El Congreso ya eligió y juramentó a los nuevos magistrados del TSE. La mayoría muestra una cercanía al sector empresarial y rancias agrupaciones políticas cuyos rostros conocidos han sido por muchos años Sandra Torres y Zury Ríos.
Por Rony Ríos
La octava magistratura del Tribunal Supremo Electoral ha tomado posesión. Las cinco magistraturas titulares y las cinco suplentes tendrán a su cargo los dos próximos procesos electorales, con la potestad de incidir en la cancelación de partidos, sancionarlos por campaña anticipada, el rechazo o habilitación de candidaturas que no cumplan los requisitos.
¿Quiénes son los nuevos integrantes del TSE? Los perfiles reflejan más continuidad que renovación. Los magistrados electos mantienen vínculos, directos o indirectos, con partidos políticos conservadores como la UNE, Valor, del desaparecido FRG, de Efraín Ríos Montt y su hija, la excandidata presidencial Zury Ríos, así como con estructuras vinculadas al sector empresarial organizado.
“Será una votación por cuotas. Va ser una negociación de cuotas de un grupo con otro grupo (oposición / oficialismo). Entonces, poco se podrá esperar de una inmunidad total. Serán representantes de ambos grupos y ojalá que en la práctica esto no se refleje en un mal Tribunal Electoral, pero es lo que hay hoy”, dijo el día de la elección de los magistrados el diputado Orlando Blanco previo a ingresar al hemiciclo.
En el Congreso, votar por cuotas se refiere a la distribución de cargos públicos, comisiones o decisiones políticas entre los partidos según su representación numérica. Lo que suele implicar pactos para asegurar votos y repartir cuotas de poder entre bancadas mayoritarias.
En conjunto, en la nueva magistratura confluyen intereses políticos, económicos y gremiales, el establishment para mantener el statu quo.
Magistrados titulares
Mario Alexander Velásquez Pérez: sus vínculos con Gálvez, Arriaga y Sinibaldi
Recibió el voto, casi unánime, del Congreso de la República para ser electo magistrado del TSE, con la única excepción de la diputada señalada por sus vínculos familiares con el narcotráfico, Vivian Preciado Navarijo, electa por el Partido Victoria y declarada independiente.
El magistrado está relacionado con dos actores claves en la política universitaria de la USAC. Velásquez Pérez es considerado como alguien cercano al exrector, Estuardo Gálvez Barrios, y al decano de Derecho Henry Arriaga, de la de la Universidad de San Carlos, ambos cabezas visibles de agrupaciones gremiales de abogados. Su participación en un proceso de licitación revela el nexo entre ellos.
Cuando Gálvez era rector, Velásquez integró la junta de licitación de la USAC junto a Arriaga en el proceso para la “Construcción de un edificio para clínicas, laboratorios y aulas puras, para las escuelas de Medicina y Odontología del Centro Universitario de Occidente, con sede en la Ciudad de Quetzaltenango, de la Universidad de San Carlos de Guatemala”.
En esa ocasión Velásquez, Arriaga y el resto de la junta de licitación habrían favorecido a Compañía Constructoras de Obras Civiles, S.A. (COCISA) al comunicarse directamente con los empresarios para que corrigieran su oferta y finalmente les adjudicaran el proyecto de Q64.12 millones -aunque ‘solo’ se dio un adelanto de Q12 millones-.
Por estas irregularidades, en 2015, la Contraloría General de Cuentas (CGC) presentó una denuncia penal y en 2018 la USAC también presentó denuncias en contra de Gálvez, Velásquez -quien en esa época era coordinador de la Comisión, Normalización y Control de Bienes Inmuebles Inmuebles-.
Además, la denuncia se extendió a Marcia Ivonne Veliz Vargas, Harry Efraín Ochaeta Galindo, Edy Guillermo Cruz, Luis Alfredo Hernández Ortiz, William Julio Gómez Díaz, Erick Arnoldo Cifuentes Sánchez, Álvaro Amílcar Folgar Portillo, Rolando Grajeda Tobar , Dany Abraham Hernández López, Rosa María Ramírez Soto y Manfredo Chavarría Linares. Pese a ello, la denuncia solamente fue trasladada a la Fiscalía contra la Corrupción y no se registraron más avances en el caso.
