La Fase I de la “Concesión para la implementación de un sistema de transporte público por cable aéreo tipo teleférico (aerómetro), en los municipios de Guatemala y Mixco” ha generado rechazado desde lo ambiental y lo urbano al no responder con efectividad al problema de movilidad y tránsito que sofoca a la capital y municipios aledaños. Sin embargo, a la alcaldía metropolitana le interesa responder nada a los vecinos, pero, en apariencia si más a otros compromisos. El aerómetro avanza, pero a qué costo. ¿Financiero?, de la ¿naturaleza?, de la ¿transparencia? o del que no se habla, ¿el de los nexos y favores? de la ¿opacidad?.
Por Claudia Méndez Villaseñor.
El 23 de septiembre de 2024 es una fecha clave para el aerómetro. Ese día, se selló el futuro del proyecto, con la firma del contrato administrativo DAJ-071-2024 que modificó el contrato DAJ-003-2021 (por Q1 mil 216 millones 448 mil), del 8 de enero de 2021, que contenía la “Concesión para la implementación de un sistema de transporte público por cable aéreo tipo teleférico (aerómetro) Fase I, en los municipios de Guatemala y Mixco”, por 25 años.
El documento fue firmado, en 2024, por el alcalde capitalino, Ricardo Quiñónez Lemus; el administrador único y representante legal de la empresa CABLEVÍA de Guatemala S.A., Roberto Hermann Salomon Gebhardt y Carlos Alberto Nájera Esteban, mandatario especial con representación de las entidades mercantiles: Desarrollos Torino, S.A., Desarrollos Residenciales Victoria, S.A. y DOPPELMAYR Guatemala S.A. Estas cuatro empresas se identificaron en el contrato como un grupo mancomunado solidario de oferentes adjudicatarias de la licitación pública promovida por esta municipalidad desde 2019.
¿Qué cambió en esos tres años, qué hizo necesaria la firma de modificaciones al contrato original? Todo apunta a que la prisa por arrancar el proyecto y cumplir compromisos oscuros obligó al personal de Quiñónez Lemus a buscar nuevos aliados que les facilitara el arranque de las obras. Los encontró en la Corte de Constitucionalidad (CC) y en el Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales (MARN), dirigido por Ana Patricia Orantes Thomas.
Las empresas involucradas, una a una
CABLEVÍA de Guatemala S.A., está representada por Roberto Hermann Salomon Gebhardt, mientras que Desarrollos Torino, S.A., Desarrollos Residenciales Victoria, S.A. y DOPPELMAYR Guatemala S.A, por Carlos Alberto Nájera Esteban y se identificaron en el contrato con la Municipalidad capitalina como un grupo mancomunado solidario y, ¿será por ello que comparten oficinas en la misma dirección y representantes legales en común? ¿Qué otros más comparten?.
En los registros del Sistema de Información de Contrataciones y Adquisiciones del Estado (conocido como GUATECOMPRAS), se reporta que CABLEVÍA de Guatemala, S.A. quedó inscrita, de forma definitiva en el Registro Mercantil, el 28 de julio de 2015, por el notario Carlos Enrique Rivera Gallardo. Está inscrita en el Registro General de Adquisiciones del Estado (RGAE) desde el 19 de julio de 2019. Obtuvo una constancia del RGAE de “Precalificación de Obras”, el 19 de julio de 2021.
En tanto, Desarrollos Torino S.A., fue constituida el 14 de agosto de 2015 y quedó inscrita, de forma definitiva, en el Registro Mercantil, el 14 de septiembre de ese año, por el notario Manuel Humberto Monroy Ovalle. El representante legal, de acuerdo con el RGAE, es Luis Pedro Figueroa Cruz. Está inscrita en dicho Registro desde el 3 de febrero de 2020 y obtuvo la constancia de “Precalificación de Obras”, el 3 de febrero de 2022. Figueroa Cruz también tiene la representación legal de otras 44 empresas mobiliarias, complejos residenciales y edificios.
Figueroa Cruz también es el representante legal de Desarrollos Residenciales Victoria S.A., que fue constituida el 22 de noviembre de 2002. En GUATECOMPRAS le aparece únicamente una inscripción provisional en el Registro Mercantil, por el notario Rivera Gallardo. Está inscrita en el RGAE desde el 3 de marzo de 2019 y obtuvo la constancia de “Precalificación de Obras”, el 3 de mayo de 2021.
DOPPELMAYR Guatemala S.A. está representada por Salomon Gebhardt y Konstantinos Panagiotou Theodoropulu (este nombre no aparece en ninguno de los dos contratos), desde 2024, según GUATECOMPRAS. Esta empresa fue constituida el 13 de noviembre de 2018 y solo cuenta con una inscripción provisional en el Registro Mercantil, del 19 de diciembre de ese año, por el notario Monroy Ovalle. Está inscrita en el RGAE desde el 18 de julio de 2019. Obtuvo la constancia de “Precalificación de Obras”, el 16 de marzo de 2024. Lo cual significa que al momento de firmar el contrato con la municipalidad de Guatemala, en 2021, a DOPPELMAYR Guatemala, S.A., le faltaba esta constancia del RGAE. La falta de este requisito la tendría que haber descalificado de forma automática del proceso de licitación pública.
