El proceso para elegir a la nueva o nuevo fiscal general del Ministerio Público entra en su fase final con las entrevistas a los candidatos después del descanso de Semana Santa. De las 49 personas que postularon, seis entrarán en la lista final que será presentada al presidente Bernardo Arévalo.
Por Isela Espinoza
Entre perfiles con señalamientos de corrupción o de pertenecer al círculo cercano de la actual fiscal general, Consuelo Porras, saldrán los seis nombres de las personas que buscan dirigir el Ministerio Público (MP) y que integrarán la lista final de la cual el presidente Bernardo Arévalo deberá decidir quién retomará o no el rumbo de una institución debilitada por la gestión de Porras.
La Comisión de Postulación concluyó con la fase en la que conoció las pruebas de descargo de las seis candidaturas a las que se les admitieron señalamientos hechos por la sociedad civil, autoridades indígenas y ciudadanía al considerar que carecen de idoneidad y honorabilidad para presidir el cargo.
Al volver del descanso de la Semana Santa, la Comisión se reunirá nuevamente para realizar los días 6, 7, 9 y 10 de abril las entrevistas públicas a los 49 candidatos. El primer día serán entrevistados 13 y los siguientes fueron divididos en grupos de 12.
Tras esta fase, el proceso entra en su etapa final, ya que según el cronograma el lunes 13, martes 14 y jueves 16 de abril, la Comisión hará la evaluación final y ponderación de los expedientes con la tabla de gradación para elaborar la nómina final el 17 de abril, la cual será remitida a Arévalo.
Dentro de las 49 personas, María Consuelo Porras Argueta busca continuar al frente del MP. Estudió Ciencias Jurídicas y trabajó como integrante de la Corte de Apelaciones y como magistrada suplente de la Corte de Constitucionalidad, aunque no tenía experiencia en temas de investigación criminal de alto impacto antes de ser designada para el Ministerio Público.
Fue nombrada inicialmente en mayo de 2018 por el entonces presidente Jimmy Morales en sustitución de Thelma Aldana, la fiscal general que encabezó la lucha contra la corrupción.
Morales, por ese entonces, había comenzado a desarticular los organismos contra la impunidad existentes en el país, entre ellos la Comisión Internacional contra la Corrupción en Guatemala (CICIG), una misión que logró desmantelar numerosas redes criminales durante 12 años.
Morales anunció en 2019 la salida de la CICIG del país, poco después de que Porras se convirtiera en fiscal general. Uno de sus primeros pasos en ese puesto fue empezar una persecución contra Aldana quien trató de presentarse como candidata a la presidencia por el Movimiento Semilla. Pero fue acusada por el MP de Porras de malversación y se le giró orden de captura. Aldana se exilió en Estados Unidos.
Este fue el punto de partida para que Porras iniciara una persecución contra jueces, fiscales y abogados que trabajaban temas vinculados a la corrupción, incluido Juan Francisco Sandoval, el exjefe de la Fiscalía Especial Contra la Impunidad (FECI), quien también continúa en el exilio. En 2022 fue reelecta por Alejandro Giammattei para un segundo periodo.
En el actual proceso de renovación de la jefatura del MP, la sociedad civil presentó 33 tachas contra Porras, algunas de ellas por falta de idoneidad al favorecer a estructuras criminales y personajes corruptos, por el plagio de su tesis, por su presunta vinculación en adopciones ilegales durante el conflicto armado y por la criminalización que ha ejercido durante su gestión contra autoridades indígenas que defendieron la democracia en 2023, operadores de justicia y defensores de derechos humanos.
Sin embargo, un grupo de comisionados liderado por la presidenta de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), Claudia Paredes, benefició en el actual proceso a Porras admitiendo únicamente cinco tachas.
Los principales requisitos para ser el jefe del Ministerio Público en Guatemala son tener más de 40 años y una “reconocida honorabilidad”, entre otros, de acuerdo con la ley guatemalteca. Estos son los perfiles de los 49 aspirantes al MP.
¿Quiénes tienen posibilidades para ser tomados en cuenta para conforma la nómina de seis que recibirá Bernardo Arévalo?
Prensa Comunitaria te presenta un breve perfil de los candidatos:
Exabogadas de CICIG
Glayds Verónica Ponce Mejicanos: Abogada especializada en derecho penal. Entre 2011 y 2014 trabajó como abogada y oficial legal en la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG).