COCISA fue una de las empresas señaladas por la antigua FECI y la CICIG de pagar sobornos al exministro de Comunicaciones del Partido Patriota (PP), Alejandro Sinibaldi.
Velásquez es el actual secretario general del TSE y fue investigado por el Ministerio Público (MP) por el proceso electoral de 2023 en el que el fiscal Rafael Curruchiche y un grupo de la política conservadora denunciaban un fraude. En el TSE se le conoce como un funcionario de confianza de la expresidenta del TSE, Blanca Alfaro.
Velásquez fue denunciado por Jordán Rodas, que dirigió la Procuraduría de los Derechos Humanos y exprecandidato vicepresidencial del MLP, por considerar que Velásquez se extralimitó en sus funciones al emitir un circular que contravenía los requisitos de inscripción y que finalmente fue el motivo por el que Rodas fue excluido de la contienda electoral.
Roberto Estuardo Morales Gómez: El palmero y alfil del empresariado
Morales Gómez, quien contó con el apoyo de la alianza opositora en el Congreso, y consiguió 130 votos, fue el encargado de influir en las elecciones para magistrado de la Corte de Constitucionalidad (CC) por el Colegio de Abogados y Notarios de Guatemala (CANG).
Morales Gómez fue electo en 2024 como magistrado con el voto de 155 diputados por lo que integra la Sala Sexta de lo Contencioso Administrativo, que dejó fuera de la elección a los profesionales de las ciencias afines, restando -principalmente- votos a Astrid Lemus y Luis Bermejo, los candidatos vinculados al oficialismo.
Como parte del proceso para la elección de magistrados de la Salas de Apelaciones en 2024, el diputado Adim Maldonado presentó una tacha en contra de Morales Gómez, señalando que, como parte de su labor como magistrado de Sala, habría negociado indebidamente su magistratura con la UNE tras firma de amparo para suspender al partido político Verde, de Delia Bac -exdiputada de la UNE-. En esa ocasión la UNE denunció que la nueva organización atentaba contra su identidad partidaria y generaba una “amenaza de confusión electoral”, por lo cual el partido de Bac debía cambiar nombre e insignias para continuar su proceso.
Asimismo, Morales fue señalado por su vinculación en el caso por la elección ilegal de magistrados denominado Comisiones Paralelas 2020. En agosto de 2021, fue clave para bloquear la juramentación de Gloria Porras como magistrada representante de la USAC ante la CC.
En 2014, fue candidato suplente para representante del CANG ante el Registro de Información Catastral (RIC) con la agrupación Integración Profesional que era respaldada por Sergio Roberto López Villatoro, conocido como el Rey del Tenis.
Sin embargo, ese no es el único señalamiento en contra del nuevo magistrado del TSE, ya que existen vínculos que lo conectan con el sector empresarial. Morales Gómez es mandatario judicial de Industria Chiquibul, S. A., que tiene cultivos entre Alta Verapaz y Petén. Por manifestaciones sobre explotación laboral y engaño para apropiación de tierras por parte de Chiquibul, cuatro dirigentes comunitarios fueron detenidos en 2021. Otro de los perseguidos, era Francisco Pop Icó, el dirigente Q’eqchi’ de Sayaxché, Petén, que tenía orden de captura y que fue asesinado el 17 de octubre de 2024, un día antes de comparecer a la audiencia para enfrentar los cargos de usurpación y amenazas, que denunciaba la empresa de aceite de palma.
Morales Gómez ha sido director del proyecto de compra de tierras en Raxruhá y Chisec, Alta Verapaz y Sayaxché, Petén.
Morales Gómez también fue consultor de la Fundación para el Desarrollo de Guatemala (Fundesa) entre 2023 y 2026; desde ahí participó en la formulación de una “estrategia y plan de transformación registral para fortalecer la seguridad jurídica de la propiedad privada”.