Las cuatro empresas reportaron en el RGAE, la misma dirección comercial en la 17 avenida 19-70 zona 10, capitalina, oficina 1503, Centro de Negocios Torino nivel 15.
Conocer algunos datos sobre este grupo mancomunado solidario en el país, podría explicar las conexiones de una de las empresas con oscuros personajes de Honduras, que no dudaron en publicar en sus redes sociales su participación en las obras del aerómetro, como es el caso de DOPPELMAYR Guatemala S.A., asociada a la Corporación Victoria-ALUTECH y DOPPELMAYR, perteneciente a EMCO Holdings, del hondureño Lenir Alexander Pérez Solís, muy cercano al expresidente Juan Orlando Hernández y casado con la hija del fallecido magnate Miguel Facussé Barjum, uno de los personajes más poderosos y oscuros de ese país. A Faccussé Barjum se le vinculó al asesinato de un ambientalista hondureño que se oponía a plantaciones de palma africana, propiedad del magnate, que se extendían a un área protegida de bosques.
El 26 de septiembre de 2024, el ambientalista Juan López del Comité Municipal de Bienes Comunes y Públicos (CMDBCP) fue asesinado por la defensa de los ríos Guapinol y San Pedro así como del Parque Nacional Montaña de Botaderos “Carlos Escaleras Mejía”, esto lo enfretó directamente a los intereses de la empresa de Pérez Solís.
Asimismo, en octubre de 2022, cuando el Gobierno de la Presidenta, Claudia Sheinbaum, contrató por US$D112 millones al consorcio DOPPELMAYR México y GAMI Ingeniería e Instalaciones de México se denunció que del proceso de adjudicación no existe registró en el sitio de adquisiciones de la ciudad de México ni en el federal COMPRANET. Además la Prensa de ese país recordó que este consorcio había sido beneficiado en septiembre de 2019, con un contrato por más de US$D164 millones con el objeto de construir la Línea 2 del cablebús, pese a las irregularidades denunciadas en contra de GAMI Ingeniería e Instalaciones en la construcción del nuevo Aeropuerto Internacional de México, dos años atrás. No obstante, la obra avanzó y se inauguró el 24 de septiembre de 2024.
Panagiotou Theodoropulu presidente ejecutivo de DOPPELMAYR México (uno de los representantes legales de CABLEVÍA de Guatemala, S.A.) anunció en junio de 2019, las intenciones de la compañía por establecer en ciudad de México un Centro de Reparaciones, Almacenamiento y Formación para América Latina por US$D10.7 millones. Al año siguiente, el 2 de marzo 2020, Panagiotou Theodoropulu, acompañó la visita de campo obligatoria que estableció la municipalidad de Guatemala en las bases de licitación del aerómetro, junto con Blas Antonio Brando Olivo, Lorenz Thomas Mehl (representante legal suplente de DOPPELMAYR Colombia S.A.), Christoph Rem, Fuchs Eike y Salomon Gebhardt. ¿Coincidencia? Dicen que no existen.
A esa visita de campo también asistieron representantes de las otras tres empresas: Mónica Mónzón Donis, Byron Molina Paredez (Desarrollos Torino, S.A.,); Jesús Ascaso Alcubierre, Juan Carlos Gramajo Monterroso (CABLEVÍA de Guatemala, S.A), José Andrés Gularte Bocanegra y Selvin Leonardo Drummond Lewis (Desarrollos Residenciales Victoria S.A.).
La opacidad en las obras del aeropuerto mexicano y luego… ODEBREDCHT
Al falta de transparencia en contratación del proyecto mexicano se sumó el antecedente oscuro de la conexión entre DOPPELMAYR y la resonada Constructora Norberto ODEBRECHT S.A., que comenzó en 2008, según publicaciones de la Prensa venezolana, cuando a Martin Schoffel, representante de DOPPELMAYR Garaventa Group , se le adjudicó la licitación de la Línea 3 La Rinconada, del teleférico de Caracas, Venezuela y que luego cedió los derechos de la obra a ODEBRECHT, de acuerdo con una investigación promovida por Transparencia Venezuela. Schoffel también firmó un contrato con el Gobierno de Bolivia, en 2012, por el teleférico de La Paz, capital del país y la ciudad de El Alto.
Se denunció que DOPPELMAYR también estaba señalada de corrupción por la obra del nuevo Sistema de Teleférico de Mukumbari de Mérida, también en Venezuela, que se presumió como el “más alto, largo y moderno del mundo”. Se revelaron irregularidades en este proyecto como los presuntos pagos dobles, o sobrevalorados, así como el incumplimiento en los tiempos de entrega de las obras y fallas en la calidad del proyecto.
El Grupo DOPPELMAYR tiene un registro de cada una de sus secciones que en total son 72: México, Panamá, Estados Unidos, Canadá, Perú, Venezuela, Ecuador, Colombia, Chile, Bolivia, Brasil y países de Europa, Asia y Oceanía. Guatemala no aparece en este listado.
Imagen por Transparencia Venezuela en 2017.
