Por Juan José Hurtado Paz y Paz
¡Cuando converso con otros aprendo tanto! Dos frases que me han dicho recientemente me han impactado, sacudiéndome profundamente, motivándome a la reflexión. Cito:
- “En los años 60 y 70 luchábamos por la Reforma Agraria. Hoy, en cambio, nos contentamos con promover huertos familiares orgánicos”.
- “Con nuestros proyectos (los que promovemos las oenegés como alternativas de ‘desarrollo’), ¿realmente estamos cambiando cosas o lo que estamos haciendo es poner a la gente ‘a jugar a la comidita’?”
Son frases provocadoras. Vale la pena reflexionar sobre ellas y ver qué tienen de cierto. Como todo, seguramente lo que reflexionemos no será en blanco o negro, sino que hay diversidad de colores y matices. Pero es un llamado de atención para repensar lo que hacemos y cómo lo hacemos.
Por supuesto que los niveles de pobreza y de desnutrición en Guatemala son tan graves que, si las familias tienen posibilidades de producir en parte sus propios alimentos, eso es muy valioso. Un reto inmediato es contribuir a la seguridad alimentaria. Además, tiene otras ventajas. ¡Qué bueno que las familias y las comunidades recuperen saberes ancestrales e incorporen nuevos conocimientos para producir alimentos sanos! ¡Qué bueno que se conserven semillas nativas y se camine hacia la soberanía alimentaria, que es el sueño a largo plazo! ¡Qué bueno que haya más conciencia del cuidado de la Madre Tierra! Hay que preservar el ambiente y la biodiversidad.
De manera que no se trata de despreciar lo que se está haciendo. La agroecología no es una moda; es una propuesta ética y productiva que revaloriza el sistema milpa, las semillas nativas, el cuidado del suelo y del agua, la biodiversidad…
Pero el riesgo es que, por quedarnos en lo “chiquito”, olvidemos lo más grande: la injusta distribución de la tierra que aún prevalece en Guatemala. El país tiene una de las distribuciones de la tierra más desiguales de la región: alrededor del 2.5 % de las fincas controla cerca del 65 % de la tierra agrícola, mientras que más del 88 % de las propiedades agrícolas—que son minifundios pequeños— poseen aproximadamente el 16 % de la tierra cultivable. Esto ha sido documentado por análisis agrarios y perfiles de tenencia de la tierra que muestran que la concentración territorial sigue siendo extrema (landportal.org).
Esa desigualdad no es solo un número; tiene consecuencias reales en la vida de millones de personas. Además, muchas familias trabajan la tierra, pero no la poseen legalmente. Según algunas estimaciones, hasta el 40 % de la población económicamente activa rural puede no poseer tierra propia y depende de parcelas muy pequeñas o de jornales en fincas ajenas. (IFAD)
Guatemala también ha experimentado transformaciones en el empleo agrícola. Si bien hace décadas, la mayoría de la población vivía directamente del campo (se estima que en los años 80 el 67% de la población trabajaba en el campo), en años recientes ya solo aproximadamente un tercio de la población ocupada trabaja en actividades del sector agropecuario (cultivo, ganadería, pesca). (FAOHome) Hemos observado que en comunidades de Huehuetenango ahora las mujeres son quienes más se dedican a las labores agrícolas, mientras que los hombres tienen otros trabajos complementarios como en albañilería, ayudantes de camiones u otros servicios. Este cambio no solo refleja transformaciones económicas globales, sino también rupturas sociales profundas en las que el campo pierde manos, saberes y juventud. Hay una reconfiguración del mercado laboral, urbanización, migración y otros fenómenos. Aun así, cientos de miles de familias dependen directa o indirectamente del agro para vivir. Además, todos dependemos de la agricultura para comer; sin productores agrícolas no tendríamos alimentos.
Tradicionalmente Guatemala era un país agroexportador. Hoy el sector agrícola representa cerca del 9–10 % del Producto Interno Bruto (PIB), un porcentaje que ha venido reduciéndose con el tiempo debido a la expansión de otros sectores de la economía y la menor productividad agrícola formal. (TheGlobalEconomy.com) De hecho, el sector agropecuario representa menos que los ingresos como producto de remesas que envían las personas migrantes y que hoy representa el sostén principal de la economía del país (hasta un 16%).