Fundesa es la organización integrada por los mismos grupos empresariales organizados en el CACIF que sirve para canalizar o recibir fondos para proyectos y que además cuenta en su consejo directivo con representantes de las familias Bosch, Gutiérrez, Torrebiarte, Castillo, Paiz y Torriello.
Su historial con el sector empresarial también se extiende a su labor, entre 2021 y 2022, como gerente general y representante legal de la Compañía Desarrolladora Ferroviaria.
Rosa Mariella Josabeth Rivera: Vinculada a la política conservadora y al sector empresarial
La magistrada Josabeth Rivera representa uno de los perfiles más transversales dentro de la nueva integración del TSE, con vínculos que atraviesan distintas administraciones y algunos sectores del poder político y económico en Guatemala.
Fue presidenta de la Sala Quinta de la Corte de Apelaciones del Ramo Civil y Mercantil del departamento de Guatemala, electa en 2024 con 157 votos a favor del Congreso de la República, respaldada por todos los partidos representados en el hemiciclo, incluidos los bloques más grandes de la UNE, Vamos, Semilla y Cabal.
Las salas civiles y mercantiles se encargan de temas legales sobre propiedades, contratos civiles, herencias, conflictos entre empresas, contratos comerciales o temas bancarios. La que preside Josabeth Rivera fue clave para restituir la propiedad comunal a la Comunidad Xinka de Yupiltepeque a través del otorgamiento de apelaciones.
Su trayectoria evidencia una capacidad de adaptación a diferentes gobiernos, desde la GANA pasando por el Partido Patriota y hasta la UNE, posicionándolo como una figura que ha sabido mantenerse dentro de las estructuras estatales independientemente del signo político dominante.
Josabeth Rivera fue asesora jurídica del Consejo Departamental de Desarrollo de la Secretaría de Coordinación Ejecutiva de la Presidencia (2005-2014), teniendo relación con figuras clave como el expresidente Óscar Berger, cuya administración estuvo estrechamente vinculada al CACIF, así como con Eduardo Stein, exvicepresidente durante ese mismo período.
Al inicio del gobierno de Óscar Berger (2004-2008), el general retirado Otto Pérez Molina fue nombrado comisionado presidencial de seguridad y defensa, lo que respalda la conexión entre el sector empresarial y los gobiernos de Berger y Pérez Molina. Josabeth Rivera también aparece conectada con los gobiernos de Pérez Molina y Álvaro Colom.
Además, fue asesora jurídica en la Coordinadora General de Asesoría Jurídica del Ministerio de Gobernación (2001-2004) durante las administraciones de Byron Barrientos, Adolfo Reyes Calderón y Eduardo Arévalo Lacs en el gobierno de Alfonso Portillo.
También prestó servicios técnicos profesionales al Ministerio de Relaciones Exteriores, entre 1996 y 2001, cuando Eduardo Stein era el encargado de las relaciones internacionales.
Quelvin Ottoniel Jiménez Villalta: entre la UNE y el Parlamento Xinka
La frase “todos los caminos conducen a Roma” podría aplicarse para describir las relaciones del nuevo magistrado del TSE, Jiménez Villalta, y su relación con la UNE. Si bien no ha sido candidato del partido su círculo se muestra mucho más cerca.
Jiménez Villalta ha sido el abogado del Parlamento Xinka por años, donde se caracterizaba por ejercer la defensa de los derechos de los pueblos y de sus recursos naturales ante los conglomerados mineros principalmente en El Escobal y la empresa Minera San Rafael. Incluso en 2019, la CIDH otorgó medidas cautelares en favor del nuevo magistrado por supuestas amenazas en “su labor en defensa de los derechos humanos de los pueblos indígenas; en particular, en el marco de la presencia de una empresa minera”.
La labor de Jiménez como defensor fue elogiada por Jorge Luis Roldán, director del Centro Universitario de Chimaltenango y cuñado de Walter Mazariegos, el rector impuesto de la USAC.
En el proceso electoral de 2023, Roldán fue candidato a alcalde de Casillas, Santa Rosa, con la Unidad Nacional de la Esperanza (UNE).
