Por alguna razón saltan los nombres de personajes hondureños señalados de corrupción en uno de los casos transnacionales más graves conocido como caso Odebrecht; Miguel Facussé Barjum, Juan Orlando Hernández (JOH), Xiomara Castro Sarmientos, Lenir Alexander Pérez Solísy Roberto Hermann Salomon Gebhardt quienes, están vinculados directa o indirectamente al proyecto del Aerómetro promocionado como “novedoso” y adjudicado por la municipalidad de Guatemala, dirigida por Ricardo Quiñónez Lemus, sobrino del expresidente y ex alcalde Álvaro Arzú Irigoyen, del Partido Unionista, una facción del Partido de Avanzada Nacional (PAN), heredero de la derecha política del país.
Los personajes anteriores además están señalados por graves violaciones a los derechos humanos, asesinatos de activistas medioambientales y de destrucción del medio ambiente en Honduras.
Por Claudia Méndez Villaseñor.
Los promotores del aeródromo, figuras oscuras y poderosas de Honduras
Los señalamientos contra DOPPELMAYR Guatemala, S.A., una de las empresas beneficiadas con la concesión del aerómetro y sobre sus nexos con la cuestionada empresa OBEDRECHT, por presuntos actos de corrupción en obras de infraestructura en Venezuela no son los únicos que pesan sobre esta compañía.
En noviembre de 2020, se publicó la investigación “La conexión escondida de una siderúrgica de EEUU con la polémica mina de Los Pinares en Honduras”, que fue documentada por la alianza periodística internacional entre Contracorriente, el Centro Latinoamericano de Investigación Periodística (CLIP) y Univisión Investiga.
La conexión escondida de una siderúrgica de EEUU con la polémica mina de Los Pinares en Honduras
De acuerdo con la publicación, “la principal productora de acero de Estados Unidos, la multinacional NUCOR, estuvo durante por lo menos cuatro años asociada a un proyecto de explotación de hierro en una mina en Honduras, fuertemente cuestionado por la presunta persecución a los líderes sociales que protestan por el impacto ecológico que tendría en un parque natural”.
Según este reportaje NUCOR se asoció en 2015 con el empresario hondureño Lenir Alexander Pérez Solís a quien algunos llaman “el señor de los cielos” y su esposa Ana Isabel Facussé (hija del magnate fallecido Miguel Facussé Barjum) dueños de Inversiones Los Pinares, antes EMCO Mining, que impulsarían un proyecto minero, de 200 hectáreas, en el Parque Nacional Montaña de Botaderos Carlos Escaleras Mejía, una reserva forestal ubicada en Guapinol, municipio de Tocoa, del departamento de Colón.
Esta reserva forestal protegida fue bautizada con el nombre del ambientalista asesinado en 1997, quien se oponía a la instalación, en el área, de una planta procesadora de palma africana de la Corporación DINANT, S.A., una empresa propiedad del magnate fallecido, Miguel Facussé Barjum, suegro de Pérez Solís.
En esta investigación se evidenció que según el registro público de Panamá, NUCOR se asoció al proyecto en marzo de 2015 con la compañía panameña NE Holdings Subsidiary, y a partir de agosto de 2016 mediante una segunda firma panameña, NE Holdings. “El matrimonio Pérez-Facussé había traspasado anteriormente, en 2015, la totalidad de las acciones de otras tres empresas de su propiedad en Honduras a estas sociedades. Una de la cuales resultó Inversiones Pinares, dueña de la mina”, se explicó en el reportaje.
Conflicto con las comunidades
Aunque en 2018, no se habían iniciado actividades en la mina, la empresa de Pérez Solís, comenzó a construir una carretera que se dirigía al proyecto extractivo, con la finalidad de trasladar óxido de hierro desde la montaña de Botaderos a la planta peletizadora de acero en Tocoa, y producir acero. Esta fase del proyecto estaría a cargo de Inversiones ECOTEK S.A. de C.V. también propiedad de Pérez Solís y Facussé. Inversiones Los Pinares, era la dueña del 99.6 por ciento de las acciones y Minera La Victoria S.A., el 0.4 por ciento.