De sus 17 años de experiencia destaca como sus principales logros profesionales la docencia universitaria; su paso por la Fiscalía Especial contra la Impunidad (FECI), en donde se desempeñó como agente fiscal entre 2010 y 2011; y su participación en la CICIG en donde se especializó en investigación de estructuras criminales y en estrategia de litigios penales. Además, integró la nómina final de candidatos a fiscal general para el periodo 2018-2022. Fue la penúltima aspirante entrevistada por el entonces presidente Jimmy Morales quien terminó por elegir a Consuelo Porras.
Shayne Ochaeta Argueta: abogada y notaria guatemalteca cuenta con amplia trayectoria profesional, incluyendo experiencia como fiscal en la Fiscalía Especial contra la Corrupción y como oficial legal en la CICIG. Se postuló al cargo de jefatura de la Procuraduría de los Derechos Humanos para el periodo 2017-2022En 2018, no superó la nota mínima para ser elegible como fiscal general. Ha sido asesora jurídica en diversas instituciones. Es hermana de Ronalth Iván Ochaeta Argueta, abogado y diplomático guatemalteco, exdirector y cofundador de la Oficina de Derechos Humanos del Arzobispado de Guatemala (ODHAG) y también uno de los 49 candidatos a fiscal general.
Expertos en el área de derechos humanos
Brenda Dery Muñoz Sánchez de Molina: Fue directora nacional de procuración, en la Procuraduría de Derechos Humanos (PDH). En 2018, la exfiscal de narcoactividad fue la primera seleccionada en la nómina final de candidatos a fiscal general entregada a Jimmy Morales en la que se buscaba la sucesora de Thelma Aldana. Muñoz fue una de las candidatas con mejor evaluación.
Dieciséis años de su carrera los hizo en el MP en distintas unidades relacionadas a la investigación del crimen organizado y la narcoactividad en Quetzaltenango, además se ha desempeñado como profesora universitaria y formó parte de en una misión internacional de justicia con niños y niñas que sufren de violencia sexual. Dentro de su plan de trabajo, le dijo a Morales que seguiría el combate a la corrupción con la CICIG como uno de sus aliados.
Durante la administración de Otto Pérez Molina trabajó en la Policía Nacional Civil, como subdirectora general de Análisis e Información Antinarcótica.
Además, fue la titular del caso “Agua Zarca”, la masacre de 17 narcotraficantes en la aldea de ese nombre en Huehuetenango, en 2008. A la exfiscal se le cuestiona que no hubiera más condenas. Ella se defiende diciendo que logró la condena de la única persona arrestada por la Policía. Esteban Emanuel Celada Flores: Abogado de derechos humanos e integrante del Grupo de Litigantes contra la Tortura en América Latina. Ha sido víctima de atentados, amenazas y allanamientos. Representó a varias víctimas sobrevivientes del incendio en el Hogar Seguro Virgen de la Asunción a través de la organización Mujeres Transformando el Mundo.
En la Universidad Mariano Gálvez obtuvo la licenciatura en Ciencias Jurídicas y Sociales y el título de Abogado y Notario. Tiene una maestría en Criminología por la Universidad de San Carlos de Guatemala (USAC).
De 2008 a 2014 trabajó en el sistema judicial. Formó parte de la Red de Derivación como representación del Organismo Judicial (OJ). Esta instancia para la atención a personas víctimas de delitos, es coordinada por la Oficina de Atención a la Víctima del Ministerio Público (OAV), e integrada por diversas instituciones del sistema de justicia, seguridad, salud, educación y sociedad civil. En 2024 se postuló para magistrado para la Corte de Apelaciones
Ronalth Iván Ochaeta Argueta: abogado, notario y diplomático guatemalteco. Director y cofundador de la Oficina de Derechos Humanos del Arzobispado de Guatemala (ODHAG).
Fue asistente de cátedra en la Facultad de Derecho de la Universidad de San Carlos de Guatemala. Asesor de tesis de pregrado en temas de derechos humanos, abogado acusador en casos de alto impacto por violaciones de derechos fundamentales en Guatemala, y ante el sistema interamericano de protección de los derechos humanos.
Recibió varias distinciones nacionales e internacionales por su labor en la promoción y defensa de los derechos humanos. Fue seleccionado en 1994 por la Revista Time dentro de los 100 líderes para el milenio 2000. Fue embajador de Guatemala ante el Consejo Permanente de la Organización de Estados Americanos (OEA) y vicepresidente del Consejo Permanente, entre otros cargos dentro de este organismo.