Estos oscuros antecedentes no parecieron importar a la municipalidad de Guatemala, cuyos principales directores pertenecen al Partido Unionista, una facción que nació del Partido de Avanzada Nacional (PAN) cuando el principal líder de dicha asociación política Álvaro Arzú Irigoyen, expresidente de la República y alcalde capitalino, desconoció como secretario general del PAN a Leonel Rodas. Otra facción liderada por Óscar Berger Perdodomo, también se distanció del PAN y formó la Gran Alianza Nacional (GANA), que lo llevaría al poder de 2004 a 2008. Al mismo tiempo que, Juan Orlando Hernández era el presidente de Honduras. Sobre JOH como comúnmente se le conoce fue condenado en los Estados Unidos por los delitos de narcotráfico a 45 años de prisión por un tribunal de Manhattan en Nueva York, pero fue absuelto por Donald Trump por ser un narcotraficante que pertenece al partido que él apoyo en la elección de ese país.
Está relación entre políticos guatemaltecos y hondureños no se trata de una línea paralela sino de una con secciones de encuentro gracias a cuotas de poder; negociaciones cuestionadas y enriquecimiento a costa de proyectos mineros, hidroeléctricos y el cultivo palma africana. Tanto en Honduras como en Guatemala estas actividades han sido denunciadas por crímenes, amenazas y persecución judicial en contra de ambientalistas y defensores de los derechos humanos.
Modifican el contrato del aerómetro en 2024
Con las reformas al contrato original de 2021 “Concesión para la implementación de un sistema de transporte público por cable aéreo tipo teleférico (aerómetro) Fase I, en los municipios de Guatemala y Mixco” cambió la cláusula IV “Objeto del Contrato”, que establecía que las obras se impulsarían a cuenta y riesgo de las cuatro empresas. Les decía: “construyan, produzcan, monte, instalen, operen, mejores, adicionen, conserven, restauren y administren” el proyecto. Sin embargo, con el nuevo contrato la responsabilidad pasó a la alcaldía metropolitana, por “tratarse de una concesión de servicio público municipal” quedaría bajo el control de la comuna y se llamaría a la obra. “Sistema Aerómetro Fase I o Sistema Aerómetro y su forma de desarrollo”.
¿Curioso?, porque en 58 compromisos que estipula el Estudio de Evaluación de Impacto Ambiental (EIA), aprobado a finales de 2025, no hay ninguno dirigido a la municipalidad de Guatemala, sino a instituciones como la Coordinadora Nacional de Reducción de Desastres (CONRED); el Instituto Nacional de Bosques (INAB); el ministerio de Cultura y la Dirección General de Aeronáutica (DGAG). El EIA aprobado por el Ministerio de Ambiente es un requisito indispensable para levantar un proyecto. En ese sentido, la actual jefa de dicha cartera, Patricia Orantes Thomas conoce a los funcionarios de la municipalidad de Guatemala, porque tanto ella, como su esposo, el arquitecto Andreas Lehnhoff militaron en el PAN partido político que retuvo la alcaldía municipal con Arzú y que, cuando se fracturó, ambos se mantuvieron en el equipo del exalcalde capitalino y expresidente Berger Perdomo.
Si seguimos con lo sucedido con las modificaciones firmadas en 2024, se puede decir que otro cambio al contrato original DAJ-003-2021 (que fue aprobado, el 27 de enero de 2021, con la resolución COM-2023-2021 del Concejo, con mayoría del Partido Unionista, partido político continuidad del PAN), fue la cláusula 27 en la que se leía que el contrato tendría efecto ”a partir de su aprobación en el Concejo, pero también por el pleno de diputados del Congreso. La aprobación del presente contrato por parte del Concejo Municipal es sin perjuicio de la aprobación que debe realizar el Congreso de la República de Guatemala”. Lo cual ya no fue necesario, aunque fuera un requisito.
Ese año, en la comisión legislativa de Comunicaciones, Transporte y Obra Pública, presidida por Sandra Carolina Orellana Cruz, de la Unión del Cambio Nacional (UCN) y ahora de VAMOS, se discutió y emitió dictamen favorable, con modificaciones, a la iniciativa de ley 5934 que daba luz verde a la concesión del aerómetro por 25 años. Pero, tal parece que los buenos oficios de los entonces diputados del Partido Unionista, Álvaro Arzú Escobar (hijo de Álvaro Arzú Irigoyen) y de Lázaro Zamora no dieron fruto en los siguientes tres años.
Orellana Cruz, quien fue gobernadora de Zacapa de 2012 a 2015 logró el apoyo de 11 de los 12 integrantes de dicha comisión para concesionar el proyecto, de acuerdo con el contrato DAJ-003-2021. Luis Fernando Pineda, diputado del Movimiento Semilla fue el único que rechazó el proyecto.