Guatemala dejó de ser un país exportador de granos básicos para convertirse en uno que importa maíz y frijol para satisfacer su consumo interno. Desde una perspectiva de mercado, el cultivo de maíz no es rentable para pequeños productores y se produce maíz, frijol y calabazas principalmente para el autoconsumo familiar. Las más grandes y mejores extensiones de tierra cultivable se destinan al monocultivo para la exportación – principalmente caña de azúcar, café, palma aceitera, banano -, haciendo uso de agroquímicos. Es decir que se mantiene el modelo de grandes latifundios con monocultivos principalmente para la exportación, manejados con agroquímicos, mientras que las tierras de las familias indígenas y campesinas se encuentran en laderas y lugares poco aptos para la agricultura, muchas veces degradadas por erosión o insuficientemente irrigadas, que son las que se destinan para pequeña producción de alimentos de autoconsumo.
Esta injusta distribución de la tierra tiene un origen colonial. Con la invasión, los pueblos originarios fueron despojados de las mejores tierras y se vieron obligados a vivir en zonas montañosas, poco aptas para la agricultura. La Reforma Liberal de 1871 continuó despojando a los pueblos de sus tierras comunitarias. Y a la fecha continúa el despojo de las comunidades, especialmente en la llamada Franja Transversal del Norte y el Petén, habitadas por comunidades Maya Q’eqchi’, lo cual provoca desplazamientos internos.
Por otro lado, hemos observado que las y los jóvenes ya no se identifican con el trabajo agrícola por múltiples razones, entre las que están que: es el trabajo más duro pero el menos reconocido y peor pagado; se ha impuesto la idea de que lo rural es “atrasado” y que el desarrollo está en las ciudades; la migración aparece como salida frente a la falta de oportunidades. Los bajos ingresos por las labores agrícolas desincentivan ocupar el campo. También se suman riesgos climáticos, inseguridad en la propiedad de la tierra y la continuación del despojo.
Nuevamente, las soluciones no son blanco o negro, sino diversas, con una visión holística. No se trata de abandonar la agroecología ni dejar de trabajar por un desarrollo local endógeno. Pero eso tampoco puede hacer olvidarnos de los problemas estructurales más profundos como es esa injusta distribución de la tierra. Tampoco se trata de pensar que una Reforma Agraria como la que se intentó implementar en los años 50 —y que fue truncada por la contrarrevolución de 1954— resolvería todo por sí sola. No basta tener tierra y que esté legalmente reconocida la propiedad, sino que también es necesario desarrollar capacidades técnicas, organizativas y de logística para que la producción beneficie a las y los productores.
Justamente en estos días leímos un artículo sobre la Conferencia Internacional sobre Reforma Agraria y Desarrollo Rural que se celebró en Colombia, donde gobiernos, movimientos campesinos y pueblos indígenas debaten una pregunta fundamental: la tierra, ¿para quién y para qué? Desde organizaciones como La Vía Campesina se ha afirmado con claridad que “las reformas agrarias deben estar basadas en la soberanía alimentaria y la agroecología”. Entre los datos que brindaron están que el sector de la agricultura familiar, campesina e indígena —que es el principal productor de alimentos sanos— cuenta solamente con alrededor del 12 % de la tierra disponible. Este contraste —entre quienes alimentan y quienes controlan la tierra— es el corazón del debate agrario actual.
Entonces, la pregunta vuelve: ¿es suficiente promover huertos familiares, parcelas agroecológicas, proyectos locales sin tocar las estructuras de poder sobre la tierra? O ¿no estaremos, como se ha preguntado, administrando la pobreza en vez de transformarla?
Necesitamos articular propuestas que unan la economía familiar rural, la justicia territorial, el acceso equitativo a la tierra, políticas públicas integrales y la protección de los bienes comunes: agua, semillas, biodiversidad. Esto implica asegurar que las comunidades y los pueblos tengan seguridad sobre sus tierras y puedan decidir sobre sus territorios; promover una producción agrícola que aporte a la seguridad alimentaria de la mayoría y no sirva únicamente para el enriquecimiento de minorías; ampliar la agroecología como propuesta desde los territorios; crear incentivos para que las juventudes vean opciones de vida desde lo agrícola, apoyándoles con acceso a tierra, financiamiento, formación técnica y oportunidades laborales dignas.
Si la tierra continúa concentrada, si el modelo agroexportador sigue dominando sin considerar la seguridad alimentaria y justicia social, si la juventud rural sigue migrando porque no ve futuro en el campo y en el país, entonces sí estaremos “jugando de comidita”.
Pero si los procesos locales se articulan con una visión más amplia de justicia agraria, si colocamos en el centro la soberanía alimentaria y la dignidad de quienes trabajan la tierra, entonces los pequeños huertos pueden ser pasos para la transformación.
La pregunta, al final, no es sólo técnica; es también política y ética: ¿queremos un campo al servicio del mercado global o un campo al servicio de la vida?