Recibió el premio por Servicios Distinguidos William Lawyers; de la Universidad de Notre Dame y la medalla por los derechos humanos Monseñor Juan Gerardi.
Es hermano de Shayne Ochaeta Argueta exoficial legal de la CICIG, exfiscal de la Fiscalía contra la Corrupción y también conforma la lista de 49 candidatos a fiscal general.
Foto Eddy Zeta
Los cercanos al Ejecutivo
Marco Antonio Villeda Sandoval: Actual ministro de Gobernación. Sustituyó a Francisco Jiménez tras la fuga masiva de reos que evidenció una crisis penitenciaria.
Villeda es reconocido por su independencia judicial y su papel en la lucha contra la corrupción y el narcotráfico. Fue juez por más de tres décadas. Es abogado y notario egresado de la Universidad de San Carlos de Guatemala (USAC), y fue el primer juez especializado en materia penal de extinción de bienes.
Estuvo al frente del Juzgado de Extinción de Dominio durante 13 años, sin denuncias de corrupción y sin mora judicial. Tiene más de 34 años de experiencia y se ha desempeñado como juez de paz, de garantías y penal.
Durante más de una década ordenó la inmovilización o extinción de bienes ligados a políticos, empresarios y personajes vinculados al narcotráfico y a las redes de corrupción del Estado. Entre los procesos más sonados en los que intervino su juzgado retiró bienes en casos relacionados con Otto Pérez Molina, Roxana Baldetti, Manuel Baldizón y Alejandro Sinibaldi, entre otros actores señalados y condenados por corrupción y lavado de activos.
Su trabajo frente al juzgado de Extinción de Dominio lo llevó a ser nombrado Coordinador Interino de la División de Prevención y Combate a la Corrupción de la Misión de Apoyo contra la Corrupción y la Impunidad en Honduras (MACCIH), que operó entre 2016 y 2020.
En 2024, Villeda se postuló como aspirante a una magistratura de Sala de Apelaciones, donde fue respaldado por diversos sectores de sociedad civil y operadores de justicia independientes.
Julio Roberto Saavedra Pinetta: Actual jefe de la Procuraduría General de la Nación. Ha dado acompañamiento al Ejecutivo en el combate contra la corrupción.
Saavedra es un abogado cuya experiencia abarca desde la asesoría a personas individuales y jurídicas en las áreas civil, mercantil y laboral, hasta su destacado trabajo en el notariado. Ha sido asesor legal de entidades no lucrativas tanto a nivel nacional como internacional entre las que destacan la asociación de Aldeas Infantiles SOS de Guatemala, la Fundación de Antropología Forense de Guatemala y el American Friends Service Committee.
Los cercanos a Porras
Carlos Alberto García Alvarado: Fiscal del distrito de Petén. Cuenta con 20 años de trayectoria en el MP, participó en el proceso de postulación a la CSJ para el periodo 2024-2029.
Sully Claudet Merlos Moya: fiscal de la región III Norte que comprende los departamentos de Alta y Baja Verapaz. Tiene 26 años de trabajar en el MP. En este proceso se presentó un señalamiento en su contra por problemas en el aire acondicionado. Sin embargo, la postuladora decidió no admitirlo.
Abdi Ariel Guerra Guzmán: Se le vincula con la sobrina de Consuelo Porras, Wendy Lisseth Contreras Porras. Antes de ser el jefe de la Dirección de Análisis Criminal, uno de los puestos más altos del MP, fue fiscal de la Unidad de Adolescentes en Conflicto con la Ley Penal y formó parte de la antigua unidad contra el secuestro de la Fiscalía Contra el Crimen Organizado.
La postuladora conoció dos señalamientos en su contra relacionados con la presunta cercanía a la actual fiscal, apoyo a su gestión, posible conflicto de interés y cuestionamientos sobre experiencia.
Lissy Cristina Guerra Aguirre: Fiscal del Ministerio Público con funciones dentro de la Fiscalía de Distrito Metropolitano. Tiene más de 20 años de trabajar en la institución.
Raúl Estuardo López Rodríguez: Fiscal de Distrito de Totonicapán. Tiene más de 20 años de trabajo en el MP. En este proceso, recibió un señalamiento por presuntamente utilizar su cargo para promover a integrantes de un grupo gremial señalado de incidir en espacios institucionales. El señalamiento no fue admitido, al basarse en notas de prensa y capturas de pantalla, y no alcanzar la mayoría requerida (10 votos de la comisión).