Frente al lento actuar del Legislativo, tanto la municipalidad de Guatemala como las cuatro empresas encontraron un aliado en el sistema de justicia del país, al llevar el caso a la Corte de Constitucionalidad (CC), el 12 de enero de 2024, los magistrados titulares Héctor Hugo Pérez Aguilera, Néster Mauricio Vásquez Pimentel, Leyla Susana Lemus Arriaga, Roberto Molina Barreto, Dina Josefina Ochoa Escribá, aprobaron por unanimidad como una “cuestión de competencia” y recibieron una respuesta favorable de la “Corte celestial”, el 8 de abril de ese año:
- “Las municipalidades tienen la facultad aprobar concesiones de servicios públicos locales, por medio de los Concejos municipales, interpretación que indican deviene del marco constitucional de descentralización administrativa y autonomía municipal, permitiendo a las localidades gestionar sus servicios públicos de acuerdo con sus necesidades y circunstancias particulares, siempre bajo un marco de control y supervisión que garantice el interés público, la eficiencia y la continuidad en la prestación de servicios”.
Sin embargo, otros antecedentes como la concesión de la autopista Palín-Escuintla, promovida por el ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda (CIV) aprobada durante el Gobierno de Arzú Irigoyen necesitó el visto bueno del Legislativo para desarrollar el proyecto. Lo cual logró al contar con una aplanadora en el Congreso de la República.
Sin el aval del pleno de diputados, pero con un EIA, a la medida, y una resolución de la CC, el proyecto concesionado se comenzó a construir el 5 de enero de 2026, día del cumpleaños del alcalde capitalino, en terrenos del Estado y en una ruta nacional, la CA-1-Occidente. Se supondría que se hizo el pago de derecho de vía y se obtuvo permiso de la Dirección General de Caminos (DGC), del ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda (CIV), tal como quedó señalado en el contrato DAJ-003-2021 firmado entre Quiñónez Lemus y Nájera Esteban, quien en 2021 era el administrador único y representante legal de CABLEVÍA de Guatemala, S.A., y mandatario especial con representación de las otras tres empresas.
Cabe mencionar que en los primeros meses de 2024, la ministra de Comunicaciones fue Jazmín de la Vega Espinoza de Furlán, una arquitecta con posgrados en Costos y Presupuestos en la Construcción y Estudios de Impacto Ambiental y la viceministra, Paola Constantina. La exministra, destituida por el Presidente Bernardo Arévalo por anomalías en el pago de obras de arrastre, pertenecía al grupo leal a Berger Perdomo. En el caso de Constantino por años trabajó en la alcaldía capitalina en el equipo de la concejala Alessandra Gallio Abud de Davidson, leal a Arzú Irigoyen. Aunque esto pudo cambiar con la muerte del dirigente político.
Una historia que comenzó en 2016
Hace 10 años, se habló por primera vez del aerómetro en la municipalidad de Guatemala. El 8 de agosto de 2016, el director de Obras Álvaro Hugo Rodas solicitó al secretario general, Héctor Cifuentes Mendoza, “los buenos oficios” del Concejo capitalino con la finalidad de que declarara como prioritaria la convocatoria a la licitación pública “Concesión para la implementación de un sistema de transporte público por cable aéreo tipo teleférico (aerómetro) Fase I, en los municipios de Guatemala y Mixco”.
Rodas fue designado jefe de la Gerencia de Operaciones a partir de 2022, y quedó a cargo de la dirección de Obras; de la Policía Municipal, la Unidad de Limpia y Verde y de la dirección de Medio Ambiente. Una de las acciones que destacó en la Memoria de Labores 2022, fue el impulso al Plan de Mitigación “Río Motagua”, que en conjunto con la Dirección de Medio Ambiente trabajó sobre la línea base para contratar una consultoría que elaborara el “Plan Maestro de la cuenca del Río Motagua”. Este punto es relevante, dado que los desechos sólidos que acarrea este río han provocado un conflicto ambiental entre Honduras y Guatemala.
De esta iniciativa surgieron en los siguientes años, movimientos ambientalistas interesados en rescatar el Motagua, entre ellas “Caribe Limpio” con el apoyo del Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales MARN y del Fondo Mundial para la Naturaleza WWF-Mesoamérica , cuyo director regional es Andreas Cord Lehnhoff Temme, esposo de la actual ministra de Ambiente, Ana Patricia Orantes Thomas.
En 2024, la entonces jefa de la cartera, María José Iturbide dirigió el lanzamiento de este proyecto binacional que involucra a cuatro comunidades guatemaltecas (ciudad de Guatemala; Teculután, Gualán, Zacapa y Puerto Barrios, Izabal. y cuatro hondureñas (San Pedro Sula, Choloma, El Progreso y Puerto Cortés) con la finalidad de reducir la basura de los ríos Motagua, Ulúa y Chamelecón de Honduras. Iturbide fue distituída de este cargo por el presidente Arévalo en sus primeros cuatro meses de gobierno, esto luego de que se destapara un escándalo público por el uso indebido de guardaespaldas y vehículos asignados a la hija de Iturbide.
Tanto Lehnhoff Temme como Orantes Thomas pertenecieron al PAN, pero en lugar de seguir a Arzú Irigoyen se integraron a la facción dirigida por Óscar Berger Perdomo, la otra prominente figura de ese partido político y del cual nació la Gran Alianza Nacional (GANA).
Como las casualidades no existen resultan relevantes estos antecedentes, ya que, en apariencia la mano de titiritero de personajes oscuros hondureños, movería los hilos que llevarían a concesionar el aerómetro al conglomerado de empras.