Sin embargo, las comunidades cercanas al proyecto denunciaron que esa obra de infraestructura había contaminado con lodo el agua del río Guapinol. A raíz de este hecho, los vecinos que rechazaban la mina levantaron un campamento, que bloqueó los trabajos en la nueva carretera durante dos meses. Los ánimos se caldearon el 7 de septiembre de 2018, cuando cientos de personas en contra de la mina se enfrentaron con personal de Inversiones Los Pinares. Varias personas recibieron golpes y una fue herida de bala.
En el expediente judicial se reportó que los manifestantes habían retenido por horas al jefe de Seguridad de la mina; quemaron un contenedor y destruyeron un vehículo.
El 27 de octubre de ese año, la Policía y el Ejército hondureño desalojaron a los manifestantes del tramo carretero en construcción, pero los enfrentamientos entre los pobladores y las fuerzas de seguridad continuaron hasta el 29 de octubre. Ese día dos soldados murieron por fuego cruzado. La Fiscalía hondureña no abrió una causa judicial por la muerte de los militares, pero sí proceso penales por diversos delitos en contra de 32 manifestantes por los disturbios del 7 de septiembre de 2018, entre ellos cuatro delegados de la parroquia católica de Tocoa y un empleado de la Fundación San Alonso. En 2019, doce de los ambientalistas demandados se presentaron de forma voluntaria para afrontar cargos de usurpación, privación injusta de la libertad, asociación ilícita, robo e incendio agravados contra la empresa
En octubre de ese año, NUCOR vendió las acciones que tenía en NE Holdings, Inc., a causa de la conflictividad en el área de Guapinol, de acuerdo con declaraciones de la vocera de la empresa. “NUCOR ya no tiene intereses como propietaria, ni influencia en la dirección de la compañía”, aseguró en ese momento Katherine Miller, directora de Asuntos Públicos y Comunicaciones Corporativas.
Venta de acero en Guatemala
NUCOR contaba con otra subsidiaria, NUCOR South America, según los documentos de NE Holdings, NUCOR South América se retiraría del negocio y vendería sus acciones a Aluminios y Techos de Guatemala (ALUTECH de Guatemala), también propiedad de Pérez Solís y su esposa.
En este sentido, ALUTECH de Guatemala, constituida en 2010 e inscrita, de manera definitiva, en 2011 en el Registro Mercantil guatemalteco cuenta con 35 nombres comerciales relacionados con las sedes abiertas principalmente, en las cabeceras departamentales de Chimaltenango, Chiquimula, Alta Verapaz, Suchitepéquez, Escuintla, Jalapa, Jutiapa, Izabal, Quiché, Huehuetenango, Petén, Quetzaltenango, Retalhuleu y San Marcos. En 2026, se reportó como representante legal a Erick Josué Spears Ramos. Mientras tanto, en GUATECOMPRAS se registraron 191 procesos de compra de 2012 a 2026 por Q1 millón 745 mil 785.96 a nombre de ALUTECH de Guatemala.
Al seguir con el reporte periodístico, se lee que después de haber estudiado el trasfondo jurídico del conflicto entre las comunidades hondureñas y la mina (propiedad de Pérez Solís y su esposa , la Clínica Jurídica de Derechos Humanos de la Facultad de Derecho de la Universidad de Virginia en Estados Unidos publicó un informe mediante el cual solicitaba la liberación de los ambientalistas encarcelados.
La suerte de los ambientalistas encerrados en la cárcel no fue algo que preocupó al empresario hondureño, interesado más en extender sus negocios. En 2019, Pérez Sólis dirigió su atención a las obras del nuevo Aeropuerto Internacional, en la base estadounidense de Palmerola, en Honduras, cuyo contrato obtuvo en 2016, por medio de la empresa Palmerola International Airport (PIA), también de su propiedad.
Los ojos de Lenir en el aerómetro
En 2022, Prensa Comunitaria publicó el reportaje “Aerómetro y el señor de los cielos de Honduras”
En que se explicaba que el Congreso de la República, dominado por una alianza oficialista, hizo suyo el proyecto del aerómetro. “Con mucho bombo, la IX Legislatura ha promovido el proyecto, sus supuestos beneficios y ventajas competitivas, pero poco ha dicho del capitalista hondureño que está detrás de aerómetro, (Pérez Solís) un hombre cuestionado en Honduras por violaciones a los derechos humanos y vínculos poco claros con Juan Orlando Hernández, el expresidente hondureño investigado por narcotráfico”, se señaló en el reportaje.