Erick Osberto López Orozco: Se desempeña en la agencia fiscal en el municipio de San Lorenzo, San Marcos. En 2014 fue agente fiscal de la fiscalía de sección de menores o de la niñez y trabajó 15 años como fiscal en Quiché y Huehuetenango. Tiene una maestría en Derecho Constitucional y un doctorado en Derecho Penal y Procesal Penal.
César Isaac Payes Reyes: Se desempeñó como asesor (2018-2021) y gente de confianza de Porras que también lo nombró coordinador nacional de fiscales regionales del MP (2021-2023). Se presentó como aspirante a director general del Instituto de la Defensa Pública Penal (IDPP) 2024-2029. Desde 2013, es docente de la Universidad Mariano Gálvez (UMG).
Junto con el asesor Héctor Aníbal de León Velasco recomendó a Porras iniciar tres procesos más, de un total de nueve, en contra del exfiscal Juan Francisco Sandoval y otros exmiembros de la FECI.
La comisión de postulación para esta elección de fiscal general y jefe del MP conoció un señalamiento contra él relacionado con su presunta cercanía al círculo de la actual fiscal y respaldo a una gestión señalada por persecuciones con fines políticos. El señalamiento no fue admitido.
Eliseo Rigoberto Francisco Quiñonez Villagrán: Tiene 20 años de trayectoria en el MP, actualmente es titular de la Fiscalía contra el Crimen Organizado. Cuenta con una maestría en Derecho Penal y Análisis Criminal. Es profesor de derecho en el Centro Universitario de Izabal (Cuniza). Fue aspirante a fiscal general y jefe del MP en 2018.
Miguel Estuardo Ávila Vásquez: Desde 2023 es el secretario contra la Corrupción del Ministerio Público y forma parte del grupo de funcionarios acompañan en influyen a Porras en sus decisiones. De 2013 a 2021 fue contratista del Estado según el portal de Guatecompras.
Ávila fue abogado defensor de Álvaro Manolo Dubón González, exsubgerente administrativo del Instituto de Seguridad Social (IGSS) acusado y condenado por el delito de fraude en esa institución.
Tomás Ramírez López: Cuenta con una maestría en derecho constitucional, así como una carrera dentro del MP. Es fiscal de sección de la Fiscalía de Derechos Humanos hasta 2024 cuando Porras lo despidió. Durante el mandato de Ramírez fue anulado un nuevo juicio por genocidio e invalidado todo el caso de desaparición forzada del Comando Regional de Entrenamiento de Operaciones de Mantenimiento de la Paz (Creompaz). En ambos expedientes se estaban juzgando delitos cometidos durante el Conflicto Armado Interno. Tales decisiones judiciales beneficiaron principalmente a Benedicto Lucas García, un antiguo general que estaba acusado en los dos casos.
Ramírez López dirigió esa sección del Ministerio Público por tres años, aunque su llegada a la fiscalía fue criticada por la Unidad de Protección a Defensores y Defensoras de Derechos Humanos de Guatemala y otras organizaciones. Esto se debió a que llegó a sustituir a Hilda Pineda quien, hasta 2021, estaba a cargo y, para entonces, contaba con una amplia trayectoria en la persecución de crímenes de lesa humanidad.
Marco Antonio Cortez Sis: Desde el 2009 ha participado en varios procesos de postulación. Actualmente labora para el MP como agente fiscal en la Fiscalía Metropolitana.
En 2003 desempeñaba el cargo de agente fiscal, encargado de la Fiscalía Especial de Delitos Contra Periodistas y sindicalistas del MP. Fue fiscal del caso de Jose Rubén Zamora 2003-2004.
Durante el plazo de presentación de señalamientos recibió uno en su contra por sus actuaciones durante una investigación cuando se desempeñaba como fiscal. El aspirante indicó que se excusó de conocer el caso, que no existen pruebas que respalden las acusaciones en su contra y que cuenta con constancia del Ministerio Público sobre la ausencia de sanciones.
En el proceso anterior de postulación fue excluido porque no presentó constancia de no haber sido sancionado por la fiscal general.
Trabajadores del MP
Brenner Israel Ronaldo López de León: se ha desempeñado como asesor de la División Jurídica del Congreso de la República y cuenta con 16 años de carrera fiscal, específicamente en la Fiscalía de Delitos Contra la Vida, Contra la Corrupción y de Delitos Económicos. Docente universitario. Ha sido candidato a procesos de selección de magistrados del sistema de justicia.