Al seguir con esta cronología, en 2017, por medio del oficio 00074-27, la Dirección de Obras solicitó al Concejo de la capital que considerara el aerómetro, en el marco de la licitación pública “Concesión de la construcción de la obra, administración y operación del servicio de transporte público por cable aéreo (aerómetro) Fase I, en los municipios de Guatemala y Mixco”. Así dar cumplimiento al artículo 95 de la ley de Contrataciones del Estado que dicta:
- “El o los despachos ministeriales , o bien la autoridad superior de la entidad autónoma o centralizada, bajo cuya competencia se presten o deban de prestarse los servicios en cuestión deberá emitir una resolución que describa detalladamente el ámbito, características, medios y objetos de los servicios cuya prestación por terceros, por cuenta del Estado o sus entidades autónomas y descentralizadas se pretende efectuar”.
A partir de entonces, la comuna capitalina avanzó en una serie de procesos relacionados con el proyecto por ejemplo:
- Solicitó en 2016, del Derecho de Vía sobre el tramo correspondiente a la carretera CA-1 Occidente, a de la Dirección General de CAMINOS, del Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda (CIV). Entonces José Luis Benito Ruíz era el ministro.
- Obtuvo la resolución favorable del MARN, 872-2017, de fecha 10 de marzo de 2017, con los Términos de Referencia para e! Estudio de Evaluación Impacto Ambiental (EIA), sobre el proyecto.
- Suscribió el 25 de abril de 2017, el “Convenio de Cooperación Intermunicipal para el desarrollo del proyecto sobre el servicio de transporte público por cable aéreo (aerómetro) en Eje II, Trébol-Molino de las Flores, entre la municipalidad de Guatemala y la de Mixco, y su modificación”, con la municipalidad de Mixco.
- Firmó el “Convenio Interinstitucional sobre el uso del área de Derecho de Vía del Estado de Guatemala, para la implementación de un sistema de transporte público por cable aéreo tipo teleférico, denominado aerómetro, en los municipios de Guatemala y Mixco”, con la Dirección General de Caminos y la municipalidad de Mixco. Este convenio se autorizó mediante la resolución SA 108-2019, de fecha 11 de febrero de 2019, de la Dirección Superior del Ministerio de Comunicaciones, Benito se mantenía como ministro. El 21 de marzo de ese año, el Concejo de Guatemala, en sesión ordinaria, aprobó el documento mediante la resolución COM-650 2019.
¿Qué aprobó la municipalidad de Guatemala de 2017 a 2021?
En los siguientes años se aprobaron otros documentos relacionados con el aeródromo:
2017
- La resolución COM-794-2017, acta 30-2017, punto 25 de la sesión ordinaria del Concejo, del 24 de abril de 2017, mediante la cual se autorizó suscribir el Convenio de Cooperación Intermunicipal para el desarrollo del proyecto sobre el servicio de transporte público por cable aéreo (aerómetro) en eje II, Trébol-Molino de las Flores, entre las municipalidades de Guatemala y Mixco.
- La resolución COM-1064-2017), correspondiente al punto 16 del acta 38-2017, de la sesión ordinaria del Concejo, del 24 de mayo de 2017, en la que se aprobó el “Proyecto Aerómetro” a realizarse por medio de una licitación pública, para concesionar la construcción de la obra, así como administrar y operar la Fase I, de dicho servicio de transporte público, en los municipios de Guatemala y Mixco.
2019
- La resolución COM-650 2019, punto 24 del acta 25-2019, de la sesión ordinaria del Concejo del 21 de marzo de 2019, en la que se resolvió aprobar el “Convenio interinstitucional sobre el uso del área de derecho de vía del Estado de Guatemala. para la implementación de un sistema de transporte público por cable aéreo tipo teleférico, aerómetro, en los municipios de Guatemala y Mixco”, a suscribirse entre la Dirección General de Caminos, la municipalidad de Guatemala y la municipalidad de Mixco.
- La resolución COM-2854-2019, punto 21 del acta 94 de la sesión ordinaria del Concejo, de fecha 19 de diciembre de 2019, que resolvió modificar el “Convenio de Cooperación Intermunicipal para el desarrollo del proyecto sobre el servicio de transporte público por cable aéreo (aerómetro) en Eje II, Trébol-Molino de las Flores, suscrito entre la municipalidad de Guatemala y la de Mixco”.
2020
- La resolución COM-1692-2020, de fecha 24 de agosto de 2020, que resolvió nombrar a los miembros de la junta de la licitación pública de la Concesión 1-2020, “Concesión para la implementación de un sistema de transporte público por cable aéreo tipo teleférico (aerómetro) Fase I, en los municipios de Guatemala y Mixco”.
- El acta de recepción y apertura de plicas 094-2020 de Procesos de Adquisiciones Públicas, del departamento de Compras (del 10 de septiembre de 2020) en la que los miembros titulares de la junta de licitación pública “Concesión para la implementación de un sistema de transporte público por cable aéreo tipo teleférico (aerómetro) Fase I, en los municipios de Guatemala y Mixco”, solicitaron a la Dirección de Obras recibir y abrir las ofertas presentadas.