A pesar del nexo de amistad con un militante de la UNE, Jiménez Villalta también tiene otros nexos que lo acercan a esta agrupación política, ya que es amigo y excompañero de trabajo en el Parlamento Xinka con Allan Javier Melgar Solares.
Melgar Solares es el gobernador de Santa Rosa y a quien se le ha vinculado con el diputado distrital Inés Castillo, de la UNE. Melgar Solares fue candidato a concejal suplente por la misma agrupación política en el municipio de Casillas, en el año 2023.
Además, Jiménez Villalta mantiene su cercanía con Melgar Solares, que lo contrató como asesor de la Gobernación Departamental de Santa Rosa.
Otro de los vínculos de Jiménez Villalta es con el alcalde de Santa Rosa de Lima, donde el alcalde Llan Carlos Dávila Arévalo lo contrató como asesor. Dávila Arévalo, aunque fue electo por un comité cívico, previamente fue integrante del partido Líder, de Manuel Baldizón -exdiputado disidente de la UNE-.
Karin Virginia Romero Figueroa: la difusa línea entre el PP y la UNE
Aunque Romero Figueroa no cuenta con grandes nexos con sectores políticos o empresariales del país, aparece una breve vinculación con el gobierno de Otto Pérez Molina.
Según Guatecompras, en 2012, fue asesora de la Secretaría de Control y Transparencia de la vicepresidencia -dirigida por Roxana Baldetti- durante el gobierno del Partido Patriota, e impartió un curso de Derecho Procesal Constitucional en el Ministerio de Finanzas, cuando Pavel Centeno era ministro.
En 2004 fue oficial de magistratura en la CSJ de Carlos Alfonso Álvarez-Lobos Villatoro -exasesor de la Secretaría General de la Presidencia de Álvaro Colom-.
Además, fue magistrada suplente de la corte de apelaciones para el período (2014-2019), cuando se señaló que había existido una componenda en el Congreso de la República, entre el Partido Patriota (PP) y el Partido Líder para la elección de magistrados.
Los magistrados suplentes
Sergio Amadeo Pineda Castañeda: uno de los involucrados en el caso de amaño de Cortes
El perfil de Pineda Castañeda se inserta en la dinámica de operadores que han transitado entre el sistema de justicia y la política partidaria. Sus vínculos con figuras como Manuel Baldizón y Alejandro Sinibaldi lo ubican dentro de redes que han sido señaladas por su influencia en la cooptación institucional durante la última década.
Pese a los señalamientos en su contra y relación con la política tradicional señalada de corrupción, Pineda Castañeda recibió el aval de 150 diputados y solamente 4 votaron en su contra.
Pineda Castañeda aparece relacionado con el caso Comisiones Paralelas 2020, uno de los expedientes más emblemáticos sobre la manipulación en la elección de magistrados, lo que refuerza los cuestionamientos sobre su rol dentro de las redes de poder judicial, lo cual se suma a su cercanía con actores de la CSJ, como Silvia Patricia Valdés y Néster Vásquez, sugiriendo una articulación directa con los núcleos que han dominado las decisiones en el Organismo Judicial.
De hecho, según las investigaciones de la FECI, de Juan Francisco Sandoval, Pineda Castañeda era asiduo visitante en las oficinas de Sinibaldi y apareció en el listado manuscrito de Baldizón, por lo cual lo vincularon al caso de corrupción, pero nunca pudo ser investigado a profundidad porque el magistrado gozaba de inmunidad.
Incluso en el informe que elaboró la CICIG sobre ese caso se consigna que el exrector Estuardo Gálvez se comunicó con Baldizón para pedir que Pineda Castañeda y Blanca Stalling fueran incluidos dentro del listado de magistrados que, finalmente, terminaron presentando y ambos resultaron electos para la CSJ de periodo 2014-2019.
También se le señaló de obtener de forma irregular un pasaporte diplomático y de proteger a Felipe Alejos desde su posición como magistrado. Alejos es un diputado del partido Todos, señalado en un caso de defraudación tributaria.
En 2016 se señaló a Pineda Castañeda de ser juez y parte por postularse como candidato a magistrado a la CC por parte de la CSJ que él mismo integraba e incluso participó en el diseño del perfil de idoneidad y en el proceso de designación.
