Por Juan José Hurtado Paz y Paz
En los últimos años se ha vuelto casi obligatorio que las organizaciones de sociedad civil hablemos de incidencia política. La Cooperación Internacional suele exigirla como un componente central de los proyectos que apoyan, con la intención de que la incidencia permita que existan políticas públicas, leyes u otras acciones claras en favor de las poblaciones involucradas.
La intención parece razonable. Pero también puede convertirse en un espejismo, en un riesgo y desgaste. No basta con tener propuestas que respondan a necesidades reales, que sean técnicamente viables, lógicas y coherentes. Las decisiones públicas no se toman, en lo fundamental, porque una propuesta esté bien formulada o responda a una necesidad evidente. Las decisiones, al final de cuentas, se toman porque existe alguna fuerza que empuja a que se tomen.
Para entender mejor las limitaciones y los alcances reales de la incidencia, conviene distinguir algunos conceptos que a menudo se utilizan de manera indistinta: agenda, propuesta, política pública e incidencia.
Primero, definamos qué es incidencia política. Incidir es tratar de influir para que una decisión se tome en una determinada dirección. Cuando hablamos de incidencia política, nos referimos a los esfuerzos organizados de actores sociales para influir en las decisiones públicas. Puede implicar presentar propuestas, participar en espacios de diálogo con autoridades, impulsar campañas públicas, generar debate en los medios y/o movilizar a la ciudadanía alrededor de determinadas demandas. En otras palabras, la incidencia busca que las preocupaciones y propuestas de la sociedad o de un segmento de población se tomen en cuenta al momento de definir leyes, programas u otras decisiones del Estado, en sus diferentes estructuras y niveles.
Una agenda es el conjunto de temas que un actor social considera prioritarios. Puede ser la agenda de una organización o de un movimiento social. Es lo que queremos colocar en el debate público. Por lo general, parte de diagnósticos y, lo mejor, es que estos sean participativos.
Una propuesta es un paso más allá. No se trata solo de señalar un problema, sino de formular una posible solución: un programa, una reforma legal o una estrategia institucional. Las propuestas buscan mostrar que es posible hacer las cosas de otra manera.
Una política pública, en cambio, ocurre cuando las entidades del Estado, a su diferente nivel, adoptan formalmente una decisión. Existe cuando el Estado, partiendo desde lo local municipal, decide enfrentar un problema de manera organizada y sostenida. No basta con reconocer que el problema existe. Se requiere definir cómo se entiende, qué objetivos se quieren alcanzar, qué acciones se van a realizar, qué instituciones serán responsables y qué recursos se destinarán para hacerlo posible. Solo entonces una idea o una demanda social se convierte realmente en acción sostenida del Estado. Es decir, ya no depende únicamente de quién ocupa un cargo, sino que queda institucionalizada para un período más amplio en el tiempo.
Entre una propuesta y una política pública hay, sin embargo, un largo trecho. Y es en ese espacio donde suele situarse lo que llamamos incidencia: los esfuerzos para influir en las decisiones de quienes ejercen el poder público.
El problema aparece cuando se asume que la incidencia funciona principalmente a partir de la fuerza de los argumentos; como si las autoridades, con solo escuchar una propuesta lógica, coherente y viable, decidieran adoptarla.
Pero la política real no funciona así.
Las decisiones públicas casi nunca dependen únicamente de la calidad técnica de una propuesta. Dependen de intereses económicos y políticos, posicionamientos ideológicos, correlaciones de poder, alianzas políticas, cálculos electorales y presiones sociales. La mayoría de las veces, quienes toman decisiones ya tienen un posicionamiento que responde a compromisos previos o a intereses definidos.
También debemos ser cuidadosos de no confundir incidencia con negociación. En una negociación ambas partes tienen algún grado de fuerza que obliga a buscar acuerdos. El ejemplo más sencillo es cuando se compra en el mercado y hay un regateo. Quien vende procura un precio que le permita obtener una ganancia; quien compra busca pagar lo menos posible. El vendedor quiere vender y el comprador también necesita comprar, y se da una medición de fuerzas hasta que se llega a un punto que resulta aceptable para ambos. Y si no se llega a un acuerdo, cualquiera de las partes puede decir “no”. Así ocurre también cuando un sindicato negocia con la patronal porque tiene la posibilidad de paralizar la producción. Un movimiento social puede negociar cuando su capacidad de movilización genera costos de distinto tipo para quienes toman las decisiones.
Cuando esa fuerza no existe, lo que suele ocurrir es otra cosa: se presentan propuestas esperando que sean escuchadas, pero la decisión final depende casi por completo de la voluntad de quienes tienen el poder, es decir, de quienes tienen la capacidad de decidir.
Esto no significa que desarrollar propuestas sea inútil. Al contrario, es fundamental. Las sociedades necesitan ideas claras sobre cómo resolver sus problemas. Las organizaciones sociales deben ser capaces de formular alternativas viables y de mostrar que otro rumbo es posible.
Pero sería un error pensar que la calidad de las propuestas, por sí sola, transformará la realidad. La historia demuestra que los derechos nunca han sido concesiones generosas de quienes toman las decisiones. Han sido el resultado de luchas prolongadas, de organización social, de movilización y de la construcción de fuerzas colectivas capaces de modificar las correlaciones de poder. Por ejemplo: la jornada laboral de ocho horas, el derecho al voto, los derechos de los pueblos indígenas, los derechos de las mujeres, los derechos de las juventudes o los derechos laborales no surgieron porque alguien presentó un buen documento técnico. Surgieron porque hubo pueblos, movimientos y organizaciones capaces de sostener sus demandas en el tiempo y de presionar hasta que quienes tenían el poder se vieron obligados a reconocerlas.
En ese sentido, la incidencia política solo puede ser efectiva cuando forma parte de algo más amplio: la construcción de fuerza social y política real con estrategias claras.
La incidencia sin organización que la sustente termina siendo una conversación educada con el poder. La incidencia sin movilización se convierte en una solicitud que puede ser ignorada sin mayores consecuencias. La incidencia sin base social corre el riesgo de convertirse en un ejercicio técnico que produce documentos valiosos, pero que provoca pocos cambios.
Por eso conviene recordar una verdad sencilla que la historia repite una y otra vez: los derechos no son regalos; se conquistan.
Las propuestas son necesarias. Las agendas son importantes. Los espacios de diálogo también pueden ser útiles. Pero nada de esto sustituye la tarea más difícil y profunda: construir ciudadanía organizada, fortalecer el tejido social y generar la fuerza colectiva capaz de hacer que las propuestas no solo se escuchen, sino que se conviertan en decisiones reales.
Al final, la pregunta decisiva de la política no suele ser si una propuesta es buena o no. La pregunta que realmente se impone es otra: ¿quién tiene la fuerza suficiente para que esa propuesta se convierta en realidad?