- La resolución de la Gerencia Municipal Administrativa, de fecha 23 de octubre de 2020, en que se resolvió prorrogar el plazo, a solicitud de la junta de licitación, para adjudicar la “Concesión para la implementación de un sistema de transporte público por cable aéreo tipo teleférico (aerómetro) Fase I, en los municipios de Guatemala y Mixco”.
2021
- La resolución COM-223-2021 de la sesión ordinaria Concejo de fecha 27 de enero de 2021, conforme al punto 25 del acta 11 en la que se resolvió aprobar el Contrato Administrativo DAJ-003-2021, del 8 de enero de 2021, suscrito entre la municipalidad de Guatemala y el grupo mancomunado y solidario integrado por las sociedades CLABLEVÍA de Guatemala, S.A.; Desarrollos Residenciales VICTORIA, S.A.; Desarrollos TORINO, S.A. y DOPPELMAYR GUATEMALA, S.A., “Concesión para la implementación de un sistema de transporte público por cable aéreo tipo teleférico (aerómetro) Fase I, en los municipios de Guatemala y Mixco”. En esta resolución se dejó constancia de que se presentó la fianza de cumplimiento y que se aprobó el contrato sin perjuicio de la aprobación correspondiente del Congreso de la República.
- La resolución COM-049-2021 del Concejo capitalino, de fecha 6 de enero 2021, en la cual se aprobó el “Reglamento del Sistema Aerómetro Fase I”, con observaciones de la municipalidad de Mixco. Se aprobaron modificaciones el 13 de enero de ese año.
- El acta COM-005-2021, punto 4, de la sesión pública extraordinaria del Concejo de Mixco, de fecha 8 de enero 2021, que resolvió aprobar el “Reglamento del Sistema Aerómetro Fase I”, con la modificación al artículo 50.
- El acta 17-2021, punto 10, del Concejo de Mixco, de fecha 25 de enero 2021, en la que se resolvió aprobar las modificaciones al “Reglamento del Sistema Aerómetros Fase I”, a los artículos 16 y 92.
- El 29 de enero de 2021, se publicó en el Diario de Centroamérica el Acuerdo COM-01-2021 , que contiene el Reglamento del Sistema Aerómetro Fase I.
Las resoluciones de la Dirección General de Caminos
Aunque no hay registros en el Sistema de Información de Contrataciones y Adquisiciones del Estado, conocido como GUATECOMPRAS, la municipalidades de Guatemala y Mixco firmaron documentos con la Dirección General de CAMINOS, entre ellos, el “Convenio Interinstitucional sobre el uso del área de derecho de vía del Estado de Guatemala para la implementación de un sistema de transporte público por cable aéreo tipo teleférico, denominado Aerómetro, en los municipios de Guatemala y Mixco.
Dicho Convenio Interinstitucional fue autorizado mediante la resolución SA-108-2019, de la Dirección Superior del CIV, con fecha 11 de febrero de 2019. El ministro de Comunicaciones en esa fecha era José Luis Benito Ruíz, señalado en dos casos de corrupción, uno por sobrevalorar las obras del Libramiento de Chimaltenango, en más de Q500 millones y otro por las maletas con Q122 millones localizados en una casa de La Antigua Guatemala. Según la investigación, una de las maletas encontradas en La Antigua Guatemala tenía el cintillo de la aerolínea con la que Benito Ruíz viajó a Madrid, España.
El 20 de marzo de 2019, por medio del Acta 62-2019, punto 11, de la sesión ordinaria del Concejo mixqueño se aprobó el “Convenio Interinstitucional sobre el uso del área de derecho de vía del Estado de Guatemala, para la implementaci6n de un sistema de transporte público por cable aéreo tipo teleférico, denominado Aerómetro, en los municipios de Guatemala y Mixco”, entre la Direcci6n General de CAMINOS y las dos municipalidades.
De acuerdo con el contrato administrativo DAJ-003-2021, el proyecto definitivo del aerómetro se tenía que presentar en el departamento Técnico de Ingeniería, la Dirección General de CAMINOS, así como los documentos relacionados con las obras a desarrollar en el área de “Derecho de Vía” del Estado. Se señaló en dicho contrato que no se comenzaría con los trabajos hasta contar con el visto bueno de dicho departamento. ¿Se cuenta con el dictamen de ese departamento?
Además se estableció que al suscribirse el acta administrativa de “Inicio de los trabajos”, se contaría con delegados de las dos alcaldías y del departamento Técnico de Ingeniería de CAMINOS. ¿Se hizo esto el pasado 5 de enero?
En este contrato también se mencionaron otras 20 cláusulas relacionadas con la Dirección General de CAMINOS, como las coordinaciones necesarias al momento de que la obra avance por CA-1 Occidente en lo referente al flujo de tránsito vehicular. “Habilitar; cerrar o modificar cruces; semáforos o paradas de autobuses, entre otras acciones” y cuando fuera necesario asegurar que no se interrumpiera de forma total el tránsito en la vía durante la construcción del aerómetro. A la fecha, dicha dependencia no ha expresado opinión relacionada con este proyecto.