Este proyecto fue concesionado, por medio de una licitación pública, a un consorcio solidario compuesto por cuatro empresas, una de ellas DOPPELMAYR, relacionada de forma directa al cuestionado empresario.
En la publicación se mencionó que “detrás de la inversión está Lenir Pérez, un empresario hondureño que maneja una megacorporación nombrada EMCO Holdings, de acuerdo con un publirreportaje de diciembre de 2022 de la revista Economía y Negocios y de registros de la propiedad y comerciales hondureños en poder de Prensa Comunitaria. En este artículo, Pérez Solís y EMCO aparecen relacionados con el proyecto aerómetro”, se indicó en el reportaje.
Como por la boca muere el pez. En su página de FACEBOOK, Pérez Solís escribió el 10 de septiembre de 2020, que el consorcio Corporación Victoria-ALUTECH y DOPPELMAYR “habían sido los únicos en presentarse a la licitación por el aerómetro con una oferta por USD $144 millones (unos Q1 mil 150 millones).
En la publicación de Prensa Comunitaria de 2022, también se consideró al cuestionado empresario como “el señor de los aeropuertos”. En una foto oficial de 2019 aparece el entonces presidente de Honduras, Juan Orlando Hernández (micrófono en mano) y un sonriente Pérez Solís cuando se estrechan la mano. Tras ellos, carteles que publicitan el proyecto Palmerola, como se conoce al aeropuerto ubicado entre Tegucigalpa, capital de Honduras y la ciudad industrial de San Pedro Sula, que desde los años 80 ha sido el centro de operaciones militares de la fuerza aérea de Estados Unidos en el norte de Centroamérica. En 2021, la obra quedó concluida.
En el contexto de la fotografía, Pérez Solís tenía razones para sonreír al lado del expresidente Hernández, ya que, en 2019 el Congreso Nacional hondureño, dominado por diputados leales a Hernández, aprobó el decreto 159-2019, que aseguró a las empresas de Pérez Solís, (ALUTECH y EMCO) el manejo de Palmerola, así como un financiamiento de unos US$87 millones según documentos en registros públicos de Honduras.
Este decreto facilitó a Pérez Solís operar sin licitación previa, el Aeropuerto Internacional de Toncontín, en Tegucigalpa. Además, por medio de ADIMEX, otra empresa de su consorcio, Pérez Sólis controla las terminales de carga de Toncontín, Palmerola y la del aeropuerto Ramón Villeda Morales, en San Pedro Sula.
“En corto: toda la carga que se mueve por los cielos hondureños y aterriza en sus terminales aéreas pasa por el control de Lenir Pérez y sus empresas”, se mencionó en la nota de Prensa Comunitaria. El dominio del empresario hondureño se extendió al aeropuerto de El Salvador en agosto de 2021.
El 17 de agosto de 2021, la Asamblea Legislativa de El Salvador, controlada por Nayib Bukele, aprobó una concesión para que ALUTECH S.A. de C.V., manejara por 35 años la terminal de carga del Aeropuerto Internacional Monseñor Óscar Arnulfo Romero, conocido popularmente como Comalapa. Uno de los principales gestores de la concesión fue Federico Anliker, presidente de la Comisión Ejecutiva Portuaria Autónoma (CEPA), cuyo nombre apareció en investigaciones de la fiscalía salvadoreña de un esquema internacional de lavado de dinero relacionado con el consorcio Alba Petróleos.
ALUTECH donó, en 2019, US$D1 millón al partido salvadoreño Gran Alianza por la Unidad Nacional (GANA), el cual llevó a Bukele a la presidencia, según documentos en poder de Acción Ciudadana, una ONG salvadoreña especializada en fiscalizar el gasto electoral.
Bukele logró ganar las primeras elecciones en El Salvador en 2019 a través de GANA, un partido señalado de corrupción en ese país, y cuyos principales dirigentes enfrentaron escándalos financieros.
Lo que no dijo la expresidenta de Honduras
La expresidenta de Honduras Xiomara Castro de Zelaya, esposa del expresidente Manuel Zelaya advirtió a Pérez Solís en 2022, que el contrato para el manejo de Palmerola no era de su “agrado”. “Es ilegal y un monopolio”. Así lo publicó en su cuenta de Twitter, hoy X, el 11 de diciembre de ese año. ¿Qué significan estas palabras? Fueron una amenaza? En realidad no fueron nada.
