Las autoridades indígenas de Totonicapán pidieron al gobierno regular los precios del combustible y fiscalizar a los distribuidores y vendedores a nivel nacional ante el alza de los precios de productos de la canasta básica que afecta a las familias guatemaltecas.
Los distribuidores y ventas de gasolinas y diésel tienen denuncias por especulación. Sin embargo, queda a criterio del MP actuar contra las alzas desmesuradas.
Por Simón Antonio Ramón
La Junta Directiva de los 48 Cantones de Totonicapán pidió al gobierno de Bernardo Arévalo y al Congreso tomar acciones para evitar el aumento del costo del combustible en el país que afecta a las familias totonicapenses y a nivel nacional.
“Nuestro rechazo total al alza arbitraria y constante de los precios de la gasolina y diésel, lo cual genera un efecto dominó que golpea directamente la economía de las familias más vulnerables del país”, denunciaron en una conferencia de prensa realizada el 24 de marzo.
El alto costo al combustible en el país coincide con los bombardeos de Estados Unidos e Israel a Irán, lo cual ha provocado un cierre en el estrecho de Ormuz por donde circula gran cantidad de barcos petroleros a lo cual los importadores de gasolinas le han atribuido las alzas.
El informe ejecutivo del Ministerio de Energía y Minas del precio de combustible en el área metropolitana publicado el 23 de marzo señala que el 23 de febrero el precio de gasolina súper se cotizaba en Q29.57; la gasolina regular Q28.57; y la gasolina diésel Q27.75.
El 3 marzo según el informe, la gasolina súper tuvo un aumento a Q30.54; la gasolina regular pasó Q29.53 y la gasolina diésel a Q28.28; pero, el 12 de marzo hubo un aumento considerable en el precio del Diésel que superó el costo de las gasolinas súper y regular, cuando llegó a costar Q35.16, la súper a Q33.97, y la regular a Q34.92. Este informe pone los precios al 23 de marzo con aumentos que superaron los Q5 y Q6.
El reporte más reciente da cuenta que la gasolina súper actualmente está costando a Q39.47; la gasolina regular a Q38.47 y el diésel Q41.48. En una conferencia de prensa el 16 de marzo, el presidente Bernardo Arévalo dijo que el aumento de los precios del combustible, que tiene efectos en la canasta básica, es producto de especulación de distribuidores y vendedores, por lo que en el marco del Plan Centinela se monitorean precios del combustible para que no se manipule en el país.
Piden evitar especulación
Las autoridades indígenas pidieron al gobierno y sus dependencias tomar acciones para evitar el aumento del combustible en el país, que tiene repercusiones en la canasta básica, entre estos al Ministerio de Energía y Minas (MEM) y a la Dirección de Atención al Consumidor (DIACO), una dependencia del Ministerio de Economía (MINECO).
“Implementar de forma inmediata mecanismos de control de costos para que sean precios justos al consumidor final; Al Ministerio de Energía y Minas y a la DIACO, cunmplir con su función fiscalizadora para evitar el acaparamiento y la especulación de precios en todas todas las gasolineras y mercados del país”, exigieron.
Para el Congreso, solicitaron a los diputados que dejen de recetar bonos y aumentos de salarios, y se dediquen a legislar a favor de la población, “priorizando leyes que protejan la economía popular y frenen los abusos de los monopolios”.
En la sesión del Congreso que se realizó el miércoles 25 de marzo, el Congreso no alcanzó consensos para aprobar de urgencia nacional una ley que beneficie a la población, porque había diputados que buscaban la suspensión del Impuesto al Valor Agregado (IVA) para los distribuidores en el país y otros buscan el otorgamiento de subsidios entre entre Q5 a Q10.
La autoridad comunitaria de Totonicapán, advirtió al gobierno de Bernardo Arévalo, declararse en asamblea permanente para monitorear el cumplimiento de sus peticiones.
Hay tarifas de referencias
El viceministro de Hidrocarburos del MEM, Erwin Barrios, dijo a Prensa Comunitaria que su labor en la actual coyuntura se desarrolla en el marco del Plan Centinela en donde coordinan con la DIACO, la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT) y el Ministerio de Gobernación para monitorear el costo de combustible a nivel nacional lejos de los precios de referencia que emite el Ministerio.
“Nosotros dentro de las funciones que tenemos plantear un precio de referencia que viene de los precios internacionales de los derivados del crudo, para que se publique y sobre ese precio de referencia, velar porque las distribuidoras de combustible no tengan distanciamiento al alza de este precio”, dijo el funcionario.
Estos precios de referencia se estudian al menos una vez a la semana, pero en estos días se estudian casi a diario, informó. “Siempre hay una variación razonable, aquellos que tienen una salida abrupta son las que nosotros analizamos”, dijo. De estos se informa a la DIACO para analizar si amerita una denuncia en el Ministerio Público (MP).
Al consultarle acerca del planteamiento de la junta directiva de los 48 Cantones de Totonicapán de regular los costos del combustible, explicó la función del MEM ante la situación.“El Ministerio no regula precios, no define precios tope, solo corrobora que los precios no se salgan de rango y que no haya especulación”, dijo.
Dijo que uno de los factores que diferencia al país de los países vecinos que regulan los precios es la legislación. “Nos comparan con El Salvador, pero el modelo es diferente. Ahí hay una forma que aplica el gobierno que puede tener un control sobre el precio, es un asunto de ley, ahí hay más intervención estatal y aquí hay cero intervención; Honduras más o menos a El Salvador, Costa Rica administra directamente el gobierno sus precios, Nicaragua igual controla los precios”, planteó.
Señaló además, que el MEM apoya todas las iniciativas de ley que se implementan en el Congreso para subsidiar el costo del combustible, pero no se han alcanzado acuerdos para su aprobación. El inmediato aumento a los costos del combustible país, según Barrios, se debe a que las reservas que hay no van más allá de quince días.
Multas para gasolineras por acordar precios
Por su lado el directorio de la Superintendencia de Competencia presentó una recomendación al Congreso para reformar la Ley de Hidrocarburos en donde pide que se aumenten las multas contra empresas, distribuidoras o gasolineras que se ponen de acuerdo para fijar precios que afecte al consumidor final, entre las multas que se proponen van entre Q3 millones a Q20 millones.
Edgar Guzmán, miembro del director de la Superintendencia de Competencia, dijo que uno de los propósitos de la recomendación al Congreso es evitar la concertación de precios, cuando varias empresas se ponen de acuerdo en los precios que dan al público.
“En el caso del sector de combustibles el MEM en la Ley de Comercialización de Hidrocarburos tiene como práctica prohibida la concertación de precios, sin embargo, la multa que hoy tiene establecida es hasta Q3 millones, en ese sentido la primera recomendación que nosotros hacemos es la equiparada a lo que establece la Ley de Competencia de esa práctica que hoy es cerca de Q20 millones, porque son 200 mil salarios diarios no agrícola por ese tipo de prácticas”, explicó.
Además Guzmán informó que la Superintendencia de Competencia va buscar acercamiento con las instituciones que integran el Plan Centinela para el monitoreo de precios del combustible en la coyuntura.