Estudio de Evaluación de Impacto Ambiental (EIA), a la medida
Pese al avance de la obra en lo legal gracias al apoyo de la Corte de Constitucionalidad (CC) se requería todavía de un Estudio de Evaluación de Impacto Ambiental (EIA) favorable al proyecto y lo que hizo la cartera de Ambiente fue aprobar uno, a la medida del proyecto.
El 3 de julio de 2025, Salomon Gebhardt, en su calidad de administrador único y representante legal de CABLEVÍA de Guatemala. S.A., se presentó a la Dirección de Gestión Ambiental y Recursos Naturales del MARN con el propósito de que se revisara y analizara el EIA del proyecto “Concesión para la implementación de un sistema de transporte público por cable aéreo tipo teleférico (aerómetro) Fase I, en los municipios de Guatemala y Mixco”, cuyo plan de gestión ambiental fue elaborado por Juan Pablo Valle Solares.
El 18 de agosto del año pasado, personal de la Asesoría Ambiental, del departamento de Calidad Ambiental inspeccionó el área de impacto de la obra. A raíz de esta visita de campo, la Dirección de Gestión Ambiental y Recursos Naturales emitió, el 28 de agosto de ese año, el dictamen 00199-2025 DIGARN/DCA/PPIB/EACG/EHCM/OMZ/ppib/eacg/echcm/omz, mediante el cual se resolvió que a esta obra le correspondía un EIA categoría B1.
Según el documento, CABLEVÍA de Guatemala S.A., presentó dicho instrumento ambiental y cumplía con las normas legales y técnicas, por lo cual la dependencia resolvió aprobar dicho EIA y especificó que el proyecto quedaba sujeto al control y seguimiento ambiental del MARN. Asimismo, estipuló 58 compromisos ambientales. El EIA está firmado por Melvin Estuardo Navarro González, director de Gestión Ambiental y Recursos Naturales de dicha cartera.
Los permisos que nadie otorga
En este documento se estableció que las empresas involucradas tenían que pedir los permisos correspondientes a la Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres (CONRED) y al Instituto Nacional de Bosques (INAB). A la CONRED se le solicitarían las recomendaciones; el análisis de las amenazas naturales asociadas al proyecto y las normativas aplicables para la mitigación de desastres.
En tanto, al INAB se le debía pedir una licencia por cambio de uso de la tierra y otros permisos que exige la ley Forestal, antes de intervenir o remover la cobertura vegetal dentro del área de impacto de la obra. En ese sentido, las empresas a cargo del proyecto están obligadas, según el EIA, a promover tres fases de reforestación, lo cual supone la tala de más de 2 mil 559 árboles, de 37 especies y serán las responsable de la poda, resiembra y mantenimiento de la arboleda.
- Fase 1:
715 árboles se debe plantar en el área de la obra y en el basurero de la zona 3.
- Fase 2:
932 árboles en secciones de Mixco.
- Fase 3:
912 árboles en el arriate central de la calzada Roosevelt
De acuerdo con Edwin Castellanos, viceministro de Cambio Climático, del MARN, durante las tres fases de reforestación se plantarán especies nativas, similares o iguales a las que se talan en la actualidad. “La única especie no nativa es la jacaranda, apreciada por su valor decorativo”, dijo. También se sembrarán hormigos, liquidámbares y matilisguates, pero no eucaliptos. A ojo del funcionario los árboles a talar tendrían entre 50 y 75 años. Aseguró que una vez reforestadas las áreas, no se volverán a talar. “El compromiso es que se mantengan. Se plantarán árboles crecidos entre 1.5 metros y 2 metros de altura, con el fin de asegurar su permanencia”, afirmó.
En tanto, la CONRED indicó que en 2025, la Asociación Nacional de Municipalidades de Guatemala (ANAM), presidida por Sebastián Siero (secretario general del Partido Unionista y alcalde de Santa Catarina Pinula) asumió con responsabilidad el papel en el papel que les corresponde en la gestión integral para la reducción del riesgo de desastres y se hizo cargo de la “Norma para la Reducción de Desastres (NRD2) Requisitos Mínimos de Seguridad para Edificaciones e Instalaciones de Uso Público”, en sus territorios.
En la sesión del 28 de noviembre del año pasado, del Consejo Nacional para la Reducción de Desastres se emitió un punto resolutivo que autorizó dicha transferencia de responsabilidad. Lo que significa que, CABLEVÍA de Guatemala, S.A. y las otras empresas, tuvieron tres meses para solicitar a la CONRED el análisis de las amenazas naturales asociadas al proyecto y las normativas aplicables para la mitigación de desastres establecido en el EIA, pero no lo hicieron. Esperaron este conveniente traslado de competencias.
Desde el 5 de enero comenzó la tala de árboles en la ciudad de Guatemala. Foto Eddy Zeta / Prensa Comunitaria.
Según la CONRED esté trámite lo tienen que gestionar ahora en la Coordinadora Municipal para la Reducción de Desastres (COMRED), pero la municipalidad de Guatemala no se ha pronunciado en este sentido. ¿El aerómetro entonces tiene que cumplir requisitos mínimos de seguridad?