La historia de la relación entre las familia de la expresidenta con la de Facussé Barjum quedó establecida en la publicación de 2025, de ContraCorriente “Xiomara Castro y la herencia de su padre, el silencioso arquitecto del imperio Facussé” en la que se narró la historia Irene de Jesús Castro Reyes, padre de la expresidenta.
“Hace 29 años, el ambientalista y regidor municipal Carlos Escaleras fue asesinado en Tocoa, Colón, luego de alzar la voz contra un proyecto promovido por las empresas del poderoso empresario Miguel Facussé Barjum. Un informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos publicado en 2014, documento clave en el proceso que culminó con una sentencia de la Corte Interamericana en 2018, identificó como uno de los autores intelectuales del crimen a Irene de Jesús Castro Reyes. Castro no solo fue un socio cercano de Facussé sino también una de las figuras de mayor confianza dentro de su imperio, pues compartió más de 100 sociedades mercantiles entre 1970 y 2020 en Honduras, Panamá y Costa Rica, ocupando cargos que iban desde vocal hasta administrador y accionista”.
Con el nombre del ambientalista asesinado, por oponerse a una planta extractora de aceite de palma, fue bautizado el parque nacional en que intentó operar una minera, propiedad del yerno de Facussé Barjum.
Los vínculos oscuros del magnate hondureño también expuestos en 2004 cuando trascendió el cable de la embajada de Estados Unidos en Honduras cifrado 04TEGUCIGALPA672-a, en que se señaló que Facussé Barjum permitió el aterrizaje de narcoavionetas en una de sus propiedades en el Bajo Aguán, cercano al proyecto Guapinol.
Este extremo lo confirmó el magnate en un obituario publicado en Los Ángeles Times, de 2015. Pequeños aviones que transportaban cocaína para narcotraficantes mexicanos y colombianos aterrizaban en su tierras agrícolas (plantaciones de palma africana). Pero, aseguró entonces que “trabajaba para detenerlo”.
En la actualidad Castro de Zelaya, ocupa una curul en el Parlamento Centroamericano (PARLACEN), junto a figuras oscuras de Guatemala, como el expresidente Alejandro Giammattei y parientes cercanos de Sandra Torres, de la Unidad Nacional de la Esperanza (UNE).
Las coincidencias con Guatemala
El ambiente hostil y conflicto que generan las plantaciones de palma africana, también se siente en el país. Cientos de campesinos han sido obligados a ceder sus tierras o abandonar sus propiedades ante el avance del monocultivo, igual cuando se instalan proyectos mineros o hidroeléctricas cerca de sus comunidades. Gobiernos como el de Berger Perdomo.
En la publicación de la revista Enfoque, de 2011, “Valle del Polochic el poder de dos familias”, se explica cómo las familias Widmann y Maegli influyeron en la reconcentración de tierras en el valle del Polochic y otros municipios. Berger Perdomo está casado con Wendy Widmann Lagarde, hija de Walter Rodolfo Roberto Widmann Luna patriarca del clan a quien se le vincula con el grupo paramilitar “Mano Blanca”, que como escuadrón de la muerte sembró el terror en el país durante la represión militar.
De acuerdo con el reportaje ambas familias son los mayores terratenientes del valle del Polochic. “Por medio de sus empresas insignia: Industrias de Desarrollo (INDESA) luego NaturAceites SA y el Ingenio Chabil Utzaj, los Maegli y los Widmann han comprado y rentado tierras estableciendo fincas para la producción de palma africana y caña de azúcar”.
La historia del Ingenio Chabil Utzal, representado por Carlos Francisco Antonio Widmann Lagarde, se origina con la constitución del Ingenio Guadalupe, ubicado en La Gomera, Escuintla, inscrito en 1981, en el Registro Mercantil, por el notario Harold Caballeros López, propiedad del patriarca de la familia Widmann.
Widdmann Luna murió en 1989, el hijo, decidió que el Ingenio Guadalupe se trasladaría al valle del Polochic y constituyó el Ingenio Chabil Utzaj vecino de las plantaciones de palma africana de la familia Maegli. Luego en 2011 pasaría a manos de Carlos Pelas Chamorro un magnate nicaragüense emparentado con los Widmann y los Berger en Guatemala, el azúcar sería destinado a la marca Ron Flor de Caña, como lo muestra el libro Dinámicas del despojo y resistencia en Guatemala.