Este conjunto de relaciones perfila a Pineda como parte de un entramado político-judicial que ha incidido en la configuración de cortes y tribunales en el país.
Francisco Javier Puac Choz: el vicepresidente del Colegio de Abogados
En contraste con otros perfiles, Puac Choz aparece vinculado a espacios que, en apariencia, representan alternativas dentro del sistema político tradicional. Su relación con la agrupación Unidad X la Democracia —que ha tenido conexiones con el Movimiento Semilla y la fundación Libertad y Desarrollo cuyo presidente es Dionisio Gutiérrez, de la Corporación Multi-Inversiones— lo posiciona en un espectro distinto al de los operadores tradicionales.
Puac es un abogado que tiene más de 21 años en el ejercicio de la profesión y también ha sido docente en la Universidad Rafael Landívar (URL), que ha intentado llegar al poder a través de procesos de postulación. En 2022 presentó su papelería para ser fiscal general y dos años más tarde entregó su expediente para una magistratura en las Cortes de Apelaciones.
También fue registrador auxiliar del Segundo Registro de la Propiedad del 2024 al 2025 e integrante de la Comisión Nacional Registral, durante el gobierno de Bernardo Arévalo.
Giovanni Francisco Soto Santos: con raíces eferregistas y cercano a Mazariegos
El caso de Soto Santos refleja la persistencia de redes familiares y académicas dentro de la configuración del poder. Su padre fue Cipriano Francisco Soto Tobar, quien tuvo participación en la Corte de Constitucionalidad y en la Universidad de San Carlos de Guatemala (USAC), conectándolo directamente con uno de los espacios clave en la disputa por el control de las instituciones. Soto Tobar fue uno de los magistrados que avaló la participación de Ríos Montt como candidato del FRG, pese a la prohibición constitucional por su participación en el golpe de estado que lo llevó a la jefatura de Estado en 1982.
Además, su relación con el rector Walter Mazariegos refuerza la idea de una articulación con la red que domina la USAC, una de las plataformas más influyentes en los procesos de elección de magistrados. Soto fue clave para que se consumara el fraude por el que Mazariegos llegara a la USAC.
Como exmagistrado de la Sala Quinta del Tribunal de lo Contencioso Administrativo revivió las candidaturas del partido Prosperidad Ciudadana durante el último proceso electoral y fue uno de los magistrados que evitó que Gloria Porras fuera juramentada como magistrada de la CC designada por el Consejo Superior Universitario de la USAC.
Estas conexiones sugieren que su presencia en el TSE no es aislada, sino parte de una red más amplia que combina los sectores de la academia, justicia y política.
Su trayectoria incluye una asesoría en la Comisión Específica de Asuntos Electorales del Congreso, en el 2001, cuando la sala de trabajo era dirigida por el diputado Jorge Arévalo Valdez, del FRG, señalado e identificado en 2003 como uno de los dirigentes de los disturbios (Jueves Negro) para presionar por la inscripción de Efraín Ríos Montt como candidato presidencial. Ese mismo año de los disturbios Soto Tobar, el padre de Soto Santos, fue uno de los magistrados que firmó la resolución de la Corte de Constitucionalidad que permitió a Ríos Montt participar como candidato a la presidencia pese a la prohibición contenida en el Artículo 186. Por ese voto, Soto Tobar, quien había sido magistrado designado a la CC por el Consejo Superior Universitario, fue declarado persona non grata en la USAC.
Joaquín Rodrigo Flores Guzmán: el exdirector del Sistema Penitenciario durante el gobierno de Giammattei
Fue director ejecutivo de la Unidad Especial Antinarcóticos del Ministerio de Gobernación y director general del Sistema Penitenciario (SP) durante el gobierno de Alejandro Giammattei.