Con el INAB, la situación es distinta. Pese a que el EIA mandó a las empresas a solicitar a la licencias específicas establecidas en la ley Foresta, la dependencia del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación (MAGA), aseguró que no le corresponde emitir este tipo de permiso. Ni el relacionado con la tala de los más de 2 mil árboles programados durante el desarrollo del proyecto.
“CABLEVÍA de Guatemala S.A., no hizo ningún trámite en el INAB porque, a diferencia del MARN en esta dependencia solo se pueden gestionar los permisos, los propietarios o poseedores de los terrenos. No puede haber ningún proponente que sea arrendatario intermediario para hacer el trámite y que salga a nombre de esa persona o entidad a diferencia del Ministerio de Ambiente. En la legislación de esa cartera si puede tener un proponente que por ejemplo. Si una persona arrienda un terreno y lo utiliza por 20 años, y para eso tiene que hacer una construcción tramita un instrumento ambiental a su nombre, porque será quien utilice la propiedad. Si salen a nombre de alguien más que no sea el dueño o propietario de la tierra”, indicó.
“Por esa razón CABLEVÍA de Guatemala S.A., no hizo ningún trámite en el INAB porque no es la poseedora del terreno que ocupan los árboles que se necesitan talar. El instrumento ambiental lo señala pero adecuado a los trámites que puede hacer en el INAB, se puede determinar que no es necesaria una licencia de cambio de uso del suelo, como tal, porque se trata de una plantación voluntaria. Por eso gestionaron la inscripción de una plantación voluntaria, agregó.
En ese sentido, ¿qué significa una plantación voluntaria? De acuerdo con el INAB en una explicación sencilla, la municipalidad de Guatemala decidió sembrar los árboles en las áreas de impacto del proyecto, por ello, en este caso no interviene la dependencia, es más un tema de la cartera de Ambiente, señaló.
No obstante, lo mencionado por el INAB, el viceministro Castellanos aseguró que la tala de los árboles la autorizó el INAB bajo la figura de “plantación voluntaria” y es quien dictará las especificaciones sobre cómo se aprovechará la madera. “La figura de plantación voluntaria no requiere una reforestación. Esto fue solicitado por el MARN como parte del compromiso ambiental. Se hará una reforestación en las laderas de las calle afectadas y una restauración en otro ecosistema urbano, en este caso las áreas alrededor del basurero de la zona 3”, indicó
En este juego de ping pong no queda claro cómo y por quién fue autorizada la tala de los árboles. Solo que cada día se sacrifican árboles mientras avanza la construcción del “novedoso sistema de transporte aéreo”. El INAB aclaró esta semana que CABLEVÍA de Guatemala S.A., está autorizada para la tala de árboles en las áreas de impacto del aerómetro luego de que gestionara la inscripción de los árboles como “plantación voluntaria”, ante el Registro Nacional Forestal. “Solo eso les avala la tala o poda, según la ley Forestal, pero no les autoriza trasladar producto forestal”, indicó la dependencia.
Agregó que la empresa también “hizo la gestión para obtener Notas de Envío de Bosque para que, del aprovechamiento que hagan de los árboles (talen o poden) puedan mover ese producto forestal. Tienen ese permiso”, agregó.
Prensa Comunitaria publicó el pasado 28 de enero, el reportaje:
Al día siguiente, el MARN publicó un confuso carrusel en INSTAGRAM sobre “Lo que aprendimos mal sobre el ambiente. Mitos que repetimos y la realidad detrás de ellos”. Se expuso como mito, “que los árboles no producen el 100 por ciento del oxígeno de la tierra sino que son los océanos los que producen del 50 por ciento al 80 por ciento del oxígeno del planeta”. Se aclaró en esa publicación que “la realidad de los árboles es que producen oxígeno, pero su principal función es capturar Dióxido de carbono (CO2), protegen el agua y son el hogar de diferentes especies”. Esta afirmación intenta minimizar la función de los árboles en los ecosistemas. ¿Si capturan CO2 no significa más oxígeno en el ambiente? ¿Si protegen el agua significa que en la fórmula H2O, el oxígeno es un elemento menor? Que el MARN responda.
Al reportaje anterior el MARN respondió con una carta aclaratoria:
Fe de erratas
En la versión original de este reportaje escribimos que la señora ministra de ambiente “Patricia Orantes Thomas conoce a los funcionarios de la municipalidad de Guatemala, porque tanto ella, como su esposo, el arquitecto Andreas Lehnhoff, militaron en el PAN, partido político que retuvo la alcaldía municipal con Arzú y que, cuando se fracturó, ambos se mantuvieron en el equipo del exalcalde capitalino y expresidente Berger Perdomo”.
“Tanto Lehnhoff Temme como Orantes Thomas pertenecieron al PAN, pero en lugar de seguir a Arzú Irigoyen se integraron a la facción dirigida por Óscar Berger Perdomo, la otra prominente figura de ese partido político y del cual nació la Gran Alianza Nacional (GANA)”.
Sin embargo, en una carta enviada a nuestro correo el 19 de febrero la ministra de ambiente Patricia Orantes aclara que:
