Aunque las autoridades de justicia no habían querido dar información sobre si existían órdenes de detención contra las autoridades ancestrales, esto se confirmó por varias fuentes.
Las órdenes de aprehensión fueron dictadas por el juez suplente Luis Roberto Hernández Rodríguez, de Santiago Atitlán.
Por Juan Bautista Xol
El juzgado Pluripersonal de Primera Instancia del municipio de Santiago Atitlán, Sololá, solicitó el pasado 27 de enero la detención de cuatro autoridades de la Cabecera del Pueblo Tz’utujil, que han acompañado a la población y denunciado la corrupción en la municipalidad desde 2025.
En el documento emitido por el juzgado de Santiago Atitlán se lee que el abogado Luis Roberto Hernández Rodríguez, Juez de Primera Instancia Suplente, ordenó la aprehensión de el cabecera del pueblo Juan Mendoza Damian, Pedro Chiquival Mendoza, primer fiscal, Miguel Pablo Sicay, segundo fiscal y Diego Petzey Quiejú, escribano.
La orden se emitió por los supuestos delitos de sedición, instigación a delinquir, amenazas, incitación pública y coacción.
Las autoridades indígenas que ahora cuentan con órdenes de aprehensión habían denunciado desde abril del 2025 las acciones del ex alcalde de la municipalidad de Santiago Atitlán Francisco Coché, por actos de corrupción y lo señalan de haber abandonado voluntariamente el puesto de jefe edil en septiembre de 2015.
En 2025 acompañaron a la población a retirar más de 200 jaulas de tilapias introducidas ilegalmente en el lago, que contaminaba ese cuerpo de agua y lograron la cancelación de 244 líneas de moto taxis, cuya autorización había causado el enojo de la población ya que generaban accidentes y dificultaban el tránsito.
A eso se sumó la denuncia de vecinos que indicaron que el alcalde Coché había solicitado fuertes sumas de dinero para autorizar las nuevas líneas.
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Informan que Ministerio Público se retiró de Santiago Atitlán
Ante las acciones de las autoridades estatales, la cabecera del pueblo convocó a una asamblea en Santiago Atitlán la tarde del 7 de marzo donde se leyó un comunicado en el que rechazaron el proceder de la Fiscalía del Ministerio Público de la localidad y manifestaron su preocupación por el rol que ejerce de criminalizar a las autoridades indígenas y comunitarias.
“La justicia no puede ser utilizada como arma de persecución, sino como garante de la paz social y de respeto hacia los pueblos originarios,” indicaron.
En el comunicado exigieron el respeto al pueblo Tz’utujil, y su derecho de vivir en paz, “la confianza rota no se restaura con papeles ni con decretos, ni interés social” señalaron en referencia a la resolución de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) que ordenó la reinstalación de Francisco Coché como alcalde del municipio.
En esa misma asamblea, Salvador Loarca, auxiliar de la Procuraduría de Derechos Humanos, informó que la Fiscalía del Ministerio Público en la localidad (MP) se retiró de manera temporal tras un análisis de seguridad y agregó que la población puede presentar sus denuncias en el Juzgado de Paz y la Policía Nacional Civil (PNC).
Sin embargo, de acuerdo con pobladores, desde hace dos años dicha Fiscalía no contaba con fiscal adjunto.
Según las autoridades ancestrales, el retiro del MP ocurrió hace dos semanas. La respuesta de la población es que la institución ya no regrese a Santiago Atitlán.
Organizaciones de derechos humanos nacionales e internacionales han señalado al MP de perseguir políticamente a periodistas, jueces, abogados y autoridades comunitarias e indígenas durante la gestión de Consuelo Porras.
La resistencia del pueblo Tz’utujil
La lucha del pueblo y de sus autoridades ancestrales inició a través de una asamblea poblacional. El 15 de septiembre de 2025 se solicitó la renuncia de Francisco Coché como jefe edil de la municipalidad mediante varias firmas.
La denuncia en contra del entonces alcalde llevó a que las autoridades ancestrales enfrenten un proceso legal, ya que Coché las denunció por el delito de incitación en la vía pública.
Las acciones que tomó el pueblo de Santiago Atitlán para no permitir actos de corrupción en la municipalidad, llevó a las autoridades indígenas a enfrentar una serie de señalamientos en su contra como persecución, intimidación y amenazas de muerte por dueños de las jaulas de tilapias que fueron retiradas en julio del 2025.
A estas amenazas se sumaron personas allegadas a Coché. Mientras tanto, la población ha mantenido la resistencia pacífica para hacer valer el respeto a sus peticiones y demandas y han cerrado filas para defender a sus autoridades.
