Buscan fortalecer la participación comunitaria en Sololá para incidir en espacios de toma de decisión y así, proteger el lago de Atitlán, uno de los lagos más importantes de Guatemala y el continente. En este espacio juegan un papel importante las autoridades ancestrales y los vecinos de los pueblos Tz’utujil, K’iche’ y Kaqchikel de los 19 municipios al rededor del lago.
Por Lucero Sapalú
Las autoridades ancestrales y vecinos del pueblo Tz’utujil, K’iche’ y Kaqchikel de los 19 municipios alrededor del lago de Atitlán, en el departamento de Sololá, se concentraron en Panajachel para discutir sobre la compleja coyuntura que atraviesa el país con las elecciones de segundo grado, que a criterio de los participantes marcarán un precedente para las votaciones durante el próximo año.
En un evento liderado por el colectivo Tz’unun Ya’ los asistentes reflexionaron sobre la necesidad de que a estos espacios de toma de decisión lleguen profesionales idóneos, probos y con capacidad para resolver conflictos, sin beneficiar a ningún sector en particular.
Además, se discutió sobre algunas resoluciones desde la Corte de Constitucionalidad (CC) que han frenado o afectan las iniciativas para el cuidado del agua y cómo desde el Ministerio Público (MP) se ha perseguido penalmente a las personas que buscan resguardar los recursos naturales y ancestrales de los pueblos originarios.
Los vecinos del lago de Atitlán afirmaron que la organización comunitaria vigilante sobre estos procesos ayuda a robustecer la justicia y la institucionalidad democrática del país y que en este espacio “El Llamado del Agua” se obtuvieron elementos fundamentales para comprender las elecciones de segundo grado.
Resoluciones cuestionadas
El primer expositor fue Edie Cux quien expuso “El ABC de las elecciones de segundo grado”.
“Son elecciones de segundo grado, porque nosotros no votamos por elegir a fiscales ni a magistrados, están eligiendo magistrados de la CC, del TSE, Contralor, rector de la USAC entre otras… como lo vimos la vez pasada, cuando vimos ya nos pusieron a Consuelo Porras otra vez como fiscal, nos metieron otra vez a Dina Ochoa, a Claudia Paniagua, cuando vayamos a ver en el Congreso designaron a Molina Barreto”, puntualizó.
Mientras Cux exponía sobre la necesidad de renovar a los magistrados de la CC, en paralelo, afuera del Congreso de la República otras autoridades ancestrales e integrantes de la sociedad civil realizaban protestas contra la reelección del magistrado titular Roberto Molina Barreto y el magistrado suplente Luis Rosales.
Molina Barreto ha fungido como magistrado en la Corte de Constitucionalidad durante los últimos ocho años, su paso por la alta corte está marcada por un conjunto de decisiones cuestionadas por organizaciones y autoridades de pueblos indígenas, ambientales y de derechos humanos, ya que aseguran ha debilitado la protección jurídica de los pueblos frente a la expansión del modelo extractivo en Guatemala por resoluciones controversiales como la anulación de la sentencia de genocidio en el pueblo Ixil en mayo de 2013.
CC ha fallado en contra de los pueblos
Nancy González del colectivo Tz’unun Ya’ compartió cómo ha sido su experiencia en la lucha del cuidado del agua y cuál es la importancia de que lleguen personas probas en los espacios como la Corte de Constitucionalidad.
González compartió con los participantes algunas experiencias sobre las resoluciones de la actual CC. Afirmó que en 2019 algunos sectores privados impulsaban la instalación del megaproyecto hidráulico “Megarecolector” sin hacer consulta previa a la población, por ellos se interpuso una acción de amparo preventivo ante la inminente violación de consulta previa.
“Ante esta petición en la CC, esta actual Corte, de hecho, Molina Barreto, fue uno de los ponentes de nuestro caso, resolvieron que no había tales amenazas a nuestros derechos a la consulta”, puntualizó González.
Además, González razonó algunas otras resoluciones de la CC que afectan al cuidado del agua y recursos naturales del departamento. Como la resolución en agosto de 2025 cuando la máxima corte declaró inconstitucional el Acuerdo Gubernativo 164-2021 (y su reforma 184-2023), que regulaba la separación obligatoria de basura, al considerar que vulneran la autonomía municipal. Esta decisión anuló la obligación de clasificar residuos, generando temor de un retroceso ambiental y mayor contaminación en ríos y lagos.
Salvador Quiacain, dirigente comunitario de San Pedro la Laguna, reflexionó sobre la participación ciudadana consciente para elegir a los funcionarios, concretamente en el Congreso que tienen representación en la CC y afirma que se debe ser más consciente en el voto cada cuatro años.
Ejemplifica casos como el del diputado Allan Rodríguez, del partido VAMOS, que ha mantenido su curul en el Congreso desde el año 2020 por Sololá y que ha sido cuestionado al formar parte de grupos que afirman, están en contra de la democracia en el país.
“Caigamos en cuenta hermanos y hermanas reunidas en este espacio, que, sin ciudadanía organizada y activa, olvidémonos de la transformación positiva para el pueblo, creo que estamos en una situación difícil, algunos se asustan les da miedo, pero eso debe cambiar”, enfatiza Quiacain.
Una de las preocupaciones más sonadas durante el foro fue la presión externa a los congresistas para reelegir a un determinado magistrado, lo que reconoció el presidente, Bernardo Arévalo.
“Hago un llamado a los diputados del Congreso, sean fieles al mandato del pueblo que es el soberano, vote con conciencia y libertad y con sentido de dignidad, rechacen presiones de cualquier índole”, indicó en conferencia prensa el pasado 5 de marzo también mientras se desarrollaba el evento en Panajachel, Sololá.
Wolfang Ochaeta politólogo y disertante en el foro habló sobre la función de la CC desde su fundación: “La CC ha tenido una función de cooptar los avances de los derechos sociales y ambientales en el país, en la Corte no avanzan esos temas, si bien hay un avance político a través de reglamentos… esa capacidad que tiene la CC de censurar y bloquear el avance de esos derechos ha sido efectivo durante los últimos años, ha sido su función en términos políticos”.
Agregó que esto ocurre “porque es un instrumento del sector privado que lo que ve, es que estos avances atentan contra su forma de cooptar el Estado y del ejercicio del poder”, detalló.
Persecución contra dirigentes indígenas y operadores de justicia
Otro de los puntos de mayor debate de parte de la población fue la persecución política que ha iniciado la fiscal general del Ministerio Público, María Consuelo Porras Argueta contra activistas ambientales y dirigentes ancestrales que buscan proteger sus recursos naturales.
Mencionaron el caso de las autoridades ancestrales de Santiago Atitlán que sufren de persecución al tomar acciones para el cuidado del lago de Atitlán con el retiro de las jaulas y al defender su autonomía comunitaria rechazando la corrupción en su municipio.
Al concluir el foro, los participantes fijaron su postura y su total rechazo ante la reelección de Molina Barreto dentro del Congreso de la República, por ello realizaron una conferencia de prensa dónde fueron firmes al rechazar la continuación del cuestionado magistrado ante la Corte de Constitucionalidad.
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