En los siguientes años, los matrimonios entre las más poderosas familias de Guatemala generaron una intrincada red de alianzas y poder que avasalla lo político, social y económico del país. De esta telaraña de negocios surgió COPRONSA, un conglomerado de empresas de aceite de palma de Guatemala, Nicaragua y Costa Rica. “Por Guatemala: Juan José Urruela Köng y Juan José Urruela Villacorta, padre e hijo; Juan Ulrico Maegli Novella; Juan Estuardo Maegli Novella y José Luis Valdes O´Connell. Por Costa Rica y Nicaragua: José Ignacio González Holmann; Alejandro José González May y Carlos Alfredo González May.
Los empresarios costarricenses y nicaragüenses con participación en COPRONSA, crearon el Grupo NUMAR en el que tiene la mayor participación René Morales Carazo, hermano del exvicepresidente de Nicaragua, Jaime Morales Carazo, de 2027 a 2012. Al productor de aceite de palma René Morales Carazo se le reconoce en Honduras como uno de los mayores represores de campesinos en la zona del Bajo Aguán. En el área es propietario de extensas plantaciones de palma africana, vecinas de las propiedades de Facussé Barjem, en el Bajo Aguán, también señalado de ejercer violenta represión contra los campesinos.
Las casualidades no existen y las relaciones entre terratenientes centroamericanos salta a la vista
Con las obras del aerómetro surgió un nombre que también llamó la atención y que está vinculado a las hidroeléctricas, proyectos que también han generado grave conflictividad social. Roberto Hermann Salomon Gebhardt, uno de los representantes legales de CABLEVÍA de Guatemala, S.A., tuvo relación con al proyecto hidroeléctrico “El Sisimite”, ubicado entre Chuarrancho, Guatemala y el Chol, Baja Verapaz, cancelado tras 11 años de resistencia pacífica de las comunidades. La energía eléctrica se generaría con el caudal del río Motagua, por medio de la construcción de una represa en la aldea Santa Buenaventura. Con dicha represa se desviaría el río lo que provocaría un lecho del cauce seco más 10 kilómetros que afectaría el río Las Vacas.
En el expediente de dicho proyecto a Salomon Gebhardt se le mencionó como gerente de operaciones de la empresa BIOSKA, S.A. con dos nombres comerciales según GUATECOMPRAS: Laboratorio Bioska S.A., y NORDIC.
Se agregó que el ahora representante legal de DOPPELMAYR Guatemala, S.A., también era director de VEI INVESTMENTS, creada en Panamá en 2007, junto con José María Marroquín Samayoa, padre de Allan Marroquín Castillo, interventor de la Empresaria Portuaria Quetzal (EPQ) y sindicado de actos de corrupción durante el Gobierno de Otto Pérez Molina.
El otro director era Manuel Efraín de Jesús Mendizabal Lara, gerente general y representante legal de Maderas El Alto, una empresa en la que confluyen el capital libanés de la familia Meany, Alemán-Argentino, y de la familia Hage y el guatemalteco de la familia Blasberg.
Esto aparece en la publicación “Poderes del negocio hidroeléctrico de Baja Verapaz”, del Centro de Medios Independiente (CMI) Guatemala, de 2014.
Poderes del negocio hidroeléctrico en Baja Verapaz | CMI Guatemala
Las voces en contra al aerómetro
Una de las primeras voces que rechazaron la obra, fue la del entonces diputado Luis Fernando Pineda, del Movimiento SEMILLA en 2021, quien presentó un análisis en contra de la obra por:
- La falta de un Estudio de Factibilidad completo (se publicó uno con rasgos generales de la obra en GUATECOMPRAS como parte de las bases de licitación).
- La falta de un Estudio de Capacidad Energética.
- El dictamen de la CONRED sobre el riesgo de sismos, dado que la obra se ubicaría en una zona de subducción en la que interactúan tres placas tectónicas: Norteamérica, Caribe y Cocos.
- La justificación rigurosa de la municipalidad de Guatemala sobre la necesidad, objetivos y soluciones de aerómetro.
- La posible contaminación visual.
- La falta de informes de la Contraloría General de Cuentas (CGC), con lo cual no se dota al proyecto de una mayor certeza legal ni transparencia”.