Mynor Francisco Hernández Castillo: Fiscal de sección adjunto de la Fiscalía contra la Trata de Personas en Cobán, Alta Verapaz. Fue el primer postulante que se presentó. Tiene una maestría en criminología y 18 años de trabajo en el MP.
Edgar Miguel Morales Santos: Ha trabajado más de 20 años en el MP, ocupando cargos importantes como el desempeñado en la Dirección de Análisis Criminal y en la Fiscalía Adjunta Contra la Extorsión. También participó en el reciente proceso de elección de magistrados del Tribunal Supremo Electoral.
Zoila Tatiana Morales Valdizón: Inició su carrera en 1995 en el MP como agente fiscal, de la Fiscalía Metropolitana, posteriormente ha sido fiscal de la Fiscalía contra el Crimen Organizado, agente fiscal de la Fiscalía contra la Corrupción, jefe de unidad de investigación especial en la fiscalía número dos de delitos contra miembros de derechos humanos, derechos indígenas, sociedad civil, organismos no gubernamentales; fiscal de sección de la Fiscalía de delitos contra el medio ambiente, Fiscalía de delitos administrativos, Fiscalía de delitos contra la propiedad intelectual y jefa de unidad de investigación trasnacional, entre otros cargos dentro de la institución.
Ana Karina Méndez Vielman: directora del Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales de Guatemala, asesora para el MP y otras instituciones. Mientras presentó su expediente dijo que busca reducir la criminalidad y aportar al fortalecimiento de la justicia en el país. Fue asesora en la Secretaría de Política Criminal del MP (2013-2014).
Foto Eddy Zeta
Señalados en casos judiciales o de corrupción
Paolo Rubén Similox Valiente: tiene una maestría en criminología, trabajó durante15 años en el MP como fiscal de delitos administrativos, ha brindado asesoría a entidades del Estado y asumió como viceministro de desarrollo social en mayo de 2018 en sustitución a Francisco Santizo. Actualmente es magistrado suplente de la Corte de Apelaciones.
Alianzas por las Reformas presentó un señalamiento en su contra por un presunto intento de beneficiar procesalmente a políticos investigados en el caso Cambray II cuando era fiscal. Sin embargo, el señalamiento no fue admitido, ya que se fundamentó en medios de prueba provenientes de notas de prensa. En estas elecciones también se postuló como magistrado suplente para la CC.
Henry Alejandro Elías Wilson: exmagistrado de Corte de Apelaciones, integró la Sala Primera del Ramo Penal de Delitos de Femicidio y Otras Formas de Violencia contra la Mujer y Violencia Sexual, cuyos fallos fueron cuestionados por su presunta afinidad con el gobierno de turno, encabezado por el expresidente Otto Pérez Molina y la exvicepresidenta Roxana Baldetti Elías. En este proceso de elección, recibió dos tachas por presuntos nexos con operadores paralelos en el proceso de elección de Cortes 2020. Sus pruebas de descargo fueron admitidas.
El aspirante dijo que los señalamientos fueron descartados por la CC y la Corte Suprema de Justicia (CSJ), y que una solicitud de antejuicio promovida por el Ministerio Público fue declarada sin lugar al no encontrarse elementos suficientes. También señaló que las objeciones se basan en notas periodísticas o informes de la FECI desestimados.
Ha sido docente universitario y ha participado en procesos de elección de alto nivel.
Néctor Guilebaldo de León Ramírez: laboró para el MP y el OJ. En la elección pasada fue uno de los seis candidatos que Alejandro Giammattei entrevistó
Fue magistrado presidente de la sala Cuarta de Apelaciones del Ramo Penal. Catedrático de la Escuela de posgrado de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la USAC, desde 2014.
En 2020 integró como suplente el pleno de la CSJ y avaló dar trámite al antejuicio contra los magistrados de la CC, Francisco de Mata y Gloria Porras.
Fue denunciado por el delito de prevaricato por haber excarcelado a la magistrada de la CSJ, Blanca Stalling
Carlos Humberto Rivera Carrillo: Exmagistrado de la CSJ. La FECI documentó que Carrillo visitó a Gustavo Alejos, supuestamente con la intención de influir en la elección de magistrados de CSJ. Si bien la Fiscalía Especial Contra la Impunidad dijo que Alejos podía recibir visitas, estas las hizo en un anexo de ese inmueble del hospital, al que asistieron diputados, jueces, operadores políticos y comisionados.
