas y columnistas del desaparecido diario elPeriódico. Con estas disposiciones, la UE congeló los bienes de los sancionados, le prohibió el ingreso a territorio europeo y restringió cualquier apoyo financiero proveniente de ciudadanos o empresas del bloque. Además, el Consejo Europeo advirtió que evalúa incluir a magistrados de la Corte de Constitucionalidad (CC), Corte Suprema de Justicia (CSJ) y Salas de Apelaciones por resoluciones que considera contrarias a los principios democráticos y al Estado de derecho.
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