Acoso, criminalización y manipulación de los procesos judiciales son los tres patrones identificados por la organización Cristosal sobre la persecución política en Guatemala, un fenómeno que cobró notoriedad durante el gobierno de Jimmy Morales y que se intensificó de manera selectiva con la reelección de Consuelo Porras como fiscal general en mayo de 2022.
Por Prensa Comunitaria
Un informe de Cristosal, una organización regional de derechos humanos, identifica tres patrones utilizados en la persecución política en Guatemala que se dirige en contra de periodistas, jueces, fiscales, abogados y líderes comunitarios.
El informe “Sistema de injusticia: patrones de persecución política” se presentó este 19 de noviembre en la ciudad de Guatemala, en el que se documentan al menos 100 casos de persecución política, a partir de un proceso de recolección de información de enero a septiembre de 2024.
Los patrones que identifica son el acoso, la criminalización y la manipulación de procesos judiciales.
En el tema del acoso, se documenta que las acciones de persecución se iniciaron con seguimientos, hostigamiento laboral, agresiones físicas y amenazas de muerte. En la mayoría de los casos se utilizaron las redes sociales, desde cuentas anónimas, identificadas como netcenters.
El informe de la Cristosal, dice que el 85 por ciento de los casos identificados fue procesado penalmente en dinámicas de criminalización.
El segundo patrón, señala que la persecución penal se dirigió a personas y organizaciones de la sociedad civil que apoyaron a personas perseguidas por defender la justicia y los derechos humanos. En particular, a los abogados que ejercieron el rol de defensa de otras personas criminalizadas.
“En Guatemala, durante 2023 y 2024, la criminalización contra personas defensoras de derechos humanos, periodistas y operadores de justicia alcanzó niveles alarmantes. UDEFEGUA estimó que la criminalización sigue siendo la forma más utilizada para agredir personas defensoras de derechos humanos, muchas de las cuales incluyeron privación de libertad y exilio”, señala el informe.
La reelección, durante el gobierno de Alejandro Giammattei, de Consuelo Porras como fiscal general, en 2022, intensificó los procesos judiciales contra periodistas, exoperadores de justicia y defensores de derechos humanos.
El tercer patrón, que se refiere a la manipulación del proceso judicial, que se presenta en un 68 % de los casos, incluye la utilización selectiva de ciertas sedes judiciales o fiscalías, la realización de audiencias unilaterales y la presión a las víctimas para que acepten cargos y se sometan a procedimientos abreviados, entre otras.
También incluye la restricción a las víctimas a los expedientes de investigación mientras que netcenters y otras personas ajenas al MP obtienen información privilegiada de los casos.
Persecución se acrecentó en gobierno de Jimmy Morales
En el informe se identifica que los operadores de justicia empezaron a ser criminalizados, perseguidos, desplazados e incluso encarcelados debido a su rol en la investigación y denuncia de casos graves de corrupción y violación a derechos humanos.
“Esta persecución política se manifiesta en el uso instrumental del sistema penal y otras instituciones del Estado para deslegitimar, intimidar o silenciar a quienes procuran justicia y defienden el Estado de derecho, ubicándolos así en un perfil común de represalia estatal motivada por intereses políticos”, señalaron en el informe.
La institucionalidad que lidera esta persecución es el Ministerio Público, a través de la Fiscalía Especial Contra la Impunidad FECI, en alianza con varios jueces, añade el informe.
En el informe también se menciona que la llegada de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG) fue fundamental para combatir las redes de corrupción, en colaboración con el MP.
Después de que Morales no renovara el mandato de la CICIG, los poderes fácticos y formales afectados por sus investigaciones implementaron una estrategia de contención y reversión a la que se denominó popularmente “Pacto de corruptos”.
En Guatemala este término describe a la alianza entre políticos, empresarios y funcionarios públicos que han obstaculizado los esfuerzos anticorrupción. Esta red cuenta con aliados clave como la Fundación contra el Terrorismo, que aglutina a familiares de militares retirados.
El desmantelamiento de la CICIG y el debilitamiento de la FECI, a partir de 2019, propiciaron que la persecución se intensificara en contra de personas consideradas como opositoras a la alianza política que había surgido en Guatemala.
Más de 100 casos de persecución política en 2024
De enero a septiembre de 2024 en Guatemala se registraron 100 casos de persecución política, que se identificaron a través de las denuncias penales encontradas en el sistema de justicia.
El documento menciona tres casos emblemáticos, el de Virginia Laparra, la exfiscal de la FECI en Quetzaltenango, en prisión durante 680 días y ahora está en el exilio; el del Consejo Comunitario de Desarrollo de la colonia Villas del Quetzal, de San Juan Sacatepéquez; y el caso de la Universidad de San Carlos de Guatemala (USAC) por las acusaciones infundadas, procesos disciplinarios, hostigamiento y amenazas y persecución judicial en contra de quienes se opusieron al fraude electoral mediante el cual Walter Mazariegos se impuso como rector de esa casa de estudios.
El informe finaliza con recomendaciones para el Estado y el sistema de justicia, señala que es indispensable el garantizar su independencia funcional, el debido proceso, la presunción de inocencia y el derecho a la defensa a todas las personas procesadas.
En el caso de la sociedad civil recomienda que asuma un rol activo, exigiendo transparencia en los procesos de nombramiento de altas magistraturas. En 2026 debe vigilar la elección de rector de la USAC, el nombramiento de magistrados de la Corte de Constitucionalidad (CC), la integración de comisiones de postulación para elegir al Contralor General de Cuentas, fiscal general del MP y magistrados del Tribunal Supremo Electoral.
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