En este proceso de elección se le presentó un señalamiento por su presunta vinculación al caso Comisiones Paralelas 2020. El aspirante respondió que no existe acusación formal, proceso penal ni sentencia en su contra y que los señalamientos se basan en un informe de la FECI.
Liseth Gramajo Trampe: exasesora jurídica del Ministerio de la Defensa y exabogada de José Manuel Morales, hijo de Jimmy Morales, implicado junto a Sammy Morales en el caso Botín Registro de la Propiedad por haber participado en un evento para la compra de alimentos, que en cambio se usó para adquirir canastas navideñas sobrevaloradas hasta tres veces más que el precio comercial. Las canastas se entregaron a empleados del Registro General de la Propiedad.
Durante el proceso, Gramajo Trampe visitó a otros implicados en el caso con el propósito de ofrecerles asesoría a ellos y a sus abogados argumentando que en septiembre de 2019 habría cambios en la CICIG por lo que les propuso llegar a esa fecha sin el juicio y así trasladar el proceso a lo administrativo.
En julio y agosto de 2019, Gramajo agotó recursos judiciales para retrasar el debate oral. José Manuel Morales estuvo en prisión preventiva en 2017 y fue absuelto en agosto de 2019. El caso fue cerrado en 2022.
Amílcar Enrique Colindres Hernández: Exjuez señalado por la CICIG de proteger con un amparo a Carlos De León Argueta, exfiscal general capturado por un caso de lavado de dinero.
Colindres fue uno de los jueces que la CICIG acusó de dictar fallos que favorecieron “a personas vinculadas con estructuras criminales” en el informe Los jueces de la impunidad, presentado en noviembre de 2012 a la entonces fiscal general, Claudia Paz y Paz. Colindres participó en la comisión de postulación para fiscal para el periodo 2014-2018.
En la actual postuladora recibió un señalamiento por cuestionamientos a su idoneidad y honorabilidad relacionados con resoluciones judiciales presuntamente contrarias al derecho y fuera de su competencia. Sin embargo, no fue admitido.
Beyla Adaly Xiomara Estrada Barrientos: Formó parte de la Sala Tercera de Apelaciones del Ramo Penal. Sus resoluciones fueron cuestionadas por favorecer en fallos que tuvieron efectos de impacto nacional, al punto de anular condenas o libertar a personas vinculadas en casos de corrupción.
Magistrada y pesquisidora contra la jueza Erika Aifán. Fundó la Asociación Civil de Justicia Guatemala Israel en 2019. Esposa de José Alfredo Brito Ralón, exsecretario de Comunicación de Jimmy Morales. Abogada y asistente en 2001 del exfiscal general Carlos de León, capturado por lavado de dinero en 2012.
Fue una de las juezas que anuló la sentencia que el Tribunal impuso a los militares Napoleón Rojas Méndez y Jacobo Salán Sánchez por el desvío de fondos. Anuló las condenas en casos importantes como IGSS Pisa y el sobresueldo a expresidentes. Además, ordenó el cierre de la persecución penal contra la familia Bitkov y favoreció con arresto domiciliario al hermano y al hijo de Jimmy Morales. Es señalada de favorecer en fallos judiciales a Gustavo Alejos y otros personajes políticos. Recomendó no retirarle la inmunidad de Álvaro Arzú.
Exfuncionarios y exasesores legales del Estado
Walfred Orlando Rodríguez Tórtola: Fue viceministro administrativo y financiero del Ministerio de Desarrollo Social en 2015 durante la presidencia de Otto Pérez Molina. Además, ha ocupado varios cargos en la Contraloría General de Cuentas. En 2024, se postuló a magistrado de la Corte de Apelaciones en 2024 y en estas elecciones de segundo grado también se postuló para magistrado del Tribunal Supremo Electoral.
Juan Luis Polanco Santizo: Docente de la Universidad de San Carlos de Guatemala y exfiscal de delitos de defraudación y contrabando aduanero. También ha participado en procesos de postulación ante otras instancias.
Oscar Miguel Dávila Mejicanos: Abogado y exfuncionario con trayectoria en el Ministerio Público y el sector justicia. En 2020 fue nombrado director ejecutivo de la Comisión Presidencial contra la Corrupción de Alejandro Giammattei.
Aunque dijo tener claro que la comisión no sustituiría a la CICIG, ofreció dirigir la entidad que protegiera a la ciudadanía y combatiera la corrupción.
Tiene una maestría en Derecho Procesal Penal por la Universidad Rafael Landívar. Se graduó de licenciado en Ciencias Jurídicas, Sociales y de la Justicia, abogado y notario, en la Universidad Panamericana.