- El Convenio Intermunicipal que no se considera la figura política legal más conveniente en este tipo de contrataciones.
- Las concesiones para la prestación de servicios no puede ser mayor a 25 años, según el Código Municipal.
- No se establece con claridad la tarifa del aerómetro. Se dijo primero que era de Q4.00, pero está semana, el alcalde Quiñónez Lemus anunció que podría ser de Q6.00.
- No se cuenta con los procesos de terminación de esta concesión, al concluir el plazo de 25 años.
- El monto de las contribuciones municipales, lo que percibirán las alcaldías por el aerómetro, se calculó en Q426 millones 183 mil, pero es muy poco relacionado con los ingresos bruto del servicio.
- Para el exlegislador en este tema se debía profundizar más.
- Se cuestionó que las cuatro empresas oferentes fueran las únicas participantes en la licitación pública convocada en el NOG 10972013 y que otorgaran un mandato especial a la misma persona. Esto cambió, en 2024, con la modificación del contrato original de 2021.
Para el excongresista el proyecto “no solucionaría los grandes problemas de movilidad de la capital. No será un transporte que traslade de forma masiva a las personas, porque el tramo es demasiado corto y el área metropolitana carece de un plan real que defina e indique con certeza si encajaría con los demás proyectos. El aerómetro se considera una solución interesante en ciudades con topografía complicada, áreas montañosas o incluso barrancos”.
El “famoso” Estudio de Factibilidad
En GUATECOMPRAS se publicó en agosto de 2019, el resumen ejecutivo del “Estudio de factibilidad para transporte público por cable aéreo en la ciudad de Guatemala. Implementación de un Sistema de transporte público por cable aéreo para los municipios de Guatemala y Mixco, Centroamérica”, de 2017, actualizado ese año.
“Este nuevo sistema propuesto se desplazará sobre bienes de uso público común, sin reducir carriles y fomentará la conectividad intermodal con otros sistemas de transporte actuales y futuros, como Transmetro, el Metrorriel, Metro Occidente-Oriente, entre otros beneficios económicos, sociales y ambientales que aportará su implementación”.
Este proyecto será ejecutado en la Fase I de la siguiente manera:
Eje I:
Trébol – Montúfar, con una distancia estimada de 2.1 kilómetros, desde el puente de El Trébol por el bulevar Liberación hasta la calle Montúfar, entre la 5a y 6a avenidas de la zona 9, capitalina.
Eje II:
Trébol – Molino de las Flores con una distancia estimada de 6.8 kilómetros, desde el puente de El Trébol, hasta la colonia Molino de las Flores, zona 2 de Mixco; este eje se divide en dos tramos: el Tramo 1 tiene una distancia aproximada de 4.8 kilómetros y el Tramo 2 en Mixco con una distancia aproximada de 2 kilómetros.
∙ Se estimó necesario construir la Central de Transferencia de Occidente (CENTRA Occidente).
∙ El proyecto requería que se intervinieran 20 mil metros cuadrados de espacio público próximo a las obras principales, pero podrían aumentar a 37 mil 820 metros cuadrados.
∙ Tendrá la capacidad de movilizar a alrededor de 6 mil personas por hora por sentido o dirección en cada uno de sus ejes, es decir, más de 215 mil usuarios al día.
Limitaciones
El resumen ejecutivo del Estudio de Factibilidad consideró como una limitante “desde la perspectiva de la construcción” las regulaciones de la Dirección General de Aeronáutica Civil (DGAC) por la altura máxima a la que se le permite construir un edificio en las cercanías del aeropuerto. Dicha normativa pretende evitar que se obstaculice la línea de trayectos de las aeronaves, tanto en el despegue como en su aterrizaje, dado al ángulo que se requiere en sus maniobras, se ha determinado que mientras más cercano esté el edificio o instalación al aeropuerto, menor tendrá que ser la altura”, se mencionó en el documento.
“En general, no se autoriza edificios, en ningún punto de la ciudad, con alturas mayores a la cota 1 mil 552 metros sobre el nivel del mar. En el caso específico de los ejes definidos de la Fase I del aerómetro, basados en el estudio de estas restricciones, la influencia del Cono de Aproximación afecta principalmente lo concerniente a la calle Montúfar, ya que la misma se ubica hacia la cabecera norte de la pista de aterrizaje del Aeropuerto Internacional La Aurora”, se indicó.