Fue asesor del magistrado de la Corte Suprema de Justicia, Héctor Ricardo Echeverría Méndez, que se excusó de conocer cualquier acción que involucrara al exjefe de Estado Efraín Ríos Montt. El magistrado también fue incluido dentro del informe Jueces de la Impunidad de la CICIG por rechazar la recusación en contra del juez Carlos Aguilar quien habría dado declaraciones ofensivas en contra del comisionado Francisco Dall’Anese, además, de resolver en contra en los casos por el asesinato de Rodrigo Rosenberg, Renap y otros.
Echeverría también se excusó de conocer los casos que involucraron a la CICIG por considerar que existía una grave enemistad después de que la Comisión lo incluyera en su informe y solicitara su retiro de inmunidad por prevaricato.
La esposa de Echeverría, Hilda Marina Girón, fue asesora de Juan de Dios Rodríguez, por lo que se le vinculó al intento de influir en las comisiones de postulación para elegir fiscal general.
Alfredo Skinner-Kleé Arenales: de familia diplomática y exdiputado al Parlacen de la Gana
El magistrado Skinner-Kleé Arenales se perfila como uno de los perfiles con mayor cercanía al sector empresarial organizado dentro de la nueva integración del TSE. Su trayectoria combina participación en espacios gremiales, financieros y estatales, ubicándolo en un punto de convergencia entre redes de poder económico y político.
Uno de los vínculos más claros con el sector financiero se explica por su paso en el Banco de los Trabajadores (Bantrab), donde en febrero de 2020 fue nombrado presidente de la Junta Directiva; también fue director del Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE). Desde esa posición, Skinner-Kleé consolidó una relación directa con uno de los bancos con mayor crecimiento e incidencia en el país, ampliando su influencia más allá del ámbito jurídico hacia espacios de poder económico.
Su cercanía con el sector empresarial también se refleja en su relación con el CACIF, del que fue director de varias cámaras y vicepresidente de la Cámara de Comercio, espacios en los que ha tenido participación o vinculación a través de redes gremiales y empresariales. Estas conexiones lo insertan dentro de los círculos tradicionales que han tenido incidencia en la formulación de políticas públicas y en la articulación de intereses económicos a nivel nacional.
Su relación con el sector económico también se pone de manifiesto cuando integró uno alianza de partidos que llevó a la presidencia a Óscar Berger, la Gran Alianza Nacional (GANA); gracias a esa agrupación política fue diputado del Parlamento Centroamericano (Parlacen) y fue reelecto luego por el Movimiento Reformador, un partido que había conformado la alianza.
Su relación con sectores políticos conservadores queda en evidencia al constatar que su esposa Alexandra Sol Camino dirige la organización la organización Sí a la Vida, misma que en 2018 buscó destituir al PDH, Jordán Rodas. Sol Camino también ha presidido la Asociación La Familia Importa (AFI), organización que articula sectores religiosos del Opus Dei y corrientes neopentecostales.
En el ámbito político-institucional, Skinner-Kleé Arenales aparece vinculado al gobierno de Alejandro Giammattei, contexto en el que fortaleció su presencia en espacios clave del Estado, así como con la fiscal general Consuelo Porras, figura central en la captura del sistema de justicia. Estas relaciones sugieren una articulación con actores que han tenido capacidad de influencia en la toma de decisiones institucionales en los últimos años.
A nivel familiar, el magistrado forma parte de una red con presencia en distintos espacios de poder. Su relación con Jorge Skinner-Klée Arenales (su hermano) y Alfredo Skinner-Kleé Sol (hijo del magistrado) evidencia la continuidad de vínculos familiares en ámbitos empresariales y políticos.
El hermano del magistrado fue designado por Bernardo Arévalo como embajador de Guatemala en España y fue señalado de participar en un lobby en contra de la CICIG cuando era embajador nombrado por Jimmy Morales ante la ONU; ese trabajo habría sido impulsado por sectores económicos tradicionales y políticos conservadores.
En conjunto, el perfil de Skinner-Kleé Arenales evidencia no solo una trayectoria individual, sino la pertenencia a una red que conecta al sector empresarial, financiero y político. Su llegada al TSE refuerza la idea de que la integración del tribunal responde a una lógica de equilibrio entre distintas redes de poder, en las que el empresariado mantiene una presencia significativa dentro del árbitro electoral.