Ha sido consultor para la sección de asuntos antinarcóticos y aplicación de la Ley para la embajada de EE. UU. en Guatemala. Entre septiembre del 2013 y diciembre del 2015, fue fiscal especial del MP encargado de la Unidad Especializada contra Organizaciones Criminales dedicadas al Narcotráfico, Lavado de Dinero y otros activos y Delitos contra el Orden Tributario.
En 2022 se postuló para candidato a fiscal general, pero recibió una tacha por no tener 10 años de ejercicio profesional.
Nicolás Cuxil Guitz: exmagistrado de Sala de Corte de Apelaciones. Participó en la elección de magistrados suplentes a la Sala de Apelaciones para el periodo 2014-2019.
En 2020, el MP presentó antejuicio contra 13 magistrados suplentes de la CSJ entre ellos Nicolas Cuxil Guitz, magistrado vocal primero de la Sala Mixta de la Corte de Apelaciones del departamento de Izabal por diversas denuncias de diputados en donde señalan que integraron los magistrados suplentes ilegalmente. La denuncia fue presentada por los posibles delitos de usurpación de atribuciones, violación a la constitución, resoluciones violatorias a la constitución y prevaricato.
Silvia Lucrecia Villalta Martínez: Abogada con trayectoria en derechos humanos y justicia. Se desempeñó como relatora titular de la Oficina Nacional de Prevención de la Tortura. En 2022 se postuló en el proceso anterior para elegir a la jefatura de la PDH. Recibió una tacha por su desempeño deficiente en el cargo como relatora titular de la Oficina Nacional de Prevención de la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes.
En la actual comisión también recibió una tacha por cuestionamientos a su gestión en la Oficina Nacional de Prevención de la Tortura relacionados con debilidades institucionales y presunto incumplimiento del mandato legal. El señalamiento no fue admitido.
Julio César Rivera Claveria: Abogado y notario con trayectoria en seguridad pública y cargos estatales. En 2023 se postuló como candidato a la presidencia con el partido Mi Familia. Fue viceministro de seguridad de enero a octubre de 2012 y viceministro de Gobernación (1988-1989). Alcanzó el grado de teniente coronel poco antes de dejar el ejército de Guatemala, en 1997. Entre 2000 y 2009 fue asesor del Congreso de la República. Además, fue director del Sistema Penitenciario (1986-1988).
En 2014, pasó a segunda vuelta para candidato a fiscal general.
Ricardo Aníbal Guzmán Loyo: Abogado y notario guatemalteco con experiencia en derecho penal, criminología y gestión pública. En estas elecciones de segundo grado también envió su expediente como candidato a magistrado de la Corte de Constitucionalidad (CC), para el período 2026-2031.
Es exviceministro de Seguridad durante la administración de Francisco Rivas Lara en el gobierno de Jimmy Morales. Fue fiscal del Ministerio Público durante las administraciones de Claudia Paz y Paz y de Thelma Aldana, en 2011 fue jefe de la Fiscalía de Sección de Delitos Contra la Vida. En 2019 se postuló para director del Instituto de la Defensa Pública Penal (IDPP)
Según Rivas, Guzmán Loyo implementó el plan antipandillas logrando la captura y condena de cientos de pandilleros.
Mario René Espinoza Palacios: Abogado y notario con estudios de maestría en Derecho Procesal Penal. Actualmente, es docente universitario de la USAC de las Clínicas de Voluntariado de Derecho Procesal Penal.
Tiene un diplomado en criminalística y ciencias forenses. Durante 12 años, se desempeñó como oficial de la Fiscalía Distrital de Escuintla; auxiliar fiscal y agente de la Fiscalía contra el Crimen Organizado hasta alcanzar la jefatura de la unidad contra robo de vehículos.
Al finalizar su paso por el MP, fue asesor jurídico del Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social; asesor legal de despacho superior del Ministerio de Energía y Minas y del Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda. Entre 2023 y 2025 fue asesor legal de la secretaria municipal de Mixco y actualmente es juez primero de asuntos municipales y de tránsito de Mixco.
Magistrados y exjueces
Walter Paulino Jiménez Texaj: Actualmente es magistrado suplente de la CC designado por la CSJ para el periodo 2022-2026. Tiene una trayectoria de 35 años como juez en el Organismo Judicial.