“Si se compara la restricción de la DGAC con la restricción de alturas de acuerdo con las regulaciones municipales del Plan de Ordenamiento Territorial (POT), se puede establecer que la mayor parte de los ejes viales hacia la jurisdicción de Mixco, no tiene limitaciones. Sin embargo, sobre la Calzada Roosevelt a la altura del Centro Comercial Galerías PRIMMA hasta llegar a la altura de El Trébol sí se vería afectado por ambas normativas. Se prevé que las torres o pilonas del aerómetro se eleven por entre 18 y 20 metros de altura”, se consideró en el estudio. En este sentido, se desconoce si se han gestionado los permisos correspondientes por este tema con la DGAC. En enero de 2020 se publicó una copia del Estudio de Factibilidad con algunos cambios y fuentes de referencia, pero sin la posibilidad de consultarlas.
¿Objeciones al EIA y consulta a los vecinos?
Algo que resalta el Estudio de Evaluación de Impacto Ambiental (EIA), categoría B1, aprobado por Melvin Estuardo Navarro González, director de Gestión Ambiental y Recursos Naturales del MARN, el 25 de agosto de 2025 es que se dicho Estudio fue puesto a disposición de los vecinos, como parte del proceso de participación pública.
El EIA se publicó en dos medios escritos con cobertura nacional y se fijó un plazo de 15 días, que comenzaron el 3 de julio y concluyeron el 11 de julio del año pasado, con la finalidad de que presentaran objeciones al proyecto, pero no se recibió ninguna.
Sin embargo, las empresas beneficiadas con la concesión deben cumplir compromisos relacionados con las inconformidades de los usuarios del área de influencia directa o indirecta del proyecto. Esas quejas deben ser atendidas y resueltas. Además, tienen que anunciar a los vecinos, con un mínimo de un mes de anticipación, sobre el cronograma del programa de reforestación, tanto en la radio, como en medios de comunicación escritos y audiovisuales.
Esta semana, vecinos inconformes con el proyecto arrancaron la campaña #NoAlAerometro y han logrado casi 1 mil firmas en contra de la obra.
Apuntes finales sobre urbanismo
Los problemas de tránsito en las ciudades no se resuelven con el aumento de inversiones en obra gris. Puentes, distribuidores viales, carriles exclusivos, motovías o teleféricos solo incentivan un mayor uso de vehículos o motocicletas. Más obra de infraestructura motiva a las personas a utilizar sus automóviles propios. Este entusiasmo lo comparte el negocio. Crece la venta de concreto, combustible, neumáticos, repuestos mecánicos y todo lo relacionado a reparaciones automotrices. Se generan millones de quetzales gracias al tránsito y la “ilusión”, de que detrás de cada obra gris, se resolverán, por fin, los recurrentes atascos viales. Uno de estos casos es el puente a medio construir en El Trébol, ¿quién se beneficia con esa obra?
Cuando las personas utilizan más sus vehículos en lugar de los autobuses se pierde la visión de ciudad y queda lejos la promesa de que con el Transmetro, Transurbano, TuBus o el Express Mixco respiraría la ciudad. Estos servicios parecen fantasmas, a excepción del Transmetro que colapsa en las horas pico por la falta de unidades y los problemas de tránsito en la ciudad. Además del negocio y las falsas ilusiones que generan estos proyectos están los personajes oscuros que se han enriquecido por años, con el monocultivo, las minas y las hidroeléctricas. No es casualidad que la base de aliados que construyó Facussé Barjum en Honduras (quien también tuvo un sobrino Presidente del país) se parezca tanto a la que se estructuró alrededor de figuras del PAN, faccionadas tanto en el Partido Unionista como en la GANA. Óscar Berger Perdomo; Ricardo Quiñónez Lemus; Héctor Cifuentes; la ministra de Ambiente y su esposo; la exministra y exviceministra de Comunicaciones, Jasmin de La Vega y Paola Constantino tienen vínculos entre sí y el aerómetro, los refleja.
¿Las alianzas de poder se mantienen y son las que aprovechan cada oportunidad para hacerse de más dinero? ¿Por qué solo les importan las ganancias y no el bien común? Se supone que como servidores públicos, no tendrían que servirse del Estado, pero si crecieron bajo la influencia de poderes sin escrúpulos o conciencia, qué se puede esperar de ellos?
Lea la primera parte:
