La Corte de Constitucionalidad emitió una resolución que revocó la “nulidad absoluta” decretada por el juez Fredy Orellana contra el Movimiento Semilla, con la que se pretendía junto a la FECI desconocer los resultados electorales de 2023. El fallo reafirma que el proceso electoral está “concluido e inalterable” y advierte al juez que puede incurrir en el delito de prevaricato.
Por Alexander Valdéz
La Corte de Constitucionalidad (CC) detuvo un nuevo intento de la Fiscalía Especial contra la Impunidad (FECI) y el juez Fredy Orellana, de declarar la “nulidad absoluta” de la personalidad jurídica del Movimiento Semilla. Con esa resolución, buscaban dejar sin efecto los cargos obtenidos por el partido en las elecciones de 2023, incluidos los del presidente Bernardo Arévalo y la vicepresidenta Karin Herrera.
En su fallo, la CC dejó sin efecto la decisión de Orellana, al considerar que constituía una amenaza directa al orden constitucional y democrático. El tribunal advirtió que la actuación del juez pretendía revertir los resultados del proceso electoral de 2023 y poner en duda la legitimidad de las autoridades electas.
La máxima corte señaló que Orellana actuó fuera de su competencia, al invadir la jurisdicción del Tribunal Supremo Electoral (TSE), que es la única autoridad con potestad para sancionar, suspender o cancelar partidos políticos. Recordó, además, que el proceso electoral de 2023 fue “oficializado, concluido e inalterable”, y que ninguna autoridad puede modificar sus resultados.
“Esta Corte arriba a la conclusión que las decisiones y acciones reprochados por los postulantes al citado Juzgador, constituyen actos que amenazan los derechos a elegir y ser electo, a la democracia, a la soberanía popular y al sistema democrático y republicano consagrado en la Constitución, por lo que, en aras de salvaguardar el orden constitucional y el Estado Constitucional de Derecho en Guatemala, se declara con lugar la solicitud de asistencia para el debido cumplimiento de la sentencia de trece de diciembre de dos mil veintitrés presentada por los amparistas”, se lee en la resolución de la CC.
La acción del juez, impulsada a solicitud de la FECI, que dirige la fiscal Leonor Morales Lazo, fue interpretada como un intento de reabrir un proceso electoral extinguido, atentando contra la soberanía popular y el principio de alternabilidad en el poder. La CC no solo anula la resolución de Orellana, sino que también los oficios enviados al Congreso de la República y al Registro de Ciudadanos.
Además, le advirtió al togado que se abstenga de emitir decisiones contrarias a la Constitución. Los magistrados reiteraron que los resultados electorales son inalterables y cualquier intento de revertirlos constituye una violación al Estado de derecho. Además, recordó que actuaciones de este tipo podrían configurar el delito de prevaricato.
“Dicho ilícito penal fue creado por el legislador con la finalidad de limitar la actuación arbitraria de los jueces dentro de cualquier proceso, debiéndose entender el objeto de dicha tipificación de acuerdo con su contexto, ya que incluso se encuentra normado en la ley sustantiva penal dentro de la clasificación de los delitos contra la administración de justicia con el objeto de mantener la pureza de la función jurisdiccional”, advirtió.
Resultados electorales quedan firmes
En 2023, la Corte de Constitucionalidad frenó lo que muchos consideraron el primer intento de golpe de Estado promovido por la FECI y el juez Fredy Orellana. En esa ocasión, el juez ordenó suspender la personalidad jurídica del partido Movimiento Semilla y el Ministerio Público allano las oficinas del Tribunal Supremo Electoral (TSE) y el Registro de Ciudadanos, justo cuando se preparaba la segunda vuelta presidencial.
La CC intervino y otorgó un amparo que ratificó la validez de los resultados de la primera vuelta y confirmó que Bernardo Arévalo y Karin Herrera debían participar en la contienda electoral. La resolución del máximo tribunal reiteró que el proceso electoral estaba “oficializado e inalterable” y que solo el TSE tenía competencia sobre la materia.
En aquella oportunidad, también los magistrados, encabezados por Irma Palencia como presidenta del TSE, defendieron la autonomía del Tribunal y garantizaron la realización de la segunda vuelta el 20 de agosto de ese mismo año.
Por ahora, aunque se confirman los resultados electorales y la legitimidad del triunfo de Movimiento Semilla, el partido continúa bloqueado políticamente. La cancelación de su personalidad jurídica sigue vigente, impidiendo que su bancada sea reconocida oficialmente dentro del Congreso de la República. Esta situación limita su participación en la agenda legislativa y en la conformación de comisiones de trabajo o en la Junta Directiva.
En este escenario, un grupo de diputados optó por integrar una nueva agrupación política denominada Raíces, que busca posicionarse como la sustituta al proyecto político de Semilla.
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