Es doctor en Derecho por la facultad de Ciencias Jurídicas de la USAC, es coordinador de la carrera ciencias jurídicas y sociales del Centro Universitario de Chimaltenango, catedrático de la USAC en el centro universitario de Chimaltenango 2011-2025. Además, ha sido catedrático en las Universidad Panamericana y Regional.
Este año también presentó su expediente para ser considerado magistrado titular o suplente de la CC por el Congreso.
César Augusto Ávila Aparicio: abogado y notario guatemalteco, magistrado de la Sala Regional Mixta de la Corte de Apelaciones de Zacapa y docente universitario con más de 25 años de experiencia en diversas instituciones del país.
En 2024 se postuló como candidato a la CSJ. Una investigación de Plaza Pública señala que Avila fue uno de los aspirantes que obtuvieron al menos dos o hasta siete títulos académicos de forma simultánea. En el caso de Ávila se le cuestiona que cursar tres posgrados entre febrero y julio de 2024.
Walter Brenner Vásquez Gómez: Exjuez y doctor en Ciencias Penales de la Universidad de San Carlos de Guatemala (USAC). De 2013 a 2015 fue vocal suplente del Tribunal de Honor del Colegio de Abogados y Notarios de Guatemala (CANG). En la postuladora del MP recibió un señalamiento por sus actuaciones como notario en un caso relacionado con supuesta falsedad y obstrucción de justicia.
En 2019, participó como candidato a alcalde de Mixco con el extinto partido político Movimiento para la Liberación de los Pueblos (MLP), de Codeca.
No es la primera vez que se postula para optar por el cargo de jefe del MP, lo hizo para el periodo 2022-2026 y participó para la magistratura de la CC para finalizar el periodo 2016-2021 por el Colegio de Abogados y Notarios de Guatemala (CANG). Este año también presentó su perfil para el proceso de elección de la Corte de Constitucionalidad (CC) promovido por la Universidad de San Carlos.
Gabriel Estuardo García Luna: Expresidente e integrante suplente de la Junta de Disciplina Judicial desde 2023. Presta servicios profesionales 029 como asesor penal de la Procuraduría General de la Nación. Hace cuatro años también se postuló para fiscal del MP e integró la nómina de los seis nominados finales entregados a Alejandro Giammettei.
Maynor Eduardo González Méndez: Participó en el proceso de postulación para Fiscal del 2022. Tiene 25 años de ejercer como abogado, catedrático universitario, profesor titular de la USAC, exfiscal del MP 2004-2005 en Zacapa, así como en la fiscalía de sindicalistas y periodistas y medio ambiente en Petén.
En enero fue presentado como coordinador de la Carrera de Ciencias Jurídicas y Sociales, abogacía y notariado del campus central en Santa Elena de la Cruz, Flores, y de la extensión de Poptún.
Foto: Guatemala visible
Señalados por su defensa
José Manuel Quinto Martínez: En el actual proceso recibió un señalamiento por su rol como defensor en casos penales de alto impacto vinculados a personas condenadas o investigadas por delitos graves.
Quinto dijo que sus actuaciones se realizaron dentro del marco legal en el ejercicio de la defensa técnica y presentó resoluciones judiciales y documentación que respaldan su intervención profesional.
Hugo Alfredo Bautista del Cid: Posee 20 años en el ejercicio en el área penal, ha sido docente de la USAC y tiene experiencia en gestión pública. En 2005 fue nombrado segundo Registro de la Propiedad. En esta postuladora, se presentó una tacha por presunta carencia de idoneidad y honradez por cuestionamientos a su actuar en un caso relacionado con el delito de perjurio para despojo de terrenos. El señalamiento no fue admitido. Participó como diputado distrital de San Marcos por el partido Semilla.
Sandra Elizabeth Acan Guerrero: En 2022 también presentó su postulación para fiscal para el periodo 2022-2026 pero quedó excluida por incumplir un requisito de la convocatoria y por haber sido amonestada en 2013 y 2014 por el Archivo General de Protocolos del Organismo Judicial.
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Wilber Gerardo Enríquez Jocol: Abogado y notario con experiencia en el Ministerio Público de 1996-2007, litigio privado y asesoría jurídica municipal. En estas elecciones de segundo grado también se postuló como candidato a magistrado de la CC en el proceso del Congreso de la República y se presentó ante la Secretaría General de la Presidencia para entregar su papelería como aspirante a los cargos de magistrado titular y suplente de la CC. Roberto Manuel Ángel Flores Rivera: participó como aspirante a magistrado suplente y titular de la CC para el periodo 2026-2031 por el Congreso de la